lunes, 25 de agosto de 2014

La parálisis de las causas contra Blaquier

Reclamo de organismosn de derechos humanos por los juicios que involucran al empresario

La Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad recibió a representantes de organismos, que advirtieron sobre las demoras en la Cámara Federal de Salta y sobre una campaña de amedrentamiento a testigos.

 Por Alejandra Dandan

Representantes de los organismos de derechos humanos de Jujuy viajaron a Buenos Aires preocupados por el estado de parálisis en las causas contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier y la existencia de una campaña de amedrentamiento sobre los testigos llevada adelante por la empresa Ledesma. Inés Peña, de Madres de Plaza de Mayo, se reunió con la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad (conocida como Comisión Interpoderes), convocada especialmente. Al terminar, logró reunirse también con la ministra de la Corte con jurisdicción en la zona norte, Elena Highton de Nolasco. “Fue positivo”, dijo Inés. “La ministra nos dijo que de lo ‘poderoso’ del grupo Blaquier nosotros nos olvidemos, porque para la Corte ellos son como cualquier otro: ‘Usted tranquilice a los testigos porque acá no hay coronita para nadie, para la Corte son todos iguales’.”

La Comisión Interpoderes logró reunir a buena parte de sus integrantes. Estuvieron los responsables del seguimiento de las causas de lesa humanidad en la Procuración, Jorge Auat y Carolina Varsky. El secretario general de la Corte Suprema, Alfredo Kraut. El presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, y su secretario general, Javier Carbajo. Y el coordinador del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, Luciano Hazan.

“Nosotros vinimos a explicar ante una institución pública las connotaciones que está teniendo la demora de la Cámara Federal de Salta y la de Casación en la resolución de ciertas medias”, dijo Inés Peña a este diario, luego del encuentro realizado la semana pasada. “Es que, al no resolver los planteos, crean una sensación de incertidumbre en las víctimas-testigos que están expuestos, porque tenemos una campaña de la defensa de Blaquier de desprestigio en contra de la gente.”

La reunión sirvió sobre todo para que los representantes de Casación y la Corte tomen nota de algunos cortocircuitos. Blaquier está procesado en dos causas (Arédez y la Noche del Apagón) que están listas para ser elevadas a juicio oral, pero eso no sucede porque hace seis meses están trabadas en la Cámara Federal de Salta y, sobre todo, en la Sala IV de la Cámara de Casación.

En Salta, los abogados de Blaquier hicieron lo mismo que Pedro Hooft en Mar del Plata: recusaron a todos los funcionarios judiciales. Primero al fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, luego al juez Fernando Poviña, también a las querellas, al fiscal general ante la Cámara Federal de Salta, Eduardo Villalba, y ahora todos los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Salta. Entre las razones invocaron que adelantan opinión sobre el futuro de la investigación y le adjudican a un juez participación en el espacio de Justicia Legítima, un argumento que la Corte Suprema ya rechazó. Lo más complicado ahora es la posición de los jueces: contrariamente a lo que sucede en otros lugares del país, los recusados abandonaron el expediente en lugar de seguir trabajando mientras se resuelve el planteo. El último 8 de agosto, por ejemplo, los abogados querellantes viajaron de Jujuy a Salta para una audiencia pero, como no había jueces, quedó suspendida. Casación, que es el órgano encargado de constituir un tribunal alternativo para estos casos, no se enteró de nada de esto hasta la reunión de la Comisión Interpoderes del jueves pasado. Los jueces no avisaron tampoco al fiscal general. Y quienes estaban allí dicen que, cuando Borinsky intentaba dar cuenta de la fluidez de los caminos de la Justicia, Auat lo interrumpió para señalarle la novedad.

El otro eje de conflicto, más de fondo, reside en la Sala IV de Casación. Ahí están los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y ahora Eduardo Riggi (que reemplazó a Borinsky). Hay varios temas pendientes, como apelaciones al procesamiento de Blaquier y la aprobación, o no, de la designación del fiscal ad hoc. Los planteos, que podrían haberse resuelto en un mes, llevan en espera varios meses. El más importante es el procesamiento, porque es imprescindible para la elevación a juicio de la causa. Hay que decir aquí que ése es un tema que no debería haber pasado por Casación, pero ahora está ahí, aparentemente de manera excepcional y porque había planteos tanto de la querella como de la defensa. Amparados en esa condición de “excepción”, los presentes pidieron a Casación que procure la celeridad de esa cuestión pendiente.

“Creo que el encuentro fue bueno, porque era necesario que se hicieran cargo cada una de las agencias del Estado de las gestiones de gobierno que tienen que hacer”, dice Auat. “Lo más grave que pidieron los organismos, y que yo apoyé, es que la Corte y Casación noten esos problemas que tienen en la jurisdicción.” “A mí no me importa que los de Salta hayan mandado el informe, o no lo hayan mandado, sino que la Corte y la Casación se involucren, porque debería haber un control interno, en el plano administrativo, de estas cosas. Ese es el rol que tienen que cumplir: preguntarle a la Cámara por el estado en el que están las cosas. Nosotros les dijimos que no se confundan, que acá estás hablando de un Estado dentro de otro Estado. Hay que prepararse, esto va a ser duro, muy duro. ¿(El juez Carlos) Olivera Pastor quién era? ¿Quién es el abogado de Blaquier? O sea que en definitiva esto es lo mismo.”

Hazan, del Ministerio de Justicia, se detuvo en la situación de los testigos, el otro punto que preocupa a los organismos de derechos humanos. Y la relación de la seguridad de los testigos con la desaceleración de las causas. “Para nosotros, el tema de la seguridad de los testigos es una prioridad y nos estamos manejando de esa manera. No- sotros ya lo hemos dicho: los testigos en Jujuy son víctimas de una campaña de amedrentamiento llevada adelante por la empresa. Y las demoras en los juicios provocan distintos efectos. Uno de los problemas que tenemos son las custodias, porque estas rutinas tienen eficacia en el corto plazo, para juicios que están pensados para hacerse en seis meses o un año, pero si se demoran dos o tres años se producen grandes conflictos en los testigos que se deben adaptar a esa situación por un tiempo indefinido.”

María José Castillo es abogada y representa a las querellas. No estuvo en la reunión, pero es una de las que preparó un punteo de los problemas para presentar en ese espacio. Ella también habla de las víctimas: “Las recusaciones de los jueces y los fiscales son abundantes y recurrentes; no sólo se realizaron contra Poviña, sino que también se presentan contra todos los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y el fiscal general. Estos planteos, a todas luces inconducentes y carentes de fundamentos, no hacen más que lentificar y entorpecer el juicio oral contra estos empresarios, generando en las víctimas un clima de incertidumbre”. Pero, además, Castillo agrega una hipótesis que suele escucharse en los últimos tiempos sobre las estrategias de los abogados: “Debido al tiempo biológico del acusado, las estrategias dilatorias perversas utilizadas por la defensa permitirían que este siniestro personaje quede impune”.

jueves, 7 de agosto de 2014

Cámara de Casación : Otorga libertad a 15 genocidas de la megacausa de Salta

Salta: Repudio de los organismos de derechos humanos y sociales a libertad otorgada por Casación a 15 condenados en la megacausa

Declaración de los Organismos de Derechos Humanos de Salta

Después de haber esperado casi 36 años el inicio de la primera Mega Causa de Salta los miembros de diferentes organismos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado nos encontramos de nuevo frente a una injusta decisión de la Justicia Federal. El 20 de diciembre de 2013, después de haber obtenido por primera vez en esta provincia sentencias ejemplares sobre algunos de los responsables de los delitos más aberrantes, debemos hoy padecer nuevamente que la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal Federal, a cargo de los doctores Riggi, Catucci y Figueroa resuelvan:

1- Considerar el arresto domiciliario a los genocidas Carlos Alberto Muhall, Joaquín Guil, Juan Carlos Alsugaray, Miguel Gentil y Modesto Mendíaz

2- Retrotraer (es decir volver a la situación procesal anterior al día de la sentencia) la situación de los imputados culpables, a gozar de libertad hasta que la Cámara se expida sobre esta sentencia a: Isidro de La Vega, Juan Manuel Ovalle, Julio Oscar Correa, Víctor Modesto Mendíaz, Víctor Almirón, Felipe Caucotta, Eduardo Toledaño, Mario Pachao, Ramón Vivas y Héctor Ríos Ereñú.

Nosotros familiares y organismos tuvimos que padecer durante el larguísimo juicio oral encontrarnos cara a cara con los responsables de los secuestros y asesinatos de nuestros seres queridos y compañeros. ¿Cómo es posible que la Justicia no resuelva los temas de fondo y exponga nuevamente a los familiares y testigos a tener que sentir la desprotección de Estado? Los deja libres y la posibilidad cierta de fuga que son noticia constante en relación con los genocidas prófugos de todo el país.

Exigimos:

Pronta resolución de fondo de las gravísimas condenas que resolvió un Tribunal Federal Oral.

Elevación a juicio oral de las causas que ya culminaron la instrucción y que no tienen fecha de inicio.
Recordando que las víctimas del terrorismo de Estado de la Mega Causa son: Martin Cobos, Víctor Brizzi, Gemma Fernández de Gamboa, Héctor Gamboa, Silvia Aramayo, Carlos Estanislao Figueroa, Alfredo Matioli, Liendro Marcial Estopiñan, Marcos Sergio Estopiñan, Pablo Salomón Ríos, Juan Carlos Parada Mallo, Marta Beatriz Cascella, Néstor Díaz, Oscar Bianchini, René Santillán, Enrique Mosa Alsina, Juana Isabel López, Luis Eduardo Rizzo Patrón, Ramón Gerardo Gallardo, Felipe Rodolfo Pizarro Gallardo, Raúl Benjamín Osores, Norberto Guerrero, Ernesto Luis Mamani, Aldo Víctor Bellandi, René Ruso, Carmen Torres, Delicia Torres, Carmen Torres, Pedro Bonifacio Vélez, Pedro Enrique Urueña, Felipe Burgos, Luciano Jaime, Eduardo Fronda.

¡Cárcel, común, perpetua y efectiva para todos los genocidas!


Firmas: Asociación DDHH Lucrecia Barquet, Encuentro Memoria Verdad y Justicia, HIJOS – SALTA, Agrup. Oscar Smith de Luz y Fuerza, Asociación Antonio Cortez, HIJOS –METAN, Asoc. Ex Presos Políticos, DDHH Metan, Comisión Provincial de la Memoria de Salta.