Procesamiento de gendarmes, militares y policías por crímenes de lesa humanidad

Procesaron a gendarmes, policías y un militar por delitos de lesa humanidad cometidos en el norte de Salta

Lo resolvió el Juzgado Federal N°2 de la jurisdicción por privaciones ilegítimas de la libertad, vejaciones y apremios ilegales cometidos en perjuicio de 27 víctimas, aunque la investigación comprende a un total de 82 damnificados. El fallo alcanza a altos mandos de la policía provincial, el Regimiento de Infantería 28 y el Escuadrón 20 de Gendarmería.

En línea con lo solicitado por la Fiscalía Federal n°2 de Salta, el Juzgado Federal N°2 de Salta dispuso el procesamiento de siete acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el norte de esa jurisdicción durante el terrorismo de estado, en perjuicio de 27 víctimas. La resolución alcanza a ex integrantes de la plana mayor del Ejército, Gendarmería y la policía provincial por los delitos de privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, vejaciones y apremios ilegales.

En la causa interviene el fiscal federal Eduardo Villalba con la colaboración de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, quien en abril del año pasado había solicitado que se le tome declaración indagatoria a los imputados por esa cantidad de víctimas. No obstante, la pesquisa continúa y comprende un total de 82 damnificados, lo que constituye en ese aspecto la causa de mayor envergadura de la jurisdicción.

Los procesamientos y embargos dictados por el juez federal Miguel Antonio Medina comprenden a los ex jefe y subjefe de la Policía de la Provincia de Salta, Miguel Gentil y Virtom Mendíaz, respectivamente; al miembro de esa fuerza, Arturo Madrigal; a los altos mandos del Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán, Diego Alejandro Varas y Pablo Ramón Caballero, y a su subordinado y presunto autor material de varios de los delitos investigados, Alfredo Wenceslao Montoya; y al segundo al mando en el Regimiento de Infantería Monte 28 de Tartagal, el militar Ernesto Repossi. Respecto de todos ellos, a excepción de Montoya, el fiscal y el juez consideraron que fueron los autores mediatos de los hechos al tener su dominio funcional. También estuvo imputado hasta su fallecimiento el teniente coronel Héctor Ríos Ereñú, a quien el año pasado el Tribunal Oral Federal de Salta había condenado a prisión perpetua por tres homicidios, entre otros delitos.

La pesquisa  comprende un total de 82 damnificados, lo que constituye en ese aspecto la causa de mayor envergadura de la jurisdicción.

“Estos hechos ocurrieron en el norte del territorio provincial, entre los meses de marzo y abril del año 1976 y constan en las numerosas denuncias realizadas por las víctimas y que se fueron acumulando en autos conformando una mega causa, con toda la complejidad que ello trae aparejada”, explicó Medina en su resolución. En ese sentido, añadió que “los hechos investigados en consecuencia, los pedidos de informes solicitados, declaraciones testimoniales recibidas en distintas sedes y demás medidas de investigación realizadas, nos da una pauta de la envergadura de la presente causa y su consecuente complejidad”.

El fallo señala que “aquellas acciones reprochables fueron realizadas mediante la participación de grupos comando, armados, generalmente no uniformados, cuyos integrantes -en la mayoría de los casos- actuaban con sus rostros cubiertos y se identificaban como pertenecientes a alguna fuerza de seguridad, irrumpiendo en forma violenta en los domicilios particulares, procediendo en tales ocasiones a requisar las viviendas en búsqueda de documentación o bibliografía que no comulgara con el gobierno de turno, para luego llevarse a las personas sospechadas por la fuerza y en raudos operativos, con la evidente impunidad que implicaba la liberación previa de la zona”.

Asimismo, sostiene que “la persecución instaurada habría tenido un claro propósito de tipo político-ideológico, lo que constituye una demostración de las ilegales prácticas represivas materializadas en aquellos años por las fuerzas armadas y de seguridad, como parte de la instrumentación del terrorismo de Estado a través de las cuáles se buscó la eliminación física del oponente a quien se identificaba como ‘delincuente subversivo’”.

Casación anuló la condena a Levin, dueño de La Veloz del Norte Impunidad para la pata civil de la dictadura

El empresario salteño Marcos Levin había sido sentenciado a 12 años de prisión el año pasado por el secuestro y torturas de un delegado. Fue en el marco de un juicio histórico que analizó por primera vez la co-responsabilidad empresaria en el terrorismo de Estado. Sin embargo, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques anularon la condena al afirmar que no se trató de un delito de lesa humanidad.

Marcos Levin, dueño de La Veloz del Norte, fue condenado en 2016 como partícipe del secuestro de un trabajador. 

Imagen: Gentileza El Tribuno de Salta

En un nuevo retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la condena que había recibido el empresario salteño Marcos Levin por delitos de lesa humanidad cometidos en 1977 contra trabajadores de su compañía de transporte La Veloz del Norte. La fiscalía y las querellas apelarán para que la causa llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A fines de marzo del año pasado, Levin fue hallado culpable de instigar la persecución, detención irregular y torturas de Víctor Manuel Cobos, que trabajaba en su empresa y era representante gremial de sus compañeros. Además de Cobos, fueron secuestrados y torturados más de una docena de trabajadores que no formaron parte de ese juicio porque distintas instancias judiciales dieron sus casos por prescriptos.

Levin fue el primer empresario condenado por su complicidad explícita con el terrorismo de Estado. En el juicio se demostró que el dueño de La Veloz del Norte aportó información de inteligencia, diagramas de servicios, domicilios, datos sobre la actividad gremial, listas de trabajadores a ser detenidos, vehículos, personal, estructura física y también la “acción psicológica” para propiciar el accionar represivo.

A pesar de todo esto, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques -el magistrado designado a dedo por el presidente Mauricio Macri- entendieron que no se trató de un delito de lesa humanidad y anularon la sentencia.

También derogaron las penas que recibieron los policías retirados Víctor Hugo Almirón, Víctor Hubo Bocos (ambos condenados a 12 años de prisión) y Enrique Cardozo (8 años) . Se trata de quienes llevaron adelante el operativo en el que 20 trabajadores fueron secuestrados y trasladados a la comisaría 4ª de Salta, donde funcionó un centro clandestino de detención.

Las causas contra los empresarios cómplices del terrorismo de Estado siguen trabadas en la Justicia. Dos de los casos más emblemáticos son los de Carlos Blaquier, dueño de la empresa azucarera Ledesma, y Vicente Massot, propietario del diario bahiense La Nueva Provincia. Ambos recibieron la falta de mérito en los procesos en su contra y están pendientes las apelaciones a esas decisiones.

Lesa humanidad: “Aún espero a mi hermano”

A una edad ya madura, Julia Luna dio muestras ayer de las múltiples formas que aplicó el terrorismo de Estado para provocar dolor: a casi 40 años de los sucesos que vino a narrar, ocurridos cuando ella estaba entrando a la adolescencia, le fue imposible contar el secuestro de su hermano Mario Bernardino Luna Orellana sin conmoverse hasta las lágrimas: “Aún lo espero a mi hermano”, remató en una sala tensa. Ella fue la primera testigo en la continuidad del noveno juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta.

Por Elena Corvalan

La madrugada del 3 de septiembre de 1976, en San Ramón de la Nueva Orán, la familia de Julia fue despertada por culatazos en la puerta de su casa y los ruidos de hombres en los techos. Una voz requirió al dueño de casa, Ángel Luna, si tenía un hijo; respondió afirmativamente y cuando dio su nombre fue la señal para que cuatro o cinco hombres entraran a los empujones, con armas medianas que parecían Itakas y con ropas que parecían de gendarmes. Apuntando con a los padres de Julia y a ella misma, inquirieron por la pieza donde dormía Mario, lo arrancaron de la cama: “Listo, listo”, decían, recordó ayer Julia, quien aún guarda el recuerdo de la última mirada que cruzó con su hermano, ella sintió que él se despedía, como si presintiera lo que iba a pasar. Tenía las manos sujetadas a la espalda, pero no pudo ver si eran esposas.

Los secuestradores se llevaron la llave de la casa, y salieron, con el increíble cuento de que devolverían a Mario “enseguida”. Lo subieron a vehículos “oscuros”,como Unimogs.

Cuando lograron salir, Julia cruzó la calle en busca de un teléfono para llamar a otra hermana, Marta, ya con familia propia: le transmitió la tragedia y el mensaje de sus padres: “Que venga urgente”.

Igual que sus hermanas Marta y Ángela, Julia recordó que esta última y su padre viajaron reiteradamente a la ciudad de Salta para denunciar el secuestro y tratar de averiguar el destino de su hermano. “Mi hermana y mi papá venían a Salta, lo veían al juez (Ricardo) Lona y al capellán (Normando) Requena”,contó. Hoy Lona está siendo investigado por no haber investigado el paradero de numerosas personas secuestradas por los grupos de tareas y por haber participado él mismo en delitos contra la humanidad.

Tiempos de milagro

En los primeros días de septiembre al menos cinco jóvenes militantes políticos y sociales fueron secuestrados y desaparecidos en Orán, entre ellos Sergio Wenceslao Copa, que era amigo de Mario Luna y fue arrebatado de su casa la madrugada del 2 de septiembre de 1976.

Cruz era nuera de los abuelos de Copa y vivía con ellos. Ayer recordó que en el tiempo de Milagro un grupo de hombres vestidos de verde y que andaban en una camioneta realizaron un allanamiento en la casa, el operativo incluyó el corte de la calle. Los hombres revolvieron las cosas de la habitación de los abuelos y luego obligaron a Ramona a acompañarlos a la catedral, para buscar a su suegro, que andaba en la previa de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro.

Testigo reticente

Finalmente Ramón Antonio Rivero, un testigo que viene siendo citado desde marzo último, acudió a la convocatoria. En el expediente consta que este hombre, que reside en Embarcación y que declaró por videoconferencia desde Orán, vio a la joven Silvia Ruth Sáez de Vuistaz dentro de un automóvil.

Pero Rivero se presentó ante el Tribunal Oral en lo Federal de Salta solo para afirmar que nunca declaró y que nada sabía de la joven secuestrada en septiembre de 1976 en Embarcación. Es más, dijo ni siquiera escuchó nunca hablar de hechos cometidos en el marco de la represión de los 70.

El fiscal Francisco Snopek le recordó dos declaraciones anteriores, pero nada. Le exhibieron las firmas de esas declaraciones, y el hombre reconoció que una puede ser suya. La querellante Susana Aramayo planteó que se haga un peritaje caligráfico, a lo que el presidente del Tribunal, Federico Díaz, hizo lugar. Se acordó que si resulta ser la misma persona que declaró antes, se lo convocará nuevamente.

Al parecer, Rivero no es muy apegado a cumplir con los requerimientos del Poder Judicial, en otro proceso por narcotráfico fue citado reiteradamente (porque es empleado de Aduanas) y se negó a venir: una vez, por que le habían robado la billetera y no tenía plata para pagar el pasaje; otra vez, porque estaba deprimido por el robo de la billetera.

El empresario Marcos Levin a 12 años de prisión como partícipe del secuestro y tormentos

Una condena a la pata civil de la dictadura

Fue el primer juicio que entiende que hubo intervención empresaria para deshacerse de delegados y trabajadores combativos y disciplinar a los operarios. También fueron condenados tres policías de la comisaría 4ª de Salta.

  Por Alejandra Dandan

Víctor Cobos no logró ver la cara de Marcos Levín porque lo tapaba una columna. Estuvo todo el día nervioso. Casi a las cinco de la tarde, los integrantes del Tribunal Oral Federal de Salta finalmente leyeron la sentencia que él esperó durante casi 40 años. Los jueces condenaron por mayoría al propietario de La Veloz del Norte y a dos ex policías a 12 años de prisión por participar del secuestro y tormentos contra Cobos. La condena también alcanzó a un auxiliar de la policía a la pena de 8 años de prisión. Esta es la primera vez que la justicia argentina analiza la responsabilidad empresaria en el contexto del terrorismo de Estado: el primer juicio que entiende que hubo intervención empresaria para deshacerse de delegados y trabajadores combativos y disciplinar a los operarios. Cobos era trabajador de la Veloz y delegado gremial de la UTA. Al escuchar la sentencia agradeció exultante la “justeza y honorabilidad” de los magistrados. “Pero también –dijo a Página/12– éste es el puntapié inicial, es como que se ha movido la pelota: ahora vamos a avanzar en todas las causas en lo que representa la responsabilidad civil, esto le he dicho a los compañeros, para que se haga justicia con semejantes empresarios muy poderosos que mucha gente y hasta los propios gobiernos, les tienen miedo.”

Terminó de esta manera en Salta el juicio oral que comenzó en el mes de septiembre después de innumerables cantidad de trabas y pedidos de nulidad de las defensas. Para cada uno de los actores de la acusación, acaba de concluir un juicio histórico. No sólo por lo que la sentencia representa para la provincia, sino por lo que significa para las investigaciones pendientes en todo el país.

Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila fueron los dos fiscales del juicio. En diálogo con este diario marcaron un antes y un después de la sentencia. “El fallo sienta un precedente histórico –dijeron– porque a partir de ahora se entiende que hubo una intervención de los empresarios en las prácticas del terrorismo de Estado.” En ese mismo sentido se expresó David Leiva, incansable querellante de esta causa: “Estoy re-contento”, dijo apenas escuchó la sentencia. “Hubo diferencias en cuanto a la pena, pero los jueces entendieron que Levín hizo aportes para que se comenten los crímenes: aportó nombres, vehículos, supervisó a la policía y hasta que lo reconocieron en la comisaría. Yo me quedé a escuchar toda la sentencia, mirando las caras, porque estamos materializando la concreción de lo que fue la dictadura cívicomilitar, con la complicidad de los empresarios, que son los que recibieron los beneficios durante la dictadura, tuvieron esa enorme transferencia que hizo el Estado, la derogación de las leyes laborales que sufrieron los trabajadores con la clausura del derecho de huelga y hasta la estatización de parte de la deuda privada”.

En términos de números, la condena fue menor a la que pidieron fiscales y querellas. La fiscalía había solicitado 18 años para Levín y la querella 20. Aún así, nadie objetó el monto de la pena y quienes intervienen en estas causas señalan que es “muy elevada”.

La sentencia salió con los votos de los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Federico Santiago Díaz y la disidencia de Gabriel Casas, que se pronunció por una condena a tres años de prisión en suspenso.

Además de Levín, el TOF condenó a Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, por entonces comisario y subcomisario de la Comisaría 4ª de Salta, donde fue trasladado Cobos junto a otra docena de trabajadores que aún no están en juicio y que hoy fue señalado como centro clandestino de detención. También condenaron a Enrique Víctor Cardozo que era auxiliar de la comisaría.

Levín no es el primer empresario condenado por juicios de lesa humanidad, sin embargo sí es el primero que es juzgado como co-responsable del aparato represivo. En 2012 fueron condenados los hermanos Emilio y Julio Méndez en Tandil, pero, en ese caso, los juzgaron por el aporte puntual de una quinta que sirvió como lugar de detención ilegal donde estuvo recluido el abogado laboralista Carlos Moreno. Este caso es diferente, como señala la abogada del CELS Luz Palmas Zaldúa: “Acá se analizó el crimen de lesa humanidad con todas las características del empresario que aporta para deshacerse de los delegados gremiales y para generar el disciplinamiento de los trabajadores”.

El secuestro

Víctor Cobos estuvo secuestrado entre diciembre de 1976 y enero de 1977. Era empleado de la Veloz del Norte y delegado de la UTA. Levín había iniciado una causa por una supuesta estafa contra los trabajadores con la que intentó revestir de legalidad los procedimientos ilegales. Además de Cobos, fueron secuestrados y torturados más de una docena de trabajadores que no formaron parte de este juicio porque distintas instancias judiciales dieron sus casos por prescritos, una decisión que aún debe resolver la Corte Suprema. Cobos es el único caso que llegó a instancia oral y sobre el cual se hizo el juicio. Durante el correr del debate, querellas y fiscales señalaron que el objetivo central de la persecución y de la represión sufrida por todos los trabajadores de la empresa tuvo efectivamente por objeto el disciplinamiento. Luego de la reconstrucción del contexto histórico, y en línea con los análisis que intentan hacerse en otras causas del país, la fiscalía planteó que la escalada en los conflictos patronales-sindicales ocurridos entre 1975 y 1976, fue “el antecedente inmediato” de los secuestros y señaló que la represalia buscó generar un “efecto disciplinador y ejemplificador” sobre el conjunto de los trabajadores de la empresa. Sobre el caso particular de Cobos, lo describieron en sus múltiples dimensiones: como trabajador y delegado gremial y señalaron además la persecución a su grupo familiar y el vínculo con otros trabajadores perseguidos.

Los fundamentos de la sentencia se van a conocer el 23 de mayo. Acusación y querellas esperan ese día para entender las razones del monto de la pena, pero también el tipo de análisis que hicieron los jueces sobre el contexto histórico y la relación mundo sindical, empresa y represión. Ese análisis puede impulsar no sólo la investigación por el resto de los trabajadores de la Veloz, sino el camino para las investigaciones en curso y aquellas que aún están pendientes.

“Hay que esperar la sentencia para ver cómo los jueces entendieron el contexto porque eso va a permitir entender cómo miran lo que sucedió con los otros trabajadores –dice el fiscal Sivila–. De momento sobre ese punto no dijeron nada y está bien porque sería pre-juzgamiento. Hoy nos parece muy positivo la condena y también que hayan declarado que se trató de un crimen de lesa humanidad. Ahora es importante ver la argumentación que hicieron porque uno de los aspectos centrales que tuvimos en cuenta como fiscalía fue el análisis de los patrones de este caso en comparación con otros que se dieron en otros lugares del país.”

Uno de los elementos centrales de este juicio fue la reconstrucción abrumadora de aportes que hizo Levín para la materialización de los secuestros. Esos aportes incluyeron información de inteligencia; diagramas de servicios, domicilios, datos sobre la actividad gremial, listas de trabajadores a ser detenidos, vehículos, personal, estructura física pero también la “acción psicológica” por “crear las condiciones sociales favorables para el accionar represivo con la publicación a través de la Federación de Empresarios Salteños de Transporte y de las solicitadas publicadas en los medios de prensa, de un pedido público para que se aplicara la ley antisubversiva e intervinieran los militares y las fuerzas de seguridad (ver aparte)”.

Esta fue la aproximación que se hizo mientras el Ministerio de Justicia, el Cels y Flacso concluían el Informe sobre Responsabilidad Empresaria Durante el Terrorismo de Estado que también sistematizó lógicas, patrones y prácticas. De los 19 patrones de conducta que recogió el Informe en los 25 casos que se analizaron, la Veloz reunía una importante mayoría de indicadores. Es en ese universo donde también puede impactar la sentencia. “A partir del relevamiento de casos que hizo Cels y otros organismos el año pasado donde quedaron delineados una serie de patrones de conducta –dicen los fiscales– vimos que este caso reunía una importante mayoría de esos indicadores. Hay que ver si el TOF toma esa argumentación y en ese sentido va a ser positivo para analizar analogías con otras formas de intervención de empresarios en otros casos”.

La sentencia se escuchó en el Juzgado Federal de Salta. Afuera, los organismos de derechos humanos llegados desde las provincias del noroeste montaron un escenario para esperar el fallo. La bandera de los obreros de las empresas reprimidas durante la dictadura logró posarse sobre el escenario. Un parlante quedó montado afuera para escuchar la sentencia. Cuando el TOF leyó la condena a Levín, en la calle se escuchó como el “Como a los nazis les va a pasar”.

“Hoy mi hermano puede estar en paz porque uno de sus asesinos está sentenciado a doce años”, dijo Cobos sobre el escenario. Habló así de uno de sus hermanos perseguido en un Falcon celeste de la Veloz por el comisario Bocos. “Esto es muy emocionante, estuvimos cuarenta años esperando esta Justicia. Desde 1984 vengo denunciando esto, hoy hemos llegado a la etapa final. Agradezco a los jueces una sentencia de estas características. Y a todos. Vengo de recorrer otros lugares y en Salta se ha dado la misma modalidad que en todas partes, con la diferencia de que Levín directamente me puso el ojo a mí y a los demás activistas”.

Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad del Ministerio Público, señalo que “en el marco de la conmemoración de los 40 años es muy importante la sentencia y una vez más probar la responsabilidad civil que tuvieron algunas personas en el golpe, la complicidad de los civiles en la comisión de estos delitos”.

Luz Palmas Zaldúa, desde el Cels, consideró que la sentencia era “importante como prueba para analizar la responsabilidad en otros crímenes de lesa humanidad de otros trabajadores de la empresa”. “También –agregó– es muy importante que un tribunal analice el contexto social y político. Aunque debemos esperar los fundamentos, se pudo probar que claramente hubo un sector de empresario que estuvo ligado a los crímenes de lesa humanidad en la persecución de sus trabajadores. Es auspicioso para pensar nuevas investigaciones judiciales porque de algún modo abre el camino de que lo que planteamos históricamente y lo que se está planteando en muchas investigaciones judiciales, más allá de lo individual de cada caso permite visualizar y pensar que es posible obtener resoluciones judiciales condenatorias hacia un sector del empresariado vinculado a los crímenes de lesa humanidad.”

Levín fue dueño de la Veloz del Norte desde su fundación en 1942. Según recuerda el informe sobre Responsabilidad empresaria, vendió 50 por ciento de su capital accionario en septiembre de 2012 a Luis Derudder, dueño de Flecha Bus. En enero de ese año, este diario había hecho público su pedido de indagatoria por crímenes de lesa humanidad.

Las “contribuciones” de Levín

Un emergente clave del alegato de los fiscales en la causa fue la reconstrucción de los “aportes” realizados por el empresario, a partir de datos recogidos a lo largo de la investigación. En ese sentido, mostraron que Levín:

Aportó acción psicológica: es decir creó las condiciones sociales favorables para el accionar represivo. En ese punto, recordaron que, a través de la Federación de Empresarios Salteños de Transporte y de las solicitadas publicadas en los medios de prensa, realizó un pedido público para que se aplicara la ley antisubversiva e intervinieran los militares y las fuerzas de seguridad.

Aportó información de inteligencia sobre los trabajadores. Aquí cuentan: los diagramas de servicio que permitieron conocer los lugares donde detener a los trabajadores y el aporte de los domicilios y datos sobre la actividad gremial. Esto se hizo, explicaron, a través de la colaboración de otras personas, como el entonces subcomisario Bocos, que a la vez cumplía funciones de seguridad dentro de la empresa.

Aportó listas de trabajadores que debían ser detenidos y torturados.

Aportó la denuncia contra los trabajadores para que se desencadenaran los operativos.

Aportó vehículos de línea y automóviles particulares de la empresa que se usaron para los secuestros y traslados.

Aportó personal dependiente de la empresa para los traslados de los detenidos que estaban en Tucumán y la persecución desplegada al interior de la empresa contra los trabajadores más combativos.

Aportó instalaciones de la empresa para que se produjeran los secuestros.

Aportó recursos económicos y dádivas al personal policial para que reprimiera a los trabajadores.

“Levín fue el autor intelectual de la persecución a gremialistas”

El testigo Juan Manuel Crespo aseguró ayer que Marcos Jacobo Levín, dueño de la empresa La Veloz del Norte, fue “el intelectual” que estuvo detrás de la persecución a los gremialistas en la década del 70. Dijo que desde principios de la década del 70 existía un grupo de “comisarios trasnochados” que perseguían a los trabajadores a cambio de recompensas de parte de los empresarios.

Por Elena Corvalan

Crespo trabajaba en la empresa de transporte urbano de pasajeros 20 de Febrero. En 1973 ayudó a organizar los cuerpos de delegados gremiales y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), donde conoció a Víctor Manuel Cobos, que era delegado gremial de La Veloz del Norte e integraba también la conducción de la UTA.

A Levín se le imputa haber instigado la detención ilegal y las torturas a Cobos en enero de 1977. Por este hecho están siendo juzgados también los policías retirados Víctor Hugo Bocos, Enrique Cardozo y Víctor Hugo Almirón.

Crespo, que sorprendió presentándose como amigo del subcomisario Bocos, recordó que tras la organización gremial los trabajadores comenzaron a reclamar pagos por el corte de boletos y las horas extras adeudadas, además de otras mejoras laborales; algunos empresarios debían tanto que saldaron sus cuentas entregando empresas pequeñas a los trabajadores.

Como era de esperar, la patronal reaccionó: “Nos perseguían, nos hacían meter presos (…). Ellos tenían esos comisarios (a los) que les gustaba hacer desaparecer gente; se ponían a disposición de los empresarios” a cambio de pasajes para sus familias, “y hasta para las muchachas”, y pagos de horas extras. Entre estos funcionarios policiales mencionó a Mario Pachao, de la Comisaría 2°, ya condenado por hechos de terrorismo de Estado. Fue por esos años que conoció a Bocos, de quien dijo que reconoció ante él que le encantaba torturar y aplicar “la picana moderada”.

Sobre Levín añadió que al principio “casi no aparecía” en la negociación con los trabajadores: “lo hacía aparecer a Ale”,de la empresa Ale Hermanos. En el mismo sentido aseguró que las chicas que querían trabajar como azafatas en La Veloz sabían que tenían que someterse a abusos del empresario. “(A Levín) le gustó siempre comprar, pagar, hacer callar”,concluyó.

Antes otro ex empleado de La Veloz, Aurelio Rada, contó que en enero de 1977 fue detenido y conducido a la Comisaría 4° en el automóvil Ford Falcon celeste de la empresa, en el que también fue llevado detenido el trabajador Oscar Núñez. En la sede policial, mientras Rada era sometido a una sesión de picana, alguien consultó sobre la identidad de la víctima y cuando supo quién era mandó parar: “Noo, dice Marcos que ese no tiene nada que ver”. Para el testigo, no hay duda de que el tal Marcos era Marcos Levín.

A la noche, cuando fue liberado, Rada se encontró en la puerta de la Comisaría con el jefe de personal de La Veloz, José Grueso. Tres días después fue convocado a una reunión con este ejecutivo, Levín y el hermano del empresario: “¡Sos un hijo de puta! ¡Vos sabés todo y no querés largar nada!”, lo insultó el empresario. Rada se defendió y volvió al trabajo. Poco tiempo después abandonó la empresa, aunque ayer dijo que no fue por temor.

La sentencia será recién en 2016

Contrariamente a lo que se esperaba, la sentencia en el juicio a Marcos Levín se conocerá recién a finales de febrero de 2016. Así lo confirmó ayer el presidente del Tribunal, Federico Díaz, ante una consulta del querellante David Leiva.

La novedad causó desazón en los querellantes y militantes de derechos humanos que siguen el debate cada lunes. Es que cuando se inició este debate, en agosto pasado, se había estimado que el fallo se iba a conocer antes del fin de este año. Las partes seguían confiadas en esa previsión, pero ayer la secretaria Denise Blajen Bent informó que la audiencia continuará el 23 de este mes y que el 21 de diciembre se hará una diligencia en el domicilio de una testigo, que por razones de salud no puede asistir a la sala de audiencias. Un tanto incrédulo, el querellante Martín Avila pidió que se revea esta fecha porque no se entendía la demora: “Hay un calendario”, le respondió el presidente del Tribunal y, tras la pregunta de Leiva, admitió que los alegatos se pronunciarían en febrero venidero.

Otra vez a juicio oral : Ríos Ereñu, por la represión en Salta

Ríos Ereñu, por la represión en SaltaOtra vez a juicio oral

El ex comandante del Ejército en el gobierno de Alfonsín vuelve al tribunal por los casos de 24 secuestrados y torturados, de los cuales 19 fueron asesinados cuando era comandante en Tartagal.

El general retirado Héctor Ríos Ereñú, comandante en jefe del Ejército durante la presidencia de Raúl Alfonsín, afrontará a partir de mañana en Salta su segundo juicio oral y público por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. En el proceso, el noveno por crímenes de lesa humanidad en Salta, se juzgarán los casos de 24 víctimas de secuestros y torturas, de las cuales 19 fueron asesinadas o se encuentran desaparecidas. Ríos Ereñú, que se desempeñó como jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 en Tartagal durante los años del terrorismo de Estado, y que ya fue condenado a prisión perpetua en 2013, compartirá el banquillo de los acusados con otros seis represores, incluidos militares, gendarmes y policías.

“Será un proceso largo, de entre seis o siete meses teniendo en cuenta la cantidad de causas que se evaluarán y la cantidad de testigos que están programados, que son más de 200”, explicó a la agencia Télam el abogado Martín Avila, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Vamos a analizar la causa UNSa II y otras, con desaparecidos principalmente de Orán”, explicó el letrado, que también es querellante en el juicio oral que tiene entre los acusados al empresario salteño Marcos Levín, dueño de la empresa La Veloz del Norte.

El proceso, que comenzará a las 15 según informó el tribunal, es el producto de la acumulación de seis expedientes. Entre los acusados, además de Ríos Ereñú –que el 19 de octubre celebrará sus 85 años–, estarán los ex jefes policiales Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, y el ex jefe de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil. A ellos se suman el comandante principal retirado de Gendarmería, Diego Varas, que era jefe del Escuadrón 20 de Orán, el inspector mayor retirado de la policía, Arturo Madrigal, que tuvo a su cargo la comisaría de la localidad de Embarcación, y el ex gendarme Mario Patané. Entre los acusados estaba el jefe de la guarnición militar Salta durante la dictadura, Carlos Mulhall, quien falleció en noviembre mientras cumplía en su casa condenas por el homicidio del ex gobernador Miguel Ragone y por la Masacre de Palomitas, entre otros crímenes.

Durante el juicio, según el requerimiento de elevación del fiscal federal Eduardo Villalba, se tratarán privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios calificados contra militantes políticos, docentes y estudiantes del norte de Salta. La Secretaría de Derechos Humanos del tribunal oral informó que su integración original, conformada por Marta Snopek, Marcelo Juárez Almaraz y Federico Díaz, se modificó luego de que Snopek aceptara un pedido de excusación, por lo que sería reemplazada por el juez Gabriel Casas. El cuarto magistrado, para el caso de que se genere una vacante durante le proceso, será Carlos Jiménez Montilla. Los representantes del Ministerio Público serán los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivi

Piden que se fije fecha para juzgar al empresario Marcos Levin por delitos de lesa humanidad

Para que los civiles tengan prioridad

El dueño de la empresa La Veloz del Norte está procesado en Salta por “instigación de imposición de tormentos”.

 Por Alejandra Dandan

El próximo 5 de octubre va a comenzar en Salta un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad que nuclea a cuatro causas, entre las que están las víctimas del norte de esa provincia. Sin embargo, el dato que preocupa a un grupo de familiares, víctimas y querellas es que el Tribunal Oral Federal no incluyó en el debate el esperado juicio al empresario Marcos Levin, dueño de la Veloz del Norte, procesado por “instigación de imposición de tormentos” sobre Víctor Cobos, entonces trabajador de la empresa. El caso espera el comienzo del debate desde que fue elevado en marzo del año pasado. La familia de Cobos se reunió la semana pasada con integrantes del TOF de Salta para manifestar la preocupación por esta demora: piden a los jueces que impulsen “de modo urgente” el comienzo de este juicio antes del debate de octubre o en forma simultanea. Se estima que puede ser breve por la cantidad de víctimas, represores y testigos.

“Le planteamos a uno de los integrantes del tribunal la urgencia de que se inicie este debate”, dice a Página/12 Cristina Cobos. “Mi hermano Víctor estuvo varias veces amenazado en este tiempo que duró la instrucción. Ha quedado solo en la causa, él y cuatro imputados, porque el resto de las víctimas fueron separadas. Es una necesidad que se termine este juicio por la seguridad de mi hermano.”

Esta misma línea es la que sostienen los fiscales y la querella para insistir sobre la urgencia del debate. Pero además, los querellantes sostienen que es un juicio que técnicamente resulta sencillo. “A fuerza de ser sincero, las causas que van a comenzar a ser juzgadas en octubre se habían elevado antes que el caso Levin –señala el abogado y querellante David Leiva–. Pero el debate por la causa Levin será corto y se podría hacer en paralelo o podría agregarse al mismo debate como se ha hecho en otras provincias: aunque no son los mismos imputados, los expedientes tienen conexión porque los represores pertenecen a la misma área.”

La causa Levin fue el primer expediente que avanzó sobre la responsabilidad empresaria de los crímenes de la dictadura. El expediente original contenía una denuncia más amplia, por el secuestro de 15 trabajadores, entre ellos Víctor Cobos, delegado y representante de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), parte de una familia asediada y devastada por el terrorismo de Estado. Tanto él como los otros trabajadores fueron trasladados a la comisaría cuarta de Salta y sometidos a tormentos en enero de 1977. Desde el primer momento, la Justicia dio por válida la imputación contra Levin, pero no sobre resto de los trabajadores y dividió la causa en dos partes. En aquel tiempo, la empresa había denunciado a los trabajadores por una supuesta estafa que sirvió de gatillo para las acciones ilegales. Hasta ahora, las distintas instancias judiciales aceptaron los tormentos contra todos pero consideraron que la persecución sólo fue sobre Cobos. Por esa razón, situaron al resto de los delitos como “delitos comunes” y por lo tanto, los dieron por prescriptos. Eso fue múltiples veces apelado por la acusación y ahora espera una decisión de la Corte. A Salta volvió sólo el expediente por Cobos, que está concluido y a la espera del juicio oral.

Además del empresario, hay tres policías acusados: Enrique Víctor Cardozo, Víctor Almirón y Víctor Hugo Bocos. Cardozo era el jefe de la comisaría. Almirón y Bocos están acusados como autores materiales. Bocos era el mas conocido entre los trabajadores, subjefe de la Comisaría cuarta, pero a la vez empleado de Levin. Para la familia está claro que no es lo mismo una juicio sólo por un hecho bajo la figura de “instigación”, que por quince que dan cuenta del contexto y de lo sistemático. Sin embargo, eso ahora no es lo importante.

“Levin es dueño de la Veloz del Norte, no sé si ahora todavía, pero por lo menos lo era en ese momento –sigue Cristina–. Tenía como empleado al subcomisario Víctor Hugo Bocos, que era su guardaespaldas directo. Esa persona perseguía y marcaba a los trabajadores que es lo que hizo con mi hermano. Empleados que estorbaban porque él era delegado de la UTA. Bocos era el que tenía contacto directo con ellos. Las personas que como mi hermano les molestaba, los apretaba a tal punto que lo detuvo en diciembre de 1976, lo hizo torturar, lo tuvo en la comisaria y no a él sólo, sino a todos los eran allegados a mi hermano, que pertenecían o eran socios (del sindicato)”. Entre ellos hay algunos empleados de Tucumán que fueron llevados hasta Salta ya secuestrados. “Además hay pruebas y testimonios de que Levin iba a la Comisaría –dice Cristina–. Alguien lo vio. Lo vieron.”

La idea del juicio “corto” es uno de los argumentos acentuados para impulsar el comienzo. Un sólo “hecho”, cuatro imputados y unos 25 testigos. Las partes calculan unas tres semanas de debate. Y trámites para constituir la prueba, de una semana. En ese contexto, proponen los cambios.

Pero los problemas del TOF no terminan ahí. Según las respuestas que les dieron a los familiares, además de los tiempos, tendrían problemas de jueces. El Tribunal quedó integrado para octubre por tres jueces, uno de ellos es Mario Juarez Almaraz, que no podría estar en el juicio a Levin porque se inhibió para actuar en el debate. Sin embargo, la fiscalía recuerda ante una consulta de este diario que Casación nombró hace tiempo a Gabriel Casas, de Jujuy. para reemplazarlo en esta causa.

Un dato importante es el ritmo de juicios del tribunal. El TOF de Salta suele hacer una o dos audiencias por semana. El juicio de octubre tiene previsto la declaración de no menos de 120 testigos. La fiscalía calcula un debate de un año o que se extenderá por lo menos hasta comienzos del año próximo. “Nosotros pedimos una pronta resolución para que fijen fecha por el caso Levin y nos respondieron sacando fecha de las causas del norte”, dice Leiva. “Lo que vemos es que pareciera ser que no quiere avanzar con las responsabilidad a los civiles. Hay dos causas demoradas en Salta: el ex juez Ricardo Lona que está trancada (con procesamientos apelados) y ésta. El Tribunal está siendo remiso para fijar fecha de debate y decretar la prueba ofrecida y ahí vemos que los tribunales, aun cuando no lo quieren, están haciendo el juego a la impunidad.”