Casación anuló la condena a Levin, dueño de La Veloz del Norte Impunidad para la pata civil de la dictadura

El empresario salteño Marcos Levin había sido sentenciado a 12 años de prisión el año pasado por el secuestro y torturas de un delegado. Fue en el marco de un juicio histórico que analizó por primera vez la co-responsabilidad empresaria en el terrorismo de Estado. Sin embargo, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques anularon la condena al afirmar que no se trató de un delito de lesa humanidad.

Marcos Levin, dueño de La Veloz del Norte, fue condenado en 2016 como partícipe del secuestro de un trabajador. 

Imagen: Gentileza El Tribuno de Salta

En un nuevo retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la condena que había recibido el empresario salteño Marcos Levin por delitos de lesa humanidad cometidos en 1977 contra trabajadores de su compañía de transporte La Veloz del Norte. La fiscalía y las querellas apelarán para que la causa llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A fines de marzo del año pasado, Levin fue hallado culpable de instigar la persecución, detención irregular y torturas de Víctor Manuel Cobos, que trabajaba en su empresa y era representante gremial de sus compañeros. Además de Cobos, fueron secuestrados y torturados más de una docena de trabajadores que no formaron parte de ese juicio porque distintas instancias judiciales dieron sus casos por prescriptos.

Levin fue el primer empresario condenado por su complicidad explícita con el terrorismo de Estado. En el juicio se demostró que el dueño de La Veloz del Norte aportó información de inteligencia, diagramas de servicios, domicilios, datos sobre la actividad gremial, listas de trabajadores a ser detenidos, vehículos, personal, estructura física y también la “acción psicológica” para propiciar el accionar represivo.

A pesar de todo esto, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques -el magistrado designado a dedo por el presidente Mauricio Macri- entendieron que no se trató de un delito de lesa humanidad y anularon la sentencia.

También derogaron las penas que recibieron los policías retirados Víctor Hugo Almirón, Víctor Hubo Bocos (ambos condenados a 12 años de prisión) y Enrique Cardozo (8 años) . Se trata de quienes llevaron adelante el operativo en el que 20 trabajadores fueron secuestrados y trasladados a la comisaría 4ª de Salta, donde funcionó un centro clandestino de detención.

Las causas contra los empresarios cómplices del terrorismo de Estado siguen trabadas en la Justicia. Dos de los casos más emblemáticos son los de Carlos Blaquier, dueño de la empresa azucarera Ledesma, y Vicente Massot, propietario del diario bahiense La Nueva Provincia. Ambos recibieron la falta de mérito en los procesos en su contra y están pendientes las apelaciones a esas decisiones.

Lesa humanidad: “Aún espero a mi hermano”

A una edad ya madura, Julia Luna dio muestras ayer de las múltiples formas que aplicó el terrorismo de Estado para provocar dolor: a casi 40 años de los sucesos que vino a narrar, ocurridos cuando ella estaba entrando a la adolescencia, le fue imposible contar el secuestro de su hermano Mario Bernardino Luna Orellana sin conmoverse hasta las lágrimas: “Aún lo espero a mi hermano”, remató en una sala tensa. Ella fue la primera testigo en la continuidad del noveno juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta.

Por Elena Corvalan

La madrugada del 3 de septiembre de 1976, en San Ramón de la Nueva Orán, la familia de Julia fue despertada por culatazos en la puerta de su casa y los ruidos de hombres en los techos. Una voz requirió al dueño de casa, Ángel Luna, si tenía un hijo; respondió afirmativamente y cuando dio su nombre fue la señal para que cuatro o cinco hombres entraran a los empujones, con armas medianas que parecían Itakas y con ropas que parecían de gendarmes. Apuntando con a los padres de Julia y a ella misma, inquirieron por la pieza donde dormía Mario, lo arrancaron de la cama: “Listo, listo”, decían, recordó ayer Julia, quien aún guarda el recuerdo de la última mirada que cruzó con su hermano, ella sintió que él se despedía, como si presintiera lo que iba a pasar. Tenía las manos sujetadas a la espalda, pero no pudo ver si eran esposas.

Los secuestradores se llevaron la llave de la casa, y salieron, con el increíble cuento de que devolverían a Mario “enseguida”. Lo subieron a vehículos “oscuros”,como Unimogs.

Cuando lograron salir, Julia cruzó la calle en busca de un teléfono para llamar a otra hermana, Marta, ya con familia propia: le transmitió la tragedia y el mensaje de sus padres: “Que venga urgente”.

Igual que sus hermanas Marta y Ángela, Julia recordó que esta última y su padre viajaron reiteradamente a la ciudad de Salta para denunciar el secuestro y tratar de averiguar el destino de su hermano. “Mi hermana y mi papá venían a Salta, lo veían al juez (Ricardo) Lona y al capellán (Normando) Requena”,contó. Hoy Lona está siendo investigado por no haber investigado el paradero de numerosas personas secuestradas por los grupos de tareas y por haber participado él mismo en delitos contra la humanidad.

Tiempos de milagro

En los primeros días de septiembre al menos cinco jóvenes militantes políticos y sociales fueron secuestrados y desaparecidos en Orán, entre ellos Sergio Wenceslao Copa, que era amigo de Mario Luna y fue arrebatado de su casa la madrugada del 2 de septiembre de 1976.

Cruz era nuera de los abuelos de Copa y vivía con ellos. Ayer recordó que en el tiempo de Milagro un grupo de hombres vestidos de verde y que andaban en una camioneta realizaron un allanamiento en la casa, el operativo incluyó el corte de la calle. Los hombres revolvieron las cosas de la habitación de los abuelos y luego obligaron a Ramona a acompañarlos a la catedral, para buscar a su suegro, que andaba en la previa de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro.

Testigo reticente

Finalmente Ramón Antonio Rivero, un testigo que viene siendo citado desde marzo último, acudió a la convocatoria. En el expediente consta que este hombre, que reside en Embarcación y que declaró por videoconferencia desde Orán, vio a la joven Silvia Ruth Sáez de Vuistaz dentro de un automóvil.

Pero Rivero se presentó ante el Tribunal Oral en lo Federal de Salta solo para afirmar que nunca declaró y que nada sabía de la joven secuestrada en septiembre de 1976 en Embarcación. Es más, dijo ni siquiera escuchó nunca hablar de hechos cometidos en el marco de la represión de los 70.

El fiscal Francisco Snopek le recordó dos declaraciones anteriores, pero nada. Le exhibieron las firmas de esas declaraciones, y el hombre reconoció que una puede ser suya. La querellante Susana Aramayo planteó que se haga un peritaje caligráfico, a lo que el presidente del Tribunal, Federico Díaz, hizo lugar. Se acordó que si resulta ser la misma persona que declaró antes, se lo convocará nuevamente.

Al parecer, Rivero no es muy apegado a cumplir con los requerimientos del Poder Judicial, en otro proceso por narcotráfico fue citado reiteradamente (porque es empleado de Aduanas) y se negó a venir: una vez, por que le habían robado la billetera y no tenía plata para pagar el pasaje; otra vez, porque estaba deprimido por el robo de la billetera.

El empresario Marcos Levin a 12 años de prisión como partícipe del secuestro y tormentos

Una condena a la pata civil de la dictadura

Fue el primer juicio que entiende que hubo intervención empresaria para deshacerse de delegados y trabajadores combativos y disciplinar a los operarios. También fueron condenados tres policías de la comisaría 4ª de Salta.

  Por Alejandra Dandan

Víctor Cobos no logró ver la cara de Marcos Levín porque lo tapaba una columna. Estuvo todo el día nervioso. Casi a las cinco de la tarde, los integrantes del Tribunal Oral Federal de Salta finalmente leyeron la sentencia que él esperó durante casi 40 años. Los jueces condenaron por mayoría al propietario de La Veloz del Norte y a dos ex policías a 12 años de prisión por participar del secuestro y tormentos contra Cobos. La condena también alcanzó a un auxiliar de la policía a la pena de 8 años de prisión. Esta es la primera vez que la justicia argentina analiza la responsabilidad empresaria en el contexto del terrorismo de Estado: el primer juicio que entiende que hubo intervención empresaria para deshacerse de delegados y trabajadores combativos y disciplinar a los operarios. Cobos era trabajador de la Veloz y delegado gremial de la UTA. Al escuchar la sentencia agradeció exultante la “justeza y honorabilidad” de los magistrados. “Pero también –dijo a Página/12– éste es el puntapié inicial, es como que se ha movido la pelota: ahora vamos a avanzar en todas las causas en lo que representa la responsabilidad civil, esto le he dicho a los compañeros, para que se haga justicia con semejantes empresarios muy poderosos que mucha gente y hasta los propios gobiernos, les tienen miedo.”

Terminó de esta manera en Salta el juicio oral que comenzó en el mes de septiembre después de innumerables cantidad de trabas y pedidos de nulidad de las defensas. Para cada uno de los actores de la acusación, acaba de concluir un juicio histórico. No sólo por lo que la sentencia representa para la provincia, sino por lo que significa para las investigaciones pendientes en todo el país.

Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila fueron los dos fiscales del juicio. En diálogo con este diario marcaron un antes y un después de la sentencia. “El fallo sienta un precedente histórico –dijeron– porque a partir de ahora se entiende que hubo una intervención de los empresarios en las prácticas del terrorismo de Estado.” En ese mismo sentido se expresó David Leiva, incansable querellante de esta causa: “Estoy re-contento”, dijo apenas escuchó la sentencia. “Hubo diferencias en cuanto a la pena, pero los jueces entendieron que Levín hizo aportes para que se comenten los crímenes: aportó nombres, vehículos, supervisó a la policía y hasta que lo reconocieron en la comisaría. Yo me quedé a escuchar toda la sentencia, mirando las caras, porque estamos materializando la concreción de lo que fue la dictadura cívicomilitar, con la complicidad de los empresarios, que son los que recibieron los beneficios durante la dictadura, tuvieron esa enorme transferencia que hizo el Estado, la derogación de las leyes laborales que sufrieron los trabajadores con la clausura del derecho de huelga y hasta la estatización de parte de la deuda privada”.

En términos de números, la condena fue menor a la que pidieron fiscales y querellas. La fiscalía había solicitado 18 años para Levín y la querella 20. Aún así, nadie objetó el monto de la pena y quienes intervienen en estas causas señalan que es “muy elevada”.

La sentencia salió con los votos de los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Federico Santiago Díaz y la disidencia de Gabriel Casas, que se pronunció por una condena a tres años de prisión en suspenso.

Además de Levín, el TOF condenó a Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, por entonces comisario y subcomisario de la Comisaría 4ª de Salta, donde fue trasladado Cobos junto a otra docena de trabajadores que aún no están en juicio y que hoy fue señalado como centro clandestino de detención. También condenaron a Enrique Víctor Cardozo que era auxiliar de la comisaría.

Levín no es el primer empresario condenado por juicios de lesa humanidad, sin embargo sí es el primero que es juzgado como co-responsable del aparato represivo. En 2012 fueron condenados los hermanos Emilio y Julio Méndez en Tandil, pero, en ese caso, los juzgaron por el aporte puntual de una quinta que sirvió como lugar de detención ilegal donde estuvo recluido el abogado laboralista Carlos Moreno. Este caso es diferente, como señala la abogada del CELS Luz Palmas Zaldúa: “Acá se analizó el crimen de lesa humanidad con todas las características del empresario que aporta para deshacerse de los delegados gremiales y para generar el disciplinamiento de los trabajadores”.

El secuestro

Víctor Cobos estuvo secuestrado entre diciembre de 1976 y enero de 1977. Era empleado de la Veloz del Norte y delegado de la UTA. Levín había iniciado una causa por una supuesta estafa contra los trabajadores con la que intentó revestir de legalidad los procedimientos ilegales. Además de Cobos, fueron secuestrados y torturados más de una docena de trabajadores que no formaron parte de este juicio porque distintas instancias judiciales dieron sus casos por prescritos, una decisión que aún debe resolver la Corte Suprema. Cobos es el único caso que llegó a instancia oral y sobre el cual se hizo el juicio. Durante el correr del debate, querellas y fiscales señalaron que el objetivo central de la persecución y de la represión sufrida por todos los trabajadores de la empresa tuvo efectivamente por objeto el disciplinamiento. Luego de la reconstrucción del contexto histórico, y en línea con los análisis que intentan hacerse en otras causas del país, la fiscalía planteó que la escalada en los conflictos patronales-sindicales ocurridos entre 1975 y 1976, fue “el antecedente inmediato” de los secuestros y señaló que la represalia buscó generar un “efecto disciplinador y ejemplificador” sobre el conjunto de los trabajadores de la empresa. Sobre el caso particular de Cobos, lo describieron en sus múltiples dimensiones: como trabajador y delegado gremial y señalaron además la persecución a su grupo familiar y el vínculo con otros trabajadores perseguidos.

Los fundamentos de la sentencia se van a conocer el 23 de mayo. Acusación y querellas esperan ese día para entender las razones del monto de la pena, pero también el tipo de análisis que hicieron los jueces sobre el contexto histórico y la relación mundo sindical, empresa y represión. Ese análisis puede impulsar no sólo la investigación por el resto de los trabajadores de la Veloz, sino el camino para las investigaciones en curso y aquellas que aún están pendientes.

“Hay que esperar la sentencia para ver cómo los jueces entendieron el contexto porque eso va a permitir entender cómo miran lo que sucedió con los otros trabajadores –dice el fiscal Sivila–. De momento sobre ese punto no dijeron nada y está bien porque sería pre-juzgamiento. Hoy nos parece muy positivo la condena y también que hayan declarado que se trató de un crimen de lesa humanidad. Ahora es importante ver la argumentación que hicieron porque uno de los aspectos centrales que tuvimos en cuenta como fiscalía fue el análisis de los patrones de este caso en comparación con otros que se dieron en otros lugares del país.”

Uno de los elementos centrales de este juicio fue la reconstrucción abrumadora de aportes que hizo Levín para la materialización de los secuestros. Esos aportes incluyeron información de inteligencia; diagramas de servicios, domicilios, datos sobre la actividad gremial, listas de trabajadores a ser detenidos, vehículos, personal, estructura física pero también la “acción psicológica” por “crear las condiciones sociales favorables para el accionar represivo con la publicación a través de la Federación de Empresarios Salteños de Transporte y de las solicitadas publicadas en los medios de prensa, de un pedido público para que se aplicara la ley antisubversiva e intervinieran los militares y las fuerzas de seguridad (ver aparte)”.

Esta fue la aproximación que se hizo mientras el Ministerio de Justicia, el Cels y Flacso concluían el Informe sobre Responsabilidad Empresaria Durante el Terrorismo de Estado que también sistematizó lógicas, patrones y prácticas. De los 19 patrones de conducta que recogió el Informe en los 25 casos que se analizaron, la Veloz reunía una importante mayoría de indicadores. Es en ese universo donde también puede impactar la sentencia. “A partir del relevamiento de casos que hizo Cels y otros organismos el año pasado donde quedaron delineados una serie de patrones de conducta –dicen los fiscales– vimos que este caso reunía una importante mayoría de esos indicadores. Hay que ver si el TOF toma esa argumentación y en ese sentido va a ser positivo para analizar analogías con otras formas de intervención de empresarios en otros casos”.

La sentencia se escuchó en el Juzgado Federal de Salta. Afuera, los organismos de derechos humanos llegados desde las provincias del noroeste montaron un escenario para esperar el fallo. La bandera de los obreros de las empresas reprimidas durante la dictadura logró posarse sobre el escenario. Un parlante quedó montado afuera para escuchar la sentencia. Cuando el TOF leyó la condena a Levín, en la calle se escuchó como el “Como a los nazis les va a pasar”.

“Hoy mi hermano puede estar en paz porque uno de sus asesinos está sentenciado a doce años”, dijo Cobos sobre el escenario. Habló así de uno de sus hermanos perseguido en un Falcon celeste de la Veloz por el comisario Bocos. “Esto es muy emocionante, estuvimos cuarenta años esperando esta Justicia. Desde 1984 vengo denunciando esto, hoy hemos llegado a la etapa final. Agradezco a los jueces una sentencia de estas características. Y a todos. Vengo de recorrer otros lugares y en Salta se ha dado la misma modalidad que en todas partes, con la diferencia de que Levín directamente me puso el ojo a mí y a los demás activistas”.

Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad del Ministerio Público, señalo que “en el marco de la conmemoración de los 40 años es muy importante la sentencia y una vez más probar la responsabilidad civil que tuvieron algunas personas en el golpe, la complicidad de los civiles en la comisión de estos delitos”.

Luz Palmas Zaldúa, desde el Cels, consideró que la sentencia era “importante como prueba para analizar la responsabilidad en otros crímenes de lesa humanidad de otros trabajadores de la empresa”. “También –agregó– es muy importante que un tribunal analice el contexto social y político. Aunque debemos esperar los fundamentos, se pudo probar que claramente hubo un sector de empresario que estuvo ligado a los crímenes de lesa humanidad en la persecución de sus trabajadores. Es auspicioso para pensar nuevas investigaciones judiciales porque de algún modo abre el camino de que lo que planteamos históricamente y lo que se está planteando en muchas investigaciones judiciales, más allá de lo individual de cada caso permite visualizar y pensar que es posible obtener resoluciones judiciales condenatorias hacia un sector del empresariado vinculado a los crímenes de lesa humanidad.”

Levín fue dueño de la Veloz del Norte desde su fundación en 1942. Según recuerda el informe sobre Responsabilidad empresaria, vendió 50 por ciento de su capital accionario en septiembre de 2012 a Luis Derudder, dueño de Flecha Bus. En enero de ese año, este diario había hecho público su pedido de indagatoria por crímenes de lesa humanidad.

Las “contribuciones” de Levín

Un emergente clave del alegato de los fiscales en la causa fue la reconstrucción de los “aportes” realizados por el empresario, a partir de datos recogidos a lo largo de la investigación. En ese sentido, mostraron que Levín:

Aportó acción psicológica: es decir creó las condiciones sociales favorables para el accionar represivo. En ese punto, recordaron que, a través de la Federación de Empresarios Salteños de Transporte y de las solicitadas publicadas en los medios de prensa, realizó un pedido público para que se aplicara la ley antisubversiva e intervinieran los militares y las fuerzas de seguridad.

Aportó información de inteligencia sobre los trabajadores. Aquí cuentan: los diagramas de servicio que permitieron conocer los lugares donde detener a los trabajadores y el aporte de los domicilios y datos sobre la actividad gremial. Esto se hizo, explicaron, a través de la colaboración de otras personas, como el entonces subcomisario Bocos, que a la vez cumplía funciones de seguridad dentro de la empresa.

Aportó listas de trabajadores que debían ser detenidos y torturados.

Aportó la denuncia contra los trabajadores para que se desencadenaran los operativos.

Aportó vehículos de línea y automóviles particulares de la empresa que se usaron para los secuestros y traslados.

Aportó personal dependiente de la empresa para los traslados de los detenidos que estaban en Tucumán y la persecución desplegada al interior de la empresa contra los trabajadores más combativos.

Aportó instalaciones de la empresa para que se produjeran los secuestros.

Aportó recursos económicos y dádivas al personal policial para que reprimiera a los trabajadores.

“Levín fue el autor intelectual de la persecución a gremialistas”

El testigo Juan Manuel Crespo aseguró ayer que Marcos Jacobo Levín, dueño de la empresa La Veloz del Norte, fue “el intelectual” que estuvo detrás de la persecución a los gremialistas en la década del 70. Dijo que desde principios de la década del 70 existía un grupo de “comisarios trasnochados” que perseguían a los trabajadores a cambio de recompensas de parte de los empresarios.

Por Elena Corvalan

Crespo trabajaba en la empresa de transporte urbano de pasajeros 20 de Febrero. En 1973 ayudó a organizar los cuerpos de delegados gremiales y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), donde conoció a Víctor Manuel Cobos, que era delegado gremial de La Veloz del Norte e integraba también la conducción de la UTA.

A Levín se le imputa haber instigado la detención ilegal y las torturas a Cobos en enero de 1977. Por este hecho están siendo juzgados también los policías retirados Víctor Hugo Bocos, Enrique Cardozo y Víctor Hugo Almirón.

Crespo, que sorprendió presentándose como amigo del subcomisario Bocos, recordó que tras la organización gremial los trabajadores comenzaron a reclamar pagos por el corte de boletos y las horas extras adeudadas, además de otras mejoras laborales; algunos empresarios debían tanto que saldaron sus cuentas entregando empresas pequeñas a los trabajadores.

Como era de esperar, la patronal reaccionó: “Nos perseguían, nos hacían meter presos (…). Ellos tenían esos comisarios (a los) que les gustaba hacer desaparecer gente; se ponían a disposición de los empresarios” a cambio de pasajes para sus familias, “y hasta para las muchachas”, y pagos de horas extras. Entre estos funcionarios policiales mencionó a Mario Pachao, de la Comisaría 2°, ya condenado por hechos de terrorismo de Estado. Fue por esos años que conoció a Bocos, de quien dijo que reconoció ante él que le encantaba torturar y aplicar “la picana moderada”.

Sobre Levín añadió que al principio “casi no aparecía” en la negociación con los trabajadores: “lo hacía aparecer a Ale”,de la empresa Ale Hermanos. En el mismo sentido aseguró que las chicas que querían trabajar como azafatas en La Veloz sabían que tenían que someterse a abusos del empresario. “(A Levín) le gustó siempre comprar, pagar, hacer callar”,concluyó.

Antes otro ex empleado de La Veloz, Aurelio Rada, contó que en enero de 1977 fue detenido y conducido a la Comisaría 4° en el automóvil Ford Falcon celeste de la empresa, en el que también fue llevado detenido el trabajador Oscar Núñez. En la sede policial, mientras Rada era sometido a una sesión de picana, alguien consultó sobre la identidad de la víctima y cuando supo quién era mandó parar: “Noo, dice Marcos que ese no tiene nada que ver”. Para el testigo, no hay duda de que el tal Marcos era Marcos Levín.

A la noche, cuando fue liberado, Rada se encontró en la puerta de la Comisaría con el jefe de personal de La Veloz, José Grueso. Tres días después fue convocado a una reunión con este ejecutivo, Levín y el hermano del empresario: “¡Sos un hijo de puta! ¡Vos sabés todo y no querés largar nada!”, lo insultó el empresario. Rada se defendió y volvió al trabajo. Poco tiempo después abandonó la empresa, aunque ayer dijo que no fue por temor.

La sentencia será recién en 2016

Contrariamente a lo que se esperaba, la sentencia en el juicio a Marcos Levín se conocerá recién a finales de febrero de 2016. Así lo confirmó ayer el presidente del Tribunal, Federico Díaz, ante una consulta del querellante David Leiva.

La novedad causó desazón en los querellantes y militantes de derechos humanos que siguen el debate cada lunes. Es que cuando se inició este debate, en agosto pasado, se había estimado que el fallo se iba a conocer antes del fin de este año. Las partes seguían confiadas en esa previsión, pero ayer la secretaria Denise Blajen Bent informó que la audiencia continuará el 23 de este mes y que el 21 de diciembre se hará una diligencia en el domicilio de una testigo, que por razones de salud no puede asistir a la sala de audiencias. Un tanto incrédulo, el querellante Martín Avila pidió que se revea esta fecha porque no se entendía la demora: “Hay un calendario”, le respondió el presidente del Tribunal y, tras la pregunta de Leiva, admitió que los alegatos se pronunciarían en febrero venidero.

Piden que se fije fecha para juzgar al empresario Marcos Levin por delitos de lesa humanidad

Para que los civiles tengan prioridad

El dueño de la empresa La Veloz del Norte está procesado en Salta por “instigación de imposición de tormentos”.

 Por Alejandra Dandan

El próximo 5 de octubre va a comenzar en Salta un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad que nuclea a cuatro causas, entre las que están las víctimas del norte de esa provincia. Sin embargo, el dato que preocupa a un grupo de familiares, víctimas y querellas es que el Tribunal Oral Federal no incluyó en el debate el esperado juicio al empresario Marcos Levin, dueño de la Veloz del Norte, procesado por “instigación de imposición de tormentos” sobre Víctor Cobos, entonces trabajador de la empresa. El caso espera el comienzo del debate desde que fue elevado en marzo del año pasado. La familia de Cobos se reunió la semana pasada con integrantes del TOF de Salta para manifestar la preocupación por esta demora: piden a los jueces que impulsen “de modo urgente” el comienzo de este juicio antes del debate de octubre o en forma simultanea. Se estima que puede ser breve por la cantidad de víctimas, represores y testigos.

“Le planteamos a uno de los integrantes del tribunal la urgencia de que se inicie este debate”, dice a Página/12 Cristina Cobos. “Mi hermano Víctor estuvo varias veces amenazado en este tiempo que duró la instrucción. Ha quedado solo en la causa, él y cuatro imputados, porque el resto de las víctimas fueron separadas. Es una necesidad que se termine este juicio por la seguridad de mi hermano.”

Esta misma línea es la que sostienen los fiscales y la querella para insistir sobre la urgencia del debate. Pero además, los querellantes sostienen que es un juicio que técnicamente resulta sencillo. “A fuerza de ser sincero, las causas que van a comenzar a ser juzgadas en octubre se habían elevado antes que el caso Levin –señala el abogado y querellante David Leiva–. Pero el debate por la causa Levin será corto y se podría hacer en paralelo o podría agregarse al mismo debate como se ha hecho en otras provincias: aunque no son los mismos imputados, los expedientes tienen conexión porque los represores pertenecen a la misma área.”

La causa Levin fue el primer expediente que avanzó sobre la responsabilidad empresaria de los crímenes de la dictadura. El expediente original contenía una denuncia más amplia, por el secuestro de 15 trabajadores, entre ellos Víctor Cobos, delegado y representante de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), parte de una familia asediada y devastada por el terrorismo de Estado. Tanto él como los otros trabajadores fueron trasladados a la comisaría cuarta de Salta y sometidos a tormentos en enero de 1977. Desde el primer momento, la Justicia dio por válida la imputación contra Levin, pero no sobre resto de los trabajadores y dividió la causa en dos partes. En aquel tiempo, la empresa había denunciado a los trabajadores por una supuesta estafa que sirvió de gatillo para las acciones ilegales. Hasta ahora, las distintas instancias judiciales aceptaron los tormentos contra todos pero consideraron que la persecución sólo fue sobre Cobos. Por esa razón, situaron al resto de los delitos como “delitos comunes” y por lo tanto, los dieron por prescriptos. Eso fue múltiples veces apelado por la acusación y ahora espera una decisión de la Corte. A Salta volvió sólo el expediente por Cobos, que está concluido y a la espera del juicio oral.

Además del empresario, hay tres policías acusados: Enrique Víctor Cardozo, Víctor Almirón y Víctor Hugo Bocos. Cardozo era el jefe de la comisaría. Almirón y Bocos están acusados como autores materiales. Bocos era el mas conocido entre los trabajadores, subjefe de la Comisaría cuarta, pero a la vez empleado de Levin. Para la familia está claro que no es lo mismo una juicio sólo por un hecho bajo la figura de “instigación”, que por quince que dan cuenta del contexto y de lo sistemático. Sin embargo, eso ahora no es lo importante.

“Levin es dueño de la Veloz del Norte, no sé si ahora todavía, pero por lo menos lo era en ese momento –sigue Cristina–. Tenía como empleado al subcomisario Víctor Hugo Bocos, que era su guardaespaldas directo. Esa persona perseguía y marcaba a los trabajadores que es lo que hizo con mi hermano. Empleados que estorbaban porque él era delegado de la UTA. Bocos era el que tenía contacto directo con ellos. Las personas que como mi hermano les molestaba, los apretaba a tal punto que lo detuvo en diciembre de 1976, lo hizo torturar, lo tuvo en la comisaria y no a él sólo, sino a todos los eran allegados a mi hermano, que pertenecían o eran socios (del sindicato)”. Entre ellos hay algunos empleados de Tucumán que fueron llevados hasta Salta ya secuestrados. “Además hay pruebas y testimonios de que Levin iba a la Comisaría –dice Cristina–. Alguien lo vio. Lo vieron.”

La idea del juicio “corto” es uno de los argumentos acentuados para impulsar el comienzo. Un sólo “hecho”, cuatro imputados y unos 25 testigos. Las partes calculan unas tres semanas de debate. Y trámites para constituir la prueba, de una semana. En ese contexto, proponen los cambios.

Pero los problemas del TOF no terminan ahí. Según las respuestas que les dieron a los familiares, además de los tiempos, tendrían problemas de jueces. El Tribunal quedó integrado para octubre por tres jueces, uno de ellos es Mario Juarez Almaraz, que no podría estar en el juicio a Levin porque se inhibió para actuar en el debate. Sin embargo, la fiscalía recuerda ante una consulta de este diario que Casación nombró hace tiempo a Gabriel Casas, de Jujuy. para reemplazarlo en esta causa.

Un dato importante es el ritmo de juicios del tribunal. El TOF de Salta suele hacer una o dos audiencias por semana. El juicio de octubre tiene previsto la declaración de no menos de 120 testigos. La fiscalía calcula un debate de un año o que se extenderá por lo menos hasta comienzos del año próximo. “Nosotros pedimos una pronta resolución para que fijen fecha por el caso Levin y nos respondieron sacando fecha de las causas del norte”, dice Leiva. “Lo que vemos es que pareciera ser que no quiere avanzar con las responsabilidad a los civiles. Hay dos causas demoradas en Salta: el ex juez Ricardo Lona que está trancada (con procesamientos apelados) y ésta. El Tribunal está siendo remiso para fijar fecha de debate y decretar la prueba ofrecida y ahí vemos que los tribunales, aun cuando no lo quieren, están haciendo el juego a la impunidad.”

Una segunda causa por Ragone, ex gobernador de Salta

La segunda causa abierta por el secuestro, la desaparición y el asesinato del ex gobernador Miguel Ragone quedó habilitada ayer, en el marco de una nueva audiencia del juicio oral y público que por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 18 víctimas se desarrolla en Salta desde el 2 de diciembre.

La audiencia comenzó pasadas las 16 en los tribunales federales de Salta, y finalmente se pudo leer la requisitoria fiscal de elevación a juicio de esta causa, que venía postergada desde el inicio del proceso, primero por razones formales y de plazos, y luego por la falta de defensor oficial de uno de los acusados.

Los imputados son los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro, a quienes se los acusa de haber cooperado para liberar la zona en la que el ex gobernador salteño fue secuestrado, y de evitar las acciones investigativas correspondientes. Los ex comisarios habrían garantizado la impunidad y el ocultamiento de los autores del secuestro, desaparición y homicidio de Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976, en la zona del monumento al general Martín Miguel de Güemes, cerca del domicilio del ex mandatario, en la ciudad de Salta.

Esta causa se trata en el marco de un juicio que desde diciembre analiza un total de 10 expedientes, con 18 víctimas y 6 acusados, a cargo del Tribunal Oral Federal de Salta, integrado por Federico Díaz, Mario Juárez Almaraz y Marta Snopek, junto a quien oficia de cuarta jueza, Alejandra Cataldi. Ayer la defensora oficial Ximena Colombres asumió la defensa de Saravia, luego de la decisión del TOF de no hacer lugar al pedido de inhibición, por entender que no existen intereses contrapuestos

Una víctima del terrorismo de estado que pudo hablar por primera vez luego de años de silencio

Tortura, trata y corrupción de menores

 Por Alejandra Dandan

“Ellos son dioses. Yo estaba de rodillas y ellos estaban sentados. Yo les pedía por favor. Ellos hoy tienen justicia y yo hoy tengo 52 años y no conozco lo que es un cine: tengo terror porque está oscuro, ¿sabe?, y no se lo puedo decir ni siquiera a mi hija.” La secuestraron en diciembre de 1976 en un parador de la provincia de Salta. Tenía 15 años. Durante un año transitó todo tipo de lugares ilegales de detención, desde comisarías hasta alojamientos particulares. Sufrió violaciones múltiples. Quedó embarazada. Al término del primer año de secuestro, el comisario de Metán la vendió a un empresario con quien convivió hasta la muerte del hombre, en el año 1985.

Esta mujer, cuyo nombre no puede ser difundido por disposición judicial, logró contar su historia durante uno de los juicios de lesa humanidad en la provincia de Salta después de décadas de silencio. El último martes, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de esa provincia condenó a seis acusados del juicio a prisión perpetua y, entre ellos, a dos policías y uno de los jefes militares por su caso: crímenes de privación ilegal de la libertad, tormentos, violencia sexual y, por primera vez en un contexto de lesa humanidad, también corrupción de menores pedido especialmente por este caso por los fiscales Juan Manuel Sivila y Francisco Snopek. Como sucede con muchos juicios de las distintas geografías del país, el caso también habla de condiciones específicas de la dictadura: en este caso parece liberar demonios propios de un paisaje de provincia que combina el mundo de la trata con el terrorismo de Estado.

“Sé que es muy duro, señora”, le dijo uno de los defensores a la mujer. Le preguntó a qué se refería “concretamente” al hablar de la palabra “abusaban”. Por más que le cueste, agregó, “es necesario preguntar”.

–Está bien –dijo ella–. Me violaban, me violaban, me violaban, señor. Me violaban todos los días.
En el infierno

En 1976, ella hacía el secundario en Buenos Aires. En diciembre viajó al pueblo de El Galpón, donde vivía una hermana. En el camino bajó en un parador llamado El Rancho, ubicado en la localidad de Metán. Ella tenía que cambiar de colectivo y conseguir uno para llegar hasta el pueblo. Todavía era temprano. Alrededor de las seis. En ese momento, una patota de policías “sin exhibir orden judicial”, “la agarraron, la golpearon, la introdujeron en un vehículo y partieron”. A la cabeza del grupo estaba el comisario de Metán, Eduardo Humberto Sona, una de las sombras más presentes en el infierno de la historia que cuenta esta mujer. En la comisaría la “maniataron”. Ella tenía un libro del Che Guevara. No militaba. Ahora, a miles de años de todo, dijo: “Admiraba al Che Guevara porque era una época, era como una moda, en los colegios, en todos lados se hablaba, no era un pecado. No era un pecado”.

La mujer pasó durante un año por comisarías, pensiones e incluso casas particulares. Primero en Metán, luego en Salta, donde iban a blanquearla, pero volvieron a secuestrarla y se la llevaron a Rosario de la Frontera.

En Metán estuvo los primeros tres meses en la comisaría. Dos policías, hoy en juicio, Eduardo del Carmen Del Valle y Andrés Del Valle Soraire, la condujeron a un lecho del río llamado Río Piedras y la obligaron a reconocer el cuerpo de una persona muerta. “La obligaron a olerlo cuando ya tenía un fuerte olor –dijeron los fiscales durante el juicio– sometiéndola de este modo a un grave sufrimiento y daño psíquico.” Cuando llegó marzo, la anotaron en un secundario. El policía Del Valle la llevó “bajo amenaza, la obligaron a identificar y dar nombres de los estudiantes”.

Todavía en Metán, pasó a una pensión con custodia. Por las noches la sacaban de allí, la llevaban a la comisaría, la torturaban y violaban. Tuvo problemas de salud, estuvo en la casa de Del Valle. Más tarde, la hicieron reunir con su madre, pero no pudo irse con ella. En mayo de 1977 iban a soltarla.

“Me han puesto una pollera larga y me traen a Salta”, dijo en un tramo de una declaración de la que sólo se poseen pocos fragmentos. “En Salta me llevan a un lugar, a un hotel; ‘princesita’ me dicen y se reían y se reían. Cuando entré, era una mugre: una pieza muy chica, había muchas mujeres y sabe qué: yo estaba así, en una esquina, pero estaba tranquila; ellos no venían ahí, estaba ahí con otras mujeres y de noche me despierto y así las veo que ellas caminaban a gatas, caminaban a gatas. Y yo pensé que estaban todas inválidas: esto es una comunidad de inválidos, pensé. Y después aprendí que yo tampoco podía pararme, con el tiempo ya no podía pararme, sabe. Caminaba a gatas, me arrastraba, ahí entendí por qué caminaban todas, eran muchas y dicen que era por la basura, nos daban no sé, algo asqueroso y yo no comía.”

“Sabe que me siento muy cansada”, les dijo a los jueces. “Ellos eran dioses y yo dependía de ellos y ahora estos desgraciados están ahí cuidados y yo era una niña, era una niña, no podía más, terminaron con mi vida, nunca más tuve un deseo de nada. De comer, de nada, de comprar nada, me da todo igual, acabaron conmigo. En esa pieza había un tacho blanco.”

En Salta eso que describe era una dependencia policial, que estaba a disposición de la Brigada de Investigaciones. Ahí la blanquearon, supuestamente iban a entregarla a su hermana, pero el comisario Sona volvió a secuestrarla. Se la llevó a Rosario de la Frontera donde continuó el cautiverio, primero en la comisaría y luego en un alojamiento bajo su control.

Hacia fines de 1977, Sona la condujo hasta una oficina. Estaban en la comisaría. Ella ya tenía 16 años. Ya había tenido a su hijo. En la oficina la esperaba un empresario “viejo, muy viejo y muy feo”. El hombre la miró, y luego de acariciarle la cara, habló con los policías: “La quiero limpia”, les dijo. Y ella, todavía chica, creía que todo era porque llevaba tiempo sin bañarse, pero ellos hablaban de los papeles. “Tenía una cara horrible, tenía mil años y me dijo: ‘Acá no hay condiciones, acá sos libre, no tenés que tener miedo, pagué mucho dinero por vos, mucho pagué’.”

–¿Usted me dejaría ir a Buenos Aires? –quiso saber.

El dijo que no.

–¿Vos no me entendés bien, no?

El empresario murió en 1985. Ella nunca recobró la capacidad de habla, no perdió el miedo. Tuvo hijos. Ahorró dinero para mandarlos a la universidad, pero hasta hace muy poco continuaba buscando las formas de protegerse en la casa. “Ahora saqué la reja”, logró explicar en el juicio después de meses de trabajo terapéutico y de acompañamiento del Fernando Ulloa, Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos.

“La señora tiene un trastorno por estrés postraumático que se ha cronificado por el largo tiempo de evolución” muy frecuente de ver en sobrevivientes de este tipo de hechos, señaló uno de los peritos del juicio. “Se vio por primera vez en sobrevivientes de campos de concentración de la Segunda Guerra, donde los autores que empezaron a estudiar el tema hablan de trauma cristalizado, donde más allá del paso de los años y de generar otros tipos de estímulos, una parte de su psiquismo sigue viviendo ese tipo de situaciones de manera permanente.”

El Tribunal del juicio estuvo integrado por Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek. Ellos sentenciaron al entonces jefe del Ejército de la provincia Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de la Policía salteña Miguel Raúl Gentil; el comisario mayor retirado de esa fuerza Rafael Rolando Perelló, y los ex agentes Del Valle, Soraire y Marcos Honorio Medina. Y se revocaron además beneficios de las excarcelaciones. “Fue muy significativo durante este juicio el trabajo de reconstrucción histórica que se logró a partir de un trabajo mancomunado con las querellas y las víctimas, lo que permitió conformar un contundente plexo probatorio y brindar a la comunidad de Metán una descripción detallada del fenómeno del terrorismo de Estado en el sur de la provincia”, dijeron los fiscales. Subrayaron “el sentido de reparación histórica que tiene el pronunciamiento judicial esperado por más de 38 años”. Y destacaron “el primer pronunciamiento donde se reconoce el delito de corrupción de menores como parte del plan sistemático y generalizado de represión ilegal y ello amplía el espectro de conductas delictivas que constituyeron ese plan, aportando una descripción más precisa de todo el fenómeno criminal de la época”.

La parálisis de las causas contra Blaquier

Reclamo de organismosn de derechos humanos por los juicios que involucran al empresario

La Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad recibió a representantes de organismos, que advirtieron sobre las demoras en la Cámara Federal de Salta y sobre una campaña de amedrentamiento a testigos.

 Por Alejandra Dandan

Representantes de los organismos de derechos humanos de Jujuy viajaron a Buenos Aires preocupados por el estado de parálisis en las causas contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier y la existencia de una campaña de amedrentamiento sobre los testigos llevada adelante por la empresa Ledesma. Inés Peña, de Madres de Plaza de Mayo, se reunió con la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad (conocida como Comisión Interpoderes), convocada especialmente. Al terminar, logró reunirse también con la ministra de la Corte con jurisdicción en la zona norte, Elena Highton de Nolasco. “Fue positivo”, dijo Inés. “La ministra nos dijo que de lo ‘poderoso’ del grupo Blaquier nosotros nos olvidemos, porque para la Corte ellos son como cualquier otro: ‘Usted tranquilice a los testigos porque acá no hay coronita para nadie, para la Corte son todos iguales’.”

La Comisión Interpoderes logró reunir a buena parte de sus integrantes. Estuvieron los responsables del seguimiento de las causas de lesa humanidad en la Procuración, Jorge Auat y Carolina Varsky. El secretario general de la Corte Suprema, Alfredo Kraut. El presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, y su secretario general, Javier Carbajo. Y el coordinador del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, Luciano Hazan.

“Nosotros vinimos a explicar ante una institución pública las connotaciones que está teniendo la demora de la Cámara Federal de Salta y la de Casación en la resolución de ciertas medias”, dijo Inés Peña a este diario, luego del encuentro realizado la semana pasada. “Es que, al no resolver los planteos, crean una sensación de incertidumbre en las víctimas-testigos que están expuestos, porque tenemos una campaña de la defensa de Blaquier de desprestigio en contra de la gente.”

La reunión sirvió sobre todo para que los representantes de Casación y la Corte tomen nota de algunos cortocircuitos. Blaquier está procesado en dos causas (Arédez y la Noche del Apagón) que están listas para ser elevadas a juicio oral, pero eso no sucede porque hace seis meses están trabadas en la Cámara Federal de Salta y, sobre todo, en la Sala IV de la Cámara de Casación.

En Salta, los abogados de Blaquier hicieron lo mismo que Pedro Hooft en Mar del Plata: recusaron a todos los funcionarios judiciales. Primero al fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, luego al juez Fernando Poviña, también a las querellas, al fiscal general ante la Cámara Federal de Salta, Eduardo Villalba, y ahora todos los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Salta. Entre las razones invocaron que adelantan opinión sobre el futuro de la investigación y le adjudican a un juez participación en el espacio de Justicia Legítima, un argumento que la Corte Suprema ya rechazó. Lo más complicado ahora es la posición de los jueces: contrariamente a lo que sucede en otros lugares del país, los recusados abandonaron el expediente en lugar de seguir trabajando mientras se resuelve el planteo. El último 8 de agosto, por ejemplo, los abogados querellantes viajaron de Jujuy a Salta para una audiencia pero, como no había jueces, quedó suspendida. Casación, que es el órgano encargado de constituir un tribunal alternativo para estos casos, no se enteró de nada de esto hasta la reunión de la Comisión Interpoderes del jueves pasado. Los jueces no avisaron tampoco al fiscal general. Y quienes estaban allí dicen que, cuando Borinsky intentaba dar cuenta de la fluidez de los caminos de la Justicia, Auat lo interrumpió para señalarle la novedad.

El otro eje de conflicto, más de fondo, reside en la Sala IV de Casación. Ahí están los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y ahora Eduardo Riggi (que reemplazó a Borinsky). Hay varios temas pendientes, como apelaciones al procesamiento de Blaquier y la aprobación, o no, de la designación del fiscal ad hoc. Los planteos, que podrían haberse resuelto en un mes, llevan en espera varios meses. El más importante es el procesamiento, porque es imprescindible para la elevación a juicio de la causa. Hay que decir aquí que ése es un tema que no debería haber pasado por Casación, pero ahora está ahí, aparentemente de manera excepcional y porque había planteos tanto de la querella como de la defensa. Amparados en esa condición de “excepción”, los presentes pidieron a Casación que procure la celeridad de esa cuestión pendiente.

“Creo que el encuentro fue bueno, porque era necesario que se hicieran cargo cada una de las agencias del Estado de las gestiones de gobierno que tienen que hacer”, dice Auat. “Lo más grave que pidieron los organismos, y que yo apoyé, es que la Corte y Casación noten esos problemas que tienen en la jurisdicción.” “A mí no me importa que los de Salta hayan mandado el informe, o no lo hayan mandado, sino que la Corte y la Casación se involucren, porque debería haber un control interno, en el plano administrativo, de estas cosas. Ese es el rol que tienen que cumplir: preguntarle a la Cámara por el estado en el que están las cosas. Nosotros les dijimos que no se confundan, que acá estás hablando de un Estado dentro de otro Estado. Hay que prepararse, esto va a ser duro, muy duro. ¿(El juez Carlos) Olivera Pastor quién era? ¿Quién es el abogado de Blaquier? O sea que en definitiva esto es lo mismo.”

Hazan, del Ministerio de Justicia, se detuvo en la situación de los testigos, el otro punto que preocupa a los organismos de derechos humanos. Y la relación de la seguridad de los testigos con la desaceleración de las causas. “Para nosotros, el tema de la seguridad de los testigos es una prioridad y nos estamos manejando de esa manera. No- sotros ya lo hemos dicho: los testigos en Jujuy son víctimas de una campaña de amedrentamiento llevada adelante por la empresa. Y las demoras en los juicios provocan distintos efectos. Uno de los problemas que tenemos son las custodias, porque estas rutinas tienen eficacia en el corto plazo, para juicios que están pensados para hacerse en seis meses o un año, pero si se demoran dos o tres años se producen grandes conflictos en los testigos que se deben adaptar a esa situación por un tiempo indefinido.”

María José Castillo es abogada y representa a las querellas. No estuvo en la reunión, pero es una de las que preparó un punteo de los problemas para presentar en ese espacio. Ella también habla de las víctimas: “Las recusaciones de los jueces y los fiscales son abundantes y recurrentes; no sólo se realizaron contra Poviña, sino que también se presentan contra todos los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y el fiscal general. Estos planteos, a todas luces inconducentes y carentes de fundamentos, no hacen más que lentificar y entorpecer el juicio oral contra estos empresarios, generando en las víctimas un clima de incertidumbre”. Pero, además, Castillo agrega una hipótesis que suele escucharse en los últimos tiempos sobre las estrategias de los abogados: “Debido al tiempo biológico del acusado, las estrategias dilatorias perversas utilizadas por la defensa permitirían que este siniestro personaje quede impune”.

Cámara de Casación : Otorga libertad a 15 genocidas de la megacausa de Salta

Salta: Repudio de los organismos de derechos humanos y sociales a libertad otorgada por Casación a 15 condenados en la megacausa

Declaración de los Organismos de Derechos Humanos de Salta

Después de haber esperado casi 36 años el inicio de la primera Mega Causa de Salta los miembros de diferentes organismos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado nos encontramos de nuevo frente a una injusta decisión de la Justicia Federal. El 20 de diciembre de 2013, después de haber obtenido por primera vez en esta provincia sentencias ejemplares sobre algunos de los responsables de los delitos más aberrantes, debemos hoy padecer nuevamente que la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal Federal, a cargo de los doctores Riggi, Catucci y Figueroa resuelvan:

1- Considerar el arresto domiciliario a los genocidas Carlos Alberto Muhall, Joaquín Guil, Juan Carlos Alsugaray, Miguel Gentil y Modesto Mendíaz

2- Retrotraer (es decir volver a la situación procesal anterior al día de la sentencia) la situación de los imputados culpables, a gozar de libertad hasta que la Cámara se expida sobre esta sentencia a: Isidro de La Vega, Juan Manuel Ovalle, Julio Oscar Correa, Víctor Modesto Mendíaz, Víctor Almirón, Felipe Caucotta, Eduardo Toledaño, Mario Pachao, Ramón Vivas y Héctor Ríos Ereñú.

Nosotros familiares y organismos tuvimos que padecer durante el larguísimo juicio oral encontrarnos cara a cara con los responsables de los secuestros y asesinatos de nuestros seres queridos y compañeros. ¿Cómo es posible que la Justicia no resuelva los temas de fondo y exponga nuevamente a los familiares y testigos a tener que sentir la desprotección de Estado? Los deja libres y la posibilidad cierta de fuga que son noticia constante en relación con los genocidas prófugos de todo el país.

Exigimos:

Pronta resolución de fondo de las gravísimas condenas que resolvió un Tribunal Federal Oral.

Elevación a juicio oral de las causas que ya culminaron la instrucción y que no tienen fecha de inicio.
Recordando que las víctimas del terrorismo de Estado de la Mega Causa son: Martin Cobos, Víctor Brizzi, Gemma Fernández de Gamboa, Héctor Gamboa, Silvia Aramayo, Carlos Estanislao Figueroa, Alfredo Matioli, Liendro Marcial Estopiñan, Marcos Sergio Estopiñan, Pablo Salomón Ríos, Juan Carlos Parada Mallo, Marta Beatriz Cascella, Néstor Díaz, Oscar Bianchini, René Santillán, Enrique Mosa Alsina, Juana Isabel López, Luis Eduardo Rizzo Patrón, Ramón Gerardo Gallardo, Felipe Rodolfo Pizarro Gallardo, Raúl Benjamín Osores, Norberto Guerrero, Ernesto Luis Mamani, Aldo Víctor Bellandi, René Ruso, Carmen Torres, Delicia Torres, Carmen Torres, Pedro Bonifacio Vélez, Pedro Enrique Urueña, Felipe Burgos, Luciano Jaime, Eduardo Fronda.

¡Cárcel, común, perpetua y efectiva para todos los genocidas!

Firmas: Asociación DDHH Lucrecia Barquet, Encuentro Memoria Verdad y Justicia, HIJOS – SALTA, Agrup. Oscar Smith de Luz y Fuerza, Asociación Antonio Cortez, HIJOS –METAN, Asoc. Ex Presos Políticos, DDHH Metan, Comisión Provincial de la Memoria de Salta.

La historia del militar que se negó a quemar dos libros con datos de los niños nacidos durante la dictadura

Información salvada, encubrimiento amparado

El capitán Silvio Manino Leal recuperó la documentación destinada a ser incinerada. Dos militares fueron sobreseídos por prescripción porque no se consideró la destrucción de pruebas como parte de un delito de lesa humanidad. Los libros, de todas formas, están siendo analizados.

En mayo de 2008, en el Hospital Militar de Salta, aparecieron dentro de un carro de ropa sucia dos libros de guardia: uno era de la maternidad, el otro era de la sala de varones. Ambos abarcaban el período 1972 - 1997, es decir que incluían toda la última dictadura y su antesala. El director del establecimiento, Carlos Fernando To-zzeto Arias, los entregó a la Compañía de Inteligencia 5. El jefe de esa dependencia, el ex teniente coronel Juan Manuel Gestoso Presas, convocó a su oficina a uno de sus subalternos, el capitán Silvio Manino Leal, y sin rodeos le ordenó que los queme. ¿Qué hace un militar ante una directiva así? Manino Leal decidió desafiar la regla implícita de la obediencia debida. Tras un intento fallido de que el propio Ejército preservara los libros, simuló la incineración, los guardó en su casa y se los entregó a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré. Gestoso Presas y Tozzeto Arias fueron juzgados por el intento de destruir documentación que podía servir como prueba de crímenes del terrorismo de Estado, pero un tribunal oral recientemente los absolvió por considerar que no hubo delitos de lesa humanidad y el delito estaba prescripto.

Manino Leal tiene 40 años, 19 de los cuales pasó en el Ejército. Gestoso Presas le mostró los libros del Hospital Militar, con la indicación de que debía quemarlos “hoja por hoja” y sin decirle nada a nadie. “Me daba cuenta de que estaba ante una orden nefasta e inmoral. Lo primero que se me ocurrió fue que de alguna manera tenía que salvar los libros. Presentarme ante mi jefe y rehusar cumplir esa orden podía generar que fueran quemados por otra persona. Al día siguiente fui al despacho, les dije a mis subalternos que preparen el incinerador, llevé unas guías telefónicas y otra documentación y simulé la quema de los libros hasta pensar cómo iba a entregarlos”, contó en una entrevista en el programa Gente de a pie, en Radio Nacional.

–¿Pero qué hizo entonces con los libros?

–En ese momento yo no conocía muchos canales. No sabía cómo hacer para que aparecieran en la Justicia. Guardé los libros de donde había sacado la rueda de auxilio del auto. Intenté entregárselos al jefe de Estado Mayor, el general Roberto Bendini, y el subjefe, el general (Luis Alberto) Pozzi. Pero no me recibieron, me mandaron a decir que respete la cadena de mando. Opté por comunicarme con la secretaria de Nilda Garré, y ella al final tomó cartas en el asunto. Le ordenó al Ejército que hiciera la denuncia penal en Salta.

–El argumento oficial para destruir ese material era que no tenían nada relevante. ¿Usted dice que tuvieron la clara intención de hacerlos desaparecer?

–Me llamó la atención que estaban en un estado impecable. Cuando el jefe de la compañía me los mostró, tenían adjunto un pedido de informes de un organismo de derechos humanos (era la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad) a través del Ministerio de Defensa frente al cual el Hospital Militar había respondido que no contaba con información de esa época (el período dictatorial) debido a que la documentación ya había sido incinerada. Había incluso un acta de incineración de esos libros que yo, sin embargo, tenía delante de mi propia vista. Era claro que contenían alguna información, no cabía duda de eso.

La causa penal contra los ex militares Gestoso Presas y Tozzeto Arias se prolongó en la etapa de instrucción. Fue encarada, en un inicio, como un delito común, que castiga la destrucción de pruebas con penas de un mes a cuatro años de prisión. Una intervención de la Cámara de Casación Penal determinó que el caso debía ser juzgado como delito de lesa humanidad. Cuando requirió la elevación a juicio oral, el fiscal de primera instancia, Ricardo Toranzos, sostuvo que tanto el jefe de inteligencia como el del Hospital Militar “desde el inicio estuvieron al tanto de que el proceder adoptado respecto de los libros hallados era irregular” y aún así, “motivados con la intención de destruir aquellos instrumentos, no trepidaron en dar órdenes para su incineración, lo que no pudo ser llevado a cabo por circunstancias ajenas a sus voluntades”.

Durante el juicio, que terminó el 9 de junio, el tribunal oral –integrado por los jueces Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Federico Díaz– dispuso algunas medidas para establecer si el contenido de los libros recuperados podía tener conexión con alguna otra causa o delito principal vinculado con crímenes de la última dictadura, pero finalmente lo descartó. En las audiencias, los imputados intentaron poner en cuestión el relato de Manino Leal. Y subestimaron los libros con argumentos como que estaban en mal estado –algo que fue refutado– y que no se les había ocurrido que podían servir para investigar el destino de desaparecidos o la apropiación de niños.

Los fiscales de juicio, Juan Manuel Sivila y Francisco Snopek, plantearon que era evidente que intentaron obstaculizar las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad, más allá de que no se hubiera identificado conexidad con otro expediente sobre crímenes cometidos durante el período dictatorial. Para ellos hay que tener en cuenta una “fase de impunidad del plan sistemático de represión ilegal” que incluye la “omisión de informar, de denunciar o de investigar, el falseamiento de los hechos, la destrucción de elementos probatorios”. “Concretamente –señalaron al alegar– tenemos aquí agentes estatales, integrantes del Ejército Argentino, que habían recibido dos pedidos concretos de informes vinculados con la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad, y sin embargo, conociendo esta circunstancia y teniéndola presente al momento de decidirse la destrucción, omitieron dolosamente ponerla a disposición de las autoridades superiores, y participaron en su destrucción”. Según ellos, además, los libros eran prueba posible en un caso de búsqueda de identidad.

Así, los fiscales pidieron para Gestoso una pena de un año y cuatro meses de prisión y para Tozzeto Arias una multa de 12.500 pesos e inhabilitación para ocupar cargos. El tribunal oral de Salta entendió que lo que estaba en juego era un delito común, ya prescripto por el paso del tiempo, pero no dijo que los militares juzgados no eran culpables. Fueron críticos, a la vez, con la etapa de instrucción. Gestoso y Tozzeto Arias fueron desvinculados de la fuerza tras un sumario interno.

El libro de nacimientos rescatado está siendo analizado actualmente por la unidad especializada en investigaciones sobre apropiación de hijos de desaparecidos de la Procuración General de la Nación (donde siguen la pista de niños que pudieron haber sido apropiados en Salta) y hay una copia en poder de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Manino Leal contó que el día que decidió no acatar la orden de quemar los libros “sabía que asumía una responsabilidad que iba a repercutir en mi carrera”. “Supe que mi presencia en el Ejército y las Fuerzas Armadas no era posible y yo mismo había tomado la determinación de pedir el retiro. Lo que yo pensé que iba a pasar, que me iban a considerar un traidor, pasó. Y pasa. Por sobre todas las cosas yo tenía que contener a mi familia. En la vida militar la familia va muy pegada al trabajo de uno, es un ámbito cerrado, los barrios militares son cerrados y mi familia tenía que vivir en ese ambiente. Por eso pedí el retiro. La ministra me decía que me quedara, pero también entendió la situación de mi familia a futuro”, relató.

–¿Qué impresión le dejó el resultado del juicio?

–No lo esperaba, me pareció un pésimo mensaje. Después de tantos años de democracia no hay militares que aporten datos concretos y pruebas, y tanta falta haría, para encontrar los restos de los desaparecidos o que un nieto se pueda reencontrar con su verdadera abuela o sus padres. Que no se castigue a alguien que sabía que podía haber pruebas para resolver la identidad de alguien o encontrar el destino final de una persona es un pésimo mensaje. Descreo que a partir de eso otras personas puedan tomar la misma actitud que yo. Lo lamento mucho.

Ex detenida identificó a policías que la secuestraron y violaron

Por Elena Corvalan

Una ex detenida política acusó ayer al policía Andrés del Valle Soraire, a los comisarios  Eduardo Zona, Mena y Geria y a al director de tránsito Eduardo del Carmen del Valle por el secuestro, la reducción a la servidumbre y las violaciones reiteradas a las que fue sometida desde principios de diciembre de 1976 hasta noviembre de 1977.

Esmeralda Guerrero, la primera testigo de la audiencia de la víspera en el marco del juicio que se sigue contra seis hombres acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en 1976 y 1977 en el sur de la provincia, declaró a puertas cerradas, por una decisión de los jueces Federico Díaz, Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Gabriel Casas.
Quienes debieron esperar en la entrada a los tribunales federales tuvieron la primera confirmación de la terrible historia de la mujer en los ojos enrojecidos de un federal de la guardia y en la descompostura de uno de los abogados querellantes.

Se conocieron retazos del testimonio de Esmeralda, de los sufrimientos que padeció a manos de esos “degenerados”, como los llamó, en cuyas manos cayó a los 15 años de edad, cerca de las 6 de la mañana de un día de principios de diciembre de 1976, en un parador cerca de Metán Viejo, sobre la ruta, donde esperaba un colectivo para ir a El Galpón. El comisario Eduardo Zona encontró la excusa para detenerla en un libro de Pablo Neruda y otro del Che que descansaban en su valija. “Sos una manzana podrida, maldita guerrillera”, recordó que le dijeron.
Fue alojada a la Comisaría de Metán, desde donde la llevaron a distintos lugares: la casa de un policía, Salta Capital (adonde su hermana Mercedes le llevó ropa, aunque no la vio), la casa de Del Valle (en Metán), un albergue u hotel en Rosario de la Frontera y un hospital público, al que fue llevada por una hemorragia que le provocaron a golpes.

De sus torturadores, solo Soraire y Del Valle están vivos, y están siendo juzgados en este proceso. Estos hombres la violaron reiteradamente, durante más de un año. La mantuvieron en una celda, sin permitirle ninguna higiene y alimentándola con sobras que debía recoger del piso con la boca, porque sus manos estaban inutilizadas debido a las torturas. “Ellos me decían que eran dioses”, “ellos eran dioses y yo era una niña”, sostuvo Esmeralda. De las frases sueltas que se conocieron una pinta las secuelas de las torturas: “(En sueños) todos los días me corren, me despierto y me están corriendo. Ellos siempre están”, contó ante jueces y abogados que apenas atinaban a preguntarle.
La palabra “suciedad” se repitió en el largo testimonio de Esmeralda. Recordó que a tal punto le faltaba higiene que una vez que la llevaron al río Piedras para que reconociera una persona muerta creyó identificar su propio olor en el hedor del cadáver. “Si ustedes vieran, pateaban a los muertos. Ellos eran dioses”, les dijo a los jueces.
Los accesos de llanto motivaron que el testimonio fuera suspendido, pero tras unos minutos, siempre en compañía de la sicóloga Natalia Baumann (del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Doctor Fernando Ulloa”), logró recomponerse y concluyó su declaración.
Esmeralda no pudo precisar el tiempo que estuvo en cautiverio. Sí recordó que las condiciones de su detención se atenuaron un poco cuando la compró el comerciante Fermín Chaile, un hombre que rondaba los 70 y del que dependió hasta que falleció, en 1983 o 1984. Entonces recién recuperó su libertad.

No a todo
Aunque no han sido señalados con nombre y apellido, es evidente que hubo más partícipes de los vejámenes de los que fue víctima: Esmeralda Guerrero contó que una vez la llevaron a una fiesta en la casa de Eduardo del Carmen, donde fue obligada a estar desnuda. Allí conoció a la que entonces era la esposa del director de Tránsito municipal, Francisca Celia Aguirre: “De ella nunca me olvidé, ella me dio de comer”, recordó.
Años después fue a ver a Aguirre en su trabajo y como no la reconocía, le mostró una foto, entonces la mujer pareció recordar, pero se ocultó rápidamente.
Aguirre, que se separó de Del Valle hace 28 años, declaró también ayer: negó que Esmeralda haya estado en su casa, negó que Del Valle se reuniera con policías o compañeros de trabajo, tan afanada

Ultiman detalles para realizar otro juicio por delitos de les a humanidad

Por Elena Corvalan

 El Tribunal Oral Federal de Salta realizó ayer una audiencia preliminar con el fin de ultimar detalles con vistas a realizar otro juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito de Salta. Esta vez se trata de la conocida como “Causa Metán”, que reúne cuatro expedientes acumulados en los que se investigan crímenes perpetrados durante los años del terrorismo de Estado en jurisdicción de esa localidad en perjuicio de 12 personas, diez de las cuales fueron asesinadas o están desaparecidas. Entre estos hechos, se juzgará los homicidios de “Los Arbolitos”, los jóvenes fusilados en 1977 en la zona rural de Metán por un grupo de policías.

Según señala el fiscal Eduardo Villalba en uno de los requerimientos de elevación a juicio, se trata de hechos que “tienen en común un conjunto de elementos que permiten concluir que fueron cometidos en el marco del plan sistemático y organizado con el que se ejecutó la represión en nuestro país”. En otros casos intervino el fiscal federal Ricardo Toranzos.

El debate comenzará el próximo 31 de este mes.  Seis personas, dos ex militares y cuatro policías, serán juzgados por estos hechos: el e x jefe del Ejército en Salta, el coronel retirado Carlos Alberto Mulhall (ya condenado por la Masacre de Palomitas, el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y en la Megacausa tramitada el año pasado), el ex jefe de la Policía de Salta, comisario Miguel Gentil (también condenado por Palomitas, Ragone y en la Megacausa) y los policías Rafael Rolando Perelló, Eduardo del Carmen del Valle, Marcos Honorio Medina y Andrés del Valle Soraire, que fue juzgado por el asesinato de Ragone y en octubre de 2011 fue absuelto por el beneficio de la duda.

Ahora Soraire debe responder por el crimen de Los Arbolitos, una acusación que lo persigue desde 1977 y de la que zafó en reiteradas oportunidades hasta que el hecho fue encuadrado como un delito de lesa humanidad. El ex oficial de policía debe responder también por la detención irregular y los tormentos (incluidas violaciones) que sufrió Esmeralda Ramona Guerrero.

A Mulhall se le imputa participación como autor mediato (que dio la orden para que otros ejecutaran los hechos) de los homicidios agravados de Ángel Federico Toledo, la tentativa de homicidio de su hermano, Carlos Lucas Toledo, y los homicidios (en realidad se encuentran desaparecidos) de Pedro Francisco Núñez, Luis Roberto Ortega, José Napoleón Ortega, Gerónimo Concha Conseca y Hugo Velázquez, además de la detención y tormentos a Guerrero.

Mario Monasterio Sánchez  y Velázquez

Perelló, Del Valle y Medina están acusados por la desaparición de Núñez. Del Valle enfrenta acusaciones por las desapariciones de Orlando Ronal Molina y Concha Canseco y también se le atribuye responsabilidad en los tormentos que padeció Guerrero.  Y Medina está acusado de haber participado del secuestro y desaparición de Núñez.

En la audiencia de la víspera el juez Federico Díaz, que presidió el Tribunal acompañado por Marcelo Juárez Almaraz (la otra integrante del Tribunal, Marta Liliana Snopek estuvo ausente con aviso), propuso medidas para tratar de agilizar el debate: se acordó que cuando no se encuentre un testigo, se incorporará su testimonio anterior sin lectura en la audiencia, así también se incorporarán las indagatorias a los acusados; en el caso de testigos que hayan declarado antes en otros procesos ante este Tribunal, se incorporarán esos testimonios . Los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila  presentarán una versión sintetizada, que “contenga el hecho y la calificación legal”, del requerimiento de elevación a juicio.

Lo mismo harán los querellantes (los abogados Juan Carlos Galli, por los familiares de Rodríguez, y Andrés Ruarte, por Guerrero) con sus acusaciones.

Los alegatos, sobre el final del debate, serán presentados en un soporte digital en toda su extensión y oralmente solo se expondrán las partes salientes referida a la acusación, o defensa, y al pedido.
El Tribunal ya decidió que el primer día habrá audiencia de 9 a 17, y que luego se intentará escuchar entre 8 y 10 testimonios por día.

Posdata: Las imagenes corresponden al sentido homenaje popular labrado por manos, no oficiales, a la generación de mujeres y hombres de Metan, que en los bellos y tragicos años de los 70, asumieron un compromiso politico militante truncado por la furia militar y civil.