Más inspecciones en la megacausa

 “Era todo monte acá”

Por Elena Corvalan

Con referencias a los cambios producidos en los 38 años trascurridos desde que se cometieron estos hechos, los policías retirados convocados a acompañar las inspecciones ordenadas por el Tribunal Oral de Salta reconocieron las escenas de los crímenes, en El Encón Chico y en el pueblo de Rosario de Lerma. En El Encón Chico, en jurisdicción del municipio de Campo Quijano, fue asesinado, mediante una explosión, el periodista Héctor Luciano Jaime. Había estado desaparecido desde la noche del 12 de febrero de 1975, cuando fue secuestrado a la salida de su trabajo en el diario El Intransigente.

 Sus restos fueron encontrados el 14 de febrero, esparcidos por un explosivo, en un camino vecinal entre fincas que por entonces “era todo monte”, como recordó ayer el policía retirado Inocencio Roberto Medina, que en 1975 intervino como técnico dibujante haciendo el croquis ilustrativo de la ubicación de los restos encontrados en el camino vecinal y en la finca de propiedad de Néstor Alderete. Medina fue convocado ayer, junto a los también policías Ramón Luna, Gregorio Galo Rodríguez y José Carrasco, que no fue. También hizo la recorrida la viuda de Jaime, Irma Rosa Chica. El dibujante, que en su momento fue investigado por tortura durante la dictadura de Onganía, fue el más locuaz y contrastó con la parquedad de Rodríguez.A pesar de los matices, los tres policías coincidieron en el lugar de hallazgo de los restos, en que estaban esparcidos y en que en 1975 ese lugar era un monte. “Yo hice la identificación, pero está cambiado todo aquí. Yo lo veo distinto”, dijo Medina ni bien llegó. La finca de Alderete está ahora parquizada, tiene un cerco alambrado y solo hay árboles nuevos en la línea, enfrente, del lado en que fue explosionado el periodista, donde hay un monolito y dos cruces que lo recuerdan, crece un emprendimiento turístico: por ahora la tierra está rasa, sin verde y con un alambrado perimetral que separa del camino. Chica, que fue a ver el lugar una semana después del hallazgo, coincidió en que era un monte. Solo permanecía en su lugar, una vieja casa, a unos 80 metros del lugar de la explosión.

 Los policías dijeron que ya en 1975 estaba desocupada. Durante el recorrido Medina insistió en que fue acompañado por la perita Marta Tabarcachi, algo que ha desmentido Carrasco y por lo cual se ha pedido un careo entre ambos.  “No asustan” Anselmo Salomón Guaymás, nacido y criado en Rosario de Lerma, recibió ayer en su casa del barrio Villa Mercedes, casi al final del pueblo, la visita de los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, el fiscal Ricardo Toranzos, los abogados querellantes Tania Kiriaco y Gastón Casabella, familiares, empleados judiciales y miembros de Gendarmería.Hace 30 años Guaymás compró esta casa a Silverio Posadas, quien se la había comprado a la familia Estopiñán. Ahí, cuando era solo tenía dos piezas y un patio con yuyos, fueron asesinados los jóvenes militantes Alfredo Mattioli, Marcos Estopiñán, Liendro Estopiñán y Ricardo Tapia. Los policías retirados Ramón Luna y Rodríguez, que entonces trabajaban en Bomberos, reconocieron el lugar como la casa de donde fueron a buscar explosivos en abril de 1975. “Yo ni sabía (de la matanza) cuando compré la casa. Los vecinos me preguntaban si no asustaban a la noche”, contó Guaymás.  Por los homicidios de Jaime y Mattioli, los hermanos Estopiñán y Tapia están acusados el ex comisario Joaquín Guil y el ex jefe de Policía, Miguel Gentil. Se sospecha que policías de la provincia y de la Federal integraban el brazo ejecutor de la Triple (Alianza Anticomunista Argentina) en Salta, y que estos crímenes fueron cometidos por ellos.

Testigos visitaron el lugar donde fue dejado el cuerpo de Risso Patrón

Por Elena Corvalan

El finquero Rodolfo Saravia Toledo y el policía integrante de Bomberos Nicolás Ernesto Vélez señalaron ayer el lugar donde fue dejado el cuerpo del ex diputado provincial Luis Eduardo Risso Patrón, al pie del monumento a San Martín, en la plaza homónima de la ciudad de San José de Metán, donde residía el docente y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) hasta que la represión y persecución a la que fue sometido lo obligaron a permanecer clandestino y buscar trabajo en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco.

Saravia Toledo y Vélez fueron convocados por el Tribunal Oral en lo Federal de Salta para realizar una inspección ocular en la plaza metanense, que ayer se vio invadida por los visitantes miembros del Poder Judicial Federal y por los periodistas locales, que dieron cobertura al trámite.
Los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas acompañaron al fiscal Ricardo Toranzos y a los secretarios. También siguieron las alternativas de la diligencia la militante de derechos humanos Nora Leonard y la ex rectora de la Universidad Nacional de Salta, Stella Bianchi.
A pesar de que la plaza fue remodelada en loso 35 años transcurridos desde que se cometiera este crimen, a mediados de 1976, Saravia Toledo y Vélez ubicaron el lugar donde se encontraba el monumento a San Martín en ese año, y que ahora está con baldosas.

Saravia Toledo recordó que vio el cuerpo a eso de las 4,30 del 12 de julio de 1976, cuando iba camino a su finca, en compañía de Ángel Hilario Retuerta. Contó que Risso Patrón estaba tirado al pie del monumento, con un brazo cubriéndole la cara como si hubiera tenido un reflejo defensivo, y que cerca había una caja con una calavera y tenía la leyenda “peligro explosivo”. Testigos que han declarado en este proceso, en relación al asesinato de Risso Patrón, sostienen que al dejar su cuerpo en la plaza principal se intentaba dar un mensaje aleccionador a la población metanense. En igual sentido habría operado la caja con la leyenda “explosivo”, aunque solo tenía material inútil para producir una explosión.

Risso Patrón fue secuestrado en Presidencia Roque Sáenz Peña por un grupo de tareas que antes había secuestrado a su hijo de 15 años para obligarlo a entregarse. Luego el ex diputado fue visto en centros clandestinos de detención de Santiago del Estero y Tucumán.
Hoy el Tribunal tiene previsto inspeccionar el paraje El Gallinato, en la zona de La Caldera, donde fueron asesinados (sometidos a explosión) un número indeterminado de secuestrados por razones políticas, entre ellos, Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y Héctor Domingo Gamboa, cuyas desapariciones se investigan en este proceso.

Comisario dijo que Ríos Ereñú era el responsable de la represión en el norte

Por Elena Corvalan

Un comisario que al principio trató de mostrarse como desorientado, afirmó ayer que el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, fue el máximo responsable de la represión en el norte provincial.
El comisario retirado Humberto Vicente González, que en 1976 era jefe interino de la IV Zona, en Tartagal, sostuvo que la Policía de la provincia estaba bajo el mando del Regimiento de Infantería de Monte 28 y que él debía informar directamente Ríos Ereñú, personalmente o por teléfono, sobre los hechos graves vinculados a la subversión. Para tratar de hacer caer su testimonio el defensor Martín Bomba Royo pidió que el testigo fuera sometido a un peritaje médico, que fuera careado con el general retirado y que se lo investigue por falso testimonio.
El peritaje no fue consentido por el Tribunal Oral en lo Federal Criminal debido a que ya existe un informe médico, del 10 de enero pasado, que sostiene que González está “lúcido y orientado”. En cambio, el careo se realizó ayer mismo, pero el testigo se mantuvo en sus dichos, y Ríos Ereñú (el único de los 17 acusados que viene declarando) en los suyos.
El testimonio de González comenzó mal. De entrada, el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, no se dejó enternecer por el aspecto de desvalido que presentaba el testigo, llevado ante los jueces en silla de ruedas por el equipo de Sanidad de Gendarmería Nacional. “¿Por qué no vino antes a declarar?”, lo recibió refiriéndose a las seis citaciones que el testigo esquivó. Balbuceando, el comisario dijo que se sentía mal, que es diabético. 
Ni bien el fiscal Ricardo Toranzos comenzó el interrogatorio, González mostró su estrategia inicial: casi no había consulta que no recibiera como respuesta el consabido “no recuerdo”. Sólo que el comisario le añadió el toque de exhibirse desorientado: llegó a decir que se retiró en el 63, a los 25 años de edad. Recién comenzó a reaccionar cuando el presidente del Tribunal lo reconvino: “trate de tener un poquito de memoria”, y el fiscal le explicó que estaba ahí como testigo y no como acusado.
“El jefe del Regimiento era el que mandaba en esa zona”, afirmó cuando comenzaron a consultarlo sobre su intervención en el procedimiento para levantar los restos del militante peronista Jorge René Santillán, secuestrado y asesinado el 10 de agosto de 1976. González aseguró que cuando el militar, que entonces era teniente coronel, se hizo cargo del Regimiento (según Ríos Ereñú, el 16 de enero de 1976, aunque asumió el 9 de diciembre de 1975), fue a la Comisaría y le indicó que notificarle sobre cualquier hecho grave que estuviera vinculado a la subversión.
González también recordó al teniente primero Luis Arnaldo Bruno. Contó que el “personal de la Comisaría iba al Regimiento y el teniente primero era el que daba el orden cerrado” y que esta subordinación de la Policía al Ejército “fue dispuesta por Ríos Ereñú”.
En el expediente consta que en el procedimiento por el homicidio de Santillán estuvieron un grupo de policías, y González, que llegó acompañado por Bruno. Ayer el comisario insistió en que fueron por separado, pero reconoció que le avisó al teniente, quien como especialista levantó explosivos del lugar del hecho y, además, hasta tuvo la dirección del operativo.
Al final lo confrontaron, vía videoconferencia, con Ríos Ereñú. Cada uno se mantuvo en sus dichos.

Los blancos de la represión

El dirigente Armando Jaime sostuvo ayer que la represión en Salta “estaba más focalizada” en los militantes del Frente Revolucionario Peronista (FRP, más conocido como la Tendencia Revolucionaria), en los integrantes del sindicalismo combativo y en los que adherían a la lista Verde, del ex gobernador Miguel Ragone.
Jaime hizo esta afirmación luego de hacer un repaso por militantes que fueron secuestrados y desaparecidos o asesinados y cuya suerte es investigada en este proceso.
El testigo, que fue miembro fundador y la máxima autoridad del FRP en Salta, sostuvo que todos los integrantes de este movimiento fueron asesinados o perseguidos. De hecho, afirmó que militaban en el FRP las hermanas Berta y Francisca “Elsa” Torres, Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Alfredo Mattioli, Marcos y Liendro Estopiñán, Ricardo Tapia, todos desaparecidos o asesinados en el marco del plan sistemático de desaparición de personas.
Armando Jaime, que es primo del periodista Luciano Jaime, destacó que todos ellos apoyaban también a la Lista Verde. E incluso, las hermanas Torres ocuparon cargos durante la gestión de Ragone, igual que Luciano Jaime, que fue secretario del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta.
Sobre Mattioli, los hermanos Estopiñán y Tapia, Armando Jaime negó que estuvieran en la lucha armada. Sostuvo que estaban viviendo en una casa en Rosario de Lerma, donde fueron asesinados por miembros de la Policía de Salta el 14 de febrero de 1975, porque estaban realizando un trabajo de reivindicación de los derechos de los trabajadores rurales.

El bueno

El sindicalista Mario Amelunge Vargas trajo ayer el recuerdo de los roles que, se dice, suelen cumplir a veces los miembros de fuerzas de seguridad que pretenden obtener información de detenidos: el del policía bueno y el malo.
El rol de malo, en el relato del ex dirigente de la CGT Salta, lo cumplieron los miembros del Ejército que lo detuvieron, lo esposaron y vendaron y lo arrojaron en un galpón del cuartel donde lo interrogaron y torturaron por 10 días al menos, preguntándole sobre unas armas, y luego lo sometieron a un Tribunal Militar acusándolo de tener armas de guerra. El papel del bueno lo cumplió, contó el testigo, el capellán del Ejército Normando Requena, ya fallecido.
Amelunge Cargas contó que del cuartel fue llevado a la cárcel de Villa Las Rosas, de donde lo traían de vuelta al Ejército para ser sometido al juicio ante el Tribunal Militar, al que calificó como “una parodia”. Una noche lo llevaron antes y “un oficial joven me dice: ‘Usted va a ser fusilado a las 5 de la mañana. Ahí tiene papel y lápiz, escriba a su familia’. Después viene el capellán, el cura Requena y me dice: ‘Hijo, dónde están las armas, te van a fusilar si no decís dónde están las armas’”. Tras varios intentos del sacerdote, cerca del amanecer fue sometido a dos simulacros de fusilamiento.

La Cámara de Salta, libera a un represor

La Cámara de Salta no tuvo en cuenta el rol del Capitán Ripoll en la cadena de mandos de la dictadura
El fallo que liberó a un represor

La misma Cámara que debe resolver sobre el procesamiento de Blaquier le dictó falta de mérito al militar que fue mano derecha del interventor de Jujuy y que se ocupaba de negar los secuestros ante los reclamos de familiares de las víctimas.

 Por Alejandra Dandan

La Cámara Federal de Salta acaba de liberar por “falta de mérito” al capitán retirado Jorge Isaac Ripoll, que fue mano derecha del coronel Carlos Néstor Bulacios, máxima autoridad en la provincia de Jujuy durante la última dictadura. El fallo despertó cierto estado de alarma entre los impulsores de las causas por delitos de lesa humanidad en la provincia. Ripoll había sido procesado por el secuestro y homicidio de Julio Rolando Alvarez García en 1976, sobre la base de pruebas indiciarias recogidas a partir de testimonios y de su legajo, que dan cuenta de su rol en la estructura de la represión clandestina. A contramano de lo que viene sucediendo en buena parte de las causas, los camaristas no leyeron las pruebas en contexto sino que reclamaron “pruebas directas” de su actuación en el terrorismo de Estado, sin tener en cuenta la función que cada represor cumplió en la cadena de mandos para que el engranaje avanzara. La misma Cámara debe resolver la semana que viene la responsabilidad del empresario Marcos Levin, de La Veloz del Norte, y del procesado Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, en el secuestro de trabajadores.

Jorge Isaac Ripoll era un cuadro importante de la estructura represiva en Jujuy, con grado de capitán. Operó como un “secretario” y colaborador cercano del coronel Bulacios, jefe del área 323 e interventor de la provincia. Por el rol que tenía, Ripoll era la persona que se encargaba de comunicar las órdenes, hablar con los familiares de las víctimas de la dictadura y decirles que el coronel no podía atenderlos cuando preguntaban por él. Según su legajo, Ripoll ascendió a capitán a partir del 31 de diciembre de 1974. Durante 1976 cumplió tareas en el Regimiento de Infantería Montaña 20 (RIM 20), mientras iba y volvía de comisión a otros lugares: entre febrero y mayo actuó, por ejemplo, como secretario general de la gobernación de Jujuy, y el 3 de junio estuvo un mes en comisión en el Operativo Independencia. En el legajo, además, aparece mencionado como “S4”, una sigla que lo inscribe dentro del Estado Mayor, en la “Sección Logística” (S4).

Hay varias denuncias en su contra; su caso llegó a la Cámara Federal de Salta por la causa más avanzada: el secuestro y homicidio de Julio Rolando Alvarez García, “Pampero”, secuestrado en agosto de 1976 en su casa, en un operativo del que participaron tres represores de civil, armados, entre ellos el entonces teniente Mariano Braga, en juicio en este momento. Se supone que a Pampero lo llevaron al RIM 20 y luego lo trasladaron a Tucumán. Además del legajo, en la causa hay tres testimonios que revelan cuál fue el rol de Ripoll en la estructura represiva. El más importante es el de Gladys Rufina Nieva de Alvarez García, la madre de Pampero. Ella vio a Ripoll en el RIM 20 cuando fue a averiguar por su hijo. Con ella estaba Inés Peña, la esposa de Pampero. Ripoll las atendió y les dijo que Bulacios no podía recibirlas. Gladys le dijo en ese momento que estaba allí buscando a su hijo. Ripoll le respondió: “¿Usted cómo sabe que su hijo está acá?”. Y Gladys le dijo que acababa de ver al hombre que se lo había llevado de la casa, por Braga. En ese momento, Ripoll señaló: “Disculpe señora, cumplimos órdenes”.

En esa misma línea lo ubica el testimonio de Olga Márquez de Arédez, esposa del ex intendente Luis Arédez, secuestrado desaparecido. Olga también se acercó al RIM 20 averiguando por su marido y encontró a Ripoll. Y por último un tercer testimonio, el de un chofer, lo sitúa como quien estaba con los detenidos y andaba como un “demonio”.

Con estos elementos leídos en el contexto del aparato de represión clandestino, Ripoll fue procesado por el juez Fernando Poviña y hasta hace una semana estaba detenido. La Cámara, integrada por Roberto Gerardo Loutayf Ranea, Jorge Luis Villada y Renato Rabbi Baldi Cabanillas, dictó la falta de mérito que en sí misma agrega un problema: sólo puede ser apelada si se encuentran nuevas pruebas y, en causas como ésta –a más de 36 años de los hechos, con los únicos testimonios que existen ya recabados, parte de los testigos muertos y el legajo ya aportado–, da la sensación de que poco más puede aparecer.

Según la Cámara, Ripoll no puede ser procesado por las siguientes razones: 1) el rol que ocupó en la estructura no basta para hacerlo responsable de los hechos; y 2) los testimonios no dan cuenta directamente del rol que le cupo a Ripoll en la imputación concreta de secuestro y homicidio, y los legajos no agregan nada sobre eso.

“Más allá del cargo de capitán del Ejército –dijeron los camaristas en el fallo–, no se observa que se hubieran establecido las funciones reales que desempeñaba el imputado en agosto de 1976 y su necesaria relación con la privación ilegal de la libertad y el homicidio de Alvarez García.” En el tramo más complicado, sostuvieron: “Tampoco resulta suficiente para responsabilizar a Ripoll lo declarado por Rufina Nievas y Márquez de Arédez, pues ellas en ningún momento describen una conducta que pueda vincularse en grado suficiente a la privación de la libertad u homicidio”. Y “es que aun considerando que a la fecha de los hechos Ripoll revestía el grado de capitán y prestaba funciones en el RIM 20, al no haberse acreditado que integrara una fuerza de tarea y/o que coordinara, facilitara o colaborara con los responsables en dicha función, no es posible confirmar su procesamiento”.

En términos generales, la Cámara vuelve a poner en discusión el debate sobre la construcción de las pruebas en las causas de lesa humanidad.

Horacio Azzolin es fiscal general de la Procuración, llevó adelante el juicio por el crimen de Miguel Ragone en Salta y agrega un dato. A su criterio, la Cámara está diciendo en este caso que: 1) Ripoll no era de la plana mayor del Regimiento; y 2) que si no se sabe bien qué hacía en esa unidad militar al tiempo de los hechos, y nadie lo vio “directamente” vinculado con el secuestro de la víctima, no se lo puede procesar. “El argumento claramente es discutible”, indica. “Lo que me parece que la Cámara no ve es que si Ripoll se encargaba de negar la presencia de determinada persona en una unidad militar es suficiente para considerarlo responsable, porque eso era funcional al plan criminal. Por ejemplo, en Bahía Blanca se condenó a la persona que hacía exactamente lo mismo en el Comando del V Cuerpo del Ejército. Me parece que no están haciendo una lectura de la cuestión acorde con la realidad de los hechos.”

David Leiva es abogado querellante en las causas de Salta y se sorprende con la noticia: la misma Cámara confirmó hace un tiempo un procesamiento por un caso semejante, el de un oficial llamado Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, que era asistente del coronel Joaquín Cornejo Alemán, segundo jefe del Regimiento de Caballería V. El soldado Víctor Brizzi desapareció el 8 de marzo de 1976 mientras hacía el servicio militar en el Regimiento de Caballería de Salta. De la Vega era la persona que recibía a la esposa de Víctor Brizzi cada vez que ella iba a preguntar por el soldado al cuartel. Cristina Cobos declaró varias veces que De la Vega siempre le decía que su marido era un desertor y, cuando volvió a preguntar después del golpe del 24 de marzo, le dijeron que lo habían secuestrado los subversivos.

En el caso de Ripoll hay además otros datos. Por su grado de “capitán” tenía una jerarquía superior a la de Braga, que era teniente y está imputado en esta causa. La Cámara viene confirmando procesamientos de primera instancia en Jujuy, pero en general son cargos superiores y de jefatura o mandos operativos. Este es un caso singular porque se desentiende de los roles intermedios.