Otra vez a juicio oral : Ríos Ereñu, por la represión en Salta

Ríos Ereñu, por la represión en SaltaOtra vez a juicio oral

El ex comandante del Ejército en el gobierno de Alfonsín vuelve al tribunal por los casos de 24 secuestrados y torturados, de los cuales 19 fueron asesinados cuando era comandante en Tartagal.

El general retirado Héctor Ríos Ereñú, comandante en jefe del Ejército durante la presidencia de Raúl Alfonsín, afrontará a partir de mañana en Salta su segundo juicio oral y público por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. En el proceso, el noveno por crímenes de lesa humanidad en Salta, se juzgarán los casos de 24 víctimas de secuestros y torturas, de las cuales 19 fueron asesinadas o se encuentran desaparecidas. Ríos Ereñú, que se desempeñó como jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 en Tartagal durante los años del terrorismo de Estado, y que ya fue condenado a prisión perpetua en 2013, compartirá el banquillo de los acusados con otros seis represores, incluidos militares, gendarmes y policías.

“Será un proceso largo, de entre seis o siete meses teniendo en cuenta la cantidad de causas que se evaluarán y la cantidad de testigos que están programados, que son más de 200”, explicó a la agencia Télam el abogado Martín Avila, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Vamos a analizar la causa UNSa II y otras, con desaparecidos principalmente de Orán”, explicó el letrado, que también es querellante en el juicio oral que tiene entre los acusados al empresario salteño Marcos Levín, dueño de la empresa La Veloz del Norte.

El proceso, que comenzará a las 15 según informó el tribunal, es el producto de la acumulación de seis expedientes. Entre los acusados, además de Ríos Ereñú –que el 19 de octubre celebrará sus 85 años–, estarán los ex jefes policiales Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, y el ex jefe de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil. A ellos se suman el comandante principal retirado de Gendarmería, Diego Varas, que era jefe del Escuadrón 20 de Orán, el inspector mayor retirado de la policía, Arturo Madrigal, que tuvo a su cargo la comisaría de la localidad de Embarcación, y el ex gendarme Mario Patané. Entre los acusados estaba el jefe de la guarnición militar Salta durante la dictadura, Carlos Mulhall, quien falleció en noviembre mientras cumplía en su casa condenas por el homicidio del ex gobernador Miguel Ragone y por la Masacre de Palomitas, entre otros crímenes.

Durante el juicio, según el requerimiento de elevación del fiscal federal Eduardo Villalba, se tratarán privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios calificados contra militantes políticos, docentes y estudiantes del norte de Salta. La Secretaría de Derechos Humanos del tribunal oral informó que su integración original, conformada por Marta Snopek, Marcelo Juárez Almaraz y Federico Díaz, se modificó luego de que Snopek aceptara un pedido de excusación, por lo que sería reemplazada por el juez Gabriel Casas. El cuarto magistrado, para el caso de que se genere una vacante durante le proceso, será Carlos Jiménez Montilla. Los representantes del Ministerio Público serán los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivi

Piden que se fije fecha para juzgar al empresario Marcos Levin por delitos de lesa humanidad

Para que los civiles tengan prioridad

El dueño de la empresa La Veloz del Norte está procesado en Salta por “instigación de imposición de tormentos”.

 Por Alejandra Dandan

El próximo 5 de octubre va a comenzar en Salta un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad que nuclea a cuatro causas, entre las que están las víctimas del norte de esa provincia. Sin embargo, el dato que preocupa a un grupo de familiares, víctimas y querellas es que el Tribunal Oral Federal no incluyó en el debate el esperado juicio al empresario Marcos Levin, dueño de la Veloz del Norte, procesado por “instigación de imposición de tormentos” sobre Víctor Cobos, entonces trabajador de la empresa. El caso espera el comienzo del debate desde que fue elevado en marzo del año pasado. La familia de Cobos se reunió la semana pasada con integrantes del TOF de Salta para manifestar la preocupación por esta demora: piden a los jueces que impulsen “de modo urgente” el comienzo de este juicio antes del debate de octubre o en forma simultanea. Se estima que puede ser breve por la cantidad de víctimas, represores y testigos.

“Le planteamos a uno de los integrantes del tribunal la urgencia de que se inicie este debate”, dice a Página/12 Cristina Cobos. “Mi hermano Víctor estuvo varias veces amenazado en este tiempo que duró la instrucción. Ha quedado solo en la causa, él y cuatro imputados, porque el resto de las víctimas fueron separadas. Es una necesidad que se termine este juicio por la seguridad de mi hermano.”

Esta misma línea es la que sostienen los fiscales y la querella para insistir sobre la urgencia del debate. Pero además, los querellantes sostienen que es un juicio que técnicamente resulta sencillo. “A fuerza de ser sincero, las causas que van a comenzar a ser juzgadas en octubre se habían elevado antes que el caso Levin –señala el abogado y querellante David Leiva–. Pero el debate por la causa Levin será corto y se podría hacer en paralelo o podría agregarse al mismo debate como se ha hecho en otras provincias: aunque no son los mismos imputados, los expedientes tienen conexión porque los represores pertenecen a la misma área.”

La causa Levin fue el primer expediente que avanzó sobre la responsabilidad empresaria de los crímenes de la dictadura. El expediente original contenía una denuncia más amplia, por el secuestro de 15 trabajadores, entre ellos Víctor Cobos, delegado y representante de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), parte de una familia asediada y devastada por el terrorismo de Estado. Tanto él como los otros trabajadores fueron trasladados a la comisaría cuarta de Salta y sometidos a tormentos en enero de 1977. Desde el primer momento, la Justicia dio por válida la imputación contra Levin, pero no sobre resto de los trabajadores y dividió la causa en dos partes. En aquel tiempo, la empresa había denunciado a los trabajadores por una supuesta estafa que sirvió de gatillo para las acciones ilegales. Hasta ahora, las distintas instancias judiciales aceptaron los tormentos contra todos pero consideraron que la persecución sólo fue sobre Cobos. Por esa razón, situaron al resto de los delitos como “delitos comunes” y por lo tanto, los dieron por prescriptos. Eso fue múltiples veces apelado por la acusación y ahora espera una decisión de la Corte. A Salta volvió sólo el expediente por Cobos, que está concluido y a la espera del juicio oral.

Además del empresario, hay tres policías acusados: Enrique Víctor Cardozo, Víctor Almirón y Víctor Hugo Bocos. Cardozo era el jefe de la comisaría. Almirón y Bocos están acusados como autores materiales. Bocos era el mas conocido entre los trabajadores, subjefe de la Comisaría cuarta, pero a la vez empleado de Levin. Para la familia está claro que no es lo mismo una juicio sólo por un hecho bajo la figura de “instigación”, que por quince que dan cuenta del contexto y de lo sistemático. Sin embargo, eso ahora no es lo importante.

“Levin es dueño de la Veloz del Norte, no sé si ahora todavía, pero por lo menos lo era en ese momento –sigue Cristina–. Tenía como empleado al subcomisario Víctor Hugo Bocos, que era su guardaespaldas directo. Esa persona perseguía y marcaba a los trabajadores que es lo que hizo con mi hermano. Empleados que estorbaban porque él era delegado de la UTA. Bocos era el que tenía contacto directo con ellos. Las personas que como mi hermano les molestaba, los apretaba a tal punto que lo detuvo en diciembre de 1976, lo hizo torturar, lo tuvo en la comisaria y no a él sólo, sino a todos los eran allegados a mi hermano, que pertenecían o eran socios (del sindicato)”. Entre ellos hay algunos empleados de Tucumán que fueron llevados hasta Salta ya secuestrados. “Además hay pruebas y testimonios de que Levin iba a la Comisaría –dice Cristina–. Alguien lo vio. Lo vieron.”

La idea del juicio “corto” es uno de los argumentos acentuados para impulsar el comienzo. Un sólo “hecho”, cuatro imputados y unos 25 testigos. Las partes calculan unas tres semanas de debate. Y trámites para constituir la prueba, de una semana. En ese contexto, proponen los cambios.

Pero los problemas del TOF no terminan ahí. Según las respuestas que les dieron a los familiares, además de los tiempos, tendrían problemas de jueces. El Tribunal quedó integrado para octubre por tres jueces, uno de ellos es Mario Juarez Almaraz, que no podría estar en el juicio a Levin porque se inhibió para actuar en el debate. Sin embargo, la fiscalía recuerda ante una consulta de este diario que Casación nombró hace tiempo a Gabriel Casas, de Jujuy. para reemplazarlo en esta causa.

Un dato importante es el ritmo de juicios del tribunal. El TOF de Salta suele hacer una o dos audiencias por semana. El juicio de octubre tiene previsto la declaración de no menos de 120 testigos. La fiscalía calcula un debate de un año o que se extenderá por lo menos hasta comienzos del año próximo. “Nosotros pedimos una pronta resolución para que fijen fecha por el caso Levin y nos respondieron sacando fecha de las causas del norte”, dice Leiva. “Lo que vemos es que pareciera ser que no quiere avanzar con las responsabilidad a los civiles. Hay dos causas demoradas en Salta: el ex juez Ricardo Lona que está trancada (con procesamientos apelados) y ésta. El Tribunal está siendo remiso para fijar fecha de debate y decretar la prueba ofrecida y ahí vemos que los tribunales, aun cuando no lo quieren, están haciendo el juego a la impunidad.”

Una segunda causa por Ragone, ex gobernador de Salta

La segunda causa abierta por el secuestro, la desaparición y el asesinato del ex gobernador Miguel Ragone quedó habilitada ayer, en el marco de una nueva audiencia del juicio oral y público que por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 18 víctimas se desarrolla en Salta desde el 2 de diciembre.

La audiencia comenzó pasadas las 16 en los tribunales federales de Salta, y finalmente se pudo leer la requisitoria fiscal de elevación a juicio de esta causa, que venía postergada desde el inicio del proceso, primero por razones formales y de plazos, y luego por la falta de defensor oficial de uno de los acusados.

Los imputados son los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro, a quienes se los acusa de haber cooperado para liberar la zona en la que el ex gobernador salteño fue secuestrado, y de evitar las acciones investigativas correspondientes. Los ex comisarios habrían garantizado la impunidad y el ocultamiento de los autores del secuestro, desaparición y homicidio de Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976, en la zona del monumento al general Martín Miguel de Güemes, cerca del domicilio del ex mandatario, en la ciudad de Salta.

Esta causa se trata en el marco de un juicio que desde diciembre analiza un total de 10 expedientes, con 18 víctimas y 6 acusados, a cargo del Tribunal Oral Federal de Salta, integrado por Federico Díaz, Mario Juárez Almaraz y Marta Snopek, junto a quien oficia de cuarta jueza, Alejandra Cataldi. Ayer la defensora oficial Ximena Colombres asumió la defensa de Saravia, luego de la decisión del TOF de no hacer lugar al pedido de inhibición, por entender que no existen intereses contrapuestos

Una víctima del terrorismo de estado que pudo hablar por primera vez luego de años de silencio

Tortura, trata y corrupción de menores

 Por Alejandra Dandan

“Ellos son dioses. Yo estaba de rodillas y ellos estaban sentados. Yo les pedía por favor. Ellos hoy tienen justicia y yo hoy tengo 52 años y no conozco lo que es un cine: tengo terror porque está oscuro, ¿sabe?, y no se lo puedo decir ni siquiera a mi hija.” La secuestraron en diciembre de 1976 en un parador de la provincia de Salta. Tenía 15 años. Durante un año transitó todo tipo de lugares ilegales de detención, desde comisarías hasta alojamientos particulares. Sufrió violaciones múltiples. Quedó embarazada. Al término del primer año de secuestro, el comisario de Metán la vendió a un empresario con quien convivió hasta la muerte del hombre, en el año 1985.

Esta mujer, cuyo nombre no puede ser difundido por disposición judicial, logró contar su historia durante uno de los juicios de lesa humanidad en la provincia de Salta después de décadas de silencio. El último martes, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de esa provincia condenó a seis acusados del juicio a prisión perpetua y, entre ellos, a dos policías y uno de los jefes militares por su caso: crímenes de privación ilegal de la libertad, tormentos, violencia sexual y, por primera vez en un contexto de lesa humanidad, también corrupción de menores pedido especialmente por este caso por los fiscales Juan Manuel Sivila y Francisco Snopek. Como sucede con muchos juicios de las distintas geografías del país, el caso también habla de condiciones específicas de la dictadura: en este caso parece liberar demonios propios de un paisaje de provincia que combina el mundo de la trata con el terrorismo de Estado.

“Sé que es muy duro, señora”, le dijo uno de los defensores a la mujer. Le preguntó a qué se refería “concretamente” al hablar de la palabra “abusaban”. Por más que le cueste, agregó, “es necesario preguntar”.

–Está bien –dijo ella–. Me violaban, me violaban, me violaban, señor. Me violaban todos los días.
En el infierno

En 1976, ella hacía el secundario en Buenos Aires. En diciembre viajó al pueblo de El Galpón, donde vivía una hermana. En el camino bajó en un parador llamado El Rancho, ubicado en la localidad de Metán. Ella tenía que cambiar de colectivo y conseguir uno para llegar hasta el pueblo. Todavía era temprano. Alrededor de las seis. En ese momento, una patota de policías “sin exhibir orden judicial”, “la agarraron, la golpearon, la introdujeron en un vehículo y partieron”. A la cabeza del grupo estaba el comisario de Metán, Eduardo Humberto Sona, una de las sombras más presentes en el infierno de la historia que cuenta esta mujer. En la comisaría la “maniataron”. Ella tenía un libro del Che Guevara. No militaba. Ahora, a miles de años de todo, dijo: “Admiraba al Che Guevara porque era una época, era como una moda, en los colegios, en todos lados se hablaba, no era un pecado. No era un pecado”.

La mujer pasó durante un año por comisarías, pensiones e incluso casas particulares. Primero en Metán, luego en Salta, donde iban a blanquearla, pero volvieron a secuestrarla y se la llevaron a Rosario de la Frontera.

En Metán estuvo los primeros tres meses en la comisaría. Dos policías, hoy en juicio, Eduardo del Carmen Del Valle y Andrés Del Valle Soraire, la condujeron a un lecho del río llamado Río Piedras y la obligaron a reconocer el cuerpo de una persona muerta. “La obligaron a olerlo cuando ya tenía un fuerte olor –dijeron los fiscales durante el juicio– sometiéndola de este modo a un grave sufrimiento y daño psíquico.” Cuando llegó marzo, la anotaron en un secundario. El policía Del Valle la llevó “bajo amenaza, la obligaron a identificar y dar nombres de los estudiantes”.

Todavía en Metán, pasó a una pensión con custodia. Por las noches la sacaban de allí, la llevaban a la comisaría, la torturaban y violaban. Tuvo problemas de salud, estuvo en la casa de Del Valle. Más tarde, la hicieron reunir con su madre, pero no pudo irse con ella. En mayo de 1977 iban a soltarla.

“Me han puesto una pollera larga y me traen a Salta”, dijo en un tramo de una declaración de la que sólo se poseen pocos fragmentos. “En Salta me llevan a un lugar, a un hotel; ‘princesita’ me dicen y se reían y se reían. Cuando entré, era una mugre: una pieza muy chica, había muchas mujeres y sabe qué: yo estaba así, en una esquina, pero estaba tranquila; ellos no venían ahí, estaba ahí con otras mujeres y de noche me despierto y así las veo que ellas caminaban a gatas, caminaban a gatas. Y yo pensé que estaban todas inválidas: esto es una comunidad de inválidos, pensé. Y después aprendí que yo tampoco podía pararme, con el tiempo ya no podía pararme, sabe. Caminaba a gatas, me arrastraba, ahí entendí por qué caminaban todas, eran muchas y dicen que era por la basura, nos daban no sé, algo asqueroso y yo no comía.”

“Sabe que me siento muy cansada”, les dijo a los jueces. “Ellos eran dioses y yo dependía de ellos y ahora estos desgraciados están ahí cuidados y yo era una niña, era una niña, no podía más, terminaron con mi vida, nunca más tuve un deseo de nada. De comer, de nada, de comprar nada, me da todo igual, acabaron conmigo. En esa pieza había un tacho blanco.”

En Salta eso que describe era una dependencia policial, que estaba a disposición de la Brigada de Investigaciones. Ahí la blanquearon, supuestamente iban a entregarla a su hermana, pero el comisario Sona volvió a secuestrarla. Se la llevó a Rosario de la Frontera donde continuó el cautiverio, primero en la comisaría y luego en un alojamiento bajo su control.

Hacia fines de 1977, Sona la condujo hasta una oficina. Estaban en la comisaría. Ella ya tenía 16 años. Ya había tenido a su hijo. En la oficina la esperaba un empresario “viejo, muy viejo y muy feo”. El hombre la miró, y luego de acariciarle la cara, habló con los policías: “La quiero limpia”, les dijo. Y ella, todavía chica, creía que todo era porque llevaba tiempo sin bañarse, pero ellos hablaban de los papeles. “Tenía una cara horrible, tenía mil años y me dijo: ‘Acá no hay condiciones, acá sos libre, no tenés que tener miedo, pagué mucho dinero por vos, mucho pagué’.”

–¿Usted me dejaría ir a Buenos Aires? –quiso saber.

El dijo que no.

–¿Vos no me entendés bien, no?

El empresario murió en 1985. Ella nunca recobró la capacidad de habla, no perdió el miedo. Tuvo hijos. Ahorró dinero para mandarlos a la universidad, pero hasta hace muy poco continuaba buscando las formas de protegerse en la casa. “Ahora saqué la reja”, logró explicar en el juicio después de meses de trabajo terapéutico y de acompañamiento del Fernando Ulloa, Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos.

“La señora tiene un trastorno por estrés postraumático que se ha cronificado por el largo tiempo de evolución” muy frecuente de ver en sobrevivientes de este tipo de hechos, señaló uno de los peritos del juicio. “Se vio por primera vez en sobrevivientes de campos de concentración de la Segunda Guerra, donde los autores que empezaron a estudiar el tema hablan de trauma cristalizado, donde más allá del paso de los años y de generar otros tipos de estímulos, una parte de su psiquismo sigue viviendo ese tipo de situaciones de manera permanente.”

El Tribunal del juicio estuvo integrado por Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek. Ellos sentenciaron al entonces jefe del Ejército de la provincia Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de la Policía salteña Miguel Raúl Gentil; el comisario mayor retirado de esa fuerza Rafael Rolando Perelló, y los ex agentes Del Valle, Soraire y Marcos Honorio Medina. Y se revocaron además beneficios de las excarcelaciones. “Fue muy significativo durante este juicio el trabajo de reconstrucción histórica que se logró a partir de un trabajo mancomunado con las querellas y las víctimas, lo que permitió conformar un contundente plexo probatorio y brindar a la comunidad de Metán una descripción detallada del fenómeno del terrorismo de Estado en el sur de la provincia”, dijeron los fiscales. Subrayaron “el sentido de reparación histórica que tiene el pronunciamiento judicial esperado por más de 38 años”. Y destacaron “el primer pronunciamiento donde se reconoce el delito de corrupción de menores como parte del plan sistemático y generalizado de represión ilegal y ello amplía el espectro de conductas delictivas que constituyeron ese plan, aportando una descripción más precisa de todo el fenómeno criminal de la época”.

La parálisis de las causas contra Blaquier

Reclamo de organismosn de derechos humanos por los juicios que involucran al empresario

La Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad recibió a representantes de organismos, que advirtieron sobre las demoras en la Cámara Federal de Salta y sobre una campaña de amedrentamiento a testigos.

 Por Alejandra Dandan

Representantes de los organismos de derechos humanos de Jujuy viajaron a Buenos Aires preocupados por el estado de parálisis en las causas contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier y la existencia de una campaña de amedrentamiento sobre los testigos llevada adelante por la empresa Ledesma. Inés Peña, de Madres de Plaza de Mayo, se reunió con la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad (conocida como Comisión Interpoderes), convocada especialmente. Al terminar, logró reunirse también con la ministra de la Corte con jurisdicción en la zona norte, Elena Highton de Nolasco. “Fue positivo”, dijo Inés. “La ministra nos dijo que de lo ‘poderoso’ del grupo Blaquier nosotros nos olvidemos, porque para la Corte ellos son como cualquier otro: ‘Usted tranquilice a los testigos porque acá no hay coronita para nadie, para la Corte son todos iguales’.”

La Comisión Interpoderes logró reunir a buena parte de sus integrantes. Estuvieron los responsables del seguimiento de las causas de lesa humanidad en la Procuración, Jorge Auat y Carolina Varsky. El secretario general de la Corte Suprema, Alfredo Kraut. El presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, y su secretario general, Javier Carbajo. Y el coordinador del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, Luciano Hazan.

“Nosotros vinimos a explicar ante una institución pública las connotaciones que está teniendo la demora de la Cámara Federal de Salta y la de Casación en la resolución de ciertas medias”, dijo Inés Peña a este diario, luego del encuentro realizado la semana pasada. “Es que, al no resolver los planteos, crean una sensación de incertidumbre en las víctimas-testigos que están expuestos, porque tenemos una campaña de la defensa de Blaquier de desprestigio en contra de la gente.”

La reunión sirvió sobre todo para que los representantes de Casación y la Corte tomen nota de algunos cortocircuitos. Blaquier está procesado en dos causas (Arédez y la Noche del Apagón) que están listas para ser elevadas a juicio oral, pero eso no sucede porque hace seis meses están trabadas en la Cámara Federal de Salta y, sobre todo, en la Sala IV de la Cámara de Casación.

En Salta, los abogados de Blaquier hicieron lo mismo que Pedro Hooft en Mar del Plata: recusaron a todos los funcionarios judiciales. Primero al fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, luego al juez Fernando Poviña, también a las querellas, al fiscal general ante la Cámara Federal de Salta, Eduardo Villalba, y ahora todos los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Salta. Entre las razones invocaron que adelantan opinión sobre el futuro de la investigación y le adjudican a un juez participación en el espacio de Justicia Legítima, un argumento que la Corte Suprema ya rechazó. Lo más complicado ahora es la posición de los jueces: contrariamente a lo que sucede en otros lugares del país, los recusados abandonaron el expediente en lugar de seguir trabajando mientras se resuelve el planteo. El último 8 de agosto, por ejemplo, los abogados querellantes viajaron de Jujuy a Salta para una audiencia pero, como no había jueces, quedó suspendida. Casación, que es el órgano encargado de constituir un tribunal alternativo para estos casos, no se enteró de nada de esto hasta la reunión de la Comisión Interpoderes del jueves pasado. Los jueces no avisaron tampoco al fiscal general. Y quienes estaban allí dicen que, cuando Borinsky intentaba dar cuenta de la fluidez de los caminos de la Justicia, Auat lo interrumpió para señalarle la novedad.

El otro eje de conflicto, más de fondo, reside en la Sala IV de Casación. Ahí están los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y ahora Eduardo Riggi (que reemplazó a Borinsky). Hay varios temas pendientes, como apelaciones al procesamiento de Blaquier y la aprobación, o no, de la designación del fiscal ad hoc. Los planteos, que podrían haberse resuelto en un mes, llevan en espera varios meses. El más importante es el procesamiento, porque es imprescindible para la elevación a juicio de la causa. Hay que decir aquí que ése es un tema que no debería haber pasado por Casación, pero ahora está ahí, aparentemente de manera excepcional y porque había planteos tanto de la querella como de la defensa. Amparados en esa condición de “excepción”, los presentes pidieron a Casación que procure la celeridad de esa cuestión pendiente.

“Creo que el encuentro fue bueno, porque era necesario que se hicieran cargo cada una de las agencias del Estado de las gestiones de gobierno que tienen que hacer”, dice Auat. “Lo más grave que pidieron los organismos, y que yo apoyé, es que la Corte y Casación noten esos problemas que tienen en la jurisdicción.” “A mí no me importa que los de Salta hayan mandado el informe, o no lo hayan mandado, sino que la Corte y la Casación se involucren, porque debería haber un control interno, en el plano administrativo, de estas cosas. Ese es el rol que tienen que cumplir: preguntarle a la Cámara por el estado en el que están las cosas. Nosotros les dijimos que no se confundan, que acá estás hablando de un Estado dentro de otro Estado. Hay que prepararse, esto va a ser duro, muy duro. ¿(El juez Carlos) Olivera Pastor quién era? ¿Quién es el abogado de Blaquier? O sea que en definitiva esto es lo mismo.”

Hazan, del Ministerio de Justicia, se detuvo en la situación de los testigos, el otro punto que preocupa a los organismos de derechos humanos. Y la relación de la seguridad de los testigos con la desaceleración de las causas. “Para nosotros, el tema de la seguridad de los testigos es una prioridad y nos estamos manejando de esa manera. No- sotros ya lo hemos dicho: los testigos en Jujuy son víctimas de una campaña de amedrentamiento llevada adelante por la empresa. Y las demoras en los juicios provocan distintos efectos. Uno de los problemas que tenemos son las custodias, porque estas rutinas tienen eficacia en el corto plazo, para juicios que están pensados para hacerse en seis meses o un año, pero si se demoran dos o tres años se producen grandes conflictos en los testigos que se deben adaptar a esa situación por un tiempo indefinido.”

María José Castillo es abogada y representa a las querellas. No estuvo en la reunión, pero es una de las que preparó un punteo de los problemas para presentar en ese espacio. Ella también habla de las víctimas: “Las recusaciones de los jueces y los fiscales son abundantes y recurrentes; no sólo se realizaron contra Poviña, sino que también se presentan contra todos los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y el fiscal general. Estos planteos, a todas luces inconducentes y carentes de fundamentos, no hacen más que lentificar y entorpecer el juicio oral contra estos empresarios, generando en las víctimas un clima de incertidumbre”. Pero, además, Castillo agrega una hipótesis que suele escucharse en los últimos tiempos sobre las estrategias de los abogados: “Debido al tiempo biológico del acusado, las estrategias dilatorias perversas utilizadas por la defensa permitirían que este siniestro personaje quede impune”.

Cámara de Casación : Otorga libertad a 15 genocidas de la megacausa de Salta

Salta: Repudio de los organismos de derechos humanos y sociales a libertad otorgada por Casación a 15 condenados en la megacausa

Declaración de los Organismos de Derechos Humanos de Salta

Después de haber esperado casi 36 años el inicio de la primera Mega Causa de Salta los miembros de diferentes organismos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado nos encontramos de nuevo frente a una injusta decisión de la Justicia Federal. El 20 de diciembre de 2013, después de haber obtenido por primera vez en esta provincia sentencias ejemplares sobre algunos de los responsables de los delitos más aberrantes, debemos hoy padecer nuevamente que la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal Federal, a cargo de los doctores Riggi, Catucci y Figueroa resuelvan:

1- Considerar el arresto domiciliario a los genocidas Carlos Alberto Muhall, Joaquín Guil, Juan Carlos Alsugaray, Miguel Gentil y Modesto Mendíaz

2- Retrotraer (es decir volver a la situación procesal anterior al día de la sentencia) la situación de los imputados culpables, a gozar de libertad hasta que la Cámara se expida sobre esta sentencia a: Isidro de La Vega, Juan Manuel Ovalle, Julio Oscar Correa, Víctor Modesto Mendíaz, Víctor Almirón, Felipe Caucotta, Eduardo Toledaño, Mario Pachao, Ramón Vivas y Héctor Ríos Ereñú.

Nosotros familiares y organismos tuvimos que padecer durante el larguísimo juicio oral encontrarnos cara a cara con los responsables de los secuestros y asesinatos de nuestros seres queridos y compañeros. ¿Cómo es posible que la Justicia no resuelva los temas de fondo y exponga nuevamente a los familiares y testigos a tener que sentir la desprotección de Estado? Los deja libres y la posibilidad cierta de fuga que son noticia constante en relación con los genocidas prófugos de todo el país.

Exigimos:

Pronta resolución de fondo de las gravísimas condenas que resolvió un Tribunal Federal Oral.

Elevación a juicio oral de las causas que ya culminaron la instrucción y que no tienen fecha de inicio.
Recordando que las víctimas del terrorismo de Estado de la Mega Causa son: Martin Cobos, Víctor Brizzi, Gemma Fernández de Gamboa, Héctor Gamboa, Silvia Aramayo, Carlos Estanislao Figueroa, Alfredo Matioli, Liendro Marcial Estopiñan, Marcos Sergio Estopiñan, Pablo Salomón Ríos, Juan Carlos Parada Mallo, Marta Beatriz Cascella, Néstor Díaz, Oscar Bianchini, René Santillán, Enrique Mosa Alsina, Juana Isabel López, Luis Eduardo Rizzo Patrón, Ramón Gerardo Gallardo, Felipe Rodolfo Pizarro Gallardo, Raúl Benjamín Osores, Norberto Guerrero, Ernesto Luis Mamani, Aldo Víctor Bellandi, René Ruso, Carmen Torres, Delicia Torres, Carmen Torres, Pedro Bonifacio Vélez, Pedro Enrique Urueña, Felipe Burgos, Luciano Jaime, Eduardo Fronda.

¡Cárcel, común, perpetua y efectiva para todos los genocidas!

Firmas: Asociación DDHH Lucrecia Barquet, Encuentro Memoria Verdad y Justicia, HIJOS – SALTA, Agrup. Oscar Smith de Luz y Fuerza, Asociación Antonio Cortez, HIJOS –METAN, Asoc. Ex Presos Políticos, DDHH Metan, Comisión Provincial de la Memoria de Salta.

La historia del militar que se negó a quemar dos libros con datos de los niños nacidos durante la dictadura

Información salvada, encubrimiento amparado

El capitán Silvio Manino Leal recuperó la documentación destinada a ser incinerada. Dos militares fueron sobreseídos por prescripción porque no se consideró la destrucción de pruebas como parte de un delito de lesa humanidad. Los libros, de todas formas, están siendo analizados.

En mayo de 2008, en el Hospital Militar de Salta, aparecieron dentro de un carro de ropa sucia dos libros de guardia: uno era de la maternidad, el otro era de la sala de varones. Ambos abarcaban el período 1972 - 1997, es decir que incluían toda la última dictadura y su antesala. El director del establecimiento, Carlos Fernando To-zzeto Arias, los entregó a la Compañía de Inteligencia 5. El jefe de esa dependencia, el ex teniente coronel Juan Manuel Gestoso Presas, convocó a su oficina a uno de sus subalternos, el capitán Silvio Manino Leal, y sin rodeos le ordenó que los queme. ¿Qué hace un militar ante una directiva así? Manino Leal decidió desafiar la regla implícita de la obediencia debida. Tras un intento fallido de que el propio Ejército preservara los libros, simuló la incineración, los guardó en su casa y se los entregó a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré. Gestoso Presas y Tozzeto Arias fueron juzgados por el intento de destruir documentación que podía servir como prueba de crímenes del terrorismo de Estado, pero un tribunal oral recientemente los absolvió por considerar que no hubo delitos de lesa humanidad y el delito estaba prescripto.

Manino Leal tiene 40 años, 19 de los cuales pasó en el Ejército. Gestoso Presas le mostró los libros del Hospital Militar, con la indicación de que debía quemarlos “hoja por hoja” y sin decirle nada a nadie. “Me daba cuenta de que estaba ante una orden nefasta e inmoral. Lo primero que se me ocurrió fue que de alguna manera tenía que salvar los libros. Presentarme ante mi jefe y rehusar cumplir esa orden podía generar que fueran quemados por otra persona. Al día siguiente fui al despacho, les dije a mis subalternos que preparen el incinerador, llevé unas guías telefónicas y otra documentación y simulé la quema de los libros hasta pensar cómo iba a entregarlos”, contó en una entrevista en el programa Gente de a pie, en Radio Nacional.

–¿Pero qué hizo entonces con los libros?

–En ese momento yo no conocía muchos canales. No sabía cómo hacer para que aparecieran en la Justicia. Guardé los libros de donde había sacado la rueda de auxilio del auto. Intenté entregárselos al jefe de Estado Mayor, el general Roberto Bendini, y el subjefe, el general (Luis Alberto) Pozzi. Pero no me recibieron, me mandaron a decir que respete la cadena de mando. Opté por comunicarme con la secretaria de Nilda Garré, y ella al final tomó cartas en el asunto. Le ordenó al Ejército que hiciera la denuncia penal en Salta.

–El argumento oficial para destruir ese material era que no tenían nada relevante. ¿Usted dice que tuvieron la clara intención de hacerlos desaparecer?

–Me llamó la atención que estaban en un estado impecable. Cuando el jefe de la compañía me los mostró, tenían adjunto un pedido de informes de un organismo de derechos humanos (era la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad) a través del Ministerio de Defensa frente al cual el Hospital Militar había respondido que no contaba con información de esa época (el período dictatorial) debido a que la documentación ya había sido incinerada. Había incluso un acta de incineración de esos libros que yo, sin embargo, tenía delante de mi propia vista. Era claro que contenían alguna información, no cabía duda de eso.

La causa penal contra los ex militares Gestoso Presas y Tozzeto Arias se prolongó en la etapa de instrucción. Fue encarada, en un inicio, como un delito común, que castiga la destrucción de pruebas con penas de un mes a cuatro años de prisión. Una intervención de la Cámara de Casación Penal determinó que el caso debía ser juzgado como delito de lesa humanidad. Cuando requirió la elevación a juicio oral, el fiscal de primera instancia, Ricardo Toranzos, sostuvo que tanto el jefe de inteligencia como el del Hospital Militar “desde el inicio estuvieron al tanto de que el proceder adoptado respecto de los libros hallados era irregular” y aún así, “motivados con la intención de destruir aquellos instrumentos, no trepidaron en dar órdenes para su incineración, lo que no pudo ser llevado a cabo por circunstancias ajenas a sus voluntades”.

Durante el juicio, que terminó el 9 de junio, el tribunal oral –integrado por los jueces Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Federico Díaz– dispuso algunas medidas para establecer si el contenido de los libros recuperados podía tener conexión con alguna otra causa o delito principal vinculado con crímenes de la última dictadura, pero finalmente lo descartó. En las audiencias, los imputados intentaron poner en cuestión el relato de Manino Leal. Y subestimaron los libros con argumentos como que estaban en mal estado –algo que fue refutado– y que no se les había ocurrido que podían servir para investigar el destino de desaparecidos o la apropiación de niños.

Los fiscales de juicio, Juan Manuel Sivila y Francisco Snopek, plantearon que era evidente que intentaron obstaculizar las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad, más allá de que no se hubiera identificado conexidad con otro expediente sobre crímenes cometidos durante el período dictatorial. Para ellos hay que tener en cuenta una “fase de impunidad del plan sistemático de represión ilegal” que incluye la “omisión de informar, de denunciar o de investigar, el falseamiento de los hechos, la destrucción de elementos probatorios”. “Concretamente –señalaron al alegar– tenemos aquí agentes estatales, integrantes del Ejército Argentino, que habían recibido dos pedidos concretos de informes vinculados con la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad, y sin embargo, conociendo esta circunstancia y teniéndola presente al momento de decidirse la destrucción, omitieron dolosamente ponerla a disposición de las autoridades superiores, y participaron en su destrucción”. Según ellos, además, los libros eran prueba posible en un caso de búsqueda de identidad.

Así, los fiscales pidieron para Gestoso una pena de un año y cuatro meses de prisión y para Tozzeto Arias una multa de 12.500 pesos e inhabilitación para ocupar cargos. El tribunal oral de Salta entendió que lo que estaba en juego era un delito común, ya prescripto por el paso del tiempo, pero no dijo que los militares juzgados no eran culpables. Fueron críticos, a la vez, con la etapa de instrucción. Gestoso y Tozzeto Arias fueron desvinculados de la fuerza tras un sumario interno.

El libro de nacimientos rescatado está siendo analizado actualmente por la unidad especializada en investigaciones sobre apropiación de hijos de desaparecidos de la Procuración General de la Nación (donde siguen la pista de niños que pudieron haber sido apropiados en Salta) y hay una copia en poder de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Manino Leal contó que el día que decidió no acatar la orden de quemar los libros “sabía que asumía una responsabilidad que iba a repercutir en mi carrera”. “Supe que mi presencia en el Ejército y las Fuerzas Armadas no era posible y yo mismo había tomado la determinación de pedir el retiro. Lo que yo pensé que iba a pasar, que me iban a considerar un traidor, pasó. Y pasa. Por sobre todas las cosas yo tenía que contener a mi familia. En la vida militar la familia va muy pegada al trabajo de uno, es un ámbito cerrado, los barrios militares son cerrados y mi familia tenía que vivir en ese ambiente. Por eso pedí el retiro. La ministra me decía que me quedara, pero también entendió la situación de mi familia a futuro”, relató.

–¿Qué impresión le dejó el resultado del juicio?

–No lo esperaba, me pareció un pésimo mensaje. Después de tantos años de democracia no hay militares que aporten datos concretos y pruebas, y tanta falta haría, para encontrar los restos de los desaparecidos o que un nieto se pueda reencontrar con su verdadera abuela o sus padres. Que no se castigue a alguien que sabía que podía haber pruebas para resolver la identidad de alguien o encontrar el destino final de una persona es un pésimo mensaje. Descreo que a partir de eso otras personas puedan tomar la misma actitud que yo. Lo lamento mucho.