Ex conscripto reconoció el lugar por donde ingresaban detenidos al Regimiento

Por Elena Corvalan

El ex conscripto Héctor Baffa Trasci reconoció  el portón del Distrito Militar por el que el 24 de marzo de 1976 ingresaron a detenidos que fueron alojados y torturados en dependencias del Ejército. Entre esos prisioneros estaban sus padres, los docentes Vicente Baffa Trasci y Lidia Yolanda Barros.

“Acá estaba el portón de alambre donde yo estuve de guardia esa noche y allá detrás, en diagonal, había otra puerta que comunicaba con Caballería”, señaló Baffa Trasci en la segunda inspección a dependencias del Ejército ordenada por el Tribunal Oral en lo Federal de Salta, en el marco del megajuicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en esta ciudad.
Baffa Trasci ingresó al Ejército en febrero de 1976. Tras un corto período de instrucción fue destinado al Distrito Militar Salta, donde cumplía funciones de oficinista. Pero la noche del golpe le ordenaron montar guardia en el portón de entrada del Distrito, que abrió para el ingreso de camiones con detenidos. “Ahí había un portón de caño con alambre tejido, esa es la puerta que yo estaba custodiando cuando entraron los detenidos”, contó ayer. Eran dos camiones Unimog, “donde los prisioneros venían vendados y atados con las manos en la espalda, y sentados” en las cajas de los camiones, en dos hileras. Los acompañaban vehículos civiles sin identificación.

En uno de los camiones iban los padres de Baffa Trasci, por otros soldados supo que los llevaron a unos galpones en Buena Vista, en los fondos del campo, entonces pidió a su jefe que intercediera por ellos. “Estuvieron un día y medio más o menos aquí y después los llevaron a la cárcel de Villa Las Rosas. (En el Ejército) los tuvieron parados contra la pared con los ojos vendados. Toda la noche los tuvieron parados”, junto a otros detenidos, recordó.

La inspección comenzó  por el Pucará de Buena Vista Pucará de Buena Vista, una vivienda que era usada por el segundo jefe del Regimiento 5º de Caballería, que está en el extremo norte del campo del Ejército, y que tiene entrada por Castellanos, por el camino a Lesser.
La comitiva integrada entre otros por la jueza Marta Snopek, el fiscal Ricardo Toranzos, los querellantes Tania Kiriaco y David Leiva, el defensor oficial Federico Petrina siguió por un camino de tierra, por el centro del campo militar, en el que corren dos arroyos y un río, un dato de interés si se tienen en cuenta los testimonios de los ex detenidos Enrique Cobos y Juan Isabel López, que afirman haber sido torturados en un centro clandestino de detención (CCD) que estaba cercano a un curso de agua, en las afueras de la ciudad de Salta.
Los querellantes sospechan que hubo un CCD cerca de Buena Vista. Otro funcionó en los mismos galpones del Ejército, en el fondo de las edificaciones que están sobre la avenida Arenales.

Baffa Trasci reconoció los galpones: eran los mismos que antes habían ocupado los conscriptos de su clase, durante la instrucción, y que dejaron una vez que fueron designados en sus respectivos destinos.
El juicio seguirá el 29 de julio, con los testimonios que restan para finalizar la larga lista de testigos convocados.

Homenaje a 37 años de la Masacre de Palomitas

por Elena Corvalan
 
Los 11 presos políticos asesinados por el terrorismo de Estado el 6 de julio de 1976 serán recordados hoy con un acto en el paraje Palomitas, sobre la ruta nacional 34, el lugar donde se cometió la masacre.
La concentración para concurrir al acto será en la esquina de las calles Yrigoyen  y San Martin, a las 9,30.
Está previsto que el acto comience a las 11, a 2 kilómetros de la estación de peaje Cabeza de Buey, en la ruta 34. Allí se leerá un documento único y las adhesiones que se acerquen. También se leerán cartas de Roberto Oglieti y Rodolfo Usinger, dos de los detenidos en la cárcel de Villa Las Rosas que fueron asesinados el 6 de julio del 76. Luego se presentará una placa homenaje a las víctimas, se interpretará una canción de Ariel Petrocelli y al final cantará el artista oranense Riqui Zarra. A su regreso a esta ciudad los concurrentes al acto se reunirán en un almuerzo comunitario, en el complejo deportivo de Luz y Fuerza.
El homenaje es organizado por organismos de derechos humanos y cuenta con la adhesión de partidos políticos, agrupaciones políticas y gremios.
La Masacre de Palomitas se cometió en plena dictadura cívico-militar. Las 11 víctimas estaban detenidas en la cárcel de Villa Las Rosas, de donde fueron retiradas por miembros del Ejército con la excusa de que iban a ser trasladadas a Córdoba.
Ni bien se cometió este crimen, el Ejército lanzó la versión de que los presos habían muerto en un enfrentamiento provocado por un grupo de guerrilleros que había intentado liberarlos. La versión oficial es coincidente
La primera denuncia sobre el hecho fue realizada por presos políticos en la cárcel de Rawson, por entonces se hablaba de que los fusilados habían sido 16, 11 sacados de la cárcel salteña y 5 de la cárcel de Jujuy.
La Justicia Federal tiene por probado que en Palomitas fueron asesinados María del Carmen Alonso, Evangelina Botta, Pablo Outes, Georgina Droz, Roberto Oglietti, Alberto Savransky, José Povolo, Amaru Luque y su marido, Rodolfo Usinger y Benjamín Ávila y su esposa, Celia Leonard, cuya hermana, Nora Leonard, ex presa política, es uno de los familiares que impulsa la investigación de este hecho.
Los presos de Jujuy que aquella primera denuncia daba por muertos en Palomitas son Jorge Turk Llapur, Dominga Alvarez, María Alicia Ranzoni, Chamiz y Jaime Lara, que continúan en calidad de detenidos desaparecidos, igual que Droz y Botta, cuyos cuerpos nunca aparecieron.
La Justicia dividió la causa penal en tres partes, conocidas como Palomitas I, II y III. Las dos primeras partes cuentan con sentencias: en diciembre de 2010 fueron condenados a prisión perpetua los ex militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil y Hugo Espeche. En diciembre de 2011 fueron condenados a igual pena el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex jefe de Inteligencia de la Policía, Joaquín Guil, mientras que el ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray recibió una condena de 20 años.
Como  parte de las actividades recordatorias de los sucesos de Palomitas se llevó a cabo también, ayer y el jueves, un Encuentro de Archivos de la Memoria, y se realizó una mesa de derechos humanos en la historia, en la Plaza 9 de Julio de esta ciudad. Estas actividades finalizaron con un homenaje.

Ex docente de la UNSa habló de las complicidades con la represión

Por Elena Corvalan

Un ex decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) sostuvo ayer que hubo docentes que fueron “cómplices” de la represión que sufrieron otros trabajadores de esa casa de estudios que fueron asesinados o están desaparecidos.
José María Serra fue el primer testigo de los cuatro (del total de ocho citados) que concurrieron a declarar en la segunda y última jornada de esta semana en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad, por hechos cometidos entre enero de 1975 y marzo de 1978. Las audiencias recién se retomarán el 10 de junio.
Desde Santa Fe, vía videoconferencia, Serra recordó que muchos docentes universitarios “que hoy llamaríamos progresistas” fueron cesanteados ya durante la intervención civil a esa casa de estudios, a cargo de Francisco Villada, que asumió el 6 de diciembre de 1974. “A (Holver) Martínez Borelli (el primer rector) lo reemplazan y entra un contador Villada que estaba más en consonancia con las autoridades educativas nacionales, que evidentemente no era democráticas”, memoró.

Entonces sobrevinieron las primeras cesantías, entre ellas la de Serra. “Sé que los profesores que tenían un perfil crítico comenzaron a ser perseguidos y cesanteados. Eso fue después que se fue Martínez Borelli”, contó el testigo, que aseguró que está vivo porque “fue cesanteado en diciembre de 1974” y se fue a Santa Fe, de donde luego salió del país.
Serra recordó que “había tensiones de tipo ideológico” en la UNSa, que “había personas que ofrecían información totalmente distorsionadas” a los responsables de los organismos a cargo de la represión. Dijo que entre los que no estaban de acuerdo con la gestión de Martínez Borelli había dos sectores: uno que no actuaba como informante de los represores y otro sector que sí lo hacía. “Éramos controlados y vigilados”, afirmó.
Serra habló de las cesantías y de los infiltrados de inteligencia casi sin mencionarlas, pero fue concreto a la hora de asegurar que esas cesantías fueron el paso previo a las detenciones de docentes que luego fueron asesinados en la Masacre de Palomitas, la matanza de 11 presos políticos, entre ellos la docente Georgina Droz.

“Algunos (de los que se quedaron con la intervención de Villada) fueron cesanteados cuando llegó el golpe pero mientras tanto fueron cómplices” de la represión, sostuvo Serra. Aunque rechazó dar nombres, excusándose en su avanzada edad (83 años), su falta de memoria y porque “no quisiera imputar a nadie sobre el que no tuviera seguridad”, el ex decano recordó, que el grupo que se quedó “era el que estaba en torno a (Mario) Casalla”, filósofo que en diciembre de 1974 fue nombrado interventor en Humanidades. Casalla era, dijo el testigo, “seguro de los que en la primera etapa de la intervención de la Universidad fueron bien acogidos. (…) Tenía una relación muy especial con ciertos sectores del poder”.

Martínez Borelli fue el primer rector de la UNSa, fundada en 1972. Había llegado al cargo cuando el Ministerio de Educación de la Nación estaba en manos de Jorge Taiana (p). Tras la muerte de Juan Domingo Perón, los cambios en el gobierno nacional permitieron que en agosto asumiera en Educación el cirujano Oscar Ivanissevich, un nacionalista que dispuso la primera intervención de la Universidad salteña. La segunda fue tras el golpe de Estado.
 
“Ragone me advirtió que me cuidara de Ovalle” 
 
El ex intendente de la ciudad de Salta y cofundador del Partido Peronista Auténtico, Gerardo Bavio, aseguró ayer que el ex gobernador Miguel Ragone le advirtió que se cuidara de Juan Manuel Ovalle, el único civil que está siendo juzgado en este proceso por su presunta responsabilidad en el secuestro  y desaparición de la docente Silvia Aramayo.
Bavio fue intendente de Salta entre el 25 de mayo de 1973 y el 9 de febrero de 1974, durante el gobierno provincial de Ragone. Por entonces los intendentes eran nombrados por los gobernadores.

Ovalle fue nombrado en la Dirección de Personal de la municipalidad, cargo que lo obligaba a tener un contacto muy fluido con el sindicato municipal. Pero duró apenas tres meses. El intendente le pidió la renuncia por “omisión” en sus funciones.
Bavio contó que al principio las relaciones con el sindicato iban muy bien, incluso se había acordado trabajar en conjunto, pero surgió un conflicto un tanto grave, que el ex jefe atribuyó a fallas de Ovalle, “daba la idea de que no había habido un buen desempeño del funcionario municipal”.

El conflicto se superó con la intervención del gobernador. Fue al salir de esa reunión, contó Bavio, que recibió la advertencia de Ragone: “Me dijo: ‘mirá, tratá de cuidarte de Ovalle’”.
Bavio precisó que por aquella época en el peronismo salteño había dos expresiones preponderantes: la tendencia, de izquierda, y el grupo Reconquista, a la derecha. Sin embargo, no pudo precisar en qué lugar se ubicaba Ovalle. Dijo que durante la campaña electoral en pro de la fórmula Ragone-Olivio Ríos, y Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima a nivel nacional, parecía que todos tenían ideas más cercanas a la izquierda, pero que tras la Masacre de Ezeiza, en junio de 1973, comenzaron a notarse diferencias y un sector del peronismo empezó a atacar abiertamente a Ragone. “Entiendo que Ovalle fue corriéndose a la oposición a Ragone”, opinó.

Megajuicio: testigo reconoció la celda donde estuvo, en el Escuadrón 20 de Orán

Por Elena Corvalan
 
Eduardo Fernández Muiños reconoció ayer la celda, en el Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán, donde estuvo alojado tras ser detenido el 24 de marzo de 1976. También reconoció la celda donde vio a empleado municipal y militante comunista René Russo, detenido el mismo 24 de marzo y desaparecido de la cárcel de Villa Las Rosas, a fines de ese año.
Fernández Muiños y Pía Asunción Viltes, que también estuvo detenida en el Escuadrón 20 de Orán, fueron los dos testigos convocados por el Tribunal para la inspección en la sede de Gendarmería en Orán, que empezó mal, porque los gendarmes intentaron impedir el ingreso de los militantes de organismos de derechos humanos, querellantes y periodistas, cuando el entredicho llegaba a incidente, pasadas las 10, llegaron los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, y el fiscal Eduardo Villalba, y a los gendarmes no les quedó más remedio que permitir el acceso de la comitiva.
Los dos testigos ratificaron que estuvieron detenidos en el Escuadrón 20. Fernández Muiños se encaminó las rejas de las celdas, donde no pudo entrar porque estaba ocupado por detenidos a disposición de la Justicia Federal. Pero preguntó a los detenidos si adentro, a la derecha había una celda, le dijeron que sí, afirmó que él estuvo detenido en esa celda y en la de al lado (cuya existencia fue ratificada por los detenidos) estaba René Russo.
El testigo también reconoció un lugar que le recordaba al de la oficina del comandante, Luis Ángel Saboredo, que en 1976 era jefe de inteligencia en el Escuadrón 20 de Orán y ha sido señalado por Fernández Muiños como partícipe del interrogatorio al que fue sometido ni bien fue detenido.
Organismos de derechos humanos expresaron ayer su intención de señalizar el Escuadrón 20 como centro clandestino de detención y torturas.
 
“Soñé con él”
Viltes volvió a reclamar ayer que los responsables de la represión sean condenados en cárcel común “por haber hecho semejante atropello a todo el pueblo”, y pidió “que digan a dónde están, qué hicieron con los cuerpos de los compañeros”.
Viltes era pareja de Raúl Benjamín Osores, quien fue detenido en abril de 1976, en la creencia de que al entregarse aseguraba la libertad de su compañera. Osores pasó luego por el Escuadrón 20 de Orán, luego fue llevado a la cárcel de Villa Las Rosas, en Salta capital, y a fines de diciembre de 1976 fue desaparecido de la Central de Policía, adonde lo habían llevado con la promesa de liberarlo.
Viltes sostuvo los familiares de los desaparecidos siguen pensando en ellos, en los que les pasó. Para ejemplificar, recordó que el ante año pasado soñó con él. “Lo soñé, lo vi nervioso fumando, y lo vi que se iba para la parte de El Préstamo, había dos personas en el sueño y él que se iba encarando para el dique. No sé, capaz que a él también lo llevaron lo tiraron ahí, entonces, cosas así, uno sigue esperando hasta hoy”.
Osores era secretario general del sindicato de obreros rurales que a nivel provincial dirigía Felipe Burgos, también secuestrado y desaparecido. “(Raúl) era una persona muy sensible y muy solidaria, iba a las fincas, él también era obrero rural”, recordó Viltes ayer.

Más inspecciones en la megacausa

 “Era todo monte acá”

Por Elena Corvalan

Con referencias a los cambios producidos en los 38 años trascurridos desde que se cometieron estos hechos, los policías retirados convocados a acompañar las inspecciones ordenadas por el Tribunal Oral de Salta reconocieron las escenas de los crímenes, en El Encón Chico y en el pueblo de Rosario de Lerma. En El Encón Chico, en jurisdicción del municipio de Campo Quijano, fue asesinado, mediante una explosión, el periodista Héctor Luciano Jaime. Había estado desaparecido desde la noche del 12 de febrero de 1975, cuando fue secuestrado a la salida de su trabajo en el diario El Intransigente.

 Sus restos fueron encontrados el 14 de febrero, esparcidos por un explosivo, en un camino vecinal entre fincas que por entonces “era todo monte”, como recordó ayer el policía retirado Inocencio Roberto Medina, que en 1975 intervino como técnico dibujante haciendo el croquis ilustrativo de la ubicación de los restos encontrados en el camino vecinal y en la finca de propiedad de Néstor Alderete. Medina fue convocado ayer, junto a los también policías Ramón Luna, Gregorio Galo Rodríguez y José Carrasco, que no fue. También hizo la recorrida la viuda de Jaime, Irma Rosa Chica. El dibujante, que en su momento fue investigado por tortura durante la dictadura de Onganía, fue el más locuaz y contrastó con la parquedad de Rodríguez.A pesar de los matices, los tres policías coincidieron en el lugar de hallazgo de los restos, en que estaban esparcidos y en que en 1975 ese lugar era un monte. “Yo hice la identificación, pero está cambiado todo aquí. Yo lo veo distinto”, dijo Medina ni bien llegó. La finca de Alderete está ahora parquizada, tiene un cerco alambrado y solo hay árboles nuevos en la línea, enfrente, del lado en que fue explosionado el periodista, donde hay un monolito y dos cruces que lo recuerdan, crece un emprendimiento turístico: por ahora la tierra está rasa, sin verde y con un alambrado perimetral que separa del camino. Chica, que fue a ver el lugar una semana después del hallazgo, coincidió en que era un monte. Solo permanecía en su lugar, una vieja casa, a unos 80 metros del lugar de la explosión.

 Los policías dijeron que ya en 1975 estaba desocupada. Durante el recorrido Medina insistió en que fue acompañado por la perita Marta Tabarcachi, algo que ha desmentido Carrasco y por lo cual se ha pedido un careo entre ambos.  “No asustan” Anselmo Salomón Guaymás, nacido y criado en Rosario de Lerma, recibió ayer en su casa del barrio Villa Mercedes, casi al final del pueblo, la visita de los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, el fiscal Ricardo Toranzos, los abogados querellantes Tania Kiriaco y Gastón Casabella, familiares, empleados judiciales y miembros de Gendarmería.Hace 30 años Guaymás compró esta casa a Silverio Posadas, quien se la había comprado a la familia Estopiñán. Ahí, cuando era solo tenía dos piezas y un patio con yuyos, fueron asesinados los jóvenes militantes Alfredo Mattioli, Marcos Estopiñán, Liendro Estopiñán y Ricardo Tapia. Los policías retirados Ramón Luna y Rodríguez, que entonces trabajaban en Bomberos, reconocieron el lugar como la casa de donde fueron a buscar explosivos en abril de 1975. “Yo ni sabía (de la matanza) cuando compré la casa. Los vecinos me preguntaban si no asustaban a la noche”, contó Guaymás.  Por los homicidios de Jaime y Mattioli, los hermanos Estopiñán y Tapia están acusados el ex comisario Joaquín Guil y el ex jefe de Policía, Miguel Gentil. Se sospecha que policías de la provincia y de la Federal integraban el brazo ejecutor de la Triple (Alianza Anticomunista Argentina) en Salta, y que estos crímenes fueron cometidos por ellos.

Testigos visitaron el lugar donde fue dejado el cuerpo de Risso Patrón

Por Elena Corvalan

El finquero Rodolfo Saravia Toledo y el policía integrante de Bomberos Nicolás Ernesto Vélez señalaron ayer el lugar donde fue dejado el cuerpo del ex diputado provincial Luis Eduardo Risso Patrón, al pie del monumento a San Martín, en la plaza homónima de la ciudad de San José de Metán, donde residía el docente y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) hasta que la represión y persecución a la que fue sometido lo obligaron a permanecer clandestino y buscar trabajo en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco.

Saravia Toledo y Vélez fueron convocados por el Tribunal Oral en lo Federal de Salta para realizar una inspección ocular en la plaza metanense, que ayer se vio invadida por los visitantes miembros del Poder Judicial Federal y por los periodistas locales, que dieron cobertura al trámite.
Los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas acompañaron al fiscal Ricardo Toranzos y a los secretarios. También siguieron las alternativas de la diligencia la militante de derechos humanos Nora Leonard y la ex rectora de la Universidad Nacional de Salta, Stella Bianchi.
A pesar de que la plaza fue remodelada en loso 35 años transcurridos desde que se cometiera este crimen, a mediados de 1976, Saravia Toledo y Vélez ubicaron el lugar donde se encontraba el monumento a San Martín en ese año, y que ahora está con baldosas.

Saravia Toledo recordó que vio el cuerpo a eso de las 4,30 del 12 de julio de 1976, cuando iba camino a su finca, en compañía de Ángel Hilario Retuerta. Contó que Risso Patrón estaba tirado al pie del monumento, con un brazo cubriéndole la cara como si hubiera tenido un reflejo defensivo, y que cerca había una caja con una calavera y tenía la leyenda “peligro explosivo”. Testigos que han declarado en este proceso, en relación al asesinato de Risso Patrón, sostienen que al dejar su cuerpo en la plaza principal se intentaba dar un mensaje aleccionador a la población metanense. En igual sentido habría operado la caja con la leyenda “explosivo”, aunque solo tenía material inútil para producir una explosión.

Risso Patrón fue secuestrado en Presidencia Roque Sáenz Peña por un grupo de tareas que antes había secuestrado a su hijo de 15 años para obligarlo a entregarse. Luego el ex diputado fue visto en centros clandestinos de detención de Santiago del Estero y Tucumán.
Hoy el Tribunal tiene previsto inspeccionar el paraje El Gallinato, en la zona de La Caldera, donde fueron asesinados (sometidos a explosión) un número indeterminado de secuestrados por razones políticas, entre ellos, Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y Héctor Domingo Gamboa, cuyas desapariciones se investigan en este proceso.

Comisario dijo que Ríos Ereñú era el responsable de la represión en el norte

Por Elena Corvalan

Un comisario que al principio trató de mostrarse como desorientado, afirmó ayer que el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, fue el máximo responsable de la represión en el norte provincial.
El comisario retirado Humberto Vicente González, que en 1976 era jefe interino de la IV Zona, en Tartagal, sostuvo que la Policía de la provincia estaba bajo el mando del Regimiento de Infantería de Monte 28 y que él debía informar directamente Ríos Ereñú, personalmente o por teléfono, sobre los hechos graves vinculados a la subversión. Para tratar de hacer caer su testimonio el defensor Martín Bomba Royo pidió que el testigo fuera sometido a un peritaje médico, que fuera careado con el general retirado y que se lo investigue por falso testimonio.
El peritaje no fue consentido por el Tribunal Oral en lo Federal Criminal debido a que ya existe un informe médico, del 10 de enero pasado, que sostiene que González está “lúcido y orientado”. En cambio, el careo se realizó ayer mismo, pero el testigo se mantuvo en sus dichos, y Ríos Ereñú (el único de los 17 acusados que viene declarando) en los suyos.
El testimonio de González comenzó mal. De entrada, el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, no se dejó enternecer por el aspecto de desvalido que presentaba el testigo, llevado ante los jueces en silla de ruedas por el equipo de Sanidad de Gendarmería Nacional. “¿Por qué no vino antes a declarar?”, lo recibió refiriéndose a las seis citaciones que el testigo esquivó. Balbuceando, el comisario dijo que se sentía mal, que es diabético. 
Ni bien el fiscal Ricardo Toranzos comenzó el interrogatorio, González mostró su estrategia inicial: casi no había consulta que no recibiera como respuesta el consabido “no recuerdo”. Sólo que el comisario le añadió el toque de exhibirse desorientado: llegó a decir que se retiró en el 63, a los 25 años de edad. Recién comenzó a reaccionar cuando el presidente del Tribunal lo reconvino: “trate de tener un poquito de memoria”, y el fiscal le explicó que estaba ahí como testigo y no como acusado.
“El jefe del Regimiento era el que mandaba en esa zona”, afirmó cuando comenzaron a consultarlo sobre su intervención en el procedimiento para levantar los restos del militante peronista Jorge René Santillán, secuestrado y asesinado el 10 de agosto de 1976. González aseguró que cuando el militar, que entonces era teniente coronel, se hizo cargo del Regimiento (según Ríos Ereñú, el 16 de enero de 1976, aunque asumió el 9 de diciembre de 1975), fue a la Comisaría y le indicó que notificarle sobre cualquier hecho grave que estuviera vinculado a la subversión.
González también recordó al teniente primero Luis Arnaldo Bruno. Contó que el “personal de la Comisaría iba al Regimiento y el teniente primero era el que daba el orden cerrado” y que esta subordinación de la Policía al Ejército “fue dispuesta por Ríos Ereñú”.
En el expediente consta que en el procedimiento por el homicidio de Santillán estuvieron un grupo de policías, y González, que llegó acompañado por Bruno. Ayer el comisario insistió en que fueron por separado, pero reconoció que le avisó al teniente, quien como especialista levantó explosivos del lugar del hecho y, además, hasta tuvo la dirección del operativo.
Al final lo confrontaron, vía videoconferencia, con Ríos Ereñú. Cada uno se mantuvo en sus dichos.

Los blancos de la represión

El dirigente Armando Jaime sostuvo ayer que la represión en Salta “estaba más focalizada” en los militantes del Frente Revolucionario Peronista (FRP, más conocido como la Tendencia Revolucionaria), en los integrantes del sindicalismo combativo y en los que adherían a la lista Verde, del ex gobernador Miguel Ragone.
Jaime hizo esta afirmación luego de hacer un repaso por militantes que fueron secuestrados y desaparecidos o asesinados y cuya suerte es investigada en este proceso.
El testigo, que fue miembro fundador y la máxima autoridad del FRP en Salta, sostuvo que todos los integrantes de este movimiento fueron asesinados o perseguidos. De hecho, afirmó que militaban en el FRP las hermanas Berta y Francisca “Elsa” Torres, Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Alfredo Mattioli, Marcos y Liendro Estopiñán, Ricardo Tapia, todos desaparecidos o asesinados en el marco del plan sistemático de desaparición de personas.
Armando Jaime, que es primo del periodista Luciano Jaime, destacó que todos ellos apoyaban también a la Lista Verde. E incluso, las hermanas Torres ocuparon cargos durante la gestión de Ragone, igual que Luciano Jaime, que fue secretario del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta.
Sobre Mattioli, los hermanos Estopiñán y Tapia, Armando Jaime negó que estuvieran en la lucha armada. Sostuvo que estaban viviendo en una casa en Rosario de Lerma, donde fueron asesinados por miembros de la Policía de Salta el 14 de febrero de 1975, porque estaban realizando un trabajo de reivindicación de los derechos de los trabajadores rurales.

El bueno

El sindicalista Mario Amelunge Vargas trajo ayer el recuerdo de los roles que, se dice, suelen cumplir a veces los miembros de fuerzas de seguridad que pretenden obtener información de detenidos: el del policía bueno y el malo.
El rol de malo, en el relato del ex dirigente de la CGT Salta, lo cumplieron los miembros del Ejército que lo detuvieron, lo esposaron y vendaron y lo arrojaron en un galpón del cuartel donde lo interrogaron y torturaron por 10 días al menos, preguntándole sobre unas armas, y luego lo sometieron a un Tribunal Militar acusándolo de tener armas de guerra. El papel del bueno lo cumplió, contó el testigo, el capellán del Ejército Normando Requena, ya fallecido.
Amelunge Cargas contó que del cuartel fue llevado a la cárcel de Villa Las Rosas, de donde lo traían de vuelta al Ejército para ser sometido al juicio ante el Tribunal Militar, al que calificó como “una parodia”. Una noche lo llevaron antes y “un oficial joven me dice: ‘Usted va a ser fusilado a las 5 de la mañana. Ahí tiene papel y lápiz, escriba a su familia’. Después viene el capellán, el cura Requena y me dice: ‘Hijo, dónde están las armas, te van a fusilar si no decís dónde están las armas’”. Tras varios intentos del sacerdote, cerca del amanecer fue sometido a dos simulacros de fusilamiento.