El empresario Marcos Levin a 12 años de prisión como partícipe del secuestro y tormentos

Una condena a la pata civil de la dictadura

Fue el primer juicio que entiende que hubo intervención empresaria para deshacerse de delegados y trabajadores combativos y disciplinar a los operarios. También fueron condenados tres policías de la comisaría 4ª de Salta.

  Por Alejandra Dandan

Víctor Cobos no logró ver la cara de Marcos Levín porque lo tapaba una columna. Estuvo todo el día nervioso. Casi a las cinco de la tarde, los integrantes del Tribunal Oral Federal de Salta finalmente leyeron la sentencia que él esperó durante casi 40 años. Los jueces condenaron por mayoría al propietario de La Veloz del Norte y a dos ex policías a 12 años de prisión por participar del secuestro y tormentos contra Cobos. La condena también alcanzó a un auxiliar de la policía a la pena de 8 años de prisión. Esta es la primera vez que la justicia argentina analiza la responsabilidad empresaria en el contexto del terrorismo de Estado: el primer juicio que entiende que hubo intervención empresaria para deshacerse de delegados y trabajadores combativos y disciplinar a los operarios. Cobos era trabajador de la Veloz y delegado gremial de la UTA. Al escuchar la sentencia agradeció exultante la “justeza y honorabilidad” de los magistrados. “Pero también –dijo a Página/12– éste es el puntapié inicial, es como que se ha movido la pelota: ahora vamos a avanzar en todas las causas en lo que representa la responsabilidad civil, esto le he dicho a los compañeros, para que se haga justicia con semejantes empresarios muy poderosos que mucha gente y hasta los propios gobiernos, les tienen miedo.”

Terminó de esta manera en Salta el juicio oral que comenzó en el mes de septiembre después de innumerables cantidad de trabas y pedidos de nulidad de las defensas. Para cada uno de los actores de la acusación, acaba de concluir un juicio histórico. No sólo por lo que la sentencia representa para la provincia, sino por lo que significa para las investigaciones pendientes en todo el país.

Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila fueron los dos fiscales del juicio. En diálogo con este diario marcaron un antes y un después de la sentencia. “El fallo sienta un precedente histórico –dijeron– porque a partir de ahora se entiende que hubo una intervención de los empresarios en las prácticas del terrorismo de Estado.” En ese mismo sentido se expresó David Leiva, incansable querellante de esta causa: “Estoy re-contento”, dijo apenas escuchó la sentencia. “Hubo diferencias en cuanto a la pena, pero los jueces entendieron que Levín hizo aportes para que se comenten los crímenes: aportó nombres, vehículos, supervisó a la policía y hasta que lo reconocieron en la comisaría. Yo me quedé a escuchar toda la sentencia, mirando las caras, porque estamos materializando la concreción de lo que fue la dictadura cívicomilitar, con la complicidad de los empresarios, que son los que recibieron los beneficios durante la dictadura, tuvieron esa enorme transferencia que hizo el Estado, la derogación de las leyes laborales que sufrieron los trabajadores con la clausura del derecho de huelga y hasta la estatización de parte de la deuda privada”.

En términos de números, la condena fue menor a la que pidieron fiscales y querellas. La fiscalía había solicitado 18 años para Levín y la querella 20. Aún así, nadie objetó el monto de la pena y quienes intervienen en estas causas señalan que es “muy elevada”.

La sentencia salió con los votos de los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Federico Santiago Díaz y la disidencia de Gabriel Casas, que se pronunció por una condena a tres años de prisión en suspenso.

Además de Levín, el TOF condenó a Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, por entonces comisario y subcomisario de la Comisaría 4ª de Salta, donde fue trasladado Cobos junto a otra docena de trabajadores que aún no están en juicio y que hoy fue señalado como centro clandestino de detención. También condenaron a Enrique Víctor Cardozo que era auxiliar de la comisaría.

Levín no es el primer empresario condenado por juicios de lesa humanidad, sin embargo sí es el primero que es juzgado como co-responsable del aparato represivo. En 2012 fueron condenados los hermanos Emilio y Julio Méndez en Tandil, pero, en ese caso, los juzgaron por el aporte puntual de una quinta que sirvió como lugar de detención ilegal donde estuvo recluido el abogado laboralista Carlos Moreno. Este caso es diferente, como señala la abogada del CELS Luz Palmas Zaldúa: “Acá se analizó el crimen de lesa humanidad con todas las características del empresario que aporta para deshacerse de los delegados gremiales y para generar el disciplinamiento de los trabajadores”.

El secuestro

Víctor Cobos estuvo secuestrado entre diciembre de 1976 y enero de 1977. Era empleado de la Veloz del Norte y delegado de la UTA. Levín había iniciado una causa por una supuesta estafa contra los trabajadores con la que intentó revestir de legalidad los procedimientos ilegales. Además de Cobos, fueron secuestrados y torturados más de una docena de trabajadores que no formaron parte de este juicio porque distintas instancias judiciales dieron sus casos por prescritos, una decisión que aún debe resolver la Corte Suprema. Cobos es el único caso que llegó a instancia oral y sobre el cual se hizo el juicio. Durante el correr del debate, querellas y fiscales señalaron que el objetivo central de la persecución y de la represión sufrida por todos los trabajadores de la empresa tuvo efectivamente por objeto el disciplinamiento. Luego de la reconstrucción del contexto histórico, y en línea con los análisis que intentan hacerse en otras causas del país, la fiscalía planteó que la escalada en los conflictos patronales-sindicales ocurridos entre 1975 y 1976, fue “el antecedente inmediato” de los secuestros y señaló que la represalia buscó generar un “efecto disciplinador y ejemplificador” sobre el conjunto de los trabajadores de la empresa. Sobre el caso particular de Cobos, lo describieron en sus múltiples dimensiones: como trabajador y delegado gremial y señalaron además la persecución a su grupo familiar y el vínculo con otros trabajadores perseguidos.

Los fundamentos de la sentencia se van a conocer el 23 de mayo. Acusación y querellas esperan ese día para entender las razones del monto de la pena, pero también el tipo de análisis que hicieron los jueces sobre el contexto histórico y la relación mundo sindical, empresa y represión. Ese análisis puede impulsar no sólo la investigación por el resto de los trabajadores de la Veloz, sino el camino para las investigaciones en curso y aquellas que aún están pendientes.

“Hay que esperar la sentencia para ver cómo los jueces entendieron el contexto porque eso va a permitir entender cómo miran lo que sucedió con los otros trabajadores –dice el fiscal Sivila–. De momento sobre ese punto no dijeron nada y está bien porque sería pre-juzgamiento. Hoy nos parece muy positivo la condena y también que hayan declarado que se trató de un crimen de lesa humanidad. Ahora es importante ver la argumentación que hicieron porque uno de los aspectos centrales que tuvimos en cuenta como fiscalía fue el análisis de los patrones de este caso en comparación con otros que se dieron en otros lugares del país.”

Uno de los elementos centrales de este juicio fue la reconstrucción abrumadora de aportes que hizo Levín para la materialización de los secuestros. Esos aportes incluyeron información de inteligencia; diagramas de servicios, domicilios, datos sobre la actividad gremial, listas de trabajadores a ser detenidos, vehículos, personal, estructura física pero también la “acción psicológica” por “crear las condiciones sociales favorables para el accionar represivo con la publicación a través de la Federación de Empresarios Salteños de Transporte y de las solicitadas publicadas en los medios de prensa, de un pedido público para que se aplicara la ley antisubversiva e intervinieran los militares y las fuerzas de seguridad (ver aparte)”.

Esta fue la aproximación que se hizo mientras el Ministerio de Justicia, el Cels y Flacso concluían el Informe sobre Responsabilidad Empresaria Durante el Terrorismo de Estado que también sistematizó lógicas, patrones y prácticas. De los 19 patrones de conducta que recogió el Informe en los 25 casos que se analizaron, la Veloz reunía una importante mayoría de indicadores. Es en ese universo donde también puede impactar la sentencia. “A partir del relevamiento de casos que hizo Cels y otros organismos el año pasado donde quedaron delineados una serie de patrones de conducta –dicen los fiscales– vimos que este caso reunía una importante mayoría de esos indicadores. Hay que ver si el TOF toma esa argumentación y en ese sentido va a ser positivo para analizar analogías con otras formas de intervención de empresarios en otros casos”.

La sentencia se escuchó en el Juzgado Federal de Salta. Afuera, los organismos de derechos humanos llegados desde las provincias del noroeste montaron un escenario para esperar el fallo. La bandera de los obreros de las empresas reprimidas durante la dictadura logró posarse sobre el escenario. Un parlante quedó montado afuera para escuchar la sentencia. Cuando el TOF leyó la condena a Levín, en la calle se escuchó como el “Como a los nazis les va a pasar”.

“Hoy mi hermano puede estar en paz porque uno de sus asesinos está sentenciado a doce años”, dijo Cobos sobre el escenario. Habló así de uno de sus hermanos perseguido en un Falcon celeste de la Veloz por el comisario Bocos. “Esto es muy emocionante, estuvimos cuarenta años esperando esta Justicia. Desde 1984 vengo denunciando esto, hoy hemos llegado a la etapa final. Agradezco a los jueces una sentencia de estas características. Y a todos. Vengo de recorrer otros lugares y en Salta se ha dado la misma modalidad que en todas partes, con la diferencia de que Levín directamente me puso el ojo a mí y a los demás activistas”.

Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad del Ministerio Público, señalo que “en el marco de la conmemoración de los 40 años es muy importante la sentencia y una vez más probar la responsabilidad civil que tuvieron algunas personas en el golpe, la complicidad de los civiles en la comisión de estos delitos”.

Luz Palmas Zaldúa, desde el Cels, consideró que la sentencia era “importante como prueba para analizar la responsabilidad en otros crímenes de lesa humanidad de otros trabajadores de la empresa”. “También –agregó– es muy importante que un tribunal analice el contexto social y político. Aunque debemos esperar los fundamentos, se pudo probar que claramente hubo un sector de empresario que estuvo ligado a los crímenes de lesa humanidad en la persecución de sus trabajadores. Es auspicioso para pensar nuevas investigaciones judiciales porque de algún modo abre el camino de que lo que planteamos históricamente y lo que se está planteando en muchas investigaciones judiciales, más allá de lo individual de cada caso permite visualizar y pensar que es posible obtener resoluciones judiciales condenatorias hacia un sector del empresariado vinculado a los crímenes de lesa humanidad.”

Levín fue dueño de la Veloz del Norte desde su fundación en 1942. Según recuerda el informe sobre Responsabilidad empresaria, vendió 50 por ciento de su capital accionario en septiembre de 2012 a Luis Derudder, dueño de Flecha Bus. En enero de ese año, este diario había hecho público su pedido de indagatoria por crímenes de lesa humanidad.

Las “contribuciones” de Levín

Un emergente clave del alegato de los fiscales en la causa fue la reconstrucción de los “aportes” realizados por el empresario, a partir de datos recogidos a lo largo de la investigación. En ese sentido, mostraron que Levín:

Aportó acción psicológica: es decir creó las condiciones sociales favorables para el accionar represivo. En ese punto, recordaron que, a través de la Federación de Empresarios Salteños de Transporte y de las solicitadas publicadas en los medios de prensa, realizó un pedido público para que se aplicara la ley antisubversiva e intervinieran los militares y las fuerzas de seguridad.

Aportó información de inteligencia sobre los trabajadores. Aquí cuentan: los diagramas de servicio que permitieron conocer los lugares donde detener a los trabajadores y el aporte de los domicilios y datos sobre la actividad gremial. Esto se hizo, explicaron, a través de la colaboración de otras personas, como el entonces subcomisario Bocos, que a la vez cumplía funciones de seguridad dentro de la empresa.

Aportó listas de trabajadores que debían ser detenidos y torturados.

Aportó la denuncia contra los trabajadores para que se desencadenaran los operativos.

Aportó vehículos de línea y automóviles particulares de la empresa que se usaron para los secuestros y traslados.

Aportó personal dependiente de la empresa para los traslados de los detenidos que estaban en Tucumán y la persecución desplegada al interior de la empresa contra los trabajadores más combativos.

Aportó instalaciones de la empresa para que se produjeran los secuestros.

Aportó recursos económicos y dádivas al personal policial para que reprimiera a los trabajadores.

“Levín fue el autor intelectual de la persecución a gremialistas”

El testigo Juan Manuel Crespo aseguró ayer que Marcos Jacobo Levín, dueño de la empresa La Veloz del Norte, fue “el intelectual” que estuvo detrás de la persecución a los gremialistas en la década del 70. Dijo que desde principios de la década del 70 existía un grupo de “comisarios trasnochados” que perseguían a los trabajadores a cambio de recompensas de parte de los empresarios.

Por Elena Corvalan

Crespo trabajaba en la empresa de transporte urbano de pasajeros 20 de Febrero. En 1973 ayudó a organizar los cuerpos de delegados gremiales y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), donde conoció a Víctor Manuel Cobos, que era delegado gremial de La Veloz del Norte e integraba también la conducción de la UTA.

A Levín se le imputa haber instigado la detención ilegal y las torturas a Cobos en enero de 1977. Por este hecho están siendo juzgados también los policías retirados Víctor Hugo Bocos, Enrique Cardozo y Víctor Hugo Almirón.

Crespo, que sorprendió presentándose como amigo del subcomisario Bocos, recordó que tras la organización gremial los trabajadores comenzaron a reclamar pagos por el corte de boletos y las horas extras adeudadas, además de otras mejoras laborales; algunos empresarios debían tanto que saldaron sus cuentas entregando empresas pequeñas a los trabajadores.

Como era de esperar, la patronal reaccionó: “Nos perseguían, nos hacían meter presos (…). Ellos tenían esos comisarios (a los) que les gustaba hacer desaparecer gente; se ponían a disposición de los empresarios” a cambio de pasajes para sus familias, “y hasta para las muchachas”, y pagos de horas extras. Entre estos funcionarios policiales mencionó a Mario Pachao, de la Comisaría 2°, ya condenado por hechos de terrorismo de Estado. Fue por esos años que conoció a Bocos, de quien dijo que reconoció ante él que le encantaba torturar y aplicar “la picana moderada”.

Sobre Levín añadió que al principio “casi no aparecía” en la negociación con los trabajadores: “lo hacía aparecer a Ale”,de la empresa Ale Hermanos. En el mismo sentido aseguró que las chicas que querían trabajar como azafatas en La Veloz sabían que tenían que someterse a abusos del empresario. “(A Levín) le gustó siempre comprar, pagar, hacer callar”,concluyó.

Antes otro ex empleado de La Veloz, Aurelio Rada, contó que en enero de 1977 fue detenido y conducido a la Comisaría 4° en el automóvil Ford Falcon celeste de la empresa, en el que también fue llevado detenido el trabajador Oscar Núñez. En la sede policial, mientras Rada era sometido a una sesión de picana, alguien consultó sobre la identidad de la víctima y cuando supo quién era mandó parar: “Noo, dice Marcos que ese no tiene nada que ver”. Para el testigo, no hay duda de que el tal Marcos era Marcos Levín.

A la noche, cuando fue liberado, Rada se encontró en la puerta de la Comisaría con el jefe de personal de La Veloz, José Grueso. Tres días después fue convocado a una reunión con este ejecutivo, Levín y el hermano del empresario: “¡Sos un hijo de puta! ¡Vos sabés todo y no querés largar nada!”, lo insultó el empresario. Rada se defendió y volvió al trabajo. Poco tiempo después abandonó la empresa, aunque ayer dijo que no fue por temor.

La sentencia será recién en 2016

Contrariamente a lo que se esperaba, la sentencia en el juicio a Marcos Levín se conocerá recién a finales de febrero de 2016. Así lo confirmó ayer el presidente del Tribunal, Federico Díaz, ante una consulta del querellante David Leiva.

La novedad causó desazón en los querellantes y militantes de derechos humanos que siguen el debate cada lunes. Es que cuando se inició este debate, en agosto pasado, se había estimado que el fallo se iba a conocer antes del fin de este año. Las partes seguían confiadas en esa previsión, pero ayer la secretaria Denise Blajen Bent informó que la audiencia continuará el 23 de este mes y que el 21 de diciembre se hará una diligencia en el domicilio de una testigo, que por razones de salud no puede asistir a la sala de audiencias. Un tanto incrédulo, el querellante Martín Avila pidió que se revea esta fecha porque no se entendía la demora: “Hay un calendario”, le respondió el presidente del Tribunal y, tras la pregunta de Leiva, admitió que los alegatos se pronunciarían en febrero venidero.

Otra vez a juicio oral : Ríos Ereñu, por la represión en Salta

Ríos Ereñu, por la represión en SaltaOtra vez a juicio oral

El ex comandante del Ejército en el gobierno de Alfonsín vuelve al tribunal por los casos de 24 secuestrados y torturados, de los cuales 19 fueron asesinados cuando era comandante en Tartagal.

El general retirado Héctor Ríos Ereñú, comandante en jefe del Ejército durante la presidencia de Raúl Alfonsín, afrontará a partir de mañana en Salta su segundo juicio oral y público por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. En el proceso, el noveno por crímenes de lesa humanidad en Salta, se juzgarán los casos de 24 víctimas de secuestros y torturas, de las cuales 19 fueron asesinadas o se encuentran desaparecidas. Ríos Ereñú, que se desempeñó como jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 en Tartagal durante los años del terrorismo de Estado, y que ya fue condenado a prisión perpetua en 2013, compartirá el banquillo de los acusados con otros seis represores, incluidos militares, gendarmes y policías.

“Será un proceso largo, de entre seis o siete meses teniendo en cuenta la cantidad de causas que se evaluarán y la cantidad de testigos que están programados, que son más de 200”, explicó a la agencia Télam el abogado Martín Avila, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Vamos a analizar la causa UNSa II y otras, con desaparecidos principalmente de Orán”, explicó el letrado, que también es querellante en el juicio oral que tiene entre los acusados al empresario salteño Marcos Levín, dueño de la empresa La Veloz del Norte.

El proceso, que comenzará a las 15 según informó el tribunal, es el producto de la acumulación de seis expedientes. Entre los acusados, además de Ríos Ereñú –que el 19 de octubre celebrará sus 85 años–, estarán los ex jefes policiales Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, y el ex jefe de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil. A ellos se suman el comandante principal retirado de Gendarmería, Diego Varas, que era jefe del Escuadrón 20 de Orán, el inspector mayor retirado de la policía, Arturo Madrigal, que tuvo a su cargo la comisaría de la localidad de Embarcación, y el ex gendarme Mario Patané. Entre los acusados estaba el jefe de la guarnición militar Salta durante la dictadura, Carlos Mulhall, quien falleció en noviembre mientras cumplía en su casa condenas por el homicidio del ex gobernador Miguel Ragone y por la Masacre de Palomitas, entre otros crímenes.

Durante el juicio, según el requerimiento de elevación del fiscal federal Eduardo Villalba, se tratarán privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios calificados contra militantes políticos, docentes y estudiantes del norte de Salta. La Secretaría de Derechos Humanos del tribunal oral informó que su integración original, conformada por Marta Snopek, Marcelo Juárez Almaraz y Federico Díaz, se modificó luego de que Snopek aceptara un pedido de excusación, por lo que sería reemplazada por el juez Gabriel Casas. El cuarto magistrado, para el caso de que se genere una vacante durante le proceso, será Carlos Jiménez Montilla. Los representantes del Ministerio Público serán los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivi

Piden que se fije fecha para juzgar al empresario Marcos Levin por delitos de lesa humanidad

Para que los civiles tengan prioridad

El dueño de la empresa La Veloz del Norte está procesado en Salta por “instigación de imposición de tormentos”.

 Por Alejandra Dandan

El próximo 5 de octubre va a comenzar en Salta un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad que nuclea a cuatro causas, entre las que están las víctimas del norte de esa provincia. Sin embargo, el dato que preocupa a un grupo de familiares, víctimas y querellas es que el Tribunal Oral Federal no incluyó en el debate el esperado juicio al empresario Marcos Levin, dueño de la Veloz del Norte, procesado por “instigación de imposición de tormentos” sobre Víctor Cobos, entonces trabajador de la empresa. El caso espera el comienzo del debate desde que fue elevado en marzo del año pasado. La familia de Cobos se reunió la semana pasada con integrantes del TOF de Salta para manifestar la preocupación por esta demora: piden a los jueces que impulsen “de modo urgente” el comienzo de este juicio antes del debate de octubre o en forma simultanea. Se estima que puede ser breve por la cantidad de víctimas, represores y testigos.

“Le planteamos a uno de los integrantes del tribunal la urgencia de que se inicie este debate”, dice a Página/12 Cristina Cobos. “Mi hermano Víctor estuvo varias veces amenazado en este tiempo que duró la instrucción. Ha quedado solo en la causa, él y cuatro imputados, porque el resto de las víctimas fueron separadas. Es una necesidad que se termine este juicio por la seguridad de mi hermano.”

Esta misma línea es la que sostienen los fiscales y la querella para insistir sobre la urgencia del debate. Pero además, los querellantes sostienen que es un juicio que técnicamente resulta sencillo. “A fuerza de ser sincero, las causas que van a comenzar a ser juzgadas en octubre se habían elevado antes que el caso Levin –señala el abogado y querellante David Leiva–. Pero el debate por la causa Levin será corto y se podría hacer en paralelo o podría agregarse al mismo debate como se ha hecho en otras provincias: aunque no son los mismos imputados, los expedientes tienen conexión porque los represores pertenecen a la misma área.”

La causa Levin fue el primer expediente que avanzó sobre la responsabilidad empresaria de los crímenes de la dictadura. El expediente original contenía una denuncia más amplia, por el secuestro de 15 trabajadores, entre ellos Víctor Cobos, delegado y representante de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), parte de una familia asediada y devastada por el terrorismo de Estado. Tanto él como los otros trabajadores fueron trasladados a la comisaría cuarta de Salta y sometidos a tormentos en enero de 1977. Desde el primer momento, la Justicia dio por válida la imputación contra Levin, pero no sobre resto de los trabajadores y dividió la causa en dos partes. En aquel tiempo, la empresa había denunciado a los trabajadores por una supuesta estafa que sirvió de gatillo para las acciones ilegales. Hasta ahora, las distintas instancias judiciales aceptaron los tormentos contra todos pero consideraron que la persecución sólo fue sobre Cobos. Por esa razón, situaron al resto de los delitos como “delitos comunes” y por lo tanto, los dieron por prescriptos. Eso fue múltiples veces apelado por la acusación y ahora espera una decisión de la Corte. A Salta volvió sólo el expediente por Cobos, que está concluido y a la espera del juicio oral.

Además del empresario, hay tres policías acusados: Enrique Víctor Cardozo, Víctor Almirón y Víctor Hugo Bocos. Cardozo era el jefe de la comisaría. Almirón y Bocos están acusados como autores materiales. Bocos era el mas conocido entre los trabajadores, subjefe de la Comisaría cuarta, pero a la vez empleado de Levin. Para la familia está claro que no es lo mismo una juicio sólo por un hecho bajo la figura de “instigación”, que por quince que dan cuenta del contexto y de lo sistemático. Sin embargo, eso ahora no es lo importante.

“Levin es dueño de la Veloz del Norte, no sé si ahora todavía, pero por lo menos lo era en ese momento –sigue Cristina–. Tenía como empleado al subcomisario Víctor Hugo Bocos, que era su guardaespaldas directo. Esa persona perseguía y marcaba a los trabajadores que es lo que hizo con mi hermano. Empleados que estorbaban porque él era delegado de la UTA. Bocos era el que tenía contacto directo con ellos. Las personas que como mi hermano les molestaba, los apretaba a tal punto que lo detuvo en diciembre de 1976, lo hizo torturar, lo tuvo en la comisaria y no a él sólo, sino a todos los eran allegados a mi hermano, que pertenecían o eran socios (del sindicato)”. Entre ellos hay algunos empleados de Tucumán que fueron llevados hasta Salta ya secuestrados. “Además hay pruebas y testimonios de que Levin iba a la Comisaría –dice Cristina–. Alguien lo vio. Lo vieron.”

La idea del juicio “corto” es uno de los argumentos acentuados para impulsar el comienzo. Un sólo “hecho”, cuatro imputados y unos 25 testigos. Las partes calculan unas tres semanas de debate. Y trámites para constituir la prueba, de una semana. En ese contexto, proponen los cambios.

Pero los problemas del TOF no terminan ahí. Según las respuestas que les dieron a los familiares, además de los tiempos, tendrían problemas de jueces. El Tribunal quedó integrado para octubre por tres jueces, uno de ellos es Mario Juarez Almaraz, que no podría estar en el juicio a Levin porque se inhibió para actuar en el debate. Sin embargo, la fiscalía recuerda ante una consulta de este diario que Casación nombró hace tiempo a Gabriel Casas, de Jujuy. para reemplazarlo en esta causa.

Un dato importante es el ritmo de juicios del tribunal. El TOF de Salta suele hacer una o dos audiencias por semana. El juicio de octubre tiene previsto la declaración de no menos de 120 testigos. La fiscalía calcula un debate de un año o que se extenderá por lo menos hasta comienzos del año próximo. “Nosotros pedimos una pronta resolución para que fijen fecha por el caso Levin y nos respondieron sacando fecha de las causas del norte”, dice Leiva. “Lo que vemos es que pareciera ser que no quiere avanzar con las responsabilidad a los civiles. Hay dos causas demoradas en Salta: el ex juez Ricardo Lona que está trancada (con procesamientos apelados) y ésta. El Tribunal está siendo remiso para fijar fecha de debate y decretar la prueba ofrecida y ahí vemos que los tribunales, aun cuando no lo quieren, están haciendo el juego a la impunidad.”

Una segunda causa por Ragone, ex gobernador de Salta

La segunda causa abierta por el secuestro, la desaparición y el asesinato del ex gobernador Miguel Ragone quedó habilitada ayer, en el marco de una nueva audiencia del juicio oral y público que por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 18 víctimas se desarrolla en Salta desde el 2 de diciembre.

La audiencia comenzó pasadas las 16 en los tribunales federales de Salta, y finalmente se pudo leer la requisitoria fiscal de elevación a juicio de esta causa, que venía postergada desde el inicio del proceso, primero por razones formales y de plazos, y luego por la falta de defensor oficial de uno de los acusados.

Los imputados son los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro, a quienes se los acusa de haber cooperado para liberar la zona en la que el ex gobernador salteño fue secuestrado, y de evitar las acciones investigativas correspondientes. Los ex comisarios habrían garantizado la impunidad y el ocultamiento de los autores del secuestro, desaparición y homicidio de Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976, en la zona del monumento al general Martín Miguel de Güemes, cerca del domicilio del ex mandatario, en la ciudad de Salta.

Esta causa se trata en el marco de un juicio que desde diciembre analiza un total de 10 expedientes, con 18 víctimas y 6 acusados, a cargo del Tribunal Oral Federal de Salta, integrado por Federico Díaz, Mario Juárez Almaraz y Marta Snopek, junto a quien oficia de cuarta jueza, Alejandra Cataldi. Ayer la defensora oficial Ximena Colombres asumió la defensa de Saravia, luego de la decisión del TOF de no hacer lugar al pedido de inhibición, por entender que no existen intereses contrapuestos

Una víctima del terrorismo de estado que pudo hablar por primera vez luego de años de silencio

Tortura, trata y corrupción de menores

 Por Alejandra Dandan

“Ellos son dioses. Yo estaba de rodillas y ellos estaban sentados. Yo les pedía por favor. Ellos hoy tienen justicia y yo hoy tengo 52 años y no conozco lo que es un cine: tengo terror porque está oscuro, ¿sabe?, y no se lo puedo decir ni siquiera a mi hija.” La secuestraron en diciembre de 1976 en un parador de la provincia de Salta. Tenía 15 años. Durante un año transitó todo tipo de lugares ilegales de detención, desde comisarías hasta alojamientos particulares. Sufrió violaciones múltiples. Quedó embarazada. Al término del primer año de secuestro, el comisario de Metán la vendió a un empresario con quien convivió hasta la muerte del hombre, en el año 1985.

Esta mujer, cuyo nombre no puede ser difundido por disposición judicial, logró contar su historia durante uno de los juicios de lesa humanidad en la provincia de Salta después de décadas de silencio. El último martes, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de esa provincia condenó a seis acusados del juicio a prisión perpetua y, entre ellos, a dos policías y uno de los jefes militares por su caso: crímenes de privación ilegal de la libertad, tormentos, violencia sexual y, por primera vez en un contexto de lesa humanidad, también corrupción de menores pedido especialmente por este caso por los fiscales Juan Manuel Sivila y Francisco Snopek. Como sucede con muchos juicios de las distintas geografías del país, el caso también habla de condiciones específicas de la dictadura: en este caso parece liberar demonios propios de un paisaje de provincia que combina el mundo de la trata con el terrorismo de Estado.

“Sé que es muy duro, señora”, le dijo uno de los defensores a la mujer. Le preguntó a qué se refería “concretamente” al hablar de la palabra “abusaban”. Por más que le cueste, agregó, “es necesario preguntar”.

–Está bien –dijo ella–. Me violaban, me violaban, me violaban, señor. Me violaban todos los días.
En el infierno

En 1976, ella hacía el secundario en Buenos Aires. En diciembre viajó al pueblo de El Galpón, donde vivía una hermana. En el camino bajó en un parador llamado El Rancho, ubicado en la localidad de Metán. Ella tenía que cambiar de colectivo y conseguir uno para llegar hasta el pueblo. Todavía era temprano. Alrededor de las seis. En ese momento, una patota de policías “sin exhibir orden judicial”, “la agarraron, la golpearon, la introdujeron en un vehículo y partieron”. A la cabeza del grupo estaba el comisario de Metán, Eduardo Humberto Sona, una de las sombras más presentes en el infierno de la historia que cuenta esta mujer. En la comisaría la “maniataron”. Ella tenía un libro del Che Guevara. No militaba. Ahora, a miles de años de todo, dijo: “Admiraba al Che Guevara porque era una época, era como una moda, en los colegios, en todos lados se hablaba, no era un pecado. No era un pecado”.

La mujer pasó durante un año por comisarías, pensiones e incluso casas particulares. Primero en Metán, luego en Salta, donde iban a blanquearla, pero volvieron a secuestrarla y se la llevaron a Rosario de la Frontera.

En Metán estuvo los primeros tres meses en la comisaría. Dos policías, hoy en juicio, Eduardo del Carmen Del Valle y Andrés Del Valle Soraire, la condujeron a un lecho del río llamado Río Piedras y la obligaron a reconocer el cuerpo de una persona muerta. “La obligaron a olerlo cuando ya tenía un fuerte olor –dijeron los fiscales durante el juicio– sometiéndola de este modo a un grave sufrimiento y daño psíquico.” Cuando llegó marzo, la anotaron en un secundario. El policía Del Valle la llevó “bajo amenaza, la obligaron a identificar y dar nombres de los estudiantes”.

Todavía en Metán, pasó a una pensión con custodia. Por las noches la sacaban de allí, la llevaban a la comisaría, la torturaban y violaban. Tuvo problemas de salud, estuvo en la casa de Del Valle. Más tarde, la hicieron reunir con su madre, pero no pudo irse con ella. En mayo de 1977 iban a soltarla.

“Me han puesto una pollera larga y me traen a Salta”, dijo en un tramo de una declaración de la que sólo se poseen pocos fragmentos. “En Salta me llevan a un lugar, a un hotel; ‘princesita’ me dicen y se reían y se reían. Cuando entré, era una mugre: una pieza muy chica, había muchas mujeres y sabe qué: yo estaba así, en una esquina, pero estaba tranquila; ellos no venían ahí, estaba ahí con otras mujeres y de noche me despierto y así las veo que ellas caminaban a gatas, caminaban a gatas. Y yo pensé que estaban todas inválidas: esto es una comunidad de inválidos, pensé. Y después aprendí que yo tampoco podía pararme, con el tiempo ya no podía pararme, sabe. Caminaba a gatas, me arrastraba, ahí entendí por qué caminaban todas, eran muchas y dicen que era por la basura, nos daban no sé, algo asqueroso y yo no comía.”

“Sabe que me siento muy cansada”, les dijo a los jueces. “Ellos eran dioses y yo dependía de ellos y ahora estos desgraciados están ahí cuidados y yo era una niña, era una niña, no podía más, terminaron con mi vida, nunca más tuve un deseo de nada. De comer, de nada, de comprar nada, me da todo igual, acabaron conmigo. En esa pieza había un tacho blanco.”

En Salta eso que describe era una dependencia policial, que estaba a disposición de la Brigada de Investigaciones. Ahí la blanquearon, supuestamente iban a entregarla a su hermana, pero el comisario Sona volvió a secuestrarla. Se la llevó a Rosario de la Frontera donde continuó el cautiverio, primero en la comisaría y luego en un alojamiento bajo su control.

Hacia fines de 1977, Sona la condujo hasta una oficina. Estaban en la comisaría. Ella ya tenía 16 años. Ya había tenido a su hijo. En la oficina la esperaba un empresario “viejo, muy viejo y muy feo”. El hombre la miró, y luego de acariciarle la cara, habló con los policías: “La quiero limpia”, les dijo. Y ella, todavía chica, creía que todo era porque llevaba tiempo sin bañarse, pero ellos hablaban de los papeles. “Tenía una cara horrible, tenía mil años y me dijo: ‘Acá no hay condiciones, acá sos libre, no tenés que tener miedo, pagué mucho dinero por vos, mucho pagué’.”

–¿Usted me dejaría ir a Buenos Aires? –quiso saber.

El dijo que no.

–¿Vos no me entendés bien, no?

El empresario murió en 1985. Ella nunca recobró la capacidad de habla, no perdió el miedo. Tuvo hijos. Ahorró dinero para mandarlos a la universidad, pero hasta hace muy poco continuaba buscando las formas de protegerse en la casa. “Ahora saqué la reja”, logró explicar en el juicio después de meses de trabajo terapéutico y de acompañamiento del Fernando Ulloa, Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos.

“La señora tiene un trastorno por estrés postraumático que se ha cronificado por el largo tiempo de evolución” muy frecuente de ver en sobrevivientes de este tipo de hechos, señaló uno de los peritos del juicio. “Se vio por primera vez en sobrevivientes de campos de concentración de la Segunda Guerra, donde los autores que empezaron a estudiar el tema hablan de trauma cristalizado, donde más allá del paso de los años y de generar otros tipos de estímulos, una parte de su psiquismo sigue viviendo ese tipo de situaciones de manera permanente.”

El Tribunal del juicio estuvo integrado por Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek. Ellos sentenciaron al entonces jefe del Ejército de la provincia Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de la Policía salteña Miguel Raúl Gentil; el comisario mayor retirado de esa fuerza Rafael Rolando Perelló, y los ex agentes Del Valle, Soraire y Marcos Honorio Medina. Y se revocaron además beneficios de las excarcelaciones. “Fue muy significativo durante este juicio el trabajo de reconstrucción histórica que se logró a partir de un trabajo mancomunado con las querellas y las víctimas, lo que permitió conformar un contundente plexo probatorio y brindar a la comunidad de Metán una descripción detallada del fenómeno del terrorismo de Estado en el sur de la provincia”, dijeron los fiscales. Subrayaron “el sentido de reparación histórica que tiene el pronunciamiento judicial esperado por más de 38 años”. Y destacaron “el primer pronunciamiento donde se reconoce el delito de corrupción de menores como parte del plan sistemático y generalizado de represión ilegal y ello amplía el espectro de conductas delictivas que constituyeron ese plan, aportando una descripción más precisa de todo el fenómeno criminal de la época”.

La parálisis de las causas contra Blaquier

Reclamo de organismosn de derechos humanos por los juicios que involucran al empresario

La Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad recibió a representantes de organismos, que advirtieron sobre las demoras en la Cámara Federal de Salta y sobre una campaña de amedrentamiento a testigos.

 Por Alejandra Dandan

Representantes de los organismos de derechos humanos de Jujuy viajaron a Buenos Aires preocupados por el estado de parálisis en las causas contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier y la existencia de una campaña de amedrentamiento sobre los testigos llevada adelante por la empresa Ledesma. Inés Peña, de Madres de Plaza de Mayo, se reunió con la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad (conocida como Comisión Interpoderes), convocada especialmente. Al terminar, logró reunirse también con la ministra de la Corte con jurisdicción en la zona norte, Elena Highton de Nolasco. “Fue positivo”, dijo Inés. “La ministra nos dijo que de lo ‘poderoso’ del grupo Blaquier nosotros nos olvidemos, porque para la Corte ellos son como cualquier otro: ‘Usted tranquilice a los testigos porque acá no hay coronita para nadie, para la Corte son todos iguales’.”

La Comisión Interpoderes logró reunir a buena parte de sus integrantes. Estuvieron los responsables del seguimiento de las causas de lesa humanidad en la Procuración, Jorge Auat y Carolina Varsky. El secretario general de la Corte Suprema, Alfredo Kraut. El presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, y su secretario general, Javier Carbajo. Y el coordinador del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, Luciano Hazan.

“Nosotros vinimos a explicar ante una institución pública las connotaciones que está teniendo la demora de la Cámara Federal de Salta y la de Casación en la resolución de ciertas medias”, dijo Inés Peña a este diario, luego del encuentro realizado la semana pasada. “Es que, al no resolver los planteos, crean una sensación de incertidumbre en las víctimas-testigos que están expuestos, porque tenemos una campaña de la defensa de Blaquier de desprestigio en contra de la gente.”

La reunión sirvió sobre todo para que los representantes de Casación y la Corte tomen nota de algunos cortocircuitos. Blaquier está procesado en dos causas (Arédez y la Noche del Apagón) que están listas para ser elevadas a juicio oral, pero eso no sucede porque hace seis meses están trabadas en la Cámara Federal de Salta y, sobre todo, en la Sala IV de la Cámara de Casación.

En Salta, los abogados de Blaquier hicieron lo mismo que Pedro Hooft en Mar del Plata: recusaron a todos los funcionarios judiciales. Primero al fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, luego al juez Fernando Poviña, también a las querellas, al fiscal general ante la Cámara Federal de Salta, Eduardo Villalba, y ahora todos los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Salta. Entre las razones invocaron que adelantan opinión sobre el futuro de la investigación y le adjudican a un juez participación en el espacio de Justicia Legítima, un argumento que la Corte Suprema ya rechazó. Lo más complicado ahora es la posición de los jueces: contrariamente a lo que sucede en otros lugares del país, los recusados abandonaron el expediente en lugar de seguir trabajando mientras se resuelve el planteo. El último 8 de agosto, por ejemplo, los abogados querellantes viajaron de Jujuy a Salta para una audiencia pero, como no había jueces, quedó suspendida. Casación, que es el órgano encargado de constituir un tribunal alternativo para estos casos, no se enteró de nada de esto hasta la reunión de la Comisión Interpoderes del jueves pasado. Los jueces no avisaron tampoco al fiscal general. Y quienes estaban allí dicen que, cuando Borinsky intentaba dar cuenta de la fluidez de los caminos de la Justicia, Auat lo interrumpió para señalarle la novedad.

El otro eje de conflicto, más de fondo, reside en la Sala IV de Casación. Ahí están los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y ahora Eduardo Riggi (que reemplazó a Borinsky). Hay varios temas pendientes, como apelaciones al procesamiento de Blaquier y la aprobación, o no, de la designación del fiscal ad hoc. Los planteos, que podrían haberse resuelto en un mes, llevan en espera varios meses. El más importante es el procesamiento, porque es imprescindible para la elevación a juicio de la causa. Hay que decir aquí que ése es un tema que no debería haber pasado por Casación, pero ahora está ahí, aparentemente de manera excepcional y porque había planteos tanto de la querella como de la defensa. Amparados en esa condición de “excepción”, los presentes pidieron a Casación que procure la celeridad de esa cuestión pendiente.

“Creo que el encuentro fue bueno, porque era necesario que se hicieran cargo cada una de las agencias del Estado de las gestiones de gobierno que tienen que hacer”, dice Auat. “Lo más grave que pidieron los organismos, y que yo apoyé, es que la Corte y Casación noten esos problemas que tienen en la jurisdicción.” “A mí no me importa que los de Salta hayan mandado el informe, o no lo hayan mandado, sino que la Corte y la Casación se involucren, porque debería haber un control interno, en el plano administrativo, de estas cosas. Ese es el rol que tienen que cumplir: preguntarle a la Cámara por el estado en el que están las cosas. Nosotros les dijimos que no se confundan, que acá estás hablando de un Estado dentro de otro Estado. Hay que prepararse, esto va a ser duro, muy duro. ¿(El juez Carlos) Olivera Pastor quién era? ¿Quién es el abogado de Blaquier? O sea que en definitiva esto es lo mismo.”

Hazan, del Ministerio de Justicia, se detuvo en la situación de los testigos, el otro punto que preocupa a los organismos de derechos humanos. Y la relación de la seguridad de los testigos con la desaceleración de las causas. “Para nosotros, el tema de la seguridad de los testigos es una prioridad y nos estamos manejando de esa manera. No- sotros ya lo hemos dicho: los testigos en Jujuy son víctimas de una campaña de amedrentamiento llevada adelante por la empresa. Y las demoras en los juicios provocan distintos efectos. Uno de los problemas que tenemos son las custodias, porque estas rutinas tienen eficacia en el corto plazo, para juicios que están pensados para hacerse en seis meses o un año, pero si se demoran dos o tres años se producen grandes conflictos en los testigos que se deben adaptar a esa situación por un tiempo indefinido.”

María José Castillo es abogada y representa a las querellas. No estuvo en la reunión, pero es una de las que preparó un punteo de los problemas para presentar en ese espacio. Ella también habla de las víctimas: “Las recusaciones de los jueces y los fiscales son abundantes y recurrentes; no sólo se realizaron contra Poviña, sino que también se presentan contra todos los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y el fiscal general. Estos planteos, a todas luces inconducentes y carentes de fundamentos, no hacen más que lentificar y entorpecer el juicio oral contra estos empresarios, generando en las víctimas un clima de incertidumbre”. Pero, además, Castillo agrega una hipótesis que suele escucharse en los últimos tiempos sobre las estrategias de los abogados: “Debido al tiempo biológico del acusado, las estrategias dilatorias perversas utilizadas por la defensa permitirían que este siniestro personaje quede impune”.