Piden que vaya a juicio la causa por Luciano Jaime

Fiscal federal Eduardo Villalba pidió la elevación a juicio de la causa por el secuestro y homicidio del periodista Luciano Jaime, cometidos entre el 12 de febrero de 1975 y por cuyo hecho están imputados los represores Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil.
Se espera ahora que el juez interviniente, Julio Leonardo Bavio, informe a los querellantes en este proceso para que también presenten sus pedidos respecto de los imputados.
Es sabido que los encargados de este proceso intentan que la causa alcance a las que ya están radicadas en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal y que ya tienen fecha de inicio del debate oral y público: el 14 de mayo, a las 14.
El crimen de Jaime está directamente vinculado con el homicidio del militante justicialista Eduardo Fronda, asesinado el 8 de enero de 1975, hecho por el que también está imputado Guil, aunque en este caso comparte la acusación con un ex integrante de la Policía Federal y del Servicio Penitenciario Provincial, Juan Carlos Alzugaray.
Como encargado de la sección Policiales del diario El Intransigente, Jaime cubrió el homicidio de Fronda. Su descriptiva crónica de este hecho, la afirmación de que había sido torturado, más la afirmación de que lo había visto en la Central de Policía, le valieron amenazas y luego su secuestro y homicidio.

Preparativos
En el Tribunal Oral se ultiman los preparativos para el inicio del debate por crímenes de lesa humanidad que se llevará a cabo a partir del 14 de mayo en Salta. Se trata de una megacausa, resultado de la acumulación de siete causas en las que se investiga los homicidios de Silvia Benjamina Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa, Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, Aldo Víctor Bellandi, Ramón Gerardo Gallardo, Juan Carlos Parada Mallo, Marta Beatriz Cascella, Pedro Bonifacio Vélez, Carlos Enrique Mosca Alsina y Eduardo Fronda. Los imputados son 19, entre ellos el ex jefe del Ejército en Sata, Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe del Regimiento en Tartagal, Héctor Luis Ríos Ereñú; Guil y Gentil.
Una fuente judicial indicó que el fiscal Villalba y casi todos los querellantes ya presentaron las pruebas que requieren que se incorporen en este proceso. Hoy se vence el plazo para este trámite.
La fuente precisó que el fiscal pidió que sean convocados a declarar unos cien testigos (la mayoría de ellos ya declaró en la primera parte de la investigación de estos hechos), a los que se suman los de los querellantes, y de las defensas.
Por lo que se ve, no faltarán los testigos de renombre: la querella de la organización de derechos humanos Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia pidió los testimonios técnicos del sociólogo Daniel Feierstein, titular de la cátedra Prácticas Sociales Genocidas en la Universidad de Buenos Aires, y del coronel retirado Federico Mittelbach, integrante del Cemida (Centro de Militares por la Democracia Argentina).

Por Elena Corvalan

El represor Joaquín Guil consiguió volver a su casa

Finalmente el juez federal Julio Leonardo Bavio le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al ex comisario general de la Policía de Salta, Joaquín Guil, quien cuenta con dos condenas, a prisión y a reclusión perpetua, por su participación en dos hechos emblemáticos de los crímenes cometidos por la represión estatal y paraestatal en Salta: la matanza de 11 presos políticos conocida como Masacre de Palomitas y en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

La decisión del magistrado es del 22 de este mes pero trascendió ayer: “Conceder el beneficio de la prisión domiciliaria al causante Joaquín Guil”, dice en su lenguaje técnico la resolución tomada en el expediente nº 138 en el se tramitó el pedido de volver a su casa que hizo Guil en enero pasado.

La decisión del juez Bavio se basó en un dictamen del perito médico Cristian Rando, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien tras revisar a Guil, el 10 de febrero, concluyó en que la prisión domiciliaria constituye “una alternativa médicamente fundamentada en el presente caso”. Según indicó, el represor, de 75 años, padece, entre otras afecciones, de una obstrucción severa en una arteria, sufrió un infarto, es diabético, tiene insuficiencia renal y es hipertenso.

Los querellantes estudian la posibilidad de apelar la decisión del magistrado. La abogada Tania Kiriaco, representante de familiares de víctimas, consideró que hubo “un exceso en el dictamen de Rando” al afirmar que el represor “se encuentra encuadrado dentro del marco del artículo 32 de la ley 24660, según la ley 26472, constituyendo la prisión domiciliaria una alternativa médicamente fundamentada en el presente caso”. “Él no puede opinar en lo que no sea tema médico, se extralimita en su dictamen”, señaló la abogada, quien se quejó de que los represores “entran por una puerta y salen por la otra”.

Guil, hombre fuerte de la represión salteña desde tiempos de la dictadura de Onganía y que parece mantener parte del entramado del poder, viene beneficiándose con la prisión domiciliaria prácticamente desde el momento en que comenzó a ser seriamente investigado por los numerosos crímenes de lesa humanidad en los que está implicado, en junio de 2007. Entonces la jueza ad hoc Gladis Comas lo mantuvo detenido por escasas horas, luego de indagarlo en el marco de la causa por el fusilamiento de once personas en las cercanías del paraje Palomitas, cometido el 6 de julio de 1976. Convenientemente, a pesar de la insistencia de los familiares de las víctimas, el ex director de Seguridad de la Policía de la provincia recién fue indagado una vez que hubo cumplido los 70 años. Su edad fue precisamente el argumento que pesó  para que a poco de detenerlo se le concediera la posibilidad de ir a su casa, en la villa veraniega de San Lorenzo, bajo la custodia de su propia esposa.

Volvió a ser detenido en octubre de 2007, esta vez por orden del entonces juez federal Abel Cornejo, que lo investigaba por las torturas y el asesinato del joven militante justicialista Eduardo Fronda, cometido el 8 de enero de 1975. En diciembre del mismo año Guil obtuvo la prisión domiciliaria, dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, pero siguió detenido, en dependencias de Gendarmería, porque pesaba contra él otra orden de detención dictada por su participación en la desaparición de Ragone. Pero ya la Cámara había sembrado la semilla para darle la prisión domiciliaria también en relación a esta causa.

Guil no pisó una cárcel hasta diciembre del año pasado, cuando el juez Bavio lo condenó a reclusión perpetua por la Masacre de Palomitas y ordenó que cumpliera su condena en la cárcel federal de Güemes. Los relatos de los testigos del momento de la notificación dan cuenta de la incredulidad del represor, que llegó a afirmar que lo llevaban preso, dejando en claro que para él la prisión domiciliaria no representaba una condición de detenido. Poco estuvo en la cárcel: a principios de enero pasado fue internado en el sanatorio CENESA, aduciendo que se encontraba enfermo.

Durante la feria judicial de enero una jueza subrogante ordenó que fuera devuelto a la cárcel de Güemes pero Guil se descompuso y los integrantes del Servicio Penitenciario optaron por dejarlo en el sanitario.

Posteriormente, en una audiencia en el Juzgado, el médico Oscar Gavenda, del equipo del sanatorio y que firmó la certificación sobre la salud del represor reveló que permaneció en una habitación común y concedió que podía volver a la prisión si contaba con atención de enfermería.

Antes de resolver en el pedido de prisión domiciliaria, el juez Bavio pidió la opinión de un perito del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
El doctor Rando opinó que Guil debía volver a su casa en San Lorenzo, el lugar donde esperará la realización del juicio oral que se iniciará el 14 de mayo, en el que será juzgado por la desapariciones de Silvia Aramayo, Oscar Alberto Bianchini, Néstor Miguel Díaz, Ramón “Chicho” Gallardo, Víctor Brizzi, Carlos Estanislao Rojas, Gemma Fernández Arcieri y Héctor Gamboa, y el asesinato de Martín Miguel Cobos. El Tribunal estará integrado por los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Carlos Jimenez Montilla encabezarán el debate donde serán juzgados 19 imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.

Los imputados son Joaquin Guil, Juan C. Alzugaray, CarlosMulhall, Jacinto Vivas, Felipe Caucotta, Roberto Puertas, Miguel Gentil, Abel Murua, Julio Correa, Raúl Toledano, Mario Pachao, Modesto Mendíaz, Juan Manuel Ovalle, Ubaldo Vujovich Villa, Ricardo De la vega, Fernando Chain, Marcelo Gatto, Joaquin Cornejo Aleman y el general Héctor Rios Ereñú.

El genocida Joaquin Guil, condenado a perpetua, se esconde

Está internado en una clínica privada de la ciudad
Piden evaluar la situación de Joaquín Guil

Las organizaciones de derechos humanos de Salta pidieron a la Justicia Federal de la Provincia que revea la situación del comisario general (r) Joaquín Guil, internado desde comienzos de mes en un sanatorio privado de esta ciudad.

El policía, condenado a prisión perpetua por el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone, y por la Masacre de Palomitas, se encontraba alojado en la cárcel penitenciaria federal de General de Guemes, pero a raíz de sus problemas de salud fue derivado a la clínica Cenesa, donde se determinó que presentaba problemas de presión arterial y renales y quedó internado en terapia intensiva.

El defensor oficial Martín Bomba Royo pidió que cuando se le dé el alta, sea trasladado a su domicilio particular para que cumpla allí la condena, por tratarse de una persona mayor de 70 años. En tanto la abogada Tania Kiriaco, de la organización de derechos humanos “Lucrecia Barquet”, consideró que el condenado “está especulando con su enfermedad para evitar que lo regresen a la cárcel”. Por ese motivo la organización pidió a la jueza federal ad-hoc, Elsa Parodi, que Guil sea examinado por un médico del Poder Judicial de la Nación para que evalúe la situación del paciente para determinar si puede continuar internado. “También hemos solicitado que la clínica de a conocer el diagnóstico”, afirmó Kiriaco. Dijo que “de ese informe surge que Guil ya estaría en condiciones de ser dado de alta”.

Al mismo tiempo la letrada requirió que el Servicio Penitenciario Federal informe qué unidad carcelaria del país cuenta con el servicio de terapia intensiva. “Lo que queremos es que de una u otra manera Guil cumpla la prisión en un establecimiento carcelario, como lo ordenó en su momento el juez federal Julio Bavio”, expresó. La abogada le atribuyó vital importancia al examen médico que deben realizarle los forenses de la Nación.

“Guil cuenta en su haber con dos condenas a perpetua por delitos de lesa humanidad y no es justo que ahora quiera ocultarse en una clínica o en su casa para evitar la cárcel”, sentenció Kiriaco.