Megajuicio Salta: más testimonios, en la etapa final del proceso

Por Elena Corvalan

El megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta continuará hoy, a partir de las 15, con testimonios y un careo. El Tribunal Oral en lo Federal de Salta convocó a diez personas para hoy. Ocho están convocados a prestar su testimonio sobre distintos hechos que se investigan en este proceso, pero los policías retirados Roberto Inocencio Medina y José Carrasco han sido convocados para un careo que fuera solicitado, y aprobado, en marzo pasado por los abogados Matías Duarte y Tania Kiriaco, de la querella por el periodista Luciano Jaime. En febrero de 1975, como miembros del Departamento de Criminalística de la Policía provincial, Medina y Carrasco intervinieron en el operativo tras el hallazgo de los restos de Jaime, que había sido secuestrado el 12 de febrero de 1975 y cuyos restos fueron encontrados dos días después. 

Medina declaró en este juicio en octubre de 2012 y Carrasco, en marzo pasado. Sus testimonios dejaron en claro que la Policía de Salta montó un simulacro de investigación en torno a la muerte del periodista. Pero además, tuvieron “evidentes contradicciones”, lo que habilitó el pedido de la querella, que el Tribunal aceptó. Por otra parte, entre los testigos citados, se cuenta el médico Alfonso Ragone, hijo del ex gobernador Miguel Ragone. Este debate se inició a fines de mayo del año pasado y desde entonces viene desarrollándose con intermitencias. Todavía no se sabe cuándo se conocerá la sentencia. En este proceso se acumularon distintas causas y se reunieron delitos cometidos en perjuicio de 34 personas, 30 de las cuales están fallecidas o desaparecidas. 

El debate comenzó con 20 acusados pero durante su transcurso fallecieron dos (el militar Ubaldo Vujovich Villa y el comisario Abel Vicente Murúa) y uno (el comisario Roberto Puertas) fue apartado debido a que sufrió un accidente cerebro vascular. Entre los que continúan en juicio se cuentan reconocidos represores como el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de Policía, Miguel Raúl Gentil, y el ex jefe de Inteligencia de la Policía, Joaquín Guil.

Reclaman ante la Justicia ubicar los cuerpos de los primeros guerrilleros guevaristas del EGP, asesinados en 1963

En Salta contra el olvido y por la memoria

Coincidió en Salta la realización de dos encuentros, el del Poder Judicial de la Nación y la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación y el de La Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El primero en la capital en un lujoso hotel que fue cerrado por el gobernador menemista Juan Carlos Romero y el segundo en Oran convocado por la Comisión de la Memoria de Oran, que contó con la presencia de militantes de esa provincia, Jujuy, Catamarca, Rosario y Zona Norte de Buenos Aires, entre otras delegaciones. Una de las acciones, como lo anticipara Causa Popular, fue la presentación judicial para reclamar que el ubique los cuerpos de los primeros guerrilleros guevaristas del EGP, desaparecidos en 1963, al ser derrotados por la Gendarmería.

“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos son los dueños de todas las otras cosas” La definición es de Rodolfo Walsh y es uno de los argumentos políticos de la presentación judicial en el Juzgado Federal de Oran, rubricados por David Leiva, Guido Salomón Villena, Hugo Tapia, la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, la APDH de Rosario,Tito Ripodas,  la periodista Stella Calloni, representantes de organizaciones sociales, campesinas e indígenas de las provincias del norte y ex presos políticos de las últimas dictaduras militares. “A más de cuatro décadas de estos sucesos, el escenario de la memoria y de la historia, el universo de los hechos y personajes, se sitúa entre las fuerzas de vencedores y vencidos, en donde el relato se expone como botín de guerra, de quienes se apropiaron del cuerpo de Ricardo Masetti y Oscar Altamira Guzman, e imponiéndonos de versiones de lo que podemos recordar y de lo que debemos olvidar, signando nuestro futuro”, se lee en otro tramo del texto dejado en Mesa de Entrada del Juzgado Federal porque no había ningún funcionario que lo recibiera.

Lo de botín de guerra no es extemporáneo: la Gendarmería Nacional hasta el día de hoy reevindica en los desfiles en Salta y sus páginas oficiales la represión de los combatientes del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) y la desaparición de quien fuera su jefe, Ricardo Masetti, el “Comandante Segundo”. Masetti fue uno de los fundadores de la agencia de noticias Prensa Latina, en los albores de la Revolución Cubana y amigo personal del Che.

Empero, no fue la única acción demandar que el Estado participe activamente en la búsqueda de los cuerpos de Masetti y Altamira Guzman, como lo hace actualmente una delegación del Gobierno de Cuba en Oran, sino que el conjunto de los participantes en la Semana de la Memoria en Oran, en paneles, talleres y resumidos en el plenario final reclamaron la aceleración de los juicios a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos, cárcel común a los genocidas, el repudio a los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación para beneficiar con pensiones a los que participaron del “Operativo Independencia”, el inicio del Terrorismo de Estado en Tucumán 1975, la indefensión de las familias campesinas e indígenas en la defensa de sus tierras de los que son desalojados con impunidad, denunciar los asesinatos de jóvenes a manos de las fuerzas policiales, la censura cultural por la Municipalidad de Oran, el procesamiento del periodista Sergio Poman, llevado a cabo por el gobernador Romero, por haberse sentido injuriado por acusaciones de corrupción, entre otras resoluciones en el plenario de la militancia en Oran.

En los mismos días que en Salta Capital, el pleno del poder judicial nacional deliberaba sobre su funcionamiento, la “necesidad de independencia”,... la necesidad de que se le amplíen los recursos económicos y, más que obvio, no dijeron ni una sola palabra sobre la morosidad en los juicios por las violaciones a los derechos humanos. Un deliberado olvido para las más de 800 causas obturadas por fiscales y jueces federales. Precisamente la familia del gobernador Miguel Ragone, detenido desaparecido el 11 de marzo de 1976, reclamaron que garantice su investigación, y al igual que las organizaciones de derechos humanos, el fusilamiento de presos políticos en junio de 1976, y todos los asesinatos y las detenciones ilegales durante la última dictadura militar. Justicia, Verdad y Justicia que implica que los fiscales y jueces de la Justicia Federal, entre ellos Miguel Medina y Horacio Aguilar, sean separados de sus cargos, porque de lo contrario la impunidad seguirá como hasta hoy. Como se dijo y se repitió en Oran, donde el olvido esta lleno de memoria.