El represor Joaquín Guil consiguió volver a su casa

Finalmente el juez federal Julio Leonardo Bavio le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al ex comisario general de la Policía de Salta, Joaquín Guil, quien cuenta con dos condenas, a prisión y a reclusión perpetua, por su participación en dos hechos emblemáticos de los crímenes cometidos por la represión estatal y paraestatal en Salta: la matanza de 11 presos políticos conocida como Masacre de Palomitas y en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

La decisión del magistrado es del 22 de este mes pero trascendió ayer: “Conceder el beneficio de la prisión domiciliaria al causante Joaquín Guil”, dice en su lenguaje técnico la resolución tomada en el expediente nº 138 en el se tramitó el pedido de volver a su casa que hizo Guil en enero pasado.

La decisión del juez Bavio se basó en un dictamen del perito médico Cristian Rando, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien tras revisar a Guil, el 10 de febrero, concluyó en que la prisión domiciliaria constituye “una alternativa médicamente fundamentada en el presente caso”. Según indicó, el represor, de 75 años, padece, entre otras afecciones, de una obstrucción severa en una arteria, sufrió un infarto, es diabético, tiene insuficiencia renal y es hipertenso.

Los querellantes estudian la posibilidad de apelar la decisión del magistrado. La abogada Tania Kiriaco, representante de familiares de víctimas, consideró que hubo “un exceso en el dictamen de Rando” al afirmar que el represor “se encuentra encuadrado dentro del marco del artículo 32 de la ley 24660, según la ley 26472, constituyendo la prisión domiciliaria una alternativa médicamente fundamentada en el presente caso”. “Él no puede opinar en lo que no sea tema médico, se extralimita en su dictamen”, señaló la abogada, quien se quejó de que los represores “entran por una puerta y salen por la otra”.

Guil, hombre fuerte de la represión salteña desde tiempos de la dictadura de Onganía y que parece mantener parte del entramado del poder, viene beneficiándose con la prisión domiciliaria prácticamente desde el momento en que comenzó a ser seriamente investigado por los numerosos crímenes de lesa humanidad en los que está implicado, en junio de 2007. Entonces la jueza ad hoc Gladis Comas lo mantuvo detenido por escasas horas, luego de indagarlo en el marco de la causa por el fusilamiento de once personas en las cercanías del paraje Palomitas, cometido el 6 de julio de 1976. Convenientemente, a pesar de la insistencia de los familiares de las víctimas, el ex director de Seguridad de la Policía de la provincia recién fue indagado una vez que hubo cumplido los 70 años. Su edad fue precisamente el argumento que pesó  para que a poco de detenerlo se le concediera la posibilidad de ir a su casa, en la villa veraniega de San Lorenzo, bajo la custodia de su propia esposa.

Volvió a ser detenido en octubre de 2007, esta vez por orden del entonces juez federal Abel Cornejo, que lo investigaba por las torturas y el asesinato del joven militante justicialista Eduardo Fronda, cometido el 8 de enero de 1975. En diciembre del mismo año Guil obtuvo la prisión domiciliaria, dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, pero siguió detenido, en dependencias de Gendarmería, porque pesaba contra él otra orden de detención dictada por su participación en la desaparición de Ragone. Pero ya la Cámara había sembrado la semilla para darle la prisión domiciliaria también en relación a esta causa.

Guil no pisó una cárcel hasta diciembre del año pasado, cuando el juez Bavio lo condenó a reclusión perpetua por la Masacre de Palomitas y ordenó que cumpliera su condena en la cárcel federal de Güemes. Los relatos de los testigos del momento de la notificación dan cuenta de la incredulidad del represor, que llegó a afirmar que lo llevaban preso, dejando en claro que para él la prisión domiciliaria no representaba una condición de detenido. Poco estuvo en la cárcel: a principios de enero pasado fue internado en el sanatorio CENESA, aduciendo que se encontraba enfermo.

Durante la feria judicial de enero una jueza subrogante ordenó que fuera devuelto a la cárcel de Güemes pero Guil se descompuso y los integrantes del Servicio Penitenciario optaron por dejarlo en el sanitario.

Posteriormente, en una audiencia en el Juzgado, el médico Oscar Gavenda, del equipo del sanatorio y que firmó la certificación sobre la salud del represor reveló que permaneció en una habitación común y concedió que podía volver a la prisión si contaba con atención de enfermería.

Antes de resolver en el pedido de prisión domiciliaria, el juez Bavio pidió la opinión de un perito del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
El doctor Rando opinó que Guil debía volver a su casa en San Lorenzo, el lugar donde esperará la realización del juicio oral que se iniciará el 14 de mayo, en el que será juzgado por la desapariciones de Silvia Aramayo, Oscar Alberto Bianchini, Néstor Miguel Díaz, Ramón “Chicho” Gallardo, Víctor Brizzi, Carlos Estanislao Rojas, Gemma Fernández Arcieri y Héctor Gamboa, y el asesinato de Martín Miguel Cobos. El Tribunal estará integrado por los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Carlos Jimenez Montilla encabezarán el debate donde serán juzgados 19 imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.

Los imputados son Joaquin Guil, Juan C. Alzugaray, CarlosMulhall, Jacinto Vivas, Felipe Caucotta, Roberto Puertas, Miguel Gentil, Abel Murua, Julio Correa, Raúl Toledano, Mario Pachao, Modesto Mendíaz, Juan Manuel Ovalle, Ubaldo Vujovich Villa, Ricardo De la vega, Fernando Chain, Marcelo Gatto, Joaquin Cornejo Aleman y el general Héctor Rios Ereñú.

Salta: Homenajearon al asesinado periodista Luciano Jaime

Periodistas, familiares e integrantes del Movimiento Obrero Campesino y Estudiantil Popular (MOCEP) recordaron ayer a Héctor Luciano Jaime, periodista asesinado el 12 de febrero de 1975 en el marco del plan sistemático de eliminación de personas iniciado antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

El homenaje, organizado por la Asociación de Periodistas de Salta (APeS), se hizo frente al monolito y la cruz que recuerda al periodista, levantado en El Encón Chico, jurisdicción de La Silleta , en el departamento Rosario de Lerma, donde la siesta del 14 de febrero de 1975 fueron encontrados los restos de Jaime.

El periodista fue secuestrado el 12 de febrero de 1975, a las 20,30, cuando regresaba a su casa luego de una jornada de trabajo en el diario El Intransigente. Por dos días nada se supo de él hasta que el obrero rural Mariano Padilla encontró sus restos en una finca en El Encón Chico. Este hombre avisó al dueño de la finca, Alberto Camacho, y éste a su vez informó a la Policía.

El periodista había sido hecho explotar. Los peritos determinaron luego que la muerte se había producido entre las 21 y las 23 del mismo 12 de febrero.

En la causa en la que se investiga este hecho, abierta recién en 2005, hay testimonios que dan cuenta de que recibió amenazas y había señalado al entonces jefe de Seguridad de la Policía de la provincia, Joaquín Guil, como responsable si le pasaba algo.
Guil y quien fuera jefe de la Policía , Miguel Gentil, están procesados por este hecho.

Jaime estaba enfrentado con la cúpula policial porque como redactor de la sección Policiales venía dando cuenta de los atropellos cometidos por los comisarios represores. "Fue periodista que con toda consecuencia defendió la democracia, la libertad, la dignidad, los derechos humanos y la justicia", señaló el MOCEP en un comunicado.

Este partido, en el que milita un primo del periodista, el ex dirigente del peronismo revolucionario Armando Jaime, recordó asimismo que "Luciano Jaime desde su columna en el diario El Intransigente desafiaba al poder defendiendo la causa de los pueblos, denunciando sus injusticias y sus crímenes. Su última denuncia fue cuando demostró públicamente que Eduardo Fronda, asesinado en San Lorenzo (el 8 de enero de 1975), previamente había estado detenido en la Central de Policía de Salta. Su consecuencia, su firmeza, su valentía, su entereza moral, le costó su propia vida".

En el acto se leyó además un texto del periodista polaco Ryszard Kapuscinski, extraído de su libro "Los cínicos no sirven para este oficio". "Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos", sostiene entre otras consideraciones.

"Marcos Levin daba órdenes a los grupos de tareas"

El sobreviviente Víctor Covos cuenta cómo actuaba el empresario Levin en la dictadura.

“El daba órdenes a los grupos de tareas”

El dueño de la firma La Veloz del Norte estaba citado a indagatoria en Salta, pero se ausentó y su abogado argumentó que no tuvo relación con el secuestro de trabajadores. La querella asegura que Levin “tenía un grupo policial en la empresa”.

 Por Alejandra Dandan

Salta es el primer distrito del país que avanzó en una causa contra la posible responsabilidad de un empresario en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Marcos Levin, el dueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte, debió haberse presentado para una indagatoria. El juez federal Leonardo Bavio lo había convocado la semana pasada por su presunta participación en el secuestro de unos doce trabajadores de la empresa, detenidos desaparecidos a partir de enero de 1977 en la comisaría 4 de la capital provincial, que funcionó como centro clandestino. Levin no fue a declarar. En su lugar, su abogado René Gómez presentó un incidente de falta de acción en el que indica que no tuvo nada que ver con los hechos. Denunciantes y querellantes aseguran lo contrario.

“Levin dice que no tuvo que ver con los hechos que se le imputan y que no se trata de un delito de lesa humanidad, pero es un crimen de lesa humanidad”, dice el abogado de la querella David Leiva. “Por más que sea un civil, lo que hizo lo hizo con la aquiescencia del Estado: él tenía un grupo policial dentro de la empresa. Las víctimas formaban parte de ese amplio espectro de ‘oponentes’ definidos por el golpe de Estado y dentro de esos ‘oponentes’ estaban los sindicalistas y, en particular (uno de los secuestrados), Cobos era hermano y pariente de miembros del peronismo revolucionario que fueron asesinados, perseguidos y exiliados.”

Víctor Cobos es ese hombre. Era uno de los choferes de La Veloz del Norte y, a la vez, secretario general de la seccional Salta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Fue secuestrado en enero de 1977 y es uno de los impulsores de la causa que comenzó en la Cámara Penal del Crimen de Salta en 1984.

“Le juro que estoy desesperado por que se haga de una vez justicia”. “Salta es una provincia que, desgraciadamente, fue muy sometida por el empresariado y los grandes terratenientes, y no es de rebelarse contra el sometimiento y la opresión, aguanta, aguanta.” Por cómo circuló la información y por las características de la provincia, en los últimos días Cobos no paró de repetir en los medios locales que su denuncia no es reciente, ni está atada al presente político, sino que denunció todo apenas terminó la dictadura. “En 1984 lo denunciamos con tres compañeros y lo acusamos de todo. Dijimos cómo se presentaba en la comisaría, explicamos que él daba las órdenes a los grupos de tareas que tenía a sus órdenes para que nos secuestraran a nosotros”, repite Cobos.

“Después fui a la Legislatura de esa época, tomaron nota pero nada prosperó. Ni eso, ni lo de la Cámara del Crimen. La causa se archivó, pero con las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final lógicamente nadie podía hacer nada. Gracias a Dios que este Gobierno anuló esas leyes, así es que junto con mi hermana Cristina, que es de Memoria, Verdad y Justicia, Leiva y yo iniciamos nuevamente la denuncia en 2008 y le dieron la calificación de delito de lesa humanidad.”

En la denuncia que dio pie al pedido de indagatoria, un grupo de trabajadores declaró sobre los secuestros. Describieron cómo los hombres de la comisaría 4 –encabezados por el subcomisario Víctor Hugo Bocos, acusado– los llevaron desde la terminal de la empresa o desde sus casas a bordo de autos de La Veloz del Norte que el empresario había puesto a disposición de las fuerzas de seguridad. En alguno de esos traslados, sitúan a Bocos al lado del propio Levin, que aparece más tarde dentro de la comisaría, en la oficina del subcomisario o incluso en una ocasión en la sala de tortura.

“Bocos es la persona que detiene a algunos de los doce trabajadores de la empresa, entre ellos a varios dirigentes de la UTA seccional Salta”, le dijo a Página/12 el abogado David Leiva cuando se conoció el pedido de indagatoria. “Adentro de la comisaría los someten a torturas. Levin es la persona que iba después de los interrogatorios, y se reunía con Bocos y los otros policías.”

Para detenerlos, la policía fraguó una denuncia por una estafa de la que años después todos salieron sobreseídos. Para los querellantes, la estafa fue la excusa que inventó el empresario para sacarse de encima a los trabajadores más combativos que desde 1974 habían acrecentado un plan de lucha por mejores condiciones de trabajo.

“Yo era delegado gremial elegido por los compañeros y a la vez integrante de la junta ejecutiva de la UTA con un mandato que iba de 1974 a 1978”, dice Cobos. “En ese entonces hemos tenido arduas luchas por todas las cosas: por no pagar los sueldos, porque hacía hacer horas extra sin pagarlas; porque a los choferes que iban y volvían a Tucumán los hacía seguir trabajando sin horas de descanso, llegaban a Salta y el jefe de personal les ordenaba que siguieran como estaban. Esa lucha la hemos tenido. Yo he ido al Ministerio de Trabajo, hacíamos paros hasta que se arreglara la situación. Ellos iban al ministerio, firmaban las actas pero después las tiraban al piso porque no les daban importancia, porque él impone sus propias leyes.”

Los paros que llegaron a seis o siete en dos o tres meses aumentaron con la muerte de Juan Perón. “En ese momento, dijimos: ‘Muchachos, a partir de ahora tienen que tener cuidado, anden con pie de plomo, porque la manija se viene en contra nuestro’. Yo fui perseguido, me tirotearon, me agujerearon el auto a balazos un montón de veces. Mataron mi hermano y a mí me seguían por todos lados para ver si podían agarrar a Enrique (otro de sus hermanos) porque lo querían matar directamente.” Cobos viene de una de las familias más golpeadas por la represión. Una noche ejecutaron con 38 balazos a su hermano más chico, Martín, en la casa de sus padres. Pero no lo buscaban a él, sino a Enrique, otro de los hermanos, militante de la JP, a quien Víctor logró sacar por caminos alternativos fuera de la provincia.

El abogado de Levin, René Gómez, no es uno de los abogados que habitualmente defienden a los represores en Salta, sino que es un penalista reconocido. El martes pasado presentó un escrito con dos ejes. En el primero indica que su defendido se enteró tarde de la citación porque se la habrían mandado a un domicilio equivocado. Pero en segundo término se pronuncia sobre la cuestión de fondo con esa fórmula jurídica de la falta de acción. Ahora la fiscalía de Domingo José Batule y el juzgado deben dar una respuesta

El genocida Joaquin Guil, condenado a perpetua, se esconde

Está internado en una clínica privada de la ciudad
Piden evaluar la situación de Joaquín Guil

Las organizaciones de derechos humanos de Salta pidieron a la Justicia Federal de la Provincia que revea la situación del comisario general (r) Joaquín Guil, internado desde comienzos de mes en un sanatorio privado de esta ciudad.

El policía, condenado a prisión perpetua por el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone, y por la Masacre de Palomitas, se encontraba alojado en la cárcel penitenciaria federal de General de Guemes, pero a raíz de sus problemas de salud fue derivado a la clínica Cenesa, donde se determinó que presentaba problemas de presión arterial y renales y quedó internado en terapia intensiva.

El defensor oficial Martín Bomba Royo pidió que cuando se le dé el alta, sea trasladado a su domicilio particular para que cumpla allí la condena, por tratarse de una persona mayor de 70 años. En tanto la abogada Tania Kiriaco, de la organización de derechos humanos “Lucrecia Barquet”, consideró que el condenado “está especulando con su enfermedad para evitar que lo regresen a la cárcel”. Por ese motivo la organización pidió a la jueza federal ad-hoc, Elsa Parodi, que Guil sea examinado por un médico del Poder Judicial de la Nación para que evalúe la situación del paciente para determinar si puede continuar internado. “También hemos solicitado que la clínica de a conocer el diagnóstico”, afirmó Kiriaco. Dijo que “de ese informe surge que Guil ya estaría en condiciones de ser dado de alta”.

Al mismo tiempo la letrada requirió que el Servicio Penitenciario Federal informe qué unidad carcelaria del país cuenta con el servicio de terapia intensiva. “Lo que queremos es que de una u otra manera Guil cumpla la prisión en un establecimiento carcelario, como lo ordenó en su momento el juez federal Julio Bavio”, expresó. La abogada le atribuyó vital importancia al examen médico que deben realizarle los forenses de la Nación.

“Guil cuenta en su haber con dos condenas a perpetua por delitos de lesa humanidad y no es justo que ahora quiera ocultarse en una clínica o en su casa para evitar la cárcel”, sentenció Kiriaco.

El lado civil de una historia de represión

El empresario Marcos Levin, fue citado a indagaatoria en Salta por el secuestro de 12 trabajadores.

Varios de los trabajadores eran miembros de la conducción de la UTA en Salta. Fueron llevados a una comisaría, donde por medio de torturas los obligaron a firmar confesiones. Levin asistía al lugar donde fueron torturados.

 Por Alejandra Dandan

Enero 1977, Salta. Empresa de transportes La Veloz del Norte. Víctor Manuel Cobos, chofer de uno de los ómnibus y a la par secretario general de la seccional Salta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), vuelve de un viaje a Tucumán. A la altura de Portezuelo lo demora un Torino blanco desde donde emerge el subcomisario de la comisaría 4ª de la ciudad de Salta –denunciada en la Conadep como centro clandestino de detención– y Marcos Levin, el dueño de la empresa. Un día más tarde, Cobos vuelve a ver al subcomisario Víctor Hugo Bocos, pero esta vez adentro de la compañía. Sin ninguna explicación, el subcomisario lo sube a un Ford celeste, un coche de La Veloz del Norte que funcionaba al servicio de la policía. Lo traslada a la comisaría 4ª. Lo torturan, le preguntan por los afiliados de la UTA, por las reuniones y lo obligan a firmar una declaración en la que admite haber formado parte de una estafa que nunca existió.

Por lo menos doce trabajadores de La Veloz del Norte fueron secuestrados en ese enero en el mismo centro clandestino. La investigación que volvió a activarse en los últimos años acaba de dar el giro que reclamaron desde siempre los trabajadores y los organismos de derechos humanos locales: por primera vez en la historia de la causa y en la sucesión de juicios que se abrieron en todo el país, la Justicia citó a indagatoria a un empresario, en este caso Marcos Levin, todavía dueño de la compañía. También citó al subcomisario Bocos y a los policías de la 4ª. Para el abogado David Leiva –de Encuentro, Verdad y Justicia, querellante de la causa–, la intervención de Levin en el caso es clave: la alianza con las fuerzas de seguridad le permitió al empresario inventar una excusa como la estafa para despedir y sacarse de encima a la dirigencia de la UTA.

“Bocos es la persona que detiene a algunos de los doce trabajadores de la empresa, entre ellos a varios dirigentes de la UTA seccional Salta”, dice Leiva. “Adentro de la comisaría los someten a torturas. Levin es la persona que iba después de los interrogatorios, y se reunía con Bocos y los otros policías. Cobos es uno de los que lo vieron en la 4ª, y con el tiempo se enteraron hasta de algún festejo que se hizo dentro de la empresa por lo que estaba pasando.”

Levin será indagado el próximo 7 de febrero. El juez federal de Salta, Julio Leonardo Bavio, tomó la decisión en un expediente complicado. La causa está radicada en Salta, pero es impulsada por un fiscal federal de Jujuy, Domingo José Batule. Todos los colegas fiscales de Salta se excusaron de intervenir porque otro de los denunciados es un antiguo juez federal llamado Jorge Alberto Trincavelli, una persona a la que las denuncias ubican una y otra vez dentro del centro clandestino y quien en los últimos años fue fiscal general de la provincia.

Fuera de eso, el pedido de indagatoria también tuvo un avance singular y puede ser una clave para leer las dificultades que tienen las causas en el resto del país para probar la responsabilidad civil –especialmente del sector empresario– con la dictadura. El fiscal Batule, en este caso, pidió las indagatorias para Bocos y los policías, pero no para Levin, el principal denunciado. A raíz de eso, David Leiva hizo una nueva presentación en la que se preguntó en voz alta una de las cosas que se pregunta buena parte de los querellantes en causas similares: ¿por qué si las pruebas sirven para imputar a Bocos y los policías, no sirven también para imputar a Levin cuando se trata de los mismos hechos? En el cúmulo de testimonios y relatos, Levin aparece atado a la construcción de la supuesta estafa; adentro del centro clandestino, en la sala de torturas y proveyendo información o autos a los policías. Para Batule, esos datos no alcanzaron para pedir la indagatoria, pero el juez finalmente consideró que sí eran suficientes.

Aunque cada causa es distinta y los poderes dentro de cada provincia se articularon durante la dictadura definiendo sus propias formas, el caso habla de cómo se mira el poder económico y de una lógica de pruebas que aún no está resuelta: en muchas ocasiones, “los jueces reclaman pruebas sobre la vinculación de los empresarios con el terrorismo de Estado con un rigor excesivo que sale de las pautas generales que aplican para los militares o policías”, dijo alguna vez el abogado Pablo Llonto. O como dice Lisandro Pellegrini, de la Unidad de Coordinación y Seguimiento Fiscal de las causas por violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado: “La realidad es que las dificultades del avance de las causas tienen mucho más que ver con que hay personas cubiertas porque siguen detentando poder que por las razones jurídicas que elaboran los operadores judiciales adornadas de argumentos jurídicos sofisticados que tratan de explicar en realidad por qué no llaman a los empresarios”.

La Veloz

Los testimonios sobre lo que sucedió con los trabajadores de La Veloz del Norte se acumulan desde el comienzo de la democracia. Las páginas de las denuncias reúnen personajes que son o fueron poderosos. El subcomisario Víctor Héctor Bocos, por ejemplo, se recicló en democracia como asesor del ex gobernador Juan Carlos Romero, con quien se ganó un pase abierto a la Casa de Gobierno. El juez Trincavelli, a cargo de legalizar los secuestros, ascendió a fiscal general. Y Levin, por su parte, sigue siendo uno de los poderosos de la provincia, dueño de la principal empresa de transportes.

En enero de 1977, Víctor Manuel Cobos era parte de una de las familias más golpeadas por la represión de Salta. Dos de sus hermanos militaban en la JP. A Martín Cobos lo asesinó la lluvia de balas de una ametralladora en medio de un operativo en la casa, mientras buscaban a otro de sus hermanos. Martín tenía 17 años. Enrique Cobos, el otro de los hermanos, terminó exiliándose. Víctor Manuel declaró en esta causa en 1984, 2008 y 2011. Entre otras cosas, explicó que había visto a Bocos “muchas veces en La Veloz del Norte hablando con Marcos Levin”. Que cuando llegó a la comisaría lo encapucharon, lo metieron en un cuarto mirando a la pared y lo esposaron. Más tarde, dos personas lo golpearon, lo desnudaron, lo pusieron en una camilla elástica, lo ataron de pies y de manos, y le aplicaron picana con el ruido del motor de una moto en los fondos. Le preguntaron por la actividad de la empresa y lo obligaron a firmar una confesión.

Hasta el momento de la detención había habido muchas luchas de los trabajadores contra Marcos Levin, dijo Víctor Manuel. El mismo, al ser dirigente, sufría muchas persecuciones de parte de la policía enviada por Marcos Levin. En las denuncias, explicó cómo Levin aparecía en la comisaría para ver si él había firmado la confesión en la que tenía que reconocer la supuesta estafa. Y lo vio hablando adentro de la seccional con el subcomisario Bocos y lo situó en una de las sesiones de picana en la que lo reconoció por el olor del perfume.

Como sucedió con él, la policía usó los autos de la empresa para buena parte de los otros secuestros. Los coches más habituales eran tres: Bocos solía usar el Falcon color celeste que en los testimonios aparece en la mayor parte de los traslados. También usaba un Torino blanco y el Falcon gris en el que se llevaron a Víctor Manuel muy confiado porque, como dijo, “sabía que era uno de los coches de la compañía”.

A otro chofer llamado Rubén Héctor V. R. H. se lo llevaron desde la terminal de la empresa adentro del Torino blanco manejado por Bocos y el propio Levin. A otro llamado Miguel Angel Rodríguez se lo llevaron en el Falcon color celeste desde su casa el 14 de enero a las 22.40, un día y un horario que no se sacó más de la cabeza porque recién había nacido su hijo. A Sonia Rey, una de las azafatas, afiliadas a la UTA, la fueron a buscar a la casa de su madre: se la llevaron en el mismo Falcon celeste.

Las detenciones continuaron con procedimientos similares: la mayoría cayó en la empresa o en sus casas. Una vez en la comisaría, los interrogaron en la mayor parte de los casos bajo alguna forma específica de tortura. Les preguntaron por listas de afiliados de la UTA o por los cómplices de la supuesta estafa, como en el caso de Ciriaco Norberto Justiniani, otro de los choferes, a quien le pidieron que busque a sus cómplices dentro de una lista de trabajadores mientras los policías le iban marcando a quién debía señalar.

Levin

Una vez que atravesaron las torturas y los interrogatorios, la mayoría pasó frente al juez Trincavelli. Trincavelli los obligaba a firmar una indagatoria con la confesión de la estafa, mientras Bocos los persuadía con alguna amenaza: “Si no firmaban –les decía–, los reventarían a todos en el mirador de San Lorenzo”. O “se los llevarían atrás del templete de San Cayetano y los haría desaparecer”.

Levin aparecía de dos maneras distintas: adentro del centro clandestino o en la compañía, junto con los policías.

Aquel chofer al que secuestraron el día del nacimiento de su hijo estuvo 17 días secuestrado. En uno de los amaneceres de esos días vio a Levin avanzar por uno de los pasillos de la seccional. El empresario preguntaba si él había declarado: “Si me había hecho cargo –decía–, y si me hacía cargo, les decía (a los policías) que me manden el telegrama de despido”.

Carlos Lidoro Aponte estuvo secuestrado quince días. Alguna vez le preguntaron por los nombres de los afiliados a la UTA y por los que iban a las reuniones. En el centro clandestino vio dos veces a Levin. Una de las noches, lo vio entrar a la oficina de Bocos. Sonia Rey, la azafata, declaró que lo vio la primera de las tres noches que estuvo secuestrada. Levin hablaba con dos personas vestidas de civil. Cuando ella les preguntó a dos policías si podía decirle algo, los dos se negaron rotundamente. Cuando la liberaron, entonces, decidió ir a verlo. Lo encontró en la compañía. Frente a él le preguntó por qué había inventado toda la historia de la estafa, pero Levin no le respondió: le dijo que ella había traicionado a la empresa y que era una desgraciada.

Por último, otro de los choferes, Jorge Arturo Romero, declaró que “pudo ver a Levin en muchas ocasiones dentro de la comisaría”. Un día vio al empresario entrando a la oficina de Bocos y, momentos después, el subcomisario salía de la pieza donde estaban los detenidos como si entre uno y otro se pasaran información.

Otra causa por crímenes de lesa humanidad

El juez Miguel Medina dispuso la elevación a juicio de una causa por el homicidio del joven Martín Miguel Cobos y las desapariciones de otras cinco personas, hechos cometidos en 1976 en el marco del terrorismo de Estado. Diez represores están procesados: siete militares retirados, dos oficiales de policía retirados y un civil. El juicio tendría que llevarse a cabo en 2012.

Entre los procesados se cuenta Carlos Alberto Mulhall, que fuera jefe del Ejército en Salta y que ya cuenta con dos condenas, por la Masacre de Palomitas (el fusilamiento de once presos políticos) y el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y el homicidio del comerciante Santiago Arredes.
Otro convicto por crímenes de lesa humanidad está procesado en esta causa: el ex comisario general Joaquín Guil, también condenado en las causas Palomitas y Ragone.

Los demás militares procesados son Joaquín Cornejo Alemán, que era segundo jefe del Ejército; y Fernando Antonio Chaín, Marcelo Diego Gatto, Ricardo Benjamín de la Vega , Ubaldo Tomislav Vujovich Villa y Virtom Modesto Mendíaz. El otro comisario procesado es Abel Vicente Murúa, imputado también en otros procesos por crímenes de lesa humanidad. El civil es Juan Manuel Ovalle, que en esta causa está acusado por su supuesta participación en la desaparición de la docente Silvia Benjamina Aramayo.

Las seis víctimas están conectadas por su militancia en la Juventud Peronista . Es el caso de Aramayo, que era maestra y estudiaba historia en la Universidad Nacional Salta; del soldado y estudiante universitario Víctor Brizzi; del matrimonio integrado por la docente universitaria Gemma Fernández de Arcieri y Héctor Gamboa y del trabajador y estudiante Carlos Estanislao Figueroa.

Martín Miguel Cobos, que tenía 18 años, no militaba en la JP pero era cuñado de Brizzi y su hermano, Enrique Cobos, militaba también en la JP. De hecho Martín fue asesinado a tiros por un grupo de policías que en la madrugada del 25 de septiembre de 1976 tomaron por asalto la casa paterna en busca de Enrique y de su esposa, Mabel Franzone, también militante de la JP. 
Para entonces Víctor Brizzi, que en enero de 1976 se había casado con una hermana mayor de Martín, Cristina Cobos, estaba ya desaparecido, condición en la que se encontraba desde el 8 de marzo, cuando hacía el servicio militar en el Regimiento 5° de Caballería General Güemes del Ejército.
El 24 de septiembre de 1976, un día antes del asesinato de Martín Cobos, Silvia Aramayo fue secuestrada de su casa. También en su caso operó un grupo de tareas de la Policía.

Esa misma madrugada, Gemma Fernández y Héctor Gamboa fueron sorprendidos en su casa del barrio Santa Lucía por otro grupo de tareas. La pequeña hija de ambos, Mariana Gamboa, que hoy milita en HIJOS, fue abandonada en la calle, frente a un medidor y fue rescatada por vecinos. Dos policías que montaban guardia en las cercanías fueron testigos involuntarios del secuestro. El 2 de octubre de 1976 hubo una explosión en el paraje El Gallinato, donde luego se encontraron restos humanos. Dos odontólogos verificaron que eran de Gemma, pero no fueron entregados a sus familiares y permanecen desaparecidos.

La misma madrugada del 25 de septiembre de 1976,  hombres que se identificaron como miembros de la Policía secuestraron a Carlos Rojas, quien cursaba cuarto año de la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Salta.
Los querellantes en este proceso esperan que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta lleve a cabo el juicio en la primera parte del año próximo. Y se especula con la posibilidad de que a esta causa se acumulen otros referidos a desapariciones perpetradas en el marco del plan sistemático de eliminación de personas que se llevó a cabo en el país desde 1975.

De acuerdo a lo informado a la agencia por los orgnismos de derechos de Salta, el represor Guil condenado a perpetua  a cumplir en carcel común por el fusilamientos de  once presos politicos por el juez Bavio en la causa Palomitas II, ha requerido al juez federal de turno nuevamente gozar del arresto domiciliario.