Ultiman detalles para realizar otro juicio por delitos de les a humanidad

Por Elena Corvalan

 El Tribunal Oral Federal de Salta realizó ayer una audiencia preliminar con el fin de ultimar detalles con vistas a realizar otro juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito de Salta. Esta vez se trata de la conocida como “Causa Metán”, que reúne cuatro expedientes acumulados en los que se investigan crímenes perpetrados durante los años del terrorismo de Estado en jurisdicción de esa localidad en perjuicio de 12 personas, diez de las cuales fueron asesinadas o están desaparecidas. Entre estos hechos, se juzgará los homicidios de “Los Arbolitos”, los jóvenes fusilados en 1977 en la zona rural de Metán por un grupo de policías.

Según señala el fiscal Eduardo Villalba en uno de los requerimientos de elevación a juicio, se trata de hechos que “tienen en común un conjunto de elementos que permiten concluir que fueron cometidos en el marco del plan sistemático y organizado con el que se ejecutó la represión en nuestro país”. En otros casos intervino el fiscal federal Ricardo Toranzos.

El debate comenzará el próximo 31 de este mes.  Seis personas, dos ex militares y cuatro policías, serán juzgados por estos hechos: el e x jefe del Ejército en Salta, el coronel retirado Carlos Alberto Mulhall (ya condenado por la Masacre de Palomitas, el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y en la Megacausa tramitada el año pasado), el ex jefe de la Policía de Salta, comisario Miguel Gentil (también condenado por Palomitas, Ragone y en la Megacausa) y los policías Rafael Rolando Perelló, Eduardo del Carmen del Valle, Marcos Honorio Medina y Andrés del Valle Soraire, que fue juzgado por el asesinato de Ragone y en octubre de 2011 fue absuelto por el beneficio de la duda.

Ahora Soraire debe responder por el crimen de Los Arbolitos, una acusación que lo persigue desde 1977 y de la que zafó en reiteradas oportunidades hasta que el hecho fue encuadrado como un delito de lesa humanidad. El ex oficial de policía debe responder también por la detención irregular y los tormentos (incluidas violaciones) que sufrió Esmeralda Ramona Guerrero.

A Mulhall se le imputa participación como autor mediato (que dio la orden para que otros ejecutaran los hechos) de los homicidios agravados de Ángel Federico Toledo, la tentativa de homicidio de su hermano, Carlos Lucas Toledo, y los homicidios (en realidad se encuentran desaparecidos) de Pedro Francisco Núñez, Luis Roberto Ortega, José Napoleón Ortega, Gerónimo Concha Conseca y Hugo Velázquez, además de la detención y tormentos a Guerrero.

Mario Monasterio Sánchez  y Velázquez

Perelló, Del Valle y Medina están acusados por la desaparición de Núñez. Del Valle enfrenta acusaciones por las desapariciones de Orlando Ronal Molina y Concha Canseco y también se le atribuye responsabilidad en los tormentos que padeció Guerrero.  Y Medina está acusado de haber participado del secuestro y desaparición de Núñez.

En la audiencia de la víspera el juez Federico Díaz, que presidió el Tribunal acompañado por Marcelo Juárez Almaraz (la otra integrante del Tribunal, Marta Liliana Snopek estuvo ausente con aviso), propuso medidas para tratar de agilizar el debate: se acordó que cuando no se encuentre un testigo, se incorporará su testimonio anterior sin lectura en la audiencia, así también se incorporarán las indagatorias a los acusados; en el caso de testigos que hayan declarado antes en otros procesos ante este Tribunal, se incorporarán esos testimonios . Los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila  presentarán una versión sintetizada, que “contenga el hecho y la calificación legal”, del requerimiento de elevación a juicio.

Lo mismo harán los querellantes (los abogados Juan Carlos Galli, por los familiares de Rodríguez, y Andrés Ruarte, por Guerrero) con sus acusaciones.

Los alegatos, sobre el final del debate, serán presentados en un soporte digital en toda su extensión y oralmente solo se expondrán las partes salientes referida a la acusación, o defensa, y al pedido.
El Tribunal ya decidió que el primer día habrá audiencia de 9 a 17, y que luego se intentará escuchar entre 8 y 10 testimonios por día.

Posdata: Las imagenes corresponden al sentido homenaje popular labrado por manos, no oficiales, a la generación de mujeres y hombres de Metan, que en los bellos y tragicos años de los 70, asumieron un compromiso politico militante truncado por la furia militar y civil.

Juzgan a dos militares que trataron de destruir pruebas del terrorismo de Estado

Por Elena Corvalan
 
El lunes próximo, 10 de febrero, comenzará el juicio contra los militares retirados Carlos Fernando Tozzeto Arias y Juan Manuel Gestoso Presas, acusados de haber intentado destruir dos libros de la guardia del Hospital Militar de Salta, cuyas anotaciones comienzan en 1976, año en que imperaba el terrorismo estatal, y se prolongan hasta la década del 90.

El inicio de la audiencia está previsto para las 8,30. Se descuenta que comenzará con un debate acerca de si corresponde juzgar a los dos militares. Es que los defensores públicos Oscar del Campo (por Gestoso Presas) y Pablo Lauthier (por Tozzeto Arias) ya han intentado frenar el proceso con el argumento de que se trata de delitos comunes, que están prescriptos y corresponde absolver a los imputados.

Del otro lado, el fiscal general federal Francisco Snopek y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila sostienen que son delitos conexos a los crímenes de lesa humanidad, dado que se intentó destruir prueba vinculada a esos hechos, y son imprescriptibles, por lo que corresponde juzgarlos.
El Tribunal, integrado por los jueces locales Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek y el santiagueño Federico Díaz, ha preferido no hacer lugar al planteo de prescripción y discutir esta cuestión en el debate.
Este proceso se remonta al 15 de mayo de 2008, cuando Tozzeto Arias (por entonces director general del Hospital Militar) junto a otras personas, encontró los dos libros en el lavadero del Hospital. El hallazgo se dejó asentado en un acta. Tozzeto Arias, quien asegura que los libros eran ilegibles debido a la humedad y el moho, los entregó al teniente coronel Gestoso Presas,que por entonces era jefe de la Compañía de Inteligencia 5, para que evaluara si contenían información valiosa y si correspondía guardarlos.

Gestoso Presas juzgó que no tenían información relevante, por lo que resolvió quemarlos, decisión con la que Tozzeto Arias coincidió. La destrucción le fue ordenada al capitán Silvio Manino Leal, quien advirtió que la orden era irregular, fingió cumplirla pero guardó los libros en su domicilio, hasta que pudo entregarlos al Ministerio de Defensa.

Así se inició un sumario interno y una investigación penal. En lo administrativo, Tozzeto Arias y Gestoso Presas fueron pasados a disponibilidad primero y luego, a retiro. En la causa penal, el ex director del Hospital está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y el ex jefe de Inteligencia, de tentativa de destrucción de objetos destinados a servir de prueba.

Uno de estos libros es un registro de la sala de Maternidad del Hospital Militar, durante 1976, y se presume que podría contener información vinculada a hechos de terrorismo de Estado. El otro libro es el registro de enfermos de la sala de Varones del Hospital.

Mayor suspicacia genera la acción de los acusados porque para la época en que decidieron destruir los libros, Tozzeto Arias tenía pendiente de respuesta una solicitud de informes de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que depende del Ministerio de Justicia nacional, sobre registros de nacimientos ocurridos en este hospital en septiembre de 1975. Contestó que no se podía informar porque los registros habían sido incinerados.

Salta: Megacausa: Por estrés de la jueza, suspenden el juicio hasta febrero de 2014

Por Elena Corvalan
 
El juicio oral y público por crímenes del terrorismo de Estado que viene desarrollándose en Salta desde mayo de 2012 fue suspendido hasta el 11 de febrero de 2014. La razón: la jueza Marta Liliana Snopek no asistió a la audiencia de ayer; en cambio, se comunicó para informar que estando fuera de la provincia (en un lugar de descanso en Entre Ríos) sufrió un pico de estrés y el médico le recomendó guardar reposo, con la particularidad de que no fijó una fecha para este descanso.
La decisión del Tribunal Oral en lo Federal de Salta, integrado para este caso solo con los jueces Carlos Jiménez Montilla y Marcelo Juárez Almaraz (en presencia del cuarto juez, Gabriel Casas) causó indignación en los familiares de víctimas y abogados querellantes, quienes adelantaron que pedirán un juicio político contra la jueza, por mal desempeño de sus funciones. También quedó frustrado el fiscal federal Ricardo Toranzos, que una vez más no pudo presentar su alegato.
A las 9.40, cuando comenzó la audiencia, la novedad sobre el faltazo de la jueza recorría la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial. Ni bien se notificó que el debate iba a ser suspendido hasta el 11 de febrero del año próximo, el abogado David Leiva planteó la nulidad de esta resolución, porque se tomó con solo dos de los jueces, a la vez que calificó la ausencia de Snopek de una “falta de respeto” hacia los familiares. Enseguida el fiscal pidió el apartamiento de la jueza y que el tribunal se integrara con el juez sustituto, de manera de poder continuar sin más demoras.
En un intento por “clarificar” la situación, Jiménez Montilla hizo leer el artículo 365 del Código Procesal Penal de la Nación, referido a la continuidad y suspensión del debate, que en su última parte prevé que el juicio podrá suspenderse “hasta 30 días hábiles” en casos en que el juez, el fiscal o el defensor “no tengan posibilidad de reemplazo”. El Tribunal entendió que este era el caso, pero para las querellas y el fiscal, se está en la situación de reemplazar a Snopek por Casas.
La muestra de que la suspensión era una buena noticia para los acusados la dieron los abogados defensores Orfeo Maggio, Dardo Verchán y Luis Garzón al defender la decisión del Tribunal.
Leiva pidió también que se revocaran las prisiones domiciliarias de las que gozan algunos de los 17 acusados. El Tribunal pasó a deliberar y regresó para confirmar su decisión: “No ha lugar”, al planteo de nulidad realizado por Leiva y al que adhirió la querellante Tania Kiriaco, y al pedido del fiscal, al que también adhirió la abogada. Y ni siquiera hubo mención a la cuestión de las prisiones domiciliarias.
Leiva pidió una fotocopia del certificado médico sobre el que se basó la decisión de suspender el juicio: “Se tiene presente”, le respondió el presidente del Tribunal. “¿Cuándo podemos tener el certificado médico?”, insistió el abogado. “Se tiene presente”, reiteró el juez. Para los querellantes quedó claro que el certificado no estaba en poder del Tribunal. Mientras el abogado daba batalla, entre el público algunos familiares desfallecían, como le ocurrió a Luisa Madozzo, cuñada de Gemma Fernández Arcieri y Héctor Gamboa, secuestrados y desaparecidos en septiembre de 1976.
A esas alturas el término “vergüenza” iba de boca en boca. La usaban los familiares y militantes de organismos de derechos humanos, pero también varios funcionarios de la Justicia Federal que habían ido a escuchar a Toranzos.
La sorpresa máxima la dio el hecho de que se estaba a solo tres audiencias de que finalizara este extenso proceso.
Al final, en los pasillos que dan a la sala desde donde siguen el debate los imputados, se pudo ver a algunos de ellos palmeándose los hombros, con la certeza de que pasarán otras fiestas en sus casas, como desde hace 37 años.

 
“Han vuelto a matar a
nuestros compañeros”
 
Organismos de derechos humanos emitieron ayer una declaración en la que sostuvieron que con la decisión del Tribunal Oral en lo Federal de Salta de suspender el juicio por delitos de lesa humanidad hasta febrero del año próximo  “han vuelto a matar” a los “compañeros desaparecidos” porque “a pesar de los 37 años de esperar este juicio, con la actitud irresponsable de la jueza Marta Liliana Snopek”, se los dejó “sin posibilidad de obtener la sentencia, tanta veces soñada en este año y 7 meses” que lleva este debate.
La declaración, que suscriben la Asociación Lucrecia Barquet, Encuentro Memoria Verdad y Justicia, HIJOS Salta, la Agrupación Oscar Smith Luz y Fuerza y otras organizaciones que integran la Comisión Megacausa, sostiene que Snopek “no tiene entidad moral para ser jueza federal” y anuncia que recurrirán a “todas las instancias jurídicas para que ninguna víctima dependa  de la irresponsabilidad e inhumanidad de semejante persona”.
La declaración devela que la jueza pidió licencia por teléfono, “sin presentar un certificado médico”, desde la localidad de Villa Alcaraz, en Entre Ríos. Se informa también que el abogado David Leiva y la querellante Cristina Cobos pudieron constatar que la “resolución del Tribunal (de suspensión del juicio hasta el 11 de febrero de 2014) se adoptó sin tener el certificado correspondiente, el que llegó a las 12.56 del día de la fecha (3 de diciembre)”.
“La jueza Snopek se caracterizó por  su total desinterés por los juicios de lesa humanidad. La vimos muchas veces atendiendo su celular sin prestar atención a los testimonios desgarradores que se escucharon en las audiencias. Cuando el doctor Leiva la recusó ante el Tribunal sobre el particular, ella con total soberbia respondió que atendía asuntos atinentes a su función de los presos federales de la cárcel de General Güemes”, se recuerda en la declaración. A lo largo de este debate la jueza ha demostrado una constante atención a su teléfono celular, al principio lo usaba abiertamente, incluso luego del planteo del querellante, pero terminó por usar la cartera para cubrir sus manos de las miradas cuando un realizador audiovisual comenzó a realizar tomas de las audiencias.
Los familiares afirmaron que lo de ayer “supera todos los  límites de lo que podría acontecer en un juicio”, que tuvo reiteradas suspensiones y demoras por todo tipo de razones, desde el mal funcionamiento del sistema de videoconferencia por el que siguen el debate varios imputados hasta la falta de citaciones a testigos.
Sobre el final de la declaración, los familiares dejaron una pregunta inquietante: “Si esto nos ocurre a nosotros que pertenecemos a una organización de DDHH que tenemos  37 años de lucha, ¿qué podría pasarles a las mujeres, niños y niñas víctimas de trata que esperan que el Poder Judicial actúe en defensa de sus derechos?”

Denunciarán a otro militar por la desaparición del soldado Brizzi

Por Elena Corvalan

El abogado David Leiva informó que hoy presentarán una denuncia formal contra el teniente coronel (RE) Héctor Girbone, por su supuesta responsabilidad en la desaparición de Víctor Brizzi, ocurrida el 8 de marzo de 1976, cuando estaba cumpliendo el servicio militar en el Regimiento de Caballería C 5 General Martín Miguel de Güemes de esta ciudad.
La posibilidad de la denuncia surgió ayer en el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad, tras la declaración indagatoria del militar Fernando Chaín, quien está siendo juzgado como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad de Brizzi. A pesar de que la audiencia se extendió hasta las 18, no fue posible empezar con los alegatos, los que quedaron para la próxima jornada, el 15 de octubre, aunque primero tienen que declarar por lo menos tres de los restantes imputados: Diego Gatto, Juan Manuel Ovalle y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, que ya expresaron su intención de hablar antes de que las partes comiencen a alegar.

Ayer Chaín negó participación en el secuestro de Brizzi y aseveró que mientras duraba la instrucción básica, que se daba a todos los conscriptos recién incorporados, a principios de año, “los soldados dependían del jefe del Regimiento”, el teniente coronel Carlos Alberto Mulhall (que está siendo juzgado por este hecho), y del jefe de la Agrupación de Instrucción, que por entonces era el teniente primero Girbone.
Leiva le recordó que cuando declaró en este proceso (a pedido de la defensa del propio Chaín) Girbone negó haber sido el jefe de la Agrupación de Instrucción, pero Chaín ratificó sus dichos: “A lo mejor se olvidó, yo me acuerdo”, aseguró.
Al término de la audiencia, Leiva anunció que hoy  presentarán una denuncia penal contra Girbone, para que se lo investigue en relación a la desaparición de Brizzi. El militar ya está en prisión preventiva en Ezeiza, acusado por la apropiación de Pablo Javier Gaona, hijo de desaparecidos. 
La jornada comenzó con planteos de los defensores Federico Petrina, en representación de Chaín y Diego Gatto, y Orfeo Maggio, por De la Vega. Más tarde se incorporaron los testimonios que estaban por escrito, además de otras pruebas documentales, como publicaciones periodísticas.

La indagatoria a Chaín fue el último acto. El militar brindó una exposición sobre su carrera en el Ejército y las tareas que cumplía en su primer destino: el Regimiento de Caballería Ligero C5 General Güemes, al que llegó con el grado de subteniente.
Negó participación en el secuestro de Brizzi, dijo que no tenía potestad para autorizar la salida de un soldado, que por ser tan joven (20 años) y recién recibido le asignaban las tareas menos importantes y que recién se enteró del hecho en 2008, cuando fue involucrado por el testigo Carlos Villalba Ovejero.

Las preguntas del fiscal Ricardo Toranzos lo sacaron de su relato, primero dijo que nunca supo de la existencia de órdenes secretas para la lucha contra la subversión y luego negó repetidamente: “Nunca vi un lugar de reunión de detenidos” en el Ejército de Salta, sin advertir que usaba la terminología contenida en la directiva secreta 404/75, de la comandancia general del Ejército para la lucha contra la subversión. La frase está también en el libro del general Acdel Vilas, el primer jefe del Operativo Independencia, en Tucumán.
La contradicción fue puesta de resalto por Leiva, quien también lo interrogó por el hecho de que Chaín fue calificado por el capitán Hugo Espeche, condenado por su participación en la Masacre de Palomitas, y no por su jefe directo, el teniente primero Girbone.

Lesa humanidad: denuncian que un testigo fue amenazado de muerte

Todos repudiamos las cobardes amenazas e intimidaciones al compañero VÍCTOR COBOS

Por Elena Corvalan

El ex preso político y testigo Víctor Cobos recibió amenazas de muerte el viernes último, el día siguiente de participar en un programa de televisión en el que se refirió a la responsabilidad que se le atribuye al empresario Marcos Levín, que está procesado como instigador de delitos de lesa humanidad.
Así lo informó ayer, durante una conferencia de prensa convocada por organismos de derechos humanos para denunciar estas amenazas y exigir protección para los testigos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, y en la que hubo críticas al desarrollo del juicio oral y público, conocido como Mega Causa, que está llevándose a cabo en estos momentos en la ciudad de Salta. La conferencia se hizo también para recordar la conocida como Masacre del 24 y 25 de Septiembre, el secuestro de cinco jóvenes y el asesinato de otro, cometidos en esta ciudad entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de septiembre de 1976.
Cobos informó que recibió las amenazas fueron enviadas vía internet y la recibió en su teléfono celular. Fueron cuatro mensajes, entre las 17.03 y las 17.21, enviados por alguien que eligió firmar “Tu conciencia”. “Sos materia pendiente”, le dijeron en el primer mensaje, además de insultarlo. Los otros tres apuntan en el mismo sentido: “Lo que te hice va a ser poco”, “La conciencia te va a matar”, “Vas a tener la muerte del sapo”.

Para Cobos, que presentó la denuncia formal anteayer, ante el fiscal federal Eduardo Villaba, no hay duda sobre el origen de esos mensajes: “Los equiparo con los dichos de gente que me torturó”, sostuvo. Por la detención ilegal y los tormentos que sufrió en 1977 ya están procesados el empresario Levín, en calidad de instigador, y los policáis Víctor Hugo Bocos, Enrique Víctor Cardozo y Víctor Hugo Almirón.
En 1977 Cobos era delegado en la Veloz del Norte, de propiedad de Levín. En enero de ese año, junto a otros 14 empleados de la empresa de transporte, fue secuestrado y torturado por miembros de la Comisaría 4º de esta ciudad, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. Estos hechos comenzaron a ser investigados en 2005, a instancias de Cobos, que venía haciendo denuncias desde 1983.

El jueves último, 19 de septiembre, Cobos participó en el programa “Cara a cara”, que se emite por Cablevisión, donde reiteró que Levín “estuvo presente en las torturas” y ratificó que Levín hacía aportes para la represión y, a la vez, había policías que le respondían.

Cobos informó que el abogado Pedro García Castiella, del Programa Verdad y Justicia, que lleva adelante la Nación para acompañar y proteger a las víctimas y testigos del terrorismo de Estado, lo llamó para acordar los términos de la protección que se le brindará.

De la conferencia de prensa participaron, entre otros, las militantes de derechos humanos Cristina Cobos y Nora Leonard, el delegado local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella, y el concejal y candidato a diputado provincial Martín Ávila (que fuera delegado de la Secretaría de DDHH nacional).

Cristina Cobos, y la abogada querellante Susana Aramayo, pidieron a la prensa y a la sociedad salteña que acompañen a los familiares en los últimos tramos de la Mega Causa, que continuará el próximo 30 de este mes, en la Ciudad Judicial.

Megajuicio Salta: más testimonios, en la etapa final del proceso

Por Elena Corvalan

El megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta continuará hoy, a partir de las 15, con testimonios y un careo. El Tribunal Oral en lo Federal de Salta convocó a diez personas para hoy. Ocho están convocados a prestar su testimonio sobre distintos hechos que se investigan en este proceso, pero los policías retirados Roberto Inocencio Medina y José Carrasco han sido convocados para un careo que fuera solicitado, y aprobado, en marzo pasado por los abogados Matías Duarte y Tania Kiriaco, de la querella por el periodista Luciano Jaime. En febrero de 1975, como miembros del Departamento de Criminalística de la Policía provincial, Medina y Carrasco intervinieron en el operativo tras el hallazgo de los restos de Jaime, que había sido secuestrado el 12 de febrero de 1975 y cuyos restos fueron encontrados dos días después. 

Medina declaró en este juicio en octubre de 2012 y Carrasco, en marzo pasado. Sus testimonios dejaron en claro que la Policía de Salta montó un simulacro de investigación en torno a la muerte del periodista. Pero además, tuvieron “evidentes contradicciones”, lo que habilitó el pedido de la querella, que el Tribunal aceptó. Por otra parte, entre los testigos citados, se cuenta el médico Alfonso Ragone, hijo del ex gobernador Miguel Ragone. Este debate se inició a fines de mayo del año pasado y desde entonces viene desarrollándose con intermitencias. Todavía no se sabe cuándo se conocerá la sentencia. En este proceso se acumularon distintas causas y se reunieron delitos cometidos en perjuicio de 34 personas, 30 de las cuales están fallecidas o desaparecidas. 

El debate comenzó con 20 acusados pero durante su transcurso fallecieron dos (el militar Ubaldo Vujovich Villa y el comisario Abel Vicente Murúa) y uno (el comisario Roberto Puertas) fue apartado debido a que sufrió un accidente cerebro vascular. Entre los que continúan en juicio se cuentan reconocidos represores como el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de Policía, Miguel Raúl Gentil, y el ex jefe de Inteligencia de la Policía, Joaquín Guil.

Una muerte y un exilio

Las últimas palabras de Martín Cobos: “Ayudalo a Enrique que lo van a matar”

Por Elena Corvalan

Una muerte y un exilio. Esas fueron las situaciones que vivieron los miembros de la familia Cobos desde la madrugada del 25 de septiembre de 1976 cuando hombres vestidos de civil, con medias en la cabeza y calzados con borceguís irrumpieron en su domicilio a las 2 de ese día buscando a Enrique Cobos, quien militaba en la Juventud Peronista (JP), y era de las filas montoneras. Terminaron fusilando en la entrada de una casa de vecinos de la zona al más chico de los Cobos, Martín, quien en ese momento tenía 18 años.

“Ayudalo a Enrique que lo van a matar”, fueron las últimas palabras de Martín, tras haber sufrido el acribillamiento que dejó  30 balas en su cuerpo. Falleció ese mismo día tras ser llevado al Instituto Médico, la entidad que más cercana quedaba del lugar donde ocurrió su matanza.

Los recuerdos de aquella madrugada fueron revividos por los testigos en la inspección ocular que se hizo ayer en la calle General Güemes 1979, en el marco del mega juicio que se lleva adelante por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 24 víctimas durante la última época de la represión en Argentina. Donde se hizo la inspección es la vivienda que habitaban en el momento de los hechos los padres de los Cobos, los tres hermanos (Cristina, Amparo y Martín), y la empleada doméstica con su pequeño hijo. Enrique se había casado en abril de ese año, por lo que se había mudado al barrio Santa Lucía. Ya el 24 de marzo de 1976, había sido detenido por el Ejército en la casa paterna, recuperando luego su libertad. Cristina, quien también busca Justicia por su compañero desaparecido, el soldado Víctor Brizzi, recordó que la persecución era sobre ella y Enrique, militantes de la JP. Esta es una de las últimas acciones que se están llevando adelante en el mega juicio. Si bien ayer se preveía contar con la declaración de la jueza Martha Sofía Poma en su domicilio de San Lorenzo, la actividad fue suspendida para hoy a las 15. Mientras, se espera la que sería la última audiencia de testimonios para el próximo 10 de septiembre.

Un fusilamiento

El 25 de septiembre a las 2 tocaron el timbre. Ya afuera, dos personas se encontraban en la esquina de Güemes y Pedernera haciendo de vigías. Los represores ingresaron a la fuerza por los techos de la casa y la puerta. Obligaron al matrimonio Cobos,  y a Amparo, Cristina, a tirarse al piso. Los golpearon. La empleada se encerró en su habitación con su hijo. Martín, quien dormía en la habitación que antes compartía con su hermano Enrique, fue encontrado por los policías y golpeado brutalmente, al grito “hijo de p…vos sos Enrique”. Logró escapar, trepó las escaleras del patio interno, salió a la terraza y saltó. Allí comenzaron las primeras ráfagas de la balacera que sintieron los vecinos. Oscar Camacho, amigo de Martín, quien vivía al frente de los Cobos, vio cómo su amigo se dirigió a su puerta, mientras desde dos autos que estaban estacionados en la casa de los Cobos disparaban. Martín logró llegar hacia la esquina y dirigirse por Pedernera media cuadra a fin de ingresar a una conexión que había entre dos viviendas para escapar. Pero se encontró con la conexión cerrada y fue entonces que uno de los hombres de cara cubierta lo acribilló enfrente de la puerta de entrada de la casa donde vivía María Encarnación Martínez con sus hermanas y sus padres. Escucharon el fusilamiento y el pedido de socorro de Martín.  Luego del hecho, sintieron a Martín siendo arrastrado hasta la vereda por quien fuera su verdugo, para de allí escapar en los autos que se usaron en el operativo. “Llamamos a la Policía y dijeron que no toquemos nada, que ya iban a venir a ver qué había pasado.  Hasta el día de hoy los seguimos esperando”, dijo Martínez.

En medio de todo esta operación, había una persona con la cara descubierta que “digitaba todo”, contó Cobos. Camacho, por su parte, dijo que a esa misma persona la vio tiempo después, durante la democracia, pero no recordaba su nombre. Cobos, por su parte, reconoció que entre los partícipes estaba Víctor Hugo Bocos, quien está siendo investigado por las torturas que sufriera también otro de sus hermanos, Victor Manuel Cobos, en diciembre de 1976. Esto se encuentra siendo investigado en una causa que involucra al empresario Marcos Levín. El mismo día que falleció Martín, Enrique fue buscado por sus amigos y familiares que lo escondieron por una semana hasta salir de Salta y después del paso por otras provincias, del país. Su hija recién nacida quedó en manos de sus padres, quienes se hicieron cargo de su crianza hasta que él y su mujer pudieron finalmente volver.