En Salta contra el olvido y por la memoria
Coincidió en Salta la realización de dos encuentros, el del Poder Judicial de la Nación y la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación y el de La Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El primero en la capital en un lujoso hotel que fue cerrado por el gobernador menemista Juan Carlos Romero y el segundo en Oran convocado por la Comisión de la Memoria de Oran, que contó con la presencia de militantes de esa provincia, Jujuy, Catamarca, Rosario y Zona Norte de Buenos Aires, entre otras delegaciones. Una de las acciones, como lo anticipara Causa Popular, fue la presentación judicial para reclamar que el ubique los cuerpos de los primeros guerrilleros guevaristas del EGP, desaparecidos en 1963, al ser derrotados por la Gendarmería.
“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos son los dueños de todas las otras cosas” La definición es de Rodolfo Walsh y es uno de los argumentos políticos de la presentación judicial en el Juzgado Federal de Oran, rubricados por David Leiva, Guido Salomón Villena, Hugo Tapia, la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, la APDH de Rosario,Tito Ripodas, la periodista Stella Calloni, representantes de organizaciones sociales, campesinas e indígenas de las provincias del norte y ex presos políticos de las últimas dictaduras militares. “A más de cuatro décadas de estos sucesos, el escenario de la memoria y de la historia, el universo de los hechos y personajes, se sitúa entre las fuerzas de vencedores y vencidos, en donde el relato se expone como botín de guerra, de quienes se apropiaron del cuerpo de Ricardo Masetti y Oscar Altamira Guzman, e imponiéndonos de versiones de lo que podemos recordar y de lo que debemos olvidar, signando nuestro futuro”, se lee en otro tramo del texto dejado en Mesa de Entrada del Juzgado Federal porque no había ningún funcionario que lo recibiera.
Lo de botín de guerra no es extemporáneo: la Gendarmería Nacional hasta el día de hoy reevindica en los desfiles en Salta y sus páginas oficiales la represión de los combatientes del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) y la desaparición de quien fuera su jefe, Ricardo Masetti, el “Comandante Segundo”. Masetti fue uno de los fundadores de la agencia de noticias Prensa Latina, en los albores de la Revolución Cubana y amigo personal del Che.
Empero, no fue la única acción demandar que el Estado participe activamente en la búsqueda de los cuerpos de Masetti y Altamira Guzman, como lo hace actualmente una delegación del Gobierno de Cuba en Oran, sino que el conjunto de los participantes en la Semana de la Memoria en Oran, en paneles, talleres y resumidos en el plenario final reclamaron la aceleración de los juicios a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos, cárcel común a los genocidas, el repudio a los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación para beneficiar con pensiones a los que participaron del “Operativo Independencia”, el inicio del Terrorismo de Estado en Tucumán 1975, la indefensión de las familias campesinas e indígenas en la defensa de sus tierras de los que son desalojados con impunidad, denunciar los asesinatos de jóvenes a manos de las fuerzas policiales, la censura cultural por la Municipalidad de Oran, el procesamiento del periodista Sergio Poman, llevado a cabo por el gobernador Romero, por haberse sentido injuriado por acusaciones de corrupción, entre otras resoluciones en el plenario de la militancia en Oran.
En los mismos días que en Salta Capital, el pleno del poder judicial nacional deliberaba sobre su funcionamiento, la “necesidad de independencia”,... la necesidad de que se le amplíen los recursos económicos y, más que obvio, no dijeron ni una sola palabra sobre la morosidad en los juicios por las violaciones a los derechos humanos. Un deliberado olvido para las más de 800 causas obturadas por fiscales y jueces federales. Precisamente la familia del gobernador Miguel Ragone, detenido desaparecido el 11 de marzo de 1976, reclamaron que garantice su investigación, y al igual que las organizaciones de derechos humanos, el fusilamiento de presos políticos en junio de 1976, y todos los asesinatos y las detenciones ilegales durante la última dictadura militar. Justicia, Verdad y Justicia que implica que los fiscales y jueces de la Justicia Federal, entre ellos Miguel Medina y Horacio Aguilar, sean separados de sus cargos, porque de lo contrario la impunidad seguirá como hasta hoy. Como se dijo y se repitió en Oran, donde el olvido esta lleno de memoria.
Coincidió en Salta la realización de dos encuentros, el del Poder Judicial de la Nación y la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación y el de La Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El primero en la capital en un lujoso hotel que fue cerrado por el gobernador menemista Juan Carlos Romero y el segundo en Oran convocado por la Comisión de la Memoria de Oran, que contó con la presencia de militantes de esa provincia, Jujuy, Catamarca, Rosario y Zona Norte de Buenos Aires, entre otras delegaciones. Una de las acciones, como lo anticipara Causa Popular, fue la presentación judicial para reclamar que el ubique los cuerpos de los primeros guerrilleros guevaristas del EGP, desaparecidos en 1963, al ser derrotados por la Gendarmería.
“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos son los dueños de todas las otras cosas” La definición es de Rodolfo Walsh y es uno de los argumentos políticos de la presentación judicial en el Juzgado Federal de Oran, rubricados por David Leiva, Guido Salomón Villena, Hugo Tapia, la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, la APDH de Rosario,Tito Ripodas, la periodista Stella Calloni, representantes de organizaciones sociales, campesinas e indígenas de las provincias del norte y ex presos políticos de las últimas dictaduras militares. “A más de cuatro décadas de estos sucesos, el escenario de la memoria y de la historia, el universo de los hechos y personajes, se sitúa entre las fuerzas de vencedores y vencidos, en donde el relato se expone como botín de guerra, de quienes se apropiaron del cuerpo de Ricardo Masetti y Oscar Altamira Guzman, e imponiéndonos de versiones de lo que podemos recordar y de lo que debemos olvidar, signando nuestro futuro”, se lee en otro tramo del texto dejado en Mesa de Entrada del Juzgado Federal porque no había ningún funcionario que lo recibiera.
Lo de botín de guerra no es extemporáneo: la Gendarmería Nacional hasta el día de hoy reevindica en los desfiles en Salta y sus páginas oficiales la represión de los combatientes del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) y la desaparición de quien fuera su jefe, Ricardo Masetti, el “Comandante Segundo”. Masetti fue uno de los fundadores de la agencia de noticias Prensa Latina, en los albores de la Revolución Cubana y amigo personal del Che.
Empero, no fue la única acción demandar que el Estado participe activamente en la búsqueda de los cuerpos de Masetti y Altamira Guzman, como lo hace actualmente una delegación del Gobierno de Cuba en Oran, sino que el conjunto de los participantes en la Semana de la Memoria en Oran, en paneles, talleres y resumidos en el plenario final reclamaron la aceleración de los juicios a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos, cárcel común a los genocidas, el repudio a los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación para beneficiar con pensiones a los que participaron del “Operativo Independencia”, el inicio del Terrorismo de Estado en Tucumán 1975, la indefensión de las familias campesinas e indígenas en la defensa de sus tierras de los que son desalojados con impunidad, denunciar los asesinatos de jóvenes a manos de las fuerzas policiales, la censura cultural por la Municipalidad de Oran, el procesamiento del periodista Sergio Poman, llevado a cabo por el gobernador Romero, por haberse sentido injuriado por acusaciones de corrupción, entre otras resoluciones en el plenario de la militancia en Oran.
En los mismos días que en Salta Capital, el pleno del poder judicial nacional deliberaba sobre su funcionamiento, la “necesidad de independencia”,... la necesidad de que se le amplíen los recursos económicos y, más que obvio, no dijeron ni una sola palabra sobre la morosidad en los juicios por las violaciones a los derechos humanos. Un deliberado olvido para las más de 800 causas obturadas por fiscales y jueces federales. Precisamente la familia del gobernador Miguel Ragone, detenido desaparecido el 11 de marzo de 1976, reclamaron que garantice su investigación, y al igual que las organizaciones de derechos humanos, el fusilamiento de presos políticos en junio de 1976, y todos los asesinatos y las detenciones ilegales durante la última dictadura militar. Justicia, Verdad y Justicia que implica que los fiscales y jueces de la Justicia Federal, entre ellos Miguel Medina y Horacio Aguilar, sean separados de sus cargos, porque de lo contrario la impunidad seguirá como hasta hoy. Como se dijo y se repitió en Oran, donde el olvido esta lleno de memoria.
