Un informe con nombres de espías del Ejército en Salta y Jujuy

Se estableció con certeza quiénes fueron los espías del Ejército que actuaron en Salta y Jujuy
(Por Elena Corvalán, directora de Radio Nacional-Salta).-
 
Un informe oficial intenta cubrir el vacío que ha permitido hasta ahora que los agentes de inteligencia no sean vinculados con los hechos de represión, a pesar de estar claro que fueron partícipes. Una estructura de vigilancia compuesta por oficiales, suboficiales del Ejército y de otras fuerzas de seguridad y una larga lista de “civiles”, funcionaron como agentes del Destacamento de Inteligencia 143, con asiento en Salta, durante la última dictadura cívico-militar, y otro tanto ocurrió con el denominado Grupo Adelantado de Inteligencia que funcionó en Jujuy, dependiente de aquél.

Un informe realizado por el Programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, destaca que, como en el resto del país, estas unidades de inteligencia estuvieron “en el centro del dispositivo represivo”, dado que “habrían diseñado y controlado el accionar represivo”, seleccionando blancos, determinando el orden de mérito de los detenidos y asignando destinos.

El informe, al que Otros Territorios* tuvo acceso, se propone “despejar la aparente desvinculación que tuvieron en estos hechos, quienes siendo parte de la estructura organizativa (de la represión), no han sido mencionados por víctimas sobrevivientes, pero, sin embargo, compartieron estructuras, espacios, tiempos, con aquellos que sí han sido identificados”, por lo que no pudieron ser ajenos a los hechos.

Precisa el informe que las acciones realizadas por estas dependencias “formaron parte de un plan nacional represivo practicado contra la población durante la dictadura militar desde 1976 hasta 1983 y cuyos fundamentos y doctrina están expuestos en las directivas del Consejo de Defensa y del Comando en Jefe del Ejército, elaboradas y distribuidas en octubre de 1975”.

Esas directivas establecieron las prioridades operacionales, los organismos responsables, los niveles de coordinación y subordinación para llevarlas a la práctica, y “la hegemonía del Ejército, al cual se subordinaron las fuerzas policiales, Gendarmería, Prefectura y organismos vinculados como, por ejemplo, la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado)”.

La importancia de vigilar

Estas directivas determinaron que la actividad de inteligencia era prioritaria para el “combate a la subversión”.

La tarea de inteligencia, precisa el informe, “fue especializada y requirió personal entrenado técnica y sicológicamente; también fue siempre encubierta”. De hecho, todos los oficiales y suboficiales que integraron el Destacamento 143 y su Grupo Adelantado en Jujuy estuvieron en otros destacamentos de inteligencia y asistieron a “cursos técnicos de inteligencia” y a “cursos de inteligencia para jefes”. Algunos fueron también a la Escuela de las Américas, la ahora fortmalmente disuelta organización de la US Army destinada a instruir a los militares latinoamericanos en el combate al enemigo interno, incluyendo interrogatirios con aplicación de tormentos y desaparición de cadáveres.

Los suboficiales hicieron cursos de “técnico de inteligencia” y el de “perfeccionamiento para auxiliar de inteligencia”, llamado “Interrogadores”.

Precisamente, los miembros de inteligencia tenían a su cargo “el interrogatorio de inteligencia para seleccionar los prisioneros de guerra en la zona de combate”, ordenaba el Reglamento ROP 30-5. Complementando, el Reglamento RE 9-51, “Instrucción de lucha contra elementos subversivos”, consignaba: “El capturado es una fuente de información que debe ser aprovechada por el nivel de inteligencia”.

El trabajo del Programa Verdad y Justicia también cita el Reglamento RC 16–1, "Inteligencia Táctica", en el que se detallan las actividades a desarrollar para la obtención de información, la inteligencia y la contrainteligencia, los sabotajes, las actividades sicológicas secretas y las operaciones especiales.

La importancia que tenía la inteligencia queda explicitada en el "Reglamento de Organización y Funciones de los Estados Mayores" RC 3-1: el jefe de inteligencia, dispone, será el principal miembro del Estado Mayor, quien “tendrá responsabilidad primaria sobre los aspectos relacionados con el enemigo”.

En suma, la normativa general y los reglamentos implantaron las directivas que debían seguir los oficiales y suboficiales “aptos en inteligencia e interrogación, que han sido entrenados para esta tarea”.

Para los autores del informe, “resulta razonable y lógico suponer que estas directivas fueron cumplidas a cabalidad por el personal del Destacamento de Inteligencia 143 y su Grupo Adelantado de Jujuy”, dado que fueron propuestos para reconocimientos y ascensos.

Métodos

El Destacamento 143 funcionaba en la calle Belgrano al 400 de Salta. Dependía del Área 322, comprendida en la Subzona 32, perteneciente a la Zona III del III Cuerpo de Ejército.

El Grupo Adelantado de Inteligencia de Jujuy estaba en el Área 323, funcionaba en unas oficinas frente a la plaza central en un edificio lindante con la Central de Policía.

La central de inteligencia funcionaba dentro del Regimiento 20.

La Subzona 32 estaba bajo la jurisdicción del Comando de la Brigada de Infantería V, con asiento en Tucumán.

El informe precisa que la actuación de los destacamentos de inteligencia estuvo comprendida en las directivas impartidas en el plan nacional represivo. La Directiva 1 del Consejo de Defensa, de 1975, daba “libertad de acción para el empleo de los medios en zonas calientes”, en el marco de la “lucha contra la subversión”.

Las unidades de inteligencia eran las “responsables de interrogatorios, tormentos de detenidos, con el propósito de mantener la secuencia operacional de las unidades a partir de la información que se obtenía y que ellos mismos procesaban”.

El Reglamento RE -10-51, “Instrucción para operaciones de seguridad”, detallaba los elementos que los represores debían llevar a los operativos: “Se recomienda contar con palos, cuerdas y capuchones o vendas para el transporte de detenidos”.

Sobre el tratamiento a los detenidos, en el juicio a las Juntas, quien fuera jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall, dijo que “en todos los casos, se efectuaba un primer interrogatorio, se los derivaba ya sea a la delegación de la Policía Federal, o a la Jefatura de Policía” y luego se decidía si continuaba detenido. Para estas decisiones “siempre se daba intervención a personal que nuestras organizaciones militares tienen, especialistas en inteligencia, para poder determinar si el individuo está o no dentro de una organización subversiva”.
 
Quiénes fueron
 
A continuación, el listado de los oficiales y suboficiales que se desempeñaron en inteligencia en Salta y Jujuy:


Teniente coronel Osvaldo Mario Baudini
Teniente coronel Roberto Jesús González
Teniente coronel Juan Messina
Teniente coronel  Osvaldo Lucio Sierra
Mayor Miguel Ángel Cornejo García
Capitán Sidney Edgar Page
Capitán Hugo José Schierano
Capitán Rodolfo Antonio Aguilar
Capitán Roberto Jones Tamayo
Capitán Enrique Federico Gentiluomo
Capitán Julio César de la Barrera
Capitán Antonio Gaspar Viana
Capitán Duilio Raúl Martínez
Capitán Néstor de la Vega
Capitán Aldo Carlos Checchi
Capitán Carlos Alberto Feijoo
Capitán Ricardo Ernesto Elicabe
Teniente primero Jorge Julio Affanni
Teniente primero Rafael Mariano Braga
Teniente primero Eduardo Jorge Coaker
Teniente primero Julio César de la Barrera
Teniente primero José Eduardo Bulgheroni
Teniente primero Guillermo Eduardo del Pino
Teniente primero Pedro Edgardo David
 
Suboficiales
José Federico Marcial
Máximo Rubén Chávez
Jacobo Eduardo Gómez
Benancio Celestino Cardozo
Amado Salim Osman
Alberto Raúl López
Salvador Américo Aredes
Hilario Romaniello
Julián Nicolás Quispe
Eduardo Amércio Nicolini
Miguel Andrés Mendoza
Roberto Montero
Domingo Orlando Cejas
Juan Heriberto Cruz
Juan José Maciel
Tehodolo Adolfo Aztorga
Raúl Alberto Salas
Martín Eugenio Arapa
Pedro Horacio Aguilera
Roberto Aquilino Barbosa
Alfonso Díaz
Martín García
Víctor Rivero
Oscar Humberto Blas
Aldo Julio César Díaz
Carlos Nicolás Gómez Argüello
Saturnino Orlando Durán
Víctor Cruz González
Raúl Guillermo Rivero
Luis Alejo Martínez
Norberto Carrizo
Héctor Argentino Gerónimo
Héctor Enrique Méndez
Fabián Sivila
Oscar José Paredes
 
*Esta nota fue publicada originalmente en dicho suplemento del Nuevo Diario de Salta con el título "Alma de buchón" y difundida por la Agencia de Noticias DH.

Ríos Ereñú dice que se adulteró un libro del Ejército.

Megajuicio: Ríos Ereñú dice que se adulteró un libro del Ejército
El ex jefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú no supo explicar ayer las constancias del libro histórico del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, del cual fue jefe en los primeros años de la dictadura cívico militar iniciada en marzo de 1976.

Este libro da cuenta de la existencia de la Subárea 322-1, como sostienen la Fiscalía y los querellantes, quienes acusan a Ríos Ereñú de ser su jefe y por lo tanto también responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa etapa.

Ríos Ereñú está siendo juzgado por el Tribunal Oral en lo Federal de Salta por los secuestros y homicidios del médico Pedro Urueña y del dirigente de la JP Jorge René Santillán. El militar retirado volvió a pedir la palabra ayer para hacer su descargo respecto de la acusación por Santillán.

Pero esta vez el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montill, le advirtió que no podía leer. La acusación sostiene que en la división del país que se hizo a los efectos de la represión, en Zonas, Subzonas, Áreas y, en algunas provincias (como Buenos Aires, Córdoba y Salta) Subáreas, el norte provincial quedó comprendido en la Subárea 322-1 (Salta era el Área 322), que estaba bajo la responsabilidad del jefe del Regimiento de Monte 28 y que tenía jurisdicción en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.

Ríos Ereñú basó parte de su defensa en negar la existencia de esta Subárea. Pero como en el libro histórico del Regimiento se consigna una Subárea 322-1, y también aparece como 3221 y 3222, además de resaltar estas diferentes menciones como un síntoma de falta de veracidad, el acusado aseguró que hay diferencias en la forma del registro, por lo que sospecha que el libro histórico ha sido adulterado, y pidió un peritaje.

Reiteró también que la directiva 404/75, dada por la Comandancia del Ejército en octubre de 1975, que establecía la zonificación militar, recién fue aplicada a partir del 24 de marzo de 1976. El fiscal le pidió entonces que explicara cómo es posible que el 2 de febrero de 1976 se difundiera en el diario El Tribuno un comunicado militar que Mulhall firmó como “jefe del Área 322”.

Ríos Ereñú argumentó que él no estaba en Salta entonces: “El coronel Mulhall está acá, puede explicar”, arguyó. Ríos Ereñú no solo debió lidiar con las preguntas del fiscal Ricardo Toranzos y el querellante David Leiva, sino que también tuvo que soportar las chicanas del otro acusado, el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall, que aprovechó el hecho de estar sentado a su lado, en el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires, para hacer comentarios y gestos que exhibían su fastidio por la larga declaración de su compañero de juicio, con el que vienen enfrentados (y se dice que hasta hubo un conato de cachetadas en ocasión de una revisación médica) desde que este último dijera que la responsabilidad de la represión en el norte provincial recae sobre el primero.

Ríos Ereñú aseguró que esta afirmación de Mulhall es contradictoria, que solo pretende descargar responsabilidad en otros. En el mismo sentido, negó haber tenido el control operacional de la represión en el norte, y hasta dijo que la Policía de Tartagal le respondía a Mulhall.

El ex jefe del Regimiento 28 negó que hubiera tenido vinculaciones con Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Salta. Pero esto fue desmentido en el interrogatorio del fiscal y de Leiva, quienes lo confrontaron con los libros del Regimiento y los del Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán, en los que queda probado que había un trato fluido entre ambas fuerzas.

En el libro de Gendarmería de Orán están registradas salidas de un camión del Ejército que fue a colaborar en un operativo, así la llegada de mensajeros del Regimiento 28 trayendo sobres cerrados al Escuadrón 20. También está consignada la presencia de miembros del Ejército en el Escuadrón 20. Ríos Ereñú terminó por argumentar que pudo ocurrir que existieran vinculaciones sin que él las conociera, y afirmó que todo lo asentado en los libros son actos lícitos, que los demás no se registraban.

Además, ayer el médico policial Juan Carlos Ocampo, que intervino en el levantamiento de los restos de Santillán, recordó que la comisión policial fue al Regimiento a informar de este hecho porque “la Policía estaba bajo las órdenes del jefe del Regimiento de Tartagal”.

Los asesinos de Jorge Santillán comieron en el lugar del homicidio
El médico forense Juan Carlos Ocampo recordó ayer con claridad que el cuerpo de Jorge René Santillán había sido sometido a una explosión tan fuerte que apenas quedaron los miembros inferiores y parte de la pelvis y pedacitos esparcidos en 30 metros a la redonda. Pero lo que más le llamó la atención fue que “debajo de un árbol grande, frondoso, había como si hubieran hecho fuego, unas ramas quemadas.

Y como si hubieran comido ahí” desechos de “cervezas y esas cosas. Y ahí se que dinamitaron el cadáver. Pero no existía el cadáver. Había pedacitos, el más grande de dos centímetros, varios metros a la redonda, hasta en las ramas”. Ocampo dijo que le llamó la atención que “cómodamente una persona había tenido ganas de ingerir un alimento habiendo hecho una cosa como ésa”.

El debate sobre el secuestro y homicidio del dirigente de la JP, cometidos la madrugada del 10 de agosto de 1976 en General Mosconi, mostró ayer la concertación de las fuerzas de seguridad. El hecho habría sido cometido por miembros del Ejército con la colaboración de la Policía provincial, que no respondió a los pedidos de auxilio de los familiares, en una resistencia a los secuestradores que se prolongó por casi dos horas, y luego orientó la búsqueda en sentido contrario a donde habían ido los atacantes. Y la propia YPF, intervenida militarmente, había despedido a Santillán.

Doce testigos declararon en la continuidad del juicio que se sigue en Salta por crímenes de lesa humanidad. Siete se refirieron al homicidio de Santillán, los otros cinco hablaron de los secuestros y desapariciones de los jóvenes Oscar Alberto Bianchini y Néstor Miguel Díaz, cometidos también en agosto, en Salta capital. Entre la indagatoria al acusado Héctor Ríos Ereñú y los testimonios quedó clara la estrecha colaboración de las fuerzas de seguridad que participaban de la represión y también la colaboración que brindaban empresas, como YPF y el propio Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE), ambos intervenidos por los militares.

Según contó el ex jefe militar, YPF prestaba camionetas al Regimiento de Monte 28. Además, echó a algunos empleados. Santillán, y su hermano Alfredo, fueron despedidos “por razones de seguridad”, en julio de 1976. Al mes siguiente, a eso de las 3 de la mañana del 10 de agosto de 1976 un grupo de 5 o 6 hombres llegó a su casa en Mosconi y se lo llevó para matarlo con un explosivo y abandonar sus restos en el camino a Acambuco.

Irma Prado de Santillán, la esposa de Jorge, contó que con su marido, su hija Rosa, de 7 años, y su madre, lucharon en la vereda de su casa, a unas cinco cuadras de la Comisaría, durante casi dos horas, tratando de evitar que se lo llevaran. A pesar de los gritos, los cuatro agentes comisionados llegaron cuando ya se lo habían llevado y la propia Irma había ido a avisar a su cuñado, Alfredo. Dos de estos policías, Arsenio Segovia y Carlos Terán, declararon ayer.

Quedó claro que, cuando fue comisionado para acompañar a Irma en la búsqueda de su esposo, Segovia los llevó primero hacia Balbuena, en el sentido contrario adonde habían ido los secuestradores. El policía Pablo Rueda, que integró la comisión que fue a levantar el cuerpo de Santillán, recordó que en el lugar del homicidio encontraron “un papelito chiquito que decía FM”, las mismas de Fabricaciones Militares.
Por Elena Corvalan, Directora de Radio Nacional en Salta
Envío:Agndh

Silvio, hijo del desaparecido Jorge René Santillán

“Nadie puede olvidarse de los que nos tocó vivir a nosotros”
 
En 1976 Silvio René Santillán tenía seis años. La madrugada del 10 de agosto de ese año le tocó sufrir la violencia de un grupo de tareas que entró a su casa y secuestró a su padre para matarlo rato después. “Yo pienso que nadie puede olvidarse lo que nos tocó vivir a nosotros. Verlos pelear a mi papá, a mi  mamá, a mi hermana mayor que en ese momento tenía siete años. No queriendo que se lo lleven. Y verlo cómo le pegaban con la Itaka en la cabeza, en la cara, verlo todo ensangrentado”, afirmó ayer el hijo.
El cuerpo de Jorge René Santillán fue encontrado esa misma mañana, alrededor de las 6, en el camino a Acambuco, en el extremo norte de la provincia de Salta. Sus familiares saben que los secuestradores eran miembros del Ejército. Eran seis o cinco hombres encapuchados, que dijeron ser de la policía pero uno de ellos, que en algún momento quedó sin la capucha, fue reconocido por Irma, la esposa de Santillán: era un suboficial del Ejército.
Por este hecho están siendo juzgados el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall, y quien fuera jefe del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, Héctor Ríos Ereñú, que en la democracia llegó a jefe del Estado Mayor del Ejército.

El Tribunal Oral en lo Federal de Salta tenía previsto comenzar ayer a analizar el secuestro y homicidio de Santillán, pero la audiencia debió suspenderse debido a que no había servicio de Internet en Comodoro Py, Buenos Aires, desde donde siguen el debate los dos acusados. Silvio, que junto a su hijo y a su esposa concurrió a la audiencia, lamentó la suspensión. Su tío, Alfredo Santillán, y su madre, Irma, tenían que declarar ayer pero sus testimonios fueron pospuestos para hoy, igual que los de otros testigos.
Los Santillán vivía en General Mosconi. Hasta julio de 1976 Jorge Santillán trabajaba en YPF y era delegado del sector Metalúrgica del Departamento de Electromecánica. Con su hermano Alfredo, que trabajaba en el sector Usina del mismo departamento, eran opositores al oficialismo en el Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE).

También militaba en la JP y, como todos los militantes de la época, realizaba trabajo social con los pueblos originarios de la zona y en los barrios más necesitados. Con Alfredo estaban impulsando la construcción de un centro sanitario, donde iba a atender el médico Pedro Urueña, también secuestrado y asesinado por esa época. Ahora la hija menor de Jorge trabaja con los pueblos originarios en Mosconi.

Los Santillán dieron cuenta ayer, una vez más, de las secuelas del terrorismo de Estado, de las dificultades que la familia enfrenta para cerrar el duelo. “Él (Jorge) tenía un pijama, celeste, un color así, yo todavía tengo el saco de ese pijama que sigue roto donde estaba roto, tiene unas manchas como si fuesen de óxido pero que no es óxido, es la sangre, que yo todavía lo tengo y muchas veces duermo con ese saco”, recordó ayer Silvio, con la emoción dificultándole el habla.

Jorge e Irma tenían cuatro hijos: Silvio y su hermana Rosa, los más grandes, trataron de evitar el secuestro de su padre, que luchó por largo tiempo hasta que “al último lo vencieron y se lo pudieron llevar”. Las más chiquitas dormían. Ayer un familiar recordaba que Rosa pedía a los secuestradores que le dejaran al padre al menos hasta que cumpliera 15 años.
Luego del secuestro los hermanos fueron llevados a Campamento Vespucio, con un tío. “No me voy a olvidar nunca esa tarde, porque llegó el hermano de mi padre. Me acuerdo que estaba sentado en el frente de esa casa y cuando lo ví llegar le pregunté: ‘Tío, ¿lo encontraron a mi papá?’. Y no me contestó nada. Entró, se fue, se bañó y salió vestido de traje, me llevó al living y ahí fue donde él me dijo que sí lo habían encontrado a mi papá y que lo habían encontrado muerto”.
 
Sin embargo, ese final cruento no borró los buenos recuerdos del padre ausente: “Siempre tuve los recuerdos más lindos de mi papá, siempre me sentí orgulloso de mi papá y más aún cuando uno va al norte, siempre dije que yo tengo apellido y ese apellido es mi carta de presentación, que es ser el hijo de Jorge René Santillán”.

Por Elena Corvalan, Directora de Radio nacional en Salta

El asesinato de Luis Rizo Patrón, amigo de Santucho

El cuerpo acribillado en la plaza de Metán

 Por Alejandra Dandan

Gabriela empezó describiendo ese estado de clandestinidad “media extraña” en el que estaba su padre, Luis Rizo Patrón, que vivía escondido en el altillo de la casa de la abuela, adonde sus hijos subían cada tanto, pero cuando alguien preguntaba por él debían decir que estaba en otra parte. En julio de 1976, cuando ya lo habían secuestrado, la madre de Gabriela volvió a subir al altillo. “Eso es lo que más triste tengo de mi vida”, dijo ella en la audiencia de ayer. “Verla a mi mamá bajando con los libros de mi papá, teniéndolos que quemar por recomendación de la familia, quemar el libro que él estaba escribiendo y que a mí me hubiese gustado llegar a leer.”

Gabriela declaró ante el Tribunal Oral Federal de Salta donde se lleva adelante la megacausa por las víctimas de la represión. Tenía 12 años cuando secuestraron a su padre, al que pocos días después dejaron tirado y asesinado en la plaza de Metán, abajo del monumento al General San Martín, rodeado de bombas, con seis agujeros de tiros en la cabeza, dos o tres en los brazos y otros en el estómago. Su padre, que era maestro de escuela en Metán, que había nacido en Santiago del Estero, había sido amigo desde el secundario de Roberto Santucho y más tarde parte del PRT; estuvo preso y luego fue candidato a legislador y diputado en el gobierno de Miguel Ragone, después del golpe había comenzado a viajar a Chaco. Cerca de ahí una patota secuestró primero a su hijo más grande, y el 12 de junio de 1976 lo obligaron a entregarse a cambio del joven.

“Realmente las heridas que quedan en una familia son muy importantes”, dijo ella cuando el Tribunal le preguntó por qué no estaban allí declarando sus hermanos. “Acompañé a mi mamá cuando la persona que está a cargo del programa de Protección al testigo fue hablar con ella. Nos explicó el valor que tenía esto para determinar las condiciones de la muerte, que nosotros ya sabemos; para poder determinar quiénes fueron los culpables, que Dios sabrá si se podrá determinar o no, y para poder determinar la magnitud del daño. En función de esa magnitud del daño es que yo estoy sentada hoy acá”, dijo ella. “Me parecía que se debía saber en principio que mi papá era una persona que desde la docencia trató de transmitir mucho de lo que era el respeto al otro y a las ideas; tenía una ideología muy clara de participación en la comunidad, a través del gremio y cooperativas. Desde que eran muy jóvenes los dos, con mi mamá, comenzaron una línea de defensa del indígena, quedó mi papá después militando un tiempo en el PRT. Y todo lo valioso de su vida me parecía que era muy poco que quedara simplemente en el cuerpo, en cómo se había encontrado, qué posición estaba o cuántas balas recibió. Esta magnitud del daño hace referencia a la familia, que estuvimos muy solos, con apremios económicos. Cuando tomé el ómnibus anoche, una de las broncas más grandes que tenía era darme cuenta de que después de 36 años lo que ocurrió está tan presente en la vida de cada uno de nosotros: verla a mi mamá que no puede venir; ver a mi hermano que a los 51 años no puede contar esto. Y pensar que mi hermana está ahí afuera sin poder expresar esto, porque lo que nos metieron es el miedo adentro.”
Luis

A Luis Rizo Patrón le decían “el profesor” en el pueblo de Metán. “Mi mamá era profesora de lengua y mi papá de contabilidad, vivíamos ahí en donde ser docentes era uno de los mayores privilegios, nosotros éramos muy bien considerados” en el pueblo, dijo Gabriela, hasta que en mayo de 1972 detuvieron por primera vez a su padre. “Al episodio lo viví bastante de cerca porque nos detiene la policía. En ese momento se usaban unos portafolios enormes de Primicia. Me acuerdo que el policía me dijo: abrime el portafolio. Yo miré para atrás, mi mamá me dijo que lo abra y mi hermana se resistía. Cuando vieron que llevábamos útiles nos dejaron ir al colegio y cuando volvimos a nuestra casa, a mi papá se lo llevaron detenido.”

Luis estuvo preso en Tucumán, en Buenos Aires, en Resistencia y luego en Salta. Los hijos lograron verlo en la cárcel de Salta en mayo del ’72, donde les mostró las artesanías que armaban con huesos de caracú. “Lo vi mucho más flaco, había hecho huelga de hambre y mi hermana me preguntó si no me había dado cuenta de que estaba golpeado. Pero yo no me daba cuenta todavía.” Cuando salió en el mes de septiembre, al poco tiempo comenzó con la candidatura a legislador. “Para nosotros todo eso era raro”, dijo ella. “De golpe pasamos de ser hija de un preso, a ser hija del candidato, a los pocos meses hija del legislador y vicepresidente de la Cámara de Diputados de Salta en la época del gobierno de Ragone.”

En el ’73 y ’74, como legislador viajaba los fines de semana a Metán. Con los años Gabriela se metió a ver sus proyectos, entre los que más discusiones generó, encontró uno sobre la expropiación de latifundios.

“¿Por qué pasó a la clandestinidad?”, preguntó el fiscal en la sala.

“Ya a mediados del ’74 el ambiente no era tan jolgorioso, de ser la hija del legislador empezamos a recibir amenazas. Digo jolgorioso porque pude venir a la capital de Salta y verlo no en la cárcel sino como diputado, que estuvo lindo. Pero al final del ‘74 toda la familia estaba amenazada y a un vecino a dos casas de la nuestra le pusieron una bomba y nos dijeron que se habían equivocado: que las bombas eran para nosotros. Yo tenía 10 años y entendía perfectamente qué era que a uno le pusieran una bomba: vi la que le pusieron al vecino, vivíamos con muchísimo miedo.”

Con un apagón provocado por algunos amigos, la familia salió en secreto de Metán a Santiago del Estero. Dos o tres semanas después, dos bombas estallaban en la casa de Metán.

Luis pasó un tiempo en el altillo hasta el golpe de 1976. Por la situación económica, empezó a viajar a Roque Saénz Peña en el Chaco y volvía a Santiago del Estero una vez al mes. “Cuando volvía nos contaba mucho del campo, y a mi hermano le gustaba en particular ir a cazar. Una vez, mi hermano se entusiasmó con la idea de ir a un paraje cercano de donde estaba mi papá, en Pampa de los Guanacos (en el norte de Santiago del Estero y límite con el Chaco). Quedaron que se juntaba ahí con mis tíos. En ese momento lo secuestraron unos que dijeron que eran de la policía. Mi papá vivía en una pensión. A cambio de entregar a mi hermano, mi papá tenía que entregarse. Ese fue el trato, mi papá se entregó. Subieron los dos a una camioneta, a mi hermano lo volvieron a llevar a Pampa de los Guanacos. Lo dejaron en medio de un monte cercano y de allí se lo llevaron a mi papá, en definitiva desde Pampa de los Guanacos.”
Lo que vino

Luis era uno de esos maestros que mientras sus alumnos hacían balances, les ponía discos de versos de García Lorca de su mujer que era profesora de lengua. O música clásica. “Sé que militaba en el PRT”, dijo Gabriela. “Sé que tenía reuniones. Era amigo íntimo de Roberto Santucho, fueron al mismo colegio, tuvieron muchas experiencias juntos, no sé cuál de los dos salvó la vida de cuál cuando cayeron al río Dulce. Compartieron mucho también con mi mamá cuando se formó el primer grupo que buscaba reivindicar los derechos, el FRIP y después en el PRT.”

Lo que sucedió con Luis como secuestrado –una palabra que Gabriela subrayó en medio de la sala cuando la fiscalía preguntó por su “detención”– forma parte de esa militancia. De Pampa de los Guanacos lo llevaron a Santiago del Estero, donde lo esperó Musa Azar. Lo vieron en Tucumán y lo dejaron muerto con una crueldad sobre la que todavía existen preguntas, en medio de la plaza de Metán.

“¿Usted sabe por qué secuestraron primero a su hijo si quienes lo seguían pudieron secuestrarlo a él directamente?”, le preguntaron en la sala. Gabriela dijo que no lo sabe, supone que fue porque a su padre lo querían con vida y con su hijo de señuelo se aseguraban que fuera así. En otro momento le preguntaron por qué creía que después de todo lo que hicieron, lo volvieron a llevar hasta Metán.

“Haciendo cálculos fueron muchos días los que lo tuvieron”, dijo ella. “Desde el 25 de junio hasta el 12 de julio, de acuerdo con mi construcción mental y respondiendo a la pregunta, siempre interpreté como que fue una cuestión aleccionadora. Yo nunca había vuelto a Salta, el año pasado fui a un congreso y me fui a Metán y me fui a la plaza para verla. Me pareció gracioso que pongan un cuerpo al pie de la estatua de San Martín –dijo– podía tomarse como un homenaje. Pero por todas las otras condiciones, rodearlo de paquetes de bombas, con el cuerpo torturado, era como algo aleccionador.”

David Leiva es uno de los abogados de las querellas. Está convencido de que el secuestro de Luis pudo estar relacionado con la persecución a Santucho. Cree que el circuito por el que pasó muestra además la coordinación no tanto de la policía sino del Ejército, que tenía la mirada de la zona. Otro de los aportes de sus subrayados es sobre la condición de militante político de Luis: “Nosotros estamos intentando ubicar a las víctimas del terrorismo de Estado en los partidos en los que militaban, y eso se está dando en Salta, sobre todo con los testimonios que se escuchan de los militantes del interior de la provincia, porque con estos juicios no perseguimos solamente la sanción punitiva del Estado, sino la posibilidad de recuperar la historia de los compañeros. No contarla es perpetuar ese proceso de desaparición: no contar dónde militaban y cuáles fueron las ideas es parte de la política de seguir desapareciéndolos. La experiencia es lo más próximo que esta generación tiene que legar a las futuras”

Un sobreviviente confirmó el accionar conjunto entre Ejército y Policía

Uno de los sobrevivientes de la última dictadura militar dio ayer en su relato distintos elementos que prueban el accionar conjunto de las fuerzas represivas. Este sostuvo que el ex jefe del Ejército, Carlos Mulhall, fue quien le dijo en la cárcel que lo iban a liberar, al momento que indicó que éste iba hasta la cárcel de Villa Las Rosas en helicóptero por las tardes.

Aldo Bellandi, quien fuera jefe de Movilidad del Gobierno de Miguel Ragone, fue quien avisó a la cúpula policial de aquella época, comandada por Joaquín Guil, que "Ragone no necesitaba más custodia policial, porque a Ragone lo custodiaba el pueblo". "Fue ahí que yo cavé mi propia fosa", evaluó el testigo al hablar de su caso incluido en la mega causa que investiga delitos de lesa humanidad a las que fueron sometidas 34 víctimas. Por el hecho en este juicio se encuentran procesados Carlos Mulhall, Joaquín Guil, y Roberto Puertas. Pero este último fue separado del actual juicio por encontrarse enfermo tras haber sufrido un ACV.

 Nueva audiencia

La madrugada del primero de abril de 1976, Bellandi fue detenido en un mega operativo que se montó en el barrio Santa Lucía. Allí reconoció Puertas quien estaba a cargo del operativo. Tras ser llevado a la Primera, fue detenido por una semana en la Central de Policía en donde inició la tortura.

Pero los tormentos más dolorosos fueron tras ser trasladado en el Ejército, donde empezó a ser un desaparecido. "Me golpeaban los oídos. Me picanearon testículos, tetillas, boca, planta de los pies. Caminaba con las piernas entreabiertas y en punta de pie", sostuvo en su declaración ante el Tribunal Oral Federal. Las torturas recurrentes duraron meses. Al ser trasladado a la cárcel de Villa Las Rosas, los presos eran dirigidos en las madrugadas frías a los baños donde eran manguereados. La tortura a Bellandi fue más dura cuando en una de estas 'manguereadas' vio de frente al director de la Cárcel, Braulio López, a quien conocía porque "yo casi como que lo posicioné" durante el Gobierno de Ragone. "Como él a mí me conocía, se me puso de frente en una de esas ocasiones y me miraba, y fue cuando yo escupí al piso".

Contó también que escuchaban helicópteros en donde supuso que por el movimiento de uniformados del Ejército, viajaba Mulhall hasta la cárcel. Fue allí que éste lo atendió un año después de haber sido detenido y desaparecido. "Con las piernas cruzadas sobre un escritorio y golpeando las botas con una fusta, me dijo que iba a salir en libertad", contó.

Al darle la noticia le dijo "de política y peronismo nunca más (porque) la próxima no sale".

Las persecuciones no cesaron. Contó que en una ocasión le hicieron causa a él y su mujer por un supuesto robo en YPF, razón por la cual estuvieron detenidos unos 15 días.


Un mega operativo

Antes de la 1, del primero de abril del '76, el equipo conformado por uniformados y otros de civil, había ido hasta la España 25, en donde vivía la hermana de Bellandi, con su madre, su esposo y sus cinco hijos. "Entraron de golpe y dieron vuelta todo", contó Ana María Bellandi, al recordar esa noche en la cual su hija de 17 años fue agarrada por el cuello por uno de los civiles que irrumpieron en la vivienda al momento que apuntaba con un arma corta a la cabeza de la adolescente. Ante ese panorama, Ana María contó que su esposo pidió calma a los represores, prometiéndoles que los iba a llevar hasta el domicilio de su cuñado.

Fue entonces que cerca de la 1 llegaron al domicilio de Aldo Bellandi, quien dormía junto a su mujer, Griselda Banegas.

A Bellandi lo pusieron mirando a la pared a punta de pistola. A Griselda la llevaron a otro dormitorio y la desnudaron. "Uno me presionaba contra la pared con una mano, y con la otra me manoseo los pechos y la vagina", contó la mujer, al indicar que los demás se reían y seguían buscando papeles, llevándose al final unos libros. Luego se llevaron a su marido y por detrás una caravana de jeeps y otros vehículos se alejaron del lugar.

Banegas como Ana María Bellandi recordaron que en aquel entonces, sólo supieron de Aldo mientras estaba en la Central de Policía. A la semana desapareció. Su hermana lo buscó por todos lados hasta que "no se cómo, dí con un capo máximo militar, y el hizo dos llamadas y me dijo que mi hermano estaba en la cárcel. Pero que no podía ir a verlo ni hacer nada por él. Y que no le iba a pasar nada". Un año después, Aldo volvió a ver a sus familiares. "Cuando entró a mi casa no era mi hermano, era un pobre tipo, que estaba mal, flaquito, sin pelo…era una piltrafita". La tortura dejó secuelas en Bellandi quien (entre otras cosas), tiene problemas para oír. "Si me preguntan a mí, yo para ellos quiero la cárcel común", dijo el testigo.

Salta: Testigos que prefieren no hablar ilustran cuán profundo caló el terror

La octava jornada del megajuicio oral y público que por crímenes de lesa humanidad se lleva a cabo en Salta mostró, quizás más que ninguna otra, las consecuencias del terrorismo de Estado, que perdura, a pesar de los más de 30 años transcurridos.

Desfilaron testigos para los que parecía representar un motivo de temor el solo hecho de venir a declarar ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta. “Todos nos hemos asustado. No sé. (Teníamos miedo) porque veíamos que llevaban a la gente. No teníamos que meterse en nada porque estaban pasando cosas con los vecinos”, explicó Juana del Valle Zerpa de Ale, la primera testigo del día, convocada para que hablara de su amiga Carmen Berta Torres y de la hermana de ésta, Francisca Delicia Torres, a quien llamaban Elsa.

Las dos fueron secuestradas y desaparecidas en abril de 1976. El ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall, y el policía retirado Julio Oscar Correa están siendo juzgados por estos hechos.

Por las dudas, Juana Zerpa, una mujer ya anciana, se apresuró a aclarar que ella nunca supo que las hermanas Berta anduvieran en política ni en “nada malo”.

Las hermanas eran militantes peronistas, estaban en la Lista Verde, que impulsó a la gobernación a Miguel Ragone. Berta era directora de Bosques en la gestión de Ragone y Elsa trabajaba en la municipalidad de General Güemes. De ahí la sacó, el 9 de abril de 1976, un grupo de hombres armados, con las caras cubiertas. Calzaban borceguíes, según pudo ver Roque Torres, que también trabajaba en la municipalidad y que alcanzó también a identificar (porque se le cayó la tela que le cubría el rostro) al sargento del Ejército Leopoldo Vicente Abán, que fue interventor municipal.

La medianoche del 28 de abril de 1976 Berta fue secuestrada de su casa por un grupo de hombres que andaban en automóviles Ford Falcon. “Eran varios, eran muchos. Estaban encapuchados. (A la madre y al padre de Berta y Elsa) los levantaron, los pusieron contra la pared. Los golpearon. La sacaron de la cama a Berta y se la llevaron”, contó ayer su hija, Ramona del Carmen Torres de Tarifa, que en 1976 tenía unos 26 años.

Berta y Elsa están desaparecidas. Elsa estaba embarazada, tampoco se supo si pudo dar a luz ni qué pasó con ese niño. “Los padres, o sea mis abuelos, se fueron sin saber nada. Por eso estoy aquí, para ver si podemos saber dónde las llevaron”, aseguró Ramona del Carmen.

“Hay vecinos que han visto. Nada más que tienen miedo de hablar. No quieren hablar”, sostuvo sobre la poca información que brindaron los vecinos convocados como testigos. Antes había declarado un vecino de enfrente de la casa de sus padres, Lorenzo Figueroa, que solo se arriesgó a decir que creía que las hermanas habían sido secuestradas. En la instrucción de esta causa otro hermano de las víctimas, Manuel Torres, quien las buscó durante años, señaló a este vecino como alguien muy próximo al comisario Correa, que era jefe de la Policía en Güemes cuando se cometieron los secuestros. Manuel Torres está convocado a declarar el próximo 25 de este mes.

Otra hermana de Berta y Elsa, también llamada Francisca, a quien llamaban Mira, fue secuestrada antes, torturada y liberada en un camino vecinal cerca de Cabeza de Buey.

De las hermanas Torres también habló el testigo Robin Mario Escudero, un compañero de militancia que fue detenido en diciembre de 1974.

Otra testigo habló ayer del temor que generaba el terrorismo de Estado. Pía Asunción Viltes era la pareja del Raúl Benjamín Osores, y fue detenida el 24 de marzo de 1976, en Embarcación. Osores, que ni bien supo del golpe se fue para evitar la represión pero que entre abril y mayo de 1976 se entregó creyendo que así liberarían a su compañera, fue desaparecido desde la Central de Policía de Salta.

Viltes recién pudo volver a Embarcación “después de 30 años”. Se encontró con que los vecinos recordaban poco. “Nadie quería meterse, (la gente) no podía ni siquiera mirar nada”, recordó ante el Tribunal.
 
“Queremos saber de los restos”
 
“Espero que se haga justicia. Y que los restos… Queremos saber de los restos para poder darles cristiana sepultura, que es lo que corresponde como católicos, que es lo que estamos reclamando todos”. Pía Asunción Viltes hizo el reclamo cuando ya el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, la despedía.

Viltes conoció a Raúl Osores en la Acción Católica y en el trabajo rural. A ambos les interesaba mejorar la situación de los trabajadores del campo y fueron juntos a Embarcación, donde Osores fue secretario general del sindicato de trabajadores rurales, que integraba la Federación Única de Sindicato de Trabajadores Rurales y Afines (FUSTCA), cuyo secretario general era Felipe Burgos, secuestrado y desaparecido desde el 6 de abril de 1976.

Cuando sobrevino el golpe. Osores opinaba que debían huir. Ella se negó porque “no habíamos hecho nada malo”. Al final, él se fue y ella salió a hacer compras al mercadito de Embarcación. Ahí la detuvo la Gendarmería. De allí fue trasladada a la sede de Gendarmería en Orán, luego la llevaron a la Central de Policía de Salta, de donde la enviaron a la cárcel de Villa Las Rosas, de donde fue finalmente trasladada a la cárcel de Villa Devoto, donde estuvo unos tres años, a disposición del PEN.

De Osores supo, por una nota de familiares, que en abril o mayo de 1976 se había entregado a Gendarmería, en un intento por lograr su liberación. Había sido enviado a la cárcel de Villa Las Rosas. Luego lo llevaron a la Central de Policía, “donde le hicieron firmar la libertad, y nunca más” se supo de él.
 
La patria, y las joyas
 Una vez más, los testigos confirmaron lo que es sabido: los integrantes de las fuerzas de seguridad que en 1976 usurparon el poder en nombre de la moral y del patriotismo aprovecharon el poder para robar.
Pía Asunción Viltes recordó que cuando fue detenida, la llevaron a su casa y buscaban plata “que era lo que más les interesaba”, y que al final se llevaron “todo del sindicato”, los muebles y hasta su diploma de maestra especial. Luego, en el Escuadrón 20 de Orán de Gendarmería, le sacaron los anillos y cadenas que llevaba y nunca le devolvieron.

También la hija de Berta Torres, Ramona del Carmen Torres de Tarifa, recordó ayer que los secuestrados de su madre se llevaron una máquina de escribir y las joyas de la familia.

 (Por Elena Corvalán)

Reclaman ante la Justicia ubicar los cuerpos de los primeros guerrilleros guevaristas del EGP, asesinados en 1963

En Salta contra el olvido y por la memoria

Coincidió en Salta la realización de dos encuentros, el del Poder Judicial de la Nación y la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación y el de La Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El primero en la capital en un lujoso hotel que fue cerrado por el gobernador menemista Juan Carlos Romero y el segundo en Oran convocado por la Comisión de la Memoria de Oran, que contó con la presencia de militantes de esa provincia, Jujuy, Catamarca, Rosario y Zona Norte de Buenos Aires, entre otras delegaciones. Una de las acciones, como lo anticipara Causa Popular, fue la presentación judicial para reclamar que el ubique los cuerpos de los primeros guerrilleros guevaristas del EGP, desaparecidos en 1963, al ser derrotados por la Gendarmería.

“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos son los dueños de todas las otras cosas” La definición es de Rodolfo Walsh y es uno de los argumentos políticos de la presentación judicial en el Juzgado Federal de Oran, rubricados por David Leiva, Guido Salomón Villena, Hugo Tapia, la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, la APDH de Rosario,Tito Ripodas,  la periodista Stella Calloni, representantes de organizaciones sociales, campesinas e indígenas de las provincias del norte y ex presos políticos de las últimas dictaduras militares. “A más de cuatro décadas de estos sucesos, el escenario de la memoria y de la historia, el universo de los hechos y personajes, se sitúa entre las fuerzas de vencedores y vencidos, en donde el relato se expone como botín de guerra, de quienes se apropiaron del cuerpo de Ricardo Masetti y Oscar Altamira Guzman, e imponiéndonos de versiones de lo que podemos recordar y de lo que debemos olvidar, signando nuestro futuro”, se lee en otro tramo del texto dejado en Mesa de Entrada del Juzgado Federal porque no había ningún funcionario que lo recibiera.

Lo de botín de guerra no es extemporáneo: la Gendarmería Nacional hasta el día de hoy reevindica en los desfiles en Salta y sus páginas oficiales la represión de los combatientes del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) y la desaparición de quien fuera su jefe, Ricardo Masetti, el “Comandante Segundo”. Masetti fue uno de los fundadores de la agencia de noticias Prensa Latina, en los albores de la Revolución Cubana y amigo personal del Che.

Empero, no fue la única acción demandar que el Estado participe activamente en la búsqueda de los cuerpos de Masetti y Altamira Guzman, como lo hace actualmente una delegación del Gobierno de Cuba en Oran, sino que el conjunto de los participantes en la Semana de la Memoria en Oran, en paneles, talleres y resumidos en el plenario final reclamaron la aceleración de los juicios a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos, cárcel común a los genocidas, el repudio a los proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación para beneficiar con pensiones a los que participaron del “Operativo Independencia”, el inicio del Terrorismo de Estado en Tucumán 1975, la indefensión de las familias campesinas e indígenas en la defensa de sus tierras de los que son desalojados con impunidad, denunciar los asesinatos de jóvenes a manos de las fuerzas policiales, la censura cultural por la Municipalidad de Oran, el procesamiento del periodista Sergio Poman, llevado a cabo por el gobernador Romero, por haberse sentido injuriado por acusaciones de corrupción, entre otras resoluciones en el plenario de la militancia en Oran.

En los mismos días que en Salta Capital, el pleno del poder judicial nacional deliberaba sobre su funcionamiento, la “necesidad de independencia”,... la necesidad de que se le amplíen los recursos económicos y, más que obvio, no dijeron ni una sola palabra sobre la morosidad en los juicios por las violaciones a los derechos humanos. Un deliberado olvido para las más de 800 causas obturadas por fiscales y jueces federales. Precisamente la familia del gobernador Miguel Ragone, detenido desaparecido el 11 de marzo de 1976, reclamaron que garantice su investigación, y al igual que las organizaciones de derechos humanos, el fusilamiento de presos políticos en junio de 1976, y todos los asesinatos y las detenciones ilegales durante la última dictadura militar. Justicia, Verdad y Justicia que implica que los fiscales y jueces de la Justicia Federal, entre ellos Miguel Medina y Horacio Aguilar, sean separados de sus cargos, porque de lo contrario la impunidad seguirá como hasta hoy. Como se dijo y se repitió en Oran, donde el olvido esta lleno de memoria.