domingo, 26 de febrero de 2012

El represor Joaquín Guil consiguió volver a su casa

Finalmente el juez federal Julio Leonardo Bavio le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al ex comisario general de la Policía de Salta, Joaquín Guil, quien cuenta con dos condenas, a prisión y a reclusión perpetua, por su participación en dos hechos emblemáticos de los crímenes cometidos por la represión estatal y paraestatal en Salta: la matanza de 11 presos políticos conocida como Masacre de Palomitas y en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

La decisión del magistrado es del 22 de este mes pero trascendió ayer: “Conceder el beneficio de la prisión domiciliaria al causante Joaquín Guil”, dice en su lenguaje técnico la resolución tomada en el expediente nº 138 en el se tramitó el pedido de volver a su casa que hizo Guil en enero pasado.

La decisión del juez Bavio se basó en un dictamen del perito médico Cristian Rando, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien tras revisar a Guil, el 10 de febrero, concluyó en que la prisión domiciliaria constituye “una alternativa médicamente fundamentada en el presente caso”. Según indicó, el represor, de 75 años, padece, entre otras afecciones, de una obstrucción severa en una arteria, sufrió un infarto, es diabético, tiene insuficiencia renal y es hipertenso.

Los querellantes estudian la posibilidad de apelar la decisión del magistrado. La abogada Tania Kiriaco, representante de familiares de víctimas, consideró que hubo “un exceso en el dictamen de Rando” al afirmar que el represor “se encuentra encuadrado dentro del marco del artículo 32 de la ley 24660, según la ley 26472, constituyendo la prisión domiciliaria una alternativa médicamente fundamentada en el presente caso”. “Él no puede opinar en lo que no sea tema médico, se extralimita en su dictamen”, señaló la abogada, quien se quejó de que los represores “entran por una puerta y salen por la otra”.

Guil, hombre fuerte de la represión salteña desde tiempos de la dictadura de Onganía y que parece mantener parte del entramado del poder, viene beneficiándose con la prisión domiciliaria prácticamente desde el momento en que comenzó a ser seriamente investigado por los numerosos crímenes de lesa humanidad en los que está implicado, en junio de 2007. Entonces la jueza ad hoc Gladis Comas lo mantuvo detenido por escasas horas, luego de indagarlo en el marco de la causa por el fusilamiento de once personas en las cercanías del paraje Palomitas, cometido el 6 de julio de 1976. Convenientemente, a pesar de la insistencia de los familiares de las víctimas, el ex director de Seguridad de la Policía de la provincia recién fue indagado una vez que hubo cumplido los 70 años. Su edad fue precisamente el argumento que pesó  para que a poco de detenerlo se le concediera la posibilidad de ir a su casa, en la villa veraniega de San Lorenzo, bajo la custodia de su propia esposa.

Volvió a ser detenido en octubre de 2007, esta vez por orden del entonces juez federal Abel Cornejo, que lo investigaba por las torturas y el asesinato del joven militante justicialista Eduardo Fronda, cometido el 8 de enero de 1975. En diciembre del mismo año Guil obtuvo la prisión domiciliaria, dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, pero siguió detenido, en dependencias de Gendarmería, porque pesaba contra él otra orden de detención dictada por su participación en la desaparición de Ragone. Pero ya la Cámara había sembrado la semilla para darle la prisión domiciliaria también en relación a esta causa.

Guil no pisó una cárcel hasta diciembre del año pasado, cuando el juez Bavio lo condenó a reclusión perpetua por la Masacre de Palomitas y ordenó que cumpliera su condena en la cárcel federal de Güemes. Los relatos de los testigos del momento de la notificación dan cuenta de la incredulidad del represor, que llegó a afirmar que lo llevaban preso, dejando en claro que para él la prisión domiciliaria no representaba una condición de detenido. Poco estuvo en la cárcel: a principios de enero pasado fue internado en el sanatorio CENESA, aduciendo que se encontraba enfermo.

Durante la feria judicial de enero una jueza subrogante ordenó que fuera devuelto a la cárcel de Güemes pero Guil se descompuso y los integrantes del Servicio Penitenciario optaron por dejarlo en el sanitario.

Posteriormente, en una audiencia en el Juzgado, el médico Oscar Gavenda, del equipo del sanatorio y que firmó la certificación sobre la salud del represor reveló que permaneció en una habitación común y concedió que podía volver a la prisión si contaba con atención de enfermería.

Antes de resolver en el pedido de prisión domiciliaria, el juez Bavio pidió la opinión de un perito del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
El doctor Rando opinó que Guil debía volver a su casa en San Lorenzo, el lugar donde esperará la realización del juicio oral que se iniciará el 14 de mayo, en el que será juzgado por la desapariciones de Silvia Aramayo, Oscar Alberto Bianchini, Néstor Miguel Díaz, Ramón “Chicho” Gallardo, Víctor Brizzi, Carlos Estanislao Rojas, Gemma Fernández Arcieri y Héctor Gamboa, y el asesinato de Martín Miguel Cobos. El Tribunal estará integrado por los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Carlos Jimenez Montilla encabezarán el debate donde serán juzgados 19 imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.

Los imputados son Joaquin Guil, Juan C. Alzugaray, CarlosMulhall, Jacinto Vivas, Felipe Caucotta, Roberto Puertas, Miguel Gentil, Abel Murua, Julio Correa, Raúl Toledano, Mario Pachao, Modesto Mendíaz, Juan Manuel Ovalle, Ubaldo Vujovich Villa, Ricardo De la vega, Fernando Chain, Marcelo Gatto, Joaquin Cornejo Aleman y el general Héctor Rios Ereñú.

jueves, 16 de febrero de 2012

Salta: Homenajearon al asesinado periodista Luciano Jaime

Periodistas, familiares e integrantes del Movimiento Obrero Campesino y Estudiantil Popular (MOCEP) recordaron ayer a Héctor Luciano Jaime, periodista asesinado el 12 de febrero de 1975 en el marco del plan sistemático de eliminación de personas iniciado antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

El homenaje, organizado por la Asociación de Periodistas de Salta (APeS), se hizo frente al monolito y la cruz que recuerda al periodista, levantado en El Encón Chico, jurisdicción de La Silleta , en el departamento Rosario de Lerma, donde la siesta del 14 de febrero de 1975 fueron encontrados los restos de Jaime.

El periodista fue secuestrado el 12 de febrero de 1975, a las 20,30, cuando regresaba a su casa luego de una jornada de trabajo en el diario El Intransigente. Por dos días nada se supo de él hasta que el obrero rural Mariano Padilla encontró sus restos en una finca en El Encón Chico. Este hombre avisó al dueño de la finca, Alberto Camacho, y éste a su vez informó a la Policía.

El periodista había sido hecho explotar. Los peritos determinaron luego que la muerte se había producido entre las 21 y las 23 del mismo 12 de febrero.

En la causa en la que se investiga este hecho, abierta recién en 2005, hay testimonios que dan cuenta de que recibió amenazas y había señalado al entonces jefe de Seguridad de la Policía de la provincia, Joaquín Guil, como responsable si le pasaba algo.
Guil y quien fuera jefe de la Policía , Miguel Gentil, están procesados por este hecho.

Jaime estaba enfrentado con la cúpula policial porque como redactor de la sección Policiales venía dando cuenta de los atropellos cometidos por los comisarios represores. "Fue periodista que con toda consecuencia defendió la democracia, la libertad, la dignidad, los derechos humanos y la justicia", señaló el MOCEP en un comunicado.

Este partido, en el que milita un primo del periodista, el ex dirigente del peronismo revolucionario Armando Jaime, recordó asimismo que "Luciano Jaime desde su columna en el diario El Intransigente desafiaba al poder defendiendo la causa de los pueblos, denunciando sus injusticias y sus crímenes. Su última denuncia fue cuando demostró públicamente que Eduardo Fronda, asesinado en San Lorenzo (el 8 de enero de 1975), previamente había estado detenido en la Central de Policía de Salta. Su consecuencia, su firmeza, su valentía, su entereza moral, le costó su propia vida".

En el acto se leyó además un texto del periodista polaco Ryszard Kapuscinski, extraído de su libro "Los cínicos no sirven para este oficio". "Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos", sostiene entre otras consideraciones.

domingo, 12 de febrero de 2012

"Marcos Levin daba órdenes a los grupos de tareas"

El sobreviviente Víctor Covos cuenta cómo actuaba el empresario Levin en la dictadura.

“El daba órdenes a los grupos de tareas”

El dueño de la firma La Veloz del Norte estaba citado a indagatoria en Salta, pero se ausentó y su abogado argumentó que no tuvo relación con el secuestro de trabajadores. La querella asegura que Levin “tenía un grupo policial en la empresa”.

 Por Alejandra Dandan

Salta es el primer distrito del país que avanzó en una causa contra la posible responsabilidad de un empresario en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Marcos Levin, el dueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte, debió haberse presentado para una indagatoria. El juez federal Leonardo Bavio lo había convocado la semana pasada por su presunta participación en el secuestro de unos doce trabajadores de la empresa, detenidos desaparecidos a partir de enero de 1977 en la comisaría 4 de la capital provincial, que funcionó como centro clandestino. Levin no fue a declarar. En su lugar, su abogado René Gómez presentó un incidente de falta de acción en el que indica que no tuvo nada que ver con los hechos. Denunciantes y querellantes aseguran lo contrario.

“Levin dice que no tuvo que ver con los hechos que se le imputan y que no se trata de un delito de lesa humanidad, pero es un crimen de lesa humanidad”, dice el abogado de la querella David Leiva. “Por más que sea un civil, lo que hizo lo hizo con la aquiescencia del Estado: él tenía un grupo policial dentro de la empresa. Las víctimas formaban parte de ese amplio espectro de ‘oponentes’ definidos por el golpe de Estado y dentro de esos ‘oponentes’ estaban los sindicalistas y, en particular (uno de los secuestrados), Cobos era hermano y pariente de miembros del peronismo revolucionario que fueron asesinados, perseguidos y exiliados.”

Víctor Cobos es ese hombre. Era uno de los choferes de La Veloz del Norte y, a la vez, secretario general de la seccional Salta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Fue secuestrado en enero de 1977 y es uno de los impulsores de la causa que comenzó en la Cámara Penal del Crimen de Salta en 1984.

“Le juro que estoy desesperado por que se haga de una vez justicia”. “Salta es una provincia que, desgraciadamente, fue muy sometida por el empresariado y los grandes terratenientes, y no es de rebelarse contra el sometimiento y la opresión, aguanta, aguanta.” Por cómo circuló la información y por las características de la provincia, en los últimos días Cobos no paró de repetir en los medios locales que su denuncia no es reciente, ni está atada al presente político, sino que denunció todo apenas terminó la dictadura. “En 1984 lo denunciamos con tres compañeros y lo acusamos de todo. Dijimos cómo se presentaba en la comisaría, explicamos que él daba las órdenes a los grupos de tareas que tenía a sus órdenes para que nos secuestraran a nosotros”, repite Cobos.

“Después fui a la Legislatura de esa época, tomaron nota pero nada prosperó. Ni eso, ni lo de la Cámara del Crimen. La causa se archivó, pero con las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final lógicamente nadie podía hacer nada. Gracias a Dios que este Gobierno anuló esas leyes, así es que junto con mi hermana Cristina, que es de Memoria, Verdad y Justicia, Leiva y yo iniciamos nuevamente la denuncia en 2008 y le dieron la calificación de delito de lesa humanidad.”

En la denuncia que dio pie al pedido de indagatoria, un grupo de trabajadores declaró sobre los secuestros. Describieron cómo los hombres de la comisaría 4 –encabezados por el subcomisario Víctor Hugo Bocos, acusado– los llevaron desde la terminal de la empresa o desde sus casas a bordo de autos de La Veloz del Norte que el empresario había puesto a disposición de las fuerzas de seguridad. En alguno de esos traslados, sitúan a Bocos al lado del propio Levin, que aparece más tarde dentro de la comisaría, en la oficina del subcomisario o incluso en una ocasión en la sala de tortura.

“Bocos es la persona que detiene a algunos de los doce trabajadores de la empresa, entre ellos a varios dirigentes de la UTA seccional Salta”, le dijo a Página/12 el abogado David Leiva cuando se conoció el pedido de indagatoria. “Adentro de la comisaría los someten a torturas. Levin es la persona que iba después de los interrogatorios, y se reunía con Bocos y los otros policías.”

Para detenerlos, la policía fraguó una denuncia por una estafa de la que años después todos salieron sobreseídos. Para los querellantes, la estafa fue la excusa que inventó el empresario para sacarse de encima a los trabajadores más combativos que desde 1974 habían acrecentado un plan de lucha por mejores condiciones de trabajo.

“Yo era delegado gremial elegido por los compañeros y a la vez integrante de la junta ejecutiva de la UTA con un mandato que iba de 1974 a 1978”, dice Cobos. “En ese entonces hemos tenido arduas luchas por todas las cosas: por no pagar los sueldos, porque hacía hacer horas extra sin pagarlas; porque a los choferes que iban y volvían a Tucumán los hacía seguir trabajando sin horas de descanso, llegaban a Salta y el jefe de personal les ordenaba que siguieran como estaban. Esa lucha la hemos tenido. Yo he ido al Ministerio de Trabajo, hacíamos paros hasta que se arreglara la situación. Ellos iban al ministerio, firmaban las actas pero después las tiraban al piso porque no les daban importancia, porque él impone sus propias leyes.”

Los paros que llegaron a seis o siete en dos o tres meses aumentaron con la muerte de Juan Perón. “En ese momento, dijimos: ‘Muchachos, a partir de ahora tienen que tener cuidado, anden con pie de plomo, porque la manija se viene en contra nuestro’. Yo fui perseguido, me tirotearon, me agujerearon el auto a balazos un montón de veces. Mataron mi hermano y a mí me seguían por todos lados para ver si podían agarrar a Enrique (otro de sus hermanos) porque lo querían matar directamente.” Cobos viene de una de las familias más golpeadas por la represión. Una noche ejecutaron con 38 balazos a su hermano más chico, Martín, en la casa de sus padres. Pero no lo buscaban a él, sino a Enrique, otro de los hermanos, militante de la JP, a quien Víctor logró sacar por caminos alternativos fuera de la provincia.

El abogado de Levin, René Gómez, no es uno de los abogados que habitualmente defienden a los represores en Salta, sino que es un penalista reconocido. El martes pasado presentó un escrito con dos ejes. En el primero indica que su defendido se enteró tarde de la citación porque se la habrían mandado a un domicilio equivocado. Pero en segundo término se pronuncia sobre la cuestión de fondo con esa fórmula jurídica de la falta de acción. Ahora la fiscalía de Domingo José Batule y el juzgado deben dar una respuesta