Comienza un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad

Un nuevo juicio oral y público por 18 causas de crímenes de lesa humanidad, con 34 víctimas y 20 imputados, comenzó hoy en Salta y está previsto que se extienda hasta mediados de diciembre ya que más de 250 testigos deberán brindar testimonio durante el proceso.

El debate comenzó a las 11.20, más de dos horas después de lo programado debido a inconvenientes en el traslado de los imputados hasta la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial salteño, ubicada en la zona norte de la ciudad de Salta, con la lectura de los requerimientos de la elevación a juicio.

Este trámite requerirá de dos audiencias en doble turno, por la gran cantidad de causas que serán analizadas en este juicio, que ascienden a 18, con 20 imputados y 34 víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.

Por ello, recién en junio comenzarán a pasar los testigos ante el Tribunal Oral Federal de Salta, que lleva adelante este proceso, presidido por Mario Marcelo Juárez Almaraz e integrado por Marta Snopek y Carlos Jiménez Montilla, con la actuación de Gabriel Casas como cuarto juez.

El juicio es seguido por teleconferencia desde la ciudad de Rosario, de Santa Fe, por el imputado por Virtom Modesto Mendíaz, en tanto que desde Buenos Aires hacen lo propio Héctor Luis Ríos Ereñú, Miguel Gentil y Carlos Mulhall.

El resto de los imputados siguen las audiencias, que se realizarán los lunes y martes en doble jornada, desde la propia sala del Poder Judicial de Salta, donde hasta diciembre pasado se realizó el proceso oral y público por el secuestro y el homicidio del ex gobernador salteño, Miguel Ragone.

En este debate también están imputados Joaquín Guill, Juan Carlos Alzugaray, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Caucotta, Roberto Puertas, Abel Vicente Murúa, Julio Oscar Correa, Raúl Eduardo Toledano, Mario Reinaldo Pachao, Juan Manuel Ovalle y Ubaldo Tomislav Vujovich Villa.

A ellos se suman Ricardo Benjamín de la Vega, Fernando Antonio Chain, Marcelo Diego Gatto, Joaquín Cornejo Alemán y Víctor Hugo Almirón.

La causa principal fue caratulada "Guill, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos, sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía como autor mediato y como partícipe primario, en perjuicio de Eduardo Fronda".

A esta causa se le acumulan otras 17 causas, por 34 víctimas, muchas de las cuales estaban vinculadas con la Universidad Nacional de Salta (UNSa), institución que se constituyó como una de las partes querellantes en el juicio.

Las audiencias se extenderán por lo menos hasta el 18 de diciembre próximo, y se estiman que alrededor de 250 testigos brinden sus testimonios en el marco de este proceso oral y público.

La acusación está a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, en conjunto con su par Eduardo Villalba, mientras que las querellas están a cargo de los abogados Matías Duarte, en representación de la Asociación de Periodistas de Salta; y David Leiva, por la organización Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En tanto, Tania Kiríaco fue nombrada por la Universidad Nacional de Salta (UNSa) para su representación; mientras que Gastón Casabella lleva adelante la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y Carlos Saravia actuará por Luis Fronda.

Por su parte, el defensor oficial Federico Petrina asiste desde hoy a 15 de los acusados; su par Martín Bomba hace lo propio con Ríos Ereñú; el abogado Dardo Verchán defiende a Toledano; el letrado José Luis Garzón a Pachao; Orfeo Maggio a Vujovich Villa y de la Vega; y Martín Adolfo Diez a Alemán.

Entre las víctimas se destacan Silvia Aramayo, que al momento de ser secuestrada era docente auxiliar de la cátedra de Historia de la UNSa; Gemma Fernández, que era profesora de Antropología; y Carlos Rojas, quien era alumno de la Facultad de Ciencias Económicas.

A ellos se suman el arquitecto Ramón Gallardo, las hermanas Francisca y Carmen Torres, de General Güemes; René Russo, de Orán; Carlos Mosca Alsina; Víctor Brizzi; Martín Miguel Cobos; Luis Risso Patrón, de Metán; Josrge Santillán; Reynaldo Isola; Luciano Jaime; Nolberto Guerrero; Felipe Burgos; y el médico Pedro Urueña.

Asimismo, entre las víctimas se incluyen cuatro jóvenes militantes asesinados en la localidad salteña de Rosario de Lerma, identificados como Alfredo Mattioli, los hermanos Sergio y Marcial Estopiñán y Ricardo Tapia.

La indignante suspensión de los juicios por delitos de lesa humanidad

Se suspende el inicio del juicio oral por delitos de lesa humanidad a pedido del abogado defensor. A continuación, el decreto.

Téngase presente lo informado por el Sr. Fiscal General Subrogante Dr.Ricardo Rafael Toranzos en su presentación de fs. 2585, déseles intervención de ley en autos al Dr. Eduardo José Villalba, Coordinadorde la Oficina de Asistencia para causas por graves violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado jurisdicción Salta, yal Dr. Horacio Azzolín, Fiscal de la Procuración General de laNación.-

Hágase saber a las partes que la necesidad de garantizar lascondiciones más adecuadas para la realización del debate en una causacomo la presente, esto es, un proceso complejo que involucra una pluralidad de hechos y de partes, conduce a disponer que el debate arealizarse en autos se lleve a cabo en la Sala de Grandes Juicios dela Ciudad Judicial del Poder Judicial de la Provincia de Salta,decisión que ha sido instrumentada a través de un convenio entre elTribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia de Salta y elPoder Judicial de la Provincia de Salta que se encuentra agregado afs. 2587/2588 vta.-

A la solicitud de suspensión del inicio del debate realizada por el Sr. Defensor Público Oficial Dr. Federico Petrina Aranda en la presentación que antecede, atento a las razones invocadas ha lugar y, en consecuencia, se prorroga el inicio del debate en autos para el día lunes 21 de mayo de 2012 a horas 090. Notifíquese.-

Atento a la avanzada edad y al deterioro en la salud de muchos de losimputados y testigos de autos, y asimismo teniendo presente que seestima la concurrencia al debate de un considerable número depersonas, corresponde garantizar la inmediata atención médica de todoslos asistentes al debate. A tal efecto solicítese al señor Ministro deSalud de la Provincia de Salta disponga lo pertinente para designarpersonal médico idóneo y afectar una ambulancia de alta complejidad afin de que permanezcan en la sede de la Ciudad Judicial del PoderJudicial de la Provincia de Salta durante los días y horarios en losque tengan lugar las audiencias en autos. Ofíciese.-

En cuanto a la colaboración de las fuerzas de seguridad para larealización del juicio, con relación a la seguridad durante larealización de las audiencias se dispone que la misma esté a cargo dePolicía Federal Argentina. Respecto de los traslados de imputados, seha resuelto encomendarlo a Gendarmería Nacional para el caso de losimputados excarcelados. Tratándose de imputados con prisiónpreventiva, los traslados serán a cargo del Servicio PenitenciarioFederal. Ofíciese-

FDO.CARLOS E. I. JIMENEZ MONTILLA - JUEZ DE CAMARAAnte mi:GABRIELA ELISA CATALANO SECERTARIA

Piden que vaya a juicio la causa por Luciano Jaime

Fiscal federal Eduardo Villalba pidió la elevación a juicio de la causa por el secuestro y homicidio del periodista Luciano Jaime, cometidos entre el 12 de febrero de 1975 y por cuyo hecho están imputados los represores Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil.
Se espera ahora que el juez interviniente, Julio Leonardo Bavio, informe a los querellantes en este proceso para que también presenten sus pedidos respecto de los imputados.
Es sabido que los encargados de este proceso intentan que la causa alcance a las que ya están radicadas en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal y que ya tienen fecha de inicio del debate oral y público: el 14 de mayo, a las 14.
El crimen de Jaime está directamente vinculado con el homicidio del militante justicialista Eduardo Fronda, asesinado el 8 de enero de 1975, hecho por el que también está imputado Guil, aunque en este caso comparte la acusación con un ex integrante de la Policía Federal y del Servicio Penitenciario Provincial, Juan Carlos Alzugaray.
Como encargado de la sección Policiales del diario El Intransigente, Jaime cubrió el homicidio de Fronda. Su descriptiva crónica de este hecho, la afirmación de que había sido torturado, más la afirmación de que lo había visto en la Central de Policía, le valieron amenazas y luego su secuestro y homicidio.

Preparativos
En el Tribunal Oral se ultiman los preparativos para el inicio del debate por crímenes de lesa humanidad que se llevará a cabo a partir del 14 de mayo en Salta. Se trata de una megacausa, resultado de la acumulación de siete causas en las que se investiga los homicidios de Silvia Benjamina Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa, Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, Aldo Víctor Bellandi, Ramón Gerardo Gallardo, Juan Carlos Parada Mallo, Marta Beatriz Cascella, Pedro Bonifacio Vélez, Carlos Enrique Mosca Alsina y Eduardo Fronda. Los imputados son 19, entre ellos el ex jefe del Ejército en Sata, Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe del Regimiento en Tartagal, Héctor Luis Ríos Ereñú; Guil y Gentil.
Una fuente judicial indicó que el fiscal Villalba y casi todos los querellantes ya presentaron las pruebas que requieren que se incorporen en este proceso. Hoy se vence el plazo para este trámite.
La fuente precisó que el fiscal pidió que sean convocados a declarar unos cien testigos (la mayoría de ellos ya declaró en la primera parte de la investigación de estos hechos), a los que se suman los de los querellantes, y de las defensas.
Por lo que se ve, no faltarán los testigos de renombre: la querella de la organización de derechos humanos Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia pidió los testimonios técnicos del sociólogo Daniel Feierstein, titular de la cátedra Prácticas Sociales Genocidas en la Universidad de Buenos Aires, y del coronel retirado Federico Mittelbach, integrante del Cemida (Centro de Militares por la Democracia Argentina).

Por Elena Corvalan

El represor Joaquín Guil consiguió volver a su casa

Finalmente el juez federal Julio Leonardo Bavio le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al ex comisario general de la Policía de Salta, Joaquín Guil, quien cuenta con dos condenas, a prisión y a reclusión perpetua, por su participación en dos hechos emblemáticos de los crímenes cometidos por la represión estatal y paraestatal en Salta: la matanza de 11 presos políticos conocida como Masacre de Palomitas y en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

La decisión del magistrado es del 22 de este mes pero trascendió ayer: “Conceder el beneficio de la prisión domiciliaria al causante Joaquín Guil”, dice en su lenguaje técnico la resolución tomada en el expediente nº 138 en el se tramitó el pedido de volver a su casa que hizo Guil en enero pasado.

La decisión del juez Bavio se basó en un dictamen del perito médico Cristian Rando, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien tras revisar a Guil, el 10 de febrero, concluyó en que la prisión domiciliaria constituye “una alternativa médicamente fundamentada en el presente caso”. Según indicó, el represor, de 75 años, padece, entre otras afecciones, de una obstrucción severa en una arteria, sufrió un infarto, es diabético, tiene insuficiencia renal y es hipertenso.

Los querellantes estudian la posibilidad de apelar la decisión del magistrado. La abogada Tania Kiriaco, representante de familiares de víctimas, consideró que hubo “un exceso en el dictamen de Rando” al afirmar que el represor “se encuentra encuadrado dentro del marco del artículo 32 de la ley 24660, según la ley 26472, constituyendo la prisión domiciliaria una alternativa médicamente fundamentada en el presente caso”. “Él no puede opinar en lo que no sea tema médico, se extralimita en su dictamen”, señaló la abogada, quien se quejó de que los represores “entran por una puerta y salen por la otra”.

Guil, hombre fuerte de la represión salteña desde tiempos de la dictadura de Onganía y que parece mantener parte del entramado del poder, viene beneficiándose con la prisión domiciliaria prácticamente desde el momento en que comenzó a ser seriamente investigado por los numerosos crímenes de lesa humanidad en los que está implicado, en junio de 2007. Entonces la jueza ad hoc Gladis Comas lo mantuvo detenido por escasas horas, luego de indagarlo en el marco de la causa por el fusilamiento de once personas en las cercanías del paraje Palomitas, cometido el 6 de julio de 1976. Convenientemente, a pesar de la insistencia de los familiares de las víctimas, el ex director de Seguridad de la Policía de la provincia recién fue indagado una vez que hubo cumplido los 70 años. Su edad fue precisamente el argumento que pesó  para que a poco de detenerlo se le concediera la posibilidad de ir a su casa, en la villa veraniega de San Lorenzo, bajo la custodia de su propia esposa.

Volvió a ser detenido en octubre de 2007, esta vez por orden del entonces juez federal Abel Cornejo, que lo investigaba por las torturas y el asesinato del joven militante justicialista Eduardo Fronda, cometido el 8 de enero de 1975. En diciembre del mismo año Guil obtuvo la prisión domiciliaria, dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, pero siguió detenido, en dependencias de Gendarmería, porque pesaba contra él otra orden de detención dictada por su participación en la desaparición de Ragone. Pero ya la Cámara había sembrado la semilla para darle la prisión domiciliaria también en relación a esta causa.

Guil no pisó una cárcel hasta diciembre del año pasado, cuando el juez Bavio lo condenó a reclusión perpetua por la Masacre de Palomitas y ordenó que cumpliera su condena en la cárcel federal de Güemes. Los relatos de los testigos del momento de la notificación dan cuenta de la incredulidad del represor, que llegó a afirmar que lo llevaban preso, dejando en claro que para él la prisión domiciliaria no representaba una condición de detenido. Poco estuvo en la cárcel: a principios de enero pasado fue internado en el sanatorio CENESA, aduciendo que se encontraba enfermo.

Durante la feria judicial de enero una jueza subrogante ordenó que fuera devuelto a la cárcel de Güemes pero Guil se descompuso y los integrantes del Servicio Penitenciario optaron por dejarlo en el sanitario.

Posteriormente, en una audiencia en el Juzgado, el médico Oscar Gavenda, del equipo del sanatorio y que firmó la certificación sobre la salud del represor reveló que permaneció en una habitación común y concedió que podía volver a la prisión si contaba con atención de enfermería.

Antes de resolver en el pedido de prisión domiciliaria, el juez Bavio pidió la opinión de un perito del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
El doctor Rando opinó que Guil debía volver a su casa en San Lorenzo, el lugar donde esperará la realización del juicio oral que se iniciará el 14 de mayo, en el que será juzgado por la desapariciones de Silvia Aramayo, Oscar Alberto Bianchini, Néstor Miguel Díaz, Ramón “Chicho” Gallardo, Víctor Brizzi, Carlos Estanislao Rojas, Gemma Fernández Arcieri y Héctor Gamboa, y el asesinato de Martín Miguel Cobos. El Tribunal estará integrado por los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Carlos Jimenez Montilla encabezarán el debate donde serán juzgados 19 imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.

Los imputados son Joaquin Guil, Juan C. Alzugaray, CarlosMulhall, Jacinto Vivas, Felipe Caucotta, Roberto Puertas, Miguel Gentil, Abel Murua, Julio Correa, Raúl Toledano, Mario Pachao, Modesto Mendíaz, Juan Manuel Ovalle, Ubaldo Vujovich Villa, Ricardo De la vega, Fernando Chain, Marcelo Gatto, Joaquin Cornejo Aleman y el general Héctor Rios Ereñú.

Salta: Homenajearon al asesinado periodista Luciano Jaime

Periodistas, familiares e integrantes del Movimiento Obrero Campesino y Estudiantil Popular (MOCEP) recordaron ayer a Héctor Luciano Jaime, periodista asesinado el 12 de febrero de 1975 en el marco del plan sistemático de eliminación de personas iniciado antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

El homenaje, organizado por la Asociación de Periodistas de Salta (APeS), se hizo frente al monolito y la cruz que recuerda al periodista, levantado en El Encón Chico, jurisdicción de La Silleta , en el departamento Rosario de Lerma, donde la siesta del 14 de febrero de 1975 fueron encontrados los restos de Jaime.

El periodista fue secuestrado el 12 de febrero de 1975, a las 20,30, cuando regresaba a su casa luego de una jornada de trabajo en el diario El Intransigente. Por dos días nada se supo de él hasta que el obrero rural Mariano Padilla encontró sus restos en una finca en El Encón Chico. Este hombre avisó al dueño de la finca, Alberto Camacho, y éste a su vez informó a la Policía.

El periodista había sido hecho explotar. Los peritos determinaron luego que la muerte se había producido entre las 21 y las 23 del mismo 12 de febrero.

En la causa en la que se investiga este hecho, abierta recién en 2005, hay testimonios que dan cuenta de que recibió amenazas y había señalado al entonces jefe de Seguridad de la Policía de la provincia, Joaquín Guil, como responsable si le pasaba algo.
Guil y quien fuera jefe de la Policía , Miguel Gentil, están procesados por este hecho.

Jaime estaba enfrentado con la cúpula policial porque como redactor de la sección Policiales venía dando cuenta de los atropellos cometidos por los comisarios represores. "Fue periodista que con toda consecuencia defendió la democracia, la libertad, la dignidad, los derechos humanos y la justicia", señaló el MOCEP en un comunicado.

Este partido, en el que milita un primo del periodista, el ex dirigente del peronismo revolucionario Armando Jaime, recordó asimismo que "Luciano Jaime desde su columna en el diario El Intransigente desafiaba al poder defendiendo la causa de los pueblos, denunciando sus injusticias y sus crímenes. Su última denuncia fue cuando demostró públicamente que Eduardo Fronda, asesinado en San Lorenzo (el 8 de enero de 1975), previamente había estado detenido en la Central de Policía de Salta. Su consecuencia, su firmeza, su valentía, su entereza moral, le costó su propia vida".

En el acto se leyó además un texto del periodista polaco Ryszard Kapuscinski, extraído de su libro "Los cínicos no sirven para este oficio". "Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos", sostiene entre otras consideraciones.

"Marcos Levin daba órdenes a los grupos de tareas"

El sobreviviente Víctor Covos cuenta cómo actuaba el empresario Levin en la dictadura.

“El daba órdenes a los grupos de tareas”

El dueño de la firma La Veloz del Norte estaba citado a indagatoria en Salta, pero se ausentó y su abogado argumentó que no tuvo relación con el secuestro de trabajadores. La querella asegura que Levin “tenía un grupo policial en la empresa”.

 Por Alejandra Dandan

Salta es el primer distrito del país que avanzó en una causa contra la posible responsabilidad de un empresario en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Marcos Levin, el dueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte, debió haberse presentado para una indagatoria. El juez federal Leonardo Bavio lo había convocado la semana pasada por su presunta participación en el secuestro de unos doce trabajadores de la empresa, detenidos desaparecidos a partir de enero de 1977 en la comisaría 4 de la capital provincial, que funcionó como centro clandestino. Levin no fue a declarar. En su lugar, su abogado René Gómez presentó un incidente de falta de acción en el que indica que no tuvo nada que ver con los hechos. Denunciantes y querellantes aseguran lo contrario.

“Levin dice que no tuvo que ver con los hechos que se le imputan y que no se trata de un delito de lesa humanidad, pero es un crimen de lesa humanidad”, dice el abogado de la querella David Leiva. “Por más que sea un civil, lo que hizo lo hizo con la aquiescencia del Estado: él tenía un grupo policial dentro de la empresa. Las víctimas formaban parte de ese amplio espectro de ‘oponentes’ definidos por el golpe de Estado y dentro de esos ‘oponentes’ estaban los sindicalistas y, en particular (uno de los secuestrados), Cobos era hermano y pariente de miembros del peronismo revolucionario que fueron asesinados, perseguidos y exiliados.”

Víctor Cobos es ese hombre. Era uno de los choferes de La Veloz del Norte y, a la vez, secretario general de la seccional Salta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Fue secuestrado en enero de 1977 y es uno de los impulsores de la causa que comenzó en la Cámara Penal del Crimen de Salta en 1984.

“Le juro que estoy desesperado por que se haga de una vez justicia”. “Salta es una provincia que, desgraciadamente, fue muy sometida por el empresariado y los grandes terratenientes, y no es de rebelarse contra el sometimiento y la opresión, aguanta, aguanta.” Por cómo circuló la información y por las características de la provincia, en los últimos días Cobos no paró de repetir en los medios locales que su denuncia no es reciente, ni está atada al presente político, sino que denunció todo apenas terminó la dictadura. “En 1984 lo denunciamos con tres compañeros y lo acusamos de todo. Dijimos cómo se presentaba en la comisaría, explicamos que él daba las órdenes a los grupos de tareas que tenía a sus órdenes para que nos secuestraran a nosotros”, repite Cobos.

“Después fui a la Legislatura de esa época, tomaron nota pero nada prosperó. Ni eso, ni lo de la Cámara del Crimen. La causa se archivó, pero con las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final lógicamente nadie podía hacer nada. Gracias a Dios que este Gobierno anuló esas leyes, así es que junto con mi hermana Cristina, que es de Memoria, Verdad y Justicia, Leiva y yo iniciamos nuevamente la denuncia en 2008 y le dieron la calificación de delito de lesa humanidad.”

En la denuncia que dio pie al pedido de indagatoria, un grupo de trabajadores declaró sobre los secuestros. Describieron cómo los hombres de la comisaría 4 –encabezados por el subcomisario Víctor Hugo Bocos, acusado– los llevaron desde la terminal de la empresa o desde sus casas a bordo de autos de La Veloz del Norte que el empresario había puesto a disposición de las fuerzas de seguridad. En alguno de esos traslados, sitúan a Bocos al lado del propio Levin, que aparece más tarde dentro de la comisaría, en la oficina del subcomisario o incluso en una ocasión en la sala de tortura.

“Bocos es la persona que detiene a algunos de los doce trabajadores de la empresa, entre ellos a varios dirigentes de la UTA seccional Salta”, le dijo a Página/12 el abogado David Leiva cuando se conoció el pedido de indagatoria. “Adentro de la comisaría los someten a torturas. Levin es la persona que iba después de los interrogatorios, y se reunía con Bocos y los otros policías.”

Para detenerlos, la policía fraguó una denuncia por una estafa de la que años después todos salieron sobreseídos. Para los querellantes, la estafa fue la excusa que inventó el empresario para sacarse de encima a los trabajadores más combativos que desde 1974 habían acrecentado un plan de lucha por mejores condiciones de trabajo.

“Yo era delegado gremial elegido por los compañeros y a la vez integrante de la junta ejecutiva de la UTA con un mandato que iba de 1974 a 1978”, dice Cobos. “En ese entonces hemos tenido arduas luchas por todas las cosas: por no pagar los sueldos, porque hacía hacer horas extra sin pagarlas; porque a los choferes que iban y volvían a Tucumán los hacía seguir trabajando sin horas de descanso, llegaban a Salta y el jefe de personal les ordenaba que siguieran como estaban. Esa lucha la hemos tenido. Yo he ido al Ministerio de Trabajo, hacíamos paros hasta que se arreglara la situación. Ellos iban al ministerio, firmaban las actas pero después las tiraban al piso porque no les daban importancia, porque él impone sus propias leyes.”

Los paros que llegaron a seis o siete en dos o tres meses aumentaron con la muerte de Juan Perón. “En ese momento, dijimos: ‘Muchachos, a partir de ahora tienen que tener cuidado, anden con pie de plomo, porque la manija se viene en contra nuestro’. Yo fui perseguido, me tirotearon, me agujerearon el auto a balazos un montón de veces. Mataron mi hermano y a mí me seguían por todos lados para ver si podían agarrar a Enrique (otro de sus hermanos) porque lo querían matar directamente.” Cobos viene de una de las familias más golpeadas por la represión. Una noche ejecutaron con 38 balazos a su hermano más chico, Martín, en la casa de sus padres. Pero no lo buscaban a él, sino a Enrique, otro de los hermanos, militante de la JP, a quien Víctor logró sacar por caminos alternativos fuera de la provincia.

El abogado de Levin, René Gómez, no es uno de los abogados que habitualmente defienden a los represores en Salta, sino que es un penalista reconocido. El martes pasado presentó un escrito con dos ejes. En el primero indica que su defendido se enteró tarde de la citación porque se la habrían mandado a un domicilio equivocado. Pero en segundo término se pronuncia sobre la cuestión de fondo con esa fórmula jurídica de la falta de acción. Ahora la fiscalía de Domingo José Batule y el juzgado deben dar una respuesta

El genocida Joaquin Guil, condenado a perpetua, se esconde

Está internado en una clínica privada de la ciudad
Piden evaluar la situación de Joaquín Guil

Las organizaciones de derechos humanos de Salta pidieron a la Justicia Federal de la Provincia que revea la situación del comisario general (r) Joaquín Guil, internado desde comienzos de mes en un sanatorio privado de esta ciudad.

El policía, condenado a prisión perpetua por el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone, y por la Masacre de Palomitas, se encontraba alojado en la cárcel penitenciaria federal de General de Guemes, pero a raíz de sus problemas de salud fue derivado a la clínica Cenesa, donde se determinó que presentaba problemas de presión arterial y renales y quedó internado en terapia intensiva.

El defensor oficial Martín Bomba Royo pidió que cuando se le dé el alta, sea trasladado a su domicilio particular para que cumpla allí la condena, por tratarse de una persona mayor de 70 años. En tanto la abogada Tania Kiriaco, de la organización de derechos humanos “Lucrecia Barquet”, consideró que el condenado “está especulando con su enfermedad para evitar que lo regresen a la cárcel”. Por ese motivo la organización pidió a la jueza federal ad-hoc, Elsa Parodi, que Guil sea examinado por un médico del Poder Judicial de la Nación para que evalúe la situación del paciente para determinar si puede continuar internado. “También hemos solicitado que la clínica de a conocer el diagnóstico”, afirmó Kiriaco. Dijo que “de ese informe surge que Guil ya estaría en condiciones de ser dado de alta”.

Al mismo tiempo la letrada requirió que el Servicio Penitenciario Federal informe qué unidad carcelaria del país cuenta con el servicio de terapia intensiva. “Lo que queremos es que de una u otra manera Guil cumpla la prisión en un establecimiento carcelario, como lo ordenó en su momento el juez federal Julio Bavio”, expresó. La abogada le atribuyó vital importancia al examen médico que deben realizarle los forenses de la Nación.

“Guil cuenta en su haber con dos condenas a perpetua por delitos de lesa humanidad y no es justo que ahora quiera ocultarse en una clínica o en su casa para evitar la cárcel”, sentenció Kiriaco.