martes, 17 de noviembre de 2015

“Levín fue el autor intelectual de la persecución a gremialistas”

El testigo Juan Manuel Crespo aseguró ayer que Marcos Jacobo Levín, dueño de la empresa La Veloz del Norte, fue “el intelectual” que estuvo detrás de la persecución a los gremialistas en la década del 70. Dijo que desde principios de la década del 70 existía un grupo de “comisarios trasnochados” que perseguían a los trabajadores a cambio de recompensas de parte de los empresarios.

Por Elena Corvalan

Crespo trabajaba en la empresa de transporte urbano de pasajeros 20 de Febrero. En 1973 ayudó a organizar los cuerpos de delegados gremiales y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), donde conoció a Víctor Manuel Cobos, que era delegado gremial de La Veloz del Norte e integraba también la conducción de la UTA.

A Levín se le imputa haber instigado la detención ilegal y las torturas a Cobos en enero de 1977. Por este hecho están siendo juzgados también los policías retirados Víctor Hugo Bocos, Enrique Cardozo y Víctor Hugo Almirón.

Crespo, que sorprendió presentándose como amigo del subcomisario Bocos, recordó que tras la organización gremial los trabajadores comenzaron a reclamar pagos por el corte de boletos y las horas extras adeudadas, además de otras mejoras laborales; algunos empresarios debían tanto que saldaron sus cuentas entregando empresas pequeñas a los trabajadores.

Como era de esperar, la patronal reaccionó: “Nos perseguían, nos hacían meter presos (…). Ellos tenían esos comisarios (a los) que les gustaba hacer desaparecer gente; se ponían a disposición de los empresarios” a cambio de pasajes para sus familias, “y hasta para las muchachas”, y pagos de horas extras. Entre estos funcionarios policiales mencionó a Mario Pachao, de la Comisaría 2°, ya condenado por hechos de terrorismo de Estado. Fue por esos años que conoció a Bocos, de quien dijo que reconoció ante él que le encantaba torturar y aplicar “la picana moderada”.
Sobre Levín añadió que al principio “casi no aparecía” en la negociación con los trabajadores: “lo hacía aparecer a Ale”,de la empresa Ale Hermanos. En el mismo sentido aseguró que las chicas que querían trabajar como azafatas en La Veloz sabían que tenían que someterse a abusos del empresario. “(A Levín) le gustó siempre comprar, pagar, hacer callar”,concluyó.

Antes otro ex empleado de La Veloz, Aurelio Rada, contó que en enero de 1977 fue detenido y conducido a la Comisaría 4° en el automóvil Ford Falcon celeste de la empresa, en el que también fue llevado detenido el trabajador Oscar Núñez. En la sede policial, mientras Rada era sometido a una sesión de picana, alguien consultó sobre la identidad de la víctima y cuando supo quién era mandó parar: “Noo, dice Marcos que ese no tiene nada que ver”. Para el testigo, no hay duda de que el tal Marcos era Marcos Levín.

A la noche, cuando fue liberado, Rada se encontró en la puerta de la Comisaría con el jefe de personal de La Veloz, José Grueso. Tres días después fue convocado a una reunión con este ejecutivo, Levín y el hermano del empresario: “¡Sos un hijo de puta! ¡Vos sabés todo y no querés largar nada!”, lo insultó el empresario. Rada se defendió y volvió al trabajo. Poco tiempo después abandonó la empresa, aunque ayer dijo que no fue por temor.

La sentencia será recién en 2016

Contrariamente a lo que se esperaba, la sentencia en el juicio a Marcos Levín se conocerá recién a finales de febrero de 2016. Así lo confirmó ayer el presidente del Tribunal, Federico Díaz, ante una consulta del querellante David Leiva.

La novedad causó desazón en los querellantes y militantes de derechos humanos que siguen el debate cada lunes. Es que cuando se inició este debate, en agosto pasado, se había estimado que el fallo se iba a conocer antes del fin de este año. Las partes seguían confiadas en esa previsión, pero ayer la secretaria Denise Blajen Bent informó que la audiencia continuará el 23 de este mes y que el 21 de diciembre se hará una diligencia en el domicilio de una testigo, que por razones de salud no puede asistir a la sala de audiencias. Un tanto incrédulo, el querellante Martín Avila pidió que se revea esta fecha porque no se entendía la demora: “Hay un calendario”, le respondió el presidente del Tribunal y, tras la pregunta de Leiva, admitió que los alegatos se pronunciarían en febrero venidero.

lunes, 5 de octubre de 2015

Otra vez a juicio oral : Ríos Ereñu, por la represión en Salta

Ríos Ereñu, por la represión en SaltaOtra vez a juicio oral

El ex comandante del Ejército en el gobierno de Alfonsín vuelve al tribunal por los casos de 24 secuestrados y torturados, de los cuales 19 fueron asesinados cuando era comandante en Tartagal.

El general retirado Héctor Ríos Ereñú, comandante en jefe del Ejército durante la presidencia de Raúl Alfonsín, afrontará a partir de mañana en Salta su segundo juicio oral y público por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. En el proceso, el noveno por crímenes de lesa humanidad en Salta, se juzgarán los casos de 24 víctimas de secuestros y torturas, de las cuales 19 fueron asesinadas o se encuentran desaparecidas. Ríos Ereñú, que se desempeñó como jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 en Tartagal durante los años del terrorismo de Estado, y que ya fue condenado a prisión perpetua en 2013, compartirá el banquillo de los acusados con otros seis represores, incluidos militares, gendarmes y policías.

“Será un proceso largo, de entre seis o siete meses teniendo en cuenta la cantidad de causas que se evaluarán y la cantidad de testigos que están programados, que son más de 200”, explicó a la agencia Télam el abogado Martín Avila, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Vamos a analizar la causa UNSa II y otras, con desaparecidos principalmente de Orán”, explicó el letrado, que también es querellante en el juicio oral que tiene entre los acusados al empresario salteño Marcos Levín, dueño de la empresa La Veloz del Norte.

El proceso, que comenzará a las 15 según informó el tribunal, es el producto de la acumulación de seis expedientes. Entre los acusados, además de Ríos Ereñú –que el 19 de octubre celebrará sus 85 años–, estarán los ex jefes policiales Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, y el ex jefe de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil. A ellos se suman el comandante principal retirado de Gendarmería, Diego Varas, que era jefe del Escuadrón 20 de Orán, el inspector mayor retirado de la policía, Arturo Madrigal, que tuvo a su cargo la comisaría de la localidad de Embarcación, y el ex gendarme Mario Patané. Entre los acusados estaba el jefe de la guarnición militar Salta durante la dictadura, Carlos Mulhall, quien falleció en noviembre mientras cumplía en su casa condenas por el homicidio del ex gobernador Miguel Ragone y por la Masacre de Palomitas, entre otros crímenes.

Durante el juicio, según el requerimiento de elevación del fiscal federal Eduardo Villalba, se tratarán privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios calificados contra militantes políticos, docentes y estudiantes del norte de Salta. La Secretaría de Derechos Humanos del tribunal oral informó que su integración original, conformada por Marta Snopek, Marcelo Juárez Almaraz y Federico Díaz, se modificó luego de que Snopek aceptara un pedido de excusación, por lo que sería reemplazada por el juez Gabriel Casas. El cuarto magistrado, para el caso de que se genere una vacante durante le proceso, será Carlos Jiménez Montilla. Los representantes del Ministerio Público serán los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivi

viernes, 31 de julio de 2015

Piden que se fije fecha para juzgar al empresario Marcos Levin por delitos de lesa humanidad

Para que los civiles tengan prioridad

El dueño de la empresa La Veloz del Norte está procesado en Salta por “instigación de imposición de tormentos”.

 Por Alejandra Dandan

El próximo 5 de octubre va a comenzar en Salta un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad que nuclea a cuatro causas, entre las que están las víctimas del norte de esa provincia. Sin embargo, el dato que preocupa a un grupo de familiares, víctimas y querellas es que el Tribunal Oral Federal no incluyó en el debate el esperado juicio al empresario Marcos Levin, dueño de la Veloz del Norte, procesado por “instigación de imposición de tormentos” sobre Víctor Cobos, entonces trabajador de la empresa. El caso espera el comienzo del debate desde que fue elevado en marzo del año pasado. La familia de Cobos se reunió la semana pasada con integrantes del TOF de Salta para manifestar la preocupación por esta demora: piden a los jueces que impulsen “de modo urgente” el comienzo de este juicio antes del debate de octubre o en forma simultanea. Se estima que puede ser breve por la cantidad de víctimas, represores y testigos.

“Le planteamos a uno de los integrantes del tribunal la urgencia de que se inicie este debate”, dice a Página/12 Cristina Cobos. “Mi hermano Víctor estuvo varias veces amenazado en este tiempo que duró la instrucción. Ha quedado solo en la causa, él y cuatro imputados, porque el resto de las víctimas fueron separadas. Es una necesidad que se termine este juicio por la seguridad de mi hermano.”

Esta misma línea es la que sostienen los fiscales y la querella para insistir sobre la urgencia del debate. Pero además, los querellantes sostienen que es un juicio que técnicamente resulta sencillo. “A fuerza de ser sincero, las causas que van a comenzar a ser juzgadas en octubre se habían elevado antes que el caso Levin –señala el abogado y querellante David Leiva–. Pero el debate por la causa Levin será corto y se podría hacer en paralelo o podría agregarse al mismo debate como se ha hecho en otras provincias: aunque no son los mismos imputados, los expedientes tienen conexión porque los represores pertenecen a la misma área.”

La causa Levin fue el primer expediente que avanzó sobre la responsabilidad empresaria de los crímenes de la dictadura. El expediente original contenía una denuncia más amplia, por el secuestro de 15 trabajadores, entre ellos Víctor Cobos, delegado y representante de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), parte de una familia asediada y devastada por el terrorismo de Estado. Tanto él como los otros trabajadores fueron trasladados a la comisaría cuarta de Salta y sometidos a tormentos en enero de 1977. Desde el primer momento, la Justicia dio por válida la imputación contra Levin, pero no sobre resto de los trabajadores y dividió la causa en dos partes. En aquel tiempo, la empresa había denunciado a los trabajadores por una supuesta estafa que sirvió de gatillo para las acciones ilegales. Hasta ahora, las distintas instancias judiciales aceptaron los tormentos contra todos pero consideraron que la persecución sólo fue sobre Cobos. Por esa razón, situaron al resto de los delitos como “delitos comunes” y por lo tanto, los dieron por prescriptos. Eso fue múltiples veces apelado por la acusación y ahora espera una decisión de la Corte. A Salta volvió sólo el expediente por Cobos, que está concluido y a la espera del juicio oral.

Además del empresario, hay tres policías acusados: Enrique Víctor Cardozo, Víctor Almirón y Víctor Hugo Bocos. Cardozo era el jefe de la comisaría. Almirón y Bocos están acusados como autores materiales. Bocos era el mas conocido entre los trabajadores, subjefe de la Comisaría cuarta, pero a la vez empleado de Levin. Para la familia está claro que no es lo mismo una juicio sólo por un hecho bajo la figura de “instigación”, que por quince que dan cuenta del contexto y de lo sistemático. Sin embargo, eso ahora no es lo importante.

“Levin es dueño de la Veloz del Norte, no sé si ahora todavía, pero por lo menos lo era en ese momento –sigue Cristina–. Tenía como empleado al subcomisario Víctor Hugo Bocos, que era su guardaespaldas directo. Esa persona perseguía y marcaba a los trabajadores que es lo que hizo con mi hermano. Empleados que estorbaban porque él era delegado de la UTA. Bocos era el que tenía contacto directo con ellos. Las personas que como mi hermano les molestaba, los apretaba a tal punto que lo detuvo en diciembre de 1976, lo hizo torturar, lo tuvo en la comisaria y no a él sólo, sino a todos los eran allegados a mi hermano, que pertenecían o eran socios (del sindicato)”. Entre ellos hay algunos empleados de Tucumán que fueron llevados hasta Salta ya secuestrados. “Además hay pruebas y testimonios de que Levin iba a la Comisaría –dice Cristina–. Alguien lo vio. Lo vieron.”

La idea del juicio “corto” es uno de los argumentos acentuados para impulsar el comienzo. Un sólo “hecho”, cuatro imputados y unos 25 testigos. Las partes calculan unas tres semanas de debate. Y trámites para constituir la prueba, de una semana. En ese contexto, proponen los cambios.

Pero los problemas del TOF no terminan ahí. Según las respuestas que les dieron a los familiares, además de los tiempos, tendrían problemas de jueces. El Tribunal quedó integrado para octubre por tres jueces, uno de ellos es Mario Juarez Almaraz, que no podría estar en el juicio a Levin porque se inhibió para actuar en el debate. Sin embargo, la fiscalía recuerda ante una consulta de este diario que Casación nombró hace tiempo a Gabriel Casas, de Jujuy. para reemplazarlo en esta causa.

Un dato importante es el ritmo de juicios del tribunal. El TOF de Salta suele hacer una o dos audiencias por semana. El juicio de octubre tiene previsto la declaración de no menos de 120 testigos. La fiscalía calcula un debate de un año o que se extenderá por lo menos hasta comienzos del año próximo. “Nosotros pedimos una pronta resolución para que fijen fecha por el caso Levin y nos respondieron sacando fecha de las causas del norte”, dice Leiva. “Lo que vemos es que pareciera ser que no quiere avanzar con las responsabilidad a los civiles. Hay dos causas demoradas en Salta: el ex juez Ricardo Lona que está trancada (con procesamientos apelados) y ésta. El Tribunal está siendo remiso para fijar fecha de debate y decretar la prueba ofrecida y ahí vemos que los tribunales, aun cuando no lo quieren, están haciendo el juego a la impunidad.”

martes, 10 de febrero de 2015

Una segunda causa por Ragone, ex gobernador de Salta

La segunda causa abierta por el secuestro, la desaparición y el asesinato del ex gobernador Miguel Ragone quedó habilitada ayer, en el marco de una nueva audiencia del juicio oral y público que por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 18 víctimas se desarrolla en Salta desde el 2 de diciembre.

La audiencia comenzó pasadas las 16 en los tribunales federales de Salta, y finalmente se pudo leer la requisitoria fiscal de elevación a juicio de esta causa, que venía postergada desde el inicio del proceso, primero por razones formales y de plazos, y luego por la falta de defensor oficial de uno de los acusados.

Los imputados son los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro, a quienes se los acusa de haber cooperado para liberar la zona en la que el ex gobernador salteño fue secuestrado, y de evitar las acciones investigativas correspondientes. Los ex comisarios habrían garantizado la impunidad y el ocultamiento de los autores del secuestro, desaparición y homicidio de Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976, en la zona del monumento al general Martín Miguel de Güemes, cerca del domicilio del ex mandatario, en la ciudad de Salta.

Esta causa se trata en el marco de un juicio que desde diciembre analiza un total de 10 expedientes, con 18 víctimas y 6 acusados, a cargo del Tribunal Oral Federal de Salta, integrado por Federico Díaz, Mario Juárez Almaraz y Marta Snopek, junto a quien oficia de cuarta jueza, Alejandra Cataldi. Ayer la defensora oficial Ximena Colombres asumió la defensa de Saravia, luego de la decisión del TOF de no hacer lugar al pedido de inhibición, por entender que no existen intereses contrapuestos