jueves, 8 de noviembre de 2012

Causa Ragone II: procesan a tres comisarios e indagan a otros dos

Por Elena Corvalan
 
El juez federal  Julio Leonardo Bavio procesó a otros tres comisarios por distintos delitos cometidos en el marco del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976 en esta ciudad. Además, el magistrado citó a prestar declaración indagatoria a otros dos comisarios, que deben presentarse entre hoy y el lunes próximo.
Los procesados son Antonio Saravia, que en 1976 era jefe del Departamento de Informaciones Policiales (DIP, inteligencia) la Policía de Salta, hoy jubilado; el comisario general retirado Néstor Liendro, subjefe de la Comisaría 1º de Salta, y el comisario mayor retirado Abel Guaymás, que era inspector de zona y tenía injerencia sobre la Comisaría 1º de Salta, la que intervino ni bien se cometió el secuestro de Ragone, el 11 de marzo de 1976. En esa circunstancia los secuestradores asesinaron al almacenero Santiago Arredes e intentaron lo propio con Margarita Martínez de Leal, que presenció el secuestro desde la oficina de la empresa Betella.

Los citados a indagatoria son el comisario Santiago Pedroza, que en 1976 era jefe de la Comisaría 1º, convocado para hoy, y que será buscado por la fuerza si no asiste por sus propios medios, y el comisario general retirado Roberto Arredes (hermano de Santiago), citado para el próximo lunes.

De los tres procesados, Saravia enfrenta una acusación más grave y, de hecho, anteanoche mismo fue detenido, y alojado en la cárcel federal de Güemes. El juez lo procesó por homicidio doblemente agravado, por alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas, en perjuicio del ex gobernador; por homicidio doblemente agravado por el propósito de ocultar otro delito, asegurar sus resultados, lograr su impunidad, y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Santiago Arredes, y por similar delito en grado de tentativa, en perjuicio de Martínez de Leal.

El secuestro de Ragone se cometió en la jurisdicción de la Comisaría 1º, pero ni bien iniciado el sumario policial fue derivado a la DIP (que habitualmente no tramitaba sumarios), por orden del entonces jefe de Seguridad, Joaquín Guil. Para el juez, este direccionamiento se habría realizado para “tener el control de la situación”. Liendro intervino inicialmente, como subjefe de la 1º, y Guaymás, como jefe de zona con injerencia sobre esta Comisaría. Para el magistrado, ambos “colaboraron (…) para que el hecho y sus responsables permanecieran en la impunidad”.

En el procesamiento Bavio enumeró una larga lista de irregularidades cometidas en el sumario policial, “falencias que en modo alguno pueden ser entendidas como torpeza, impericia y/o negligencia (…), sino todo lo contrario”. 

Guil fue condenado en octubre de 2011 por estos mismos hechos. “Se advierte con claridad que Guil y el imputado Antonio Saravia participaron de consuno en pos de evitar la aprehensión de los responsables. De las actuaciones prevencionales salta a la vista la manera coordinada y en conjunto en la que actuaron”, afirmó el juez. 

El jefe de la Policía en marzo de 1976, el ex militar Miguel Gentil, también condenado el año pasado. El subjefe era Virtom Mendíaz, sobre el que pesa un pedido de investigación. En la línea de mando seguían los comisarios Saravia, Arredes y Abel Murúa (fallecido) y, más abajo, Liendro, Guaymás y Pedroza. Con estas acusaciones se estaría cubriendo a gran parte de la plana mayor de la Policía salteña que actuó concertadamente en el secuestro de Ragone. También sigue la investigación en relación a la totalidad de la plana mayor del Ejército.
Por el cargo que ocupaba en la estructura de la plana mayor de la Policía de Salta, Arredes, que por entonces era jefe de la Dirección de Personal, está acusado por los mismos delitos que Saravia.

jueves, 1 de noviembre de 2012

Salta : Juicio por delitos de lesa humanidad: Testigo contó cómo fue torturado en un CCD

Enrique Cobos prestó testimonio en el mega juicio contra ex militares, ex policías y un civil. Relató las torturas que sufrió durante los días que estuvo detenido

Mega juicio por delitos de lesa humanidad

SALTA.- Cuatro testigos declararon en el mega juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Salta contra ex militares, ex policías y un civil. Sin dudas el testimonio más conmovedor fue el de Enrique Cobos quien contó que estuvo detenido entre 15 y 20 días en un centro clandestino de detención (CCD) ubicado a unos 30 minutos de la ciudad de Salta.

El 24 de marzo de 1976 fue sacado de la casa de sus padres, con los ojos vendados, y llevado hasta estas instalaciones, donde fue obligado a permanecer tirado en el piso de cemento, boca abajo, con las piernas y brazos abiertos, y siendo interrogado y golpeado constantemente. Compartía este cautiverio con otros secuestrados.

Fue una jornada en la que hubo fuertes cruces entre los querellantes y los defensores, en los que también intervino el fiscal Ricardo Toranzos.

El 24 de marzo de 1976 Cobos fue detenido desde la casa de sus padres por un grupo cuyo jefe se presentó como capitán del Ejército. Fue subido a una camioneta y llevado fuera de la ciudad.

Cobos recordó que en este cautiverio había días más tranquilos y otros de más movimientos, y “pasaba gente” y lo interrogaba. Un día lo llevaron ante la máquina de escribir y lo golpearon mientras lo insultaban: “Zurdo hijo de puta, todos los de la JP son unos hijos de puta”, mientras le hacían las mismas preguntas desde su primera detención, “si era católico, si iba a misa los domingos, ‘según lo que contestés te vamos a llevar a pasear’, decían”.

"Por la noche –recordó Cobos- nos daban una manzana, así durante casi tres semanas, hasta que nos llevaron hasta la cárcel de Villa Las Rosas”. El 30 de abril, cuando lo sacaban para llevarlo a la Central de Policía, vió a Corbalán.

Antes de abandonar el penal, me llevaron hasta donde se encontraba el teniente coronel (Joaquín) Cornejo Alemán, quien era el segundo jefe de la Guarnición Ejército Salta", añadió Cobos.

"Jovencito, usted se va en libertad, pero sepa que viene bailando un tango muy jodido, espero que cambie el tango, pero si vuelve no saldrá nunca más", le dijo el entonces segundo jefe del Ejército en Salta, ahora incluido entre los incriminados por los delitos de lesa humanidad.

El relato de Cobos sobre el centro de detención en las afueras de esta ciudad es coincidente con el de Juana López, quien a principios de este debate contó ante el Tribunal Oral en lo Federal de Salta que fue secuestrada en junio de 1976 en Metán. (Redacción

jueves, 18 de octubre de 2012

Procesan a empresario por delitos de lesa humanidad


“Instigador de imposición de tormentos”
El dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levin, fue procesado por haberse valido de un policía que actuaba en un centro clandestino para secuestrar a Víctor Manuel Cobos, delegado gremial, y someterlo a vejámenes.

Por Alejandra Dandan
El primer momento llegó. El juez federal de Salta Leonardo Bavio procesó al empresario Marcos Jacobo Levin por considerarlo prima facie como “instigador del delito de imposición de tormentos” sobre Víctor Manuel Cobos en 1977. Levin era (y es) propietario de La Veloz del Norte, una de las compañías de transporte más importante del país. Cobos era chofer de la empresa, delegado gremial de UTE y parte de una familia de perseguidos políticos. El de Bavio es el primer procesamiento que pone una marca en la responsabilidad de los empresarios durante la dictadura. El juez procesó además a un grupo de policías. A criterio de la querella, la resolución es un avance, aunque sostienen que dejó varios reclamos pendientes. Por un lado, la figura del “instigador” que parece poco, pero sobre todo analizan los criterios por los cuales el juez dejó fuera de la “imprescriptibilidad” denuncias por tormentos de otras víctimas.

El llamado a indagatoria se conoció a fines del año pasado. Catorce choferes y azafatas de la empresa denunciaron a Levin y, entre otros policías, a Víctor Bocos, que era a la vez empleado de la firma y subjefe de la comisaría 4 de la policía de Salta, lugar que fue centro clandestino. Los empleados fueron trasladados por Bocos, y en algunos casos por Levin, desde la empresa hasta la comisaría; los sometieron a tormentos para obligarlos a confesar y hacerse responsables de un supuesto delito de estafa. Levin había abierto una causa penal ordinaria en ese momento por una diferencia de dinero con los boletos. A criterio del juzgado, usó a los policías para conseguir la confesión a través de las torturas. Como todas las víctimas fueron torturadas, las querellas creen que Bocos y Levin deben ser acusados por todos. El juzgado tomó otro criterio. Aquí Bavio explica razones y alcances de esta causa que puede iluminar otros procesos muy cerca.

–¿Cuál es para usted el punto central del procesamiento?

–En particular la idea fuerza es que un empresario muy fuerte de ese momento trató de captar entre sus miembros principales a un policía que integraba la Seccional 4, represora por su naturaleza. Esa persona le sirve de nexo para controlar la desobediencia laboral, mantener los vínculos laborales y también policiales. Para mí esa era la esencia, se advirtió que esta persona (Levin) laboralmente necesitaba echar empleados por un problema menor, porque había habido una pequeña defraudación e hizo que esta policía los sometiese a apremios aberrantes. En el caso específico de Víctor Cobos consideré que el delito es de lesa humanidad porque se advierte muy nítidamente que fue al que castigaron con más ahínco. Era delegado gremial de la UTA, estaba comprometido ideológicamente, su familia estuvo signada por la tragedia. En este momento se está haciendo el juicio oral por Víctor Brizzi, el marido de Cristina Cobos, y por Martín Cobos, al que mataron cuando buscaban a otro de los hermanos. El hecho gremial y político surge muy claro en esta causa: la comisaría 4 era un centro clandestino en el que estas cosas estaban siendo reprimidas.

–En la denuncia original se habló también de otras víctimas.

–El tema es que no se va a reflotar todo apremio, toda tortura ocurrida en esa época cuando tienen características de delito común por más graves que sean. La diferencia en el caso de Cobos es ese matiz ideológico y gremial, donde este empresario instruyó a su dependiente policía para reprimir, y se advierte que por esas características Cobos fue más perjudicado que los otros. Eso fue muy claro. Las pruebas en esta causa fueron concluyentes. Se ve claramente que muchos choferes y azafatas habían sido torturados. Son 14 testigos que lo dijeron, no falta prueba, al contrario. Pero esa prueba respecto de ellos sirve para el caso de Cobos, pero con respecto a ellos se advierte más el carácter de delito común porque no eran delegados de UTA, sino que aparecen reprimidos en esta causa de defraudación. Por eso, lo complejo fue diferenciar una causa penal provincial, otra de tormentos y la de lesa humanidad, que advertí sólo en el caso de Cobos.

–¿Aunque hayan pasado por un lugar que era centro clandestino?

–Sí, es cierto, pero era además una comisaría común, atendía todo tipo de delitos comunes también. Evidentemente, digamos, signados por esas ideologías y formas de represión que quedaron expuestas en el informe de Conadep. Pero no considero que todo apremio en esa comisaría sea de lesa humanidad, a mi juicio no cambian las cosas, pero la verdad es un argumento a tener en cuenta.

–Otros denunciantes también hablaron de la cuestión gremial.

–Algunos eran simpatizantes, otros fueron afiliados, pero los que aparecen sosteniendo esta postura más claramente son Vázquez en Tucumán y Cobos en Salta. Las otras personas dijeron: “A mí me torturaban porque era amigo de Cobos”. O: “Yo era afiliado, pero no participaba”. Además también he descartado algunos testigos que sostuvieron un perfil sindical medio artificialmente. Traté de ser objetivo técnicamente para consolidar el futuro y esperar la confirmación de las Cámaras. Podrá ser discutido. Podrán plantearme la lógica del contexto del hecho porque sí es cierto que fue realizado en el año ’77, en el contexto del terrorismo de Estado, pero no toda tortura es lesa humanidad, si no tendríamos que reabrir todos los hechos. Aquí es que opino así, por supuesto que puede ser apelado, en ese momento asumiremos el caso de todos los demás. Cobos fue el que dijo que participó de reuniones con el imputado por el tema de las huelgas, los demás no dicen. Dicen “me acusaron de defraudación”, que es un delito provincial. O: “me obligaron a confesar por torturas”. No se advierte el carácter gremial como algo fuerte.

–¿Para qué usó la empresa las torturas?

–El principal objetivo era tratar de que confiesen para despedirlos; que digan que habrían participado de la defraudación. Como ese hecho había sucedido antes, usaron este método para probarlo, la confesión; los torturaron, los despidieron, pero no estaba el tinte gremial en los otros, por lo menos no está probado hasta ahora. La verdad, en principio, el hecho habría existido pero, por ejemplo, se trataba de una diferencia en los pasajes. Ese hecho en modo alguno justificaba las torturas.

–Los defensores de Levin dijeron que como él no participó del Estado no puede ser acusado por terrorismo de Estado. Usted dijo lo contrario.

–A mí los defensores me presentaron un pedido por “falta de acción”. Yo marqué una tipicidad muy nítida. Cuando lo cité a indagatoria ya había valorado los elementos de sospecha para que comparezca y consideré que debía comparecer. Con respecto a los delitos de lesa humanidad, me dijeron que estaban pensados para integrantes del aparato del Estado, pero les dije que no se investigaba un delito común, sino tormentos en el que actuó un policía y en el que un empresario aparece instigando por razones ideológicas y gremiales. La acción penal está vigente, no se investigan hechos pasados, sino un hecho que puede ser de lesa humanidad.

–Siempre se dijo que en esta causa el compromiso empresario aparece claro por el encuadre en “un hecho de sangre”. Levin prestó sus autos para los traslados. Los testigos dijeron que lo vieron en la comisaría. Alguno lo reconoció incluso por el perfume.

–Las pruebas sobre Levin fueron tan contundentes que el propio policía y subjefe de la 4 dice que Levin fue tres veces, aunque en su defensa dice que se comunicaba con otro policía y no con él. Todos los testigos dicen que iba a verlo a él, y en este caso hubo hasta presencia material. Cuando yo digo instigador, en realidad esa es la figura que tenemos, pero es un autor intelectual, porque es tan o más reprochable que los policías.

–¿Cree que puede servir este procesamiento para iluminar otros procesos?

–Hablar en general, de otros casos, es más difícil; en mi caso es sencillo desde el punto de vista de las pruebas. Lo que no es sencillo es avanzar en la provincia de Salta, un pueblo chico, con muchas presiones.

domingo, 7 de octubre de 2012

“La Policía me lo ha matado”, acusó la viuda de Luciano Jaime


“Irma Rosa, viuda de Jaime”, se presentó la primera testigo de la jornada de la víspera en el megajuicio que por delitos de lesa humanidad se lleva a cabo en Salta. Irma Rosa Chica rompió un silencio de más de 30 años para dar su testimonio ante el Tribunal en lo Federal. Acusó a los ex jefes policiales Joaquín Guil, Roberto Arredes, Enrique Trovatto y Abel Vicente Murúa de ser algunos de los autores del homicidio de su marido, el periodista y militante peronista Luciano Jaime, cometido entre el 12 y el 14 de febrero de 1975.
Guil está siendo juzgado por el secuestro y asesinato de Jaime. Arredes, recién comienza a ser investigado. Murúa y Trovatto están fallecidos.
 “La Policía me lo ha matado. En ese entonces estaba un grupo, yo me acuerdo de 4 nombres pero era un grupo, que era una mafia que estaba metida en la Central (de Policía). Había sucuchos así, ahí picaneaban, torturaban a la gente”, aseguró Chica. Dijo que estas prácticas se aplicaban a los presos por razones políticas y los presos comunes, como en 1982 le pasó a su hermano, quien fue detenido acusado falsamente por un robo y sufrió la tortura.
Sobre la desaparición de su marido, Chica recordó que el 12 de febrero, cuando no regresó de su trabajo en el diario E Intransigente, se preocupó mucho porque no era común que no le avisara. Por eso comenzó a buscarlo esa misma noche. Al otro día difundió un comunicado de búsqueda de persona. El 15 la llamaron de la Central para que fuera a reconocer la ropa que supuestamente se había encontrado con los restos del cuerpo de Jaime, sometido a una explosión en el paraje El Encón Chico. “Entro y nada más ver la ropa, la reconocí”. “Me puse tan mal que empecé a gritar, porque yo me di cuenta quiénes lo habían matado”.
Chica aseguró que una vez Jaime le confió que habían llamado al diario preguntando si él estaba trabajando, dijeron que sí: “Ah, bueno, ya no va a trabajar más”, fue la respuesta. En otra ocasión en que estaba cubriendo un allanamiento, un hombre le advirtió: “Cuidesé porque lo andan siguiendo”. Y como un mes antes de su muerte, fue detenido en la Central y fue liberado en la Federal.
Chica recordó que su marido le dijo que vio en la Jefatura a Eduardo Fronda, el militante peronista que apareció asesinado el 8 de enero de 1975, sobre el que Jaime hizo la cobertura en El Intransigente y que al parecer fue uno de los motivos de su muerte. “La Policía le tenía bronca a él, le tenía una bronca espantosa, porque no podía pegar un soplido y ya se enteraba él, se enteraba de todos sus chanchullos”, aseguró.
Añadió que después del homicidio supo que Jaime se preparaba a exiliarse en Cuba, y que su salida se demoró porque pretendía ir con ella.
Chica fue secuestrada, unos seis meses después. Un grupo de hombres, ella está segura que eran policías, irrumpió en su casa a eso de las 2,30, le robaron joyas y libros que eran de Jaime y se la llevaron; “semidesnuda”, la arrojaron en la caja de una camioneta que usaba el Ejército, le taparon la boca con trapos y la sacaron hasta un monte, por la zona de Atocha, donde le exigieron que se pusiera de rodillas y comenzaron a alejarse apuntándole con armas largas tipo ametralladoras PAM: “Me encomendé a Dios porque yo no tenía culpa de nada, siempre he sido pobre”, recordó antes de largar el llanto. Pidió disculpas y siguió: “Doy gracias a Dios que no me mataron. Me dejaron tirada ahí. Si me mataban, bueno. Porque ellos eran dueños y señores de la vida de la gente. (…) Han hecho lo que se le ha dado la gana. ¿Por qué (mataban a la gente)? Por sus ideas. Entonces no se puede tener una idea. Hay que ser como ellos, maleantes, asesinos. Jamás en la vida he visto una cosa tan aberrante así”.

Un sumario de inconsistencias  

El policía retirado Modesto Casimiro dijo ayer que no es suya la firma que aparece en el acta que da inicio al sumario policial comenzado el 14 de febrero de 1975, tras el hallazgo de los restos del cuerpo del periodista Luciano Jaime, en el paraje El Encón Chico, jurisdicción de Campo Quijano.
Esta es una más de las irregularidades del sumario realizado por el oficial auxiliar Víctor Hugo Almirón en la órbita de la Dirección de Contralor General, cuyo jefe era el comisario Roberto Arredes, uno de los sindicados como responsables del homicidio de Luciano Jaime.
Casimiro empezó su declaración contradiciendo afirmaciones que constan en el sumario. El querellante Matías Duarte le pidió que reconociera la firma en el acta del 14 de febrero de 1975, realizada por el suboficial Rómulo Sosa, y en cuyo pie aparece un Casimiro, como testigo presencial. El policía la desconoció: “Yo tengo otra firma”, insistió.
En esa época Casimiro era agente en el Destacamento de San Luis. Ayer recordó que ni bien tomó el turno del 14 de febrero, a las 7, recibió la orden de ir a inspeccionar el lugar donde el empleado rural Mariano Padilla había hallado los restos humanos. Aunque le hicieron notar que en el acta que se indica que la Policía recién se anotició de este hecho a las 18 de ese día, el policía insistió en que fue por la mañana. Tampoco recordó haber visto en ese lugar la ropa (retazos de una camisa y un pantalón) que figura en el acta como encontrada allí mismo y por la que la mujer de Jaime pudo reconocerlo.
El cuerpo de Jaime fue sometido a una explosión. Se estima que antes fue asesinado a tiros, porque se encontraron 5 vainas servidas calibre 11.25. El médico legal Ernesto Gómez, que realizó la autopsia, sostuvo que la muerte se produjo entre las 21 y 23 del 12 de febrero (la misma noche en que fue secuestrado), y que ya había comenzado el proceso de descomposición.
Casimiro dijo que no había olor, que los restos no parecían estar en descomposición, y que la explosión parecía reciente.
Las “inconsistencias” entre el relato del testigo y el sumario policial motivaron a la querella a pedir una nueva declaración de Gregorio Galo Rodríguez, del Cuerpo de Bomberos, quien inspeccionó el lugar donde se encontraron los restos.  
El sumario tiene más anomalías: al comienzo los actuarios sostienen que interviene el juez de instrucción provincial Carlos Ulivarri; pero el 17 de febrero mencionan como actuante al juez federal Ricardo Lona. Y casi todos los informes son reenviados al director de Seguridad, Joaquín Guil, que está (precisamente) siendo juzgado ahora como uno de los autores del homicidio de Jaime. 
Por Elena Corvalan

miércoles, 3 de octubre de 2012

La Corte Suprema revocó el sobreseimiento del ex juez Lona


Otra vez bajo investigación

El ex magistrado está acusado por encubrir y no investigar la Masacre de Palomitas, como se conoce al fusilamiento de once presos políticos en 1976. El máximo tribunal destacó que “podrían constituir delitos de lesa humanidad, es decir, crímenes imprescriptibles”.

El ex juez salteño Ricardo Lona será nuevamente investigado por decisión de la Corte Suprema.

Ricardo Lona había zafado de su imputación por la Masacre de Palomitas, pero la Corte Suprema revocó el sobreseimiento del ex juez federal salteño acusado de encubrir y no investigar el fusilamiento de once presos políticos ocurrido el 6 de julio de 1976 durante la dictadura cívico-militar. “Corresponde revocar el sobreseimiento dictado con respecto al imputado Lona, para que se dicte un nuevo pronunciamiento en el que se evalúe qué medida corresponde”, afirmó el máximo tribunal en un fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Carmen Argibay. De esta manera, un tribunal federal salteño deberá evaluar “qué medida corresponde adoptar con respecto a las imputaciones que fueron indebidamente excluidas y cómo deben conjugarse éstas con el reproche relativo a la omisión de investigar”, tras este fallo de la Corte que avanza en la necesidad del juzgamiento de los cómplices civiles del genocidio.

Lona fue acusado de no investigar la Masacre de Palomitas y del encubrimiento de este hecho, en el que once detenidos del penal de Villa Las Rosas fueron fusilados cuando eran trasladados a la provincia de Córdoba, en el paraje Palomitas, a 50 kilómetros de Salta capital, y también estuvo imputado de violación de los deberes de funcionario público. El juez federal 2 de Salta, Miguel Medina, le había dictado al ex magistrado la prisión preventiva por ese delito, pero lo sobreseyó por el encubrimiento, mientras que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta declaró extinguida la acción penal por prescripción y lo sobreseyó.

“Circunscripto entonces su análisis a la omisión de investigar, la Cámara señaló que dicho ilícito no constituía un delito de lesa humanidad y que la acción penal a su respecto se encontraba prescripta; en consecuencia, el imputado Lona fue sobreseído”, dice el fallo, publicado ayer en la página de la Corte Suprema. Luego, explica que “la declaración de prescripción con respecto a la omisión de investigar, por un lado, y la decisión de no adoptar ninguna medida con respecto a los demás comportamientos, por otro, implicaron en definitiva sobreseer a Lona completa y definitivamente con respecto al hecho histórico investigado”. A criterio de los jueces supremos que firmaron el fallo, la decisión de la Cámara Federal a partir del sobreseimiento por prescripción de un hecho puntual “ha cancelado indebidamente la investigación de otros comportamientos que podrían constituir delitos de lesa humanidad, es decir, crímenes imprescriptibles”.

Esta causa llegó a la Corte Suprema a partir de los recursos extraordinarios interpuestos por Elia Fernández Alonso, representada por Daniel Tort; el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, y el fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, José Pérez. El máximo tribunal consideró procedentes estos recursos y, junto al análisis del dictamen de la Procuración General de la Nación sobre el caso, decidió “revocar la sentencia apelada”.

Lona sigue sumando problemas en su frente judicial porque a este fallo se suma el de Casación, de hace un año, que reabrió una causa por el presunto encubrimiento del secuestro y desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976. El 18 de febrero de 2004, el jury de enjuiciamiento lo había salvado de la destitución, pero al día siguiente el presidente Néstor Kirchner aceptó la renuncia que Lona había presentado para evitar el juicio.

Fuente: Pagina 12

viernes, 17 de agosto de 2012

Un informe con nombres de espías del Ejército en Salta y Jujuy

Se estableció con certeza quiénes fueron los espías del Ejército que actuaron en Salta y Jujuy
(Por Elena Corvalán, directora de Radio Nacional-Salta).-
 
Un informe oficial intenta cubrir el vacío que ha permitido hasta ahora que los agentes de inteligencia no sean vinculados con los hechos de represión, a pesar de estar claro que fueron partícipes. Una estructura de vigilancia compuesta por oficiales, suboficiales del Ejército y de otras fuerzas de seguridad y una larga lista de “civiles”, funcionaron como agentes del Destacamento de Inteligencia 143, con asiento en Salta, durante la última dictadura cívico-militar, y otro tanto ocurrió con el denominado Grupo Adelantado de Inteligencia que funcionó en Jujuy, dependiente de aquél.

Un informe realizado por el Programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, destaca que, como en el resto del país, estas unidades de inteligencia estuvieron “en el centro del dispositivo represivo”, dado que “habrían diseñado y controlado el accionar represivo”, seleccionando blancos, determinando el orden de mérito de los detenidos y asignando destinos.

El informe, al que Otros Territorios* tuvo acceso, se propone “despejar la aparente desvinculación que tuvieron en estos hechos, quienes siendo parte de la estructura organizativa (de la represión), no han sido mencionados por víctimas sobrevivientes, pero, sin embargo, compartieron estructuras, espacios, tiempos, con aquellos que sí han sido identificados”, por lo que no pudieron ser ajenos a los hechos.

Precisa el informe que las acciones realizadas por estas dependencias “formaron parte de un plan nacional represivo practicado contra la población durante la dictadura militar desde 1976 hasta 1983 y cuyos fundamentos y doctrina están expuestos en las directivas del Consejo de Defensa y del Comando en Jefe del Ejército, elaboradas y distribuidas en octubre de 1975”.

Esas directivas establecieron las prioridades operacionales, los organismos responsables, los niveles de coordinación y subordinación para llevarlas a la práctica, y “la hegemonía del Ejército, al cual se subordinaron las fuerzas policiales, Gendarmería, Prefectura y organismos vinculados como, por ejemplo, la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado)”.

La importancia de vigilar

Estas directivas determinaron que la actividad de inteligencia era prioritaria para el “combate a la subversión”.

La tarea de inteligencia, precisa el informe, “fue especializada y requirió personal entrenado técnica y sicológicamente; también fue siempre encubierta”. De hecho, todos los oficiales y suboficiales que integraron el Destacamento 143 y su Grupo Adelantado en Jujuy estuvieron en otros destacamentos de inteligencia y asistieron a “cursos técnicos de inteligencia” y a “cursos de inteligencia para jefes”. Algunos fueron también a la Escuela de las Américas, la ahora fortmalmente disuelta organización de la US Army destinada a instruir a los militares latinoamericanos en el combate al enemigo interno, incluyendo interrogatirios con aplicación de tormentos y desaparición de cadáveres.

Los suboficiales hicieron cursos de “técnico de inteligencia” y el de “perfeccionamiento para auxiliar de inteligencia”, llamado “Interrogadores”.

Precisamente, los miembros de inteligencia tenían a su cargo “el interrogatorio de inteligencia para seleccionar los prisioneros de guerra en la zona de combate”, ordenaba el Reglamento ROP 30-5. Complementando, el Reglamento RE 9-51, “Instrucción de lucha contra elementos subversivos”, consignaba: “El capturado es una fuente de información que debe ser aprovechada por el nivel de inteligencia”.

El trabajo del Programa Verdad y Justicia también cita el Reglamento RC 16–1, "Inteligencia Táctica", en el que se detallan las actividades a desarrollar para la obtención de información, la inteligencia y la contrainteligencia, los sabotajes, las actividades sicológicas secretas y las operaciones especiales.

La importancia que tenía la inteligencia queda explicitada en el "Reglamento de Organización y Funciones de los Estados Mayores" RC 3-1: el jefe de inteligencia, dispone, será el principal miembro del Estado Mayor, quien “tendrá responsabilidad primaria sobre los aspectos relacionados con el enemigo”.

En suma, la normativa general y los reglamentos implantaron las directivas que debían seguir los oficiales y suboficiales “aptos en inteligencia e interrogación, que han sido entrenados para esta tarea”.

Para los autores del informe, “resulta razonable y lógico suponer que estas directivas fueron cumplidas a cabalidad por el personal del Destacamento de Inteligencia 143 y su Grupo Adelantado de Jujuy”, dado que fueron propuestos para reconocimientos y ascensos.

Métodos

El Destacamento 143 funcionaba en la calle Belgrano al 400 de Salta. Dependía del Área 322, comprendida en la Subzona 32, perteneciente a la Zona III del III Cuerpo de Ejército.

El Grupo Adelantado de Inteligencia de Jujuy estaba en el Área 323, funcionaba en unas oficinas frente a la plaza central en un edificio lindante con la Central de Policía.

La central de inteligencia funcionaba dentro del Regimiento 20.

La Subzona 32 estaba bajo la jurisdicción del Comando de la Brigada de Infantería V, con asiento en Tucumán.

El informe precisa que la actuación de los destacamentos de inteligencia estuvo comprendida en las directivas impartidas en el plan nacional represivo. La Directiva 1 del Consejo de Defensa, de 1975, daba “libertad de acción para el empleo de los medios en zonas calientes”, en el marco de la “lucha contra la subversión”.

Las unidades de inteligencia eran las “responsables de interrogatorios, tormentos de detenidos, con el propósito de mantener la secuencia operacional de las unidades a partir de la información que se obtenía y que ellos mismos procesaban”.

El Reglamento RE -10-51, “Instrucción para operaciones de seguridad”, detallaba los elementos que los represores debían llevar a los operativos: “Se recomienda contar con palos, cuerdas y capuchones o vendas para el transporte de detenidos”.

Sobre el tratamiento a los detenidos, en el juicio a las Juntas, quien fuera jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall, dijo que “en todos los casos, se efectuaba un primer interrogatorio, se los derivaba ya sea a la delegación de la Policía Federal, o a la Jefatura de Policía” y luego se decidía si continuaba detenido. Para estas decisiones “siempre se daba intervención a personal que nuestras organizaciones militares tienen, especialistas en inteligencia, para poder determinar si el individuo está o no dentro de una organización subversiva”.
 
Quiénes fueron
 
A continuación, el listado de los oficiales y suboficiales que se desempeñaron en inteligencia en Salta y Jujuy:


Teniente coronel Osvaldo Mario Baudini
Teniente coronel Roberto Jesús González
Teniente coronel Juan Messina
Teniente coronel  Osvaldo Lucio Sierra
Mayor Miguel Ángel Cornejo García
Capitán Sidney Edgar Page
Capitán Hugo José Schierano
Capitán Rodolfo Antonio Aguilar
Capitán Roberto Jones Tamayo
Capitán Enrique Federico Gentiluomo
Capitán Julio César de la Barrera
Capitán Antonio Gaspar Viana
Capitán Duilio Raúl Martínez
Capitán Néstor de la Vega
Capitán Aldo Carlos Checchi
Capitán Carlos Alberto Feijoo
Capitán Ricardo Ernesto Elicabe
Teniente primero Jorge Julio Affanni
Teniente primero Rafael Mariano Braga
Teniente primero Eduardo Jorge Coaker
Teniente primero Julio César de la Barrera
Teniente primero José Eduardo Bulgheroni
Teniente primero Guillermo Eduardo del Pino
Teniente primero Pedro Edgardo David
 
Suboficiales
José Federico Marcial
Máximo Rubén Chávez
Jacobo Eduardo Gómez
Benancio Celestino Cardozo
Amado Salim Osman
Alberto Raúl López
Salvador Américo Aredes
Hilario Romaniello
Julián Nicolás Quispe
Eduardo Amércio Nicolini
Miguel Andrés Mendoza
Roberto Montero
Domingo Orlando Cejas
Juan Heriberto Cruz
Juan José Maciel
Tehodolo Adolfo Aztorga
Raúl Alberto Salas
Martín Eugenio Arapa
Pedro Horacio Aguilera
Roberto Aquilino Barbosa
Alfonso Díaz
Martín García
Víctor Rivero
Oscar Humberto Blas
Aldo Julio César Díaz
Carlos Nicolás Gómez Argüello
Saturnino Orlando Durán
Víctor Cruz González
Raúl Guillermo Rivero
Luis Alejo Martínez
Norberto Carrizo
Héctor Argentino Gerónimo
Héctor Enrique Méndez
Fabián Sivila
Oscar José Paredes
 
*Esta nota fue publicada originalmente en dicho suplemento del Nuevo Diario de Salta con el título "Alma de buchón" y difundida por la Agencia de Noticias DH.

miércoles, 8 de agosto de 2012

Ríos Ereñú dice que se adulteró un libro del Ejército.

Megajuicio: Ríos Ereñú dice que se adulteró un libro del Ejército
El ex jefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú no supo explicar ayer las constancias del libro histórico del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, del cual fue jefe en los primeros años de la dictadura cívico militar iniciada en marzo de 1976.

Este libro da cuenta de la existencia de la Subárea 322-1, como sostienen la Fiscalía y los querellantes, quienes acusan a Ríos Ereñú de ser su jefe y por lo tanto también responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa etapa.

Ríos Ereñú está siendo juzgado por el Tribunal Oral en lo Federal de Salta por los secuestros y homicidios del médico Pedro Urueña y del dirigente de la JP Jorge René Santillán. El militar retirado volvió a pedir la palabra ayer para hacer su descargo respecto de la acusación por Santillán.

Pero esta vez el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montill, le advirtió que no podía leer. La acusación sostiene que en la división del país que se hizo a los efectos de la represión, en Zonas, Subzonas, Áreas y, en algunas provincias (como Buenos Aires, Córdoba y Salta) Subáreas, el norte provincial quedó comprendido en la Subárea 322-1 (Salta era el Área 322), que estaba bajo la responsabilidad del jefe del Regimiento de Monte 28 y que tenía jurisdicción en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.

Ríos Ereñú basó parte de su defensa en negar la existencia de esta Subárea. Pero como en el libro histórico del Regimiento se consigna una Subárea 322-1, y también aparece como 3221 y 3222, además de resaltar estas diferentes menciones como un síntoma de falta de veracidad, el acusado aseguró que hay diferencias en la forma del registro, por lo que sospecha que el libro histórico ha sido adulterado, y pidió un peritaje.

Reiteró también que la directiva 404/75, dada por la Comandancia del Ejército en octubre de 1975, que establecía la zonificación militar, recién fue aplicada a partir del 24 de marzo de 1976. El fiscal le pidió entonces que explicara cómo es posible que el 2 de febrero de 1976 se difundiera en el diario El Tribuno un comunicado militar que Mulhall firmó como “jefe del Área 322”.

Ríos Ereñú argumentó que él no estaba en Salta entonces: “El coronel Mulhall está acá, puede explicar”, arguyó. Ríos Ereñú no solo debió lidiar con las preguntas del fiscal Ricardo Toranzos y el querellante David Leiva, sino que también tuvo que soportar las chicanas del otro acusado, el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall, que aprovechó el hecho de estar sentado a su lado, en el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires, para hacer comentarios y gestos que exhibían su fastidio por la larga declaración de su compañero de juicio, con el que vienen enfrentados (y se dice que hasta hubo un conato de cachetadas en ocasión de una revisación médica) desde que este último dijera que la responsabilidad de la represión en el norte provincial recae sobre el primero.

Ríos Ereñú aseguró que esta afirmación de Mulhall es contradictoria, que solo pretende descargar responsabilidad en otros. En el mismo sentido, negó haber tenido el control operacional de la represión en el norte, y hasta dijo que la Policía de Tartagal le respondía a Mulhall.

El ex jefe del Regimiento 28 negó que hubiera tenido vinculaciones con Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Salta. Pero esto fue desmentido en el interrogatorio del fiscal y de Leiva, quienes lo confrontaron con los libros del Regimiento y los del Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán, en los que queda probado que había un trato fluido entre ambas fuerzas.

En el libro de Gendarmería de Orán están registradas salidas de un camión del Ejército que fue a colaborar en un operativo, así la llegada de mensajeros del Regimiento 28 trayendo sobres cerrados al Escuadrón 20. También está consignada la presencia de miembros del Ejército en el Escuadrón 20. Ríos Ereñú terminó por argumentar que pudo ocurrir que existieran vinculaciones sin que él las conociera, y afirmó que todo lo asentado en los libros son actos lícitos, que los demás no se registraban.

Además, ayer el médico policial Juan Carlos Ocampo, que intervino en el levantamiento de los restos de Santillán, recordó que la comisión policial fue al Regimiento a informar de este hecho porque “la Policía estaba bajo las órdenes del jefe del Regimiento de Tartagal”.

Los asesinos de Jorge Santillán comieron en el lugar del homicidio
El médico forense Juan Carlos Ocampo recordó ayer con claridad que el cuerpo de Jorge René Santillán había sido sometido a una explosión tan fuerte que apenas quedaron los miembros inferiores y parte de la pelvis y pedacitos esparcidos en 30 metros a la redonda. Pero lo que más le llamó la atención fue que “debajo de un árbol grande, frondoso, había como si hubieran hecho fuego, unas ramas quemadas.

Y como si hubieran comido ahí” desechos de “cervezas y esas cosas. Y ahí se que dinamitaron el cadáver. Pero no existía el cadáver. Había pedacitos, el más grande de dos centímetros, varios metros a la redonda, hasta en las ramas”. Ocampo dijo que le llamó la atención que “cómodamente una persona había tenido ganas de ingerir un alimento habiendo hecho una cosa como ésa”.

El debate sobre el secuestro y homicidio del dirigente de la JP, cometidos la madrugada del 10 de agosto de 1976 en General Mosconi, mostró ayer la concertación de las fuerzas de seguridad. El hecho habría sido cometido por miembros del Ejército con la colaboración de la Policía provincial, que no respondió a los pedidos de auxilio de los familiares, en una resistencia a los secuestradores que se prolongó por casi dos horas, y luego orientó la búsqueda en sentido contrario a donde habían ido los atacantes. Y la propia YPF, intervenida militarmente, había despedido a Santillán.

Doce testigos declararon en la continuidad del juicio que se sigue en Salta por crímenes de lesa humanidad. Siete se refirieron al homicidio de Santillán, los otros cinco hablaron de los secuestros y desapariciones de los jóvenes Oscar Alberto Bianchini y Néstor Miguel Díaz, cometidos también en agosto, en Salta capital. Entre la indagatoria al acusado Héctor Ríos Ereñú y los testimonios quedó clara la estrecha colaboración de las fuerzas de seguridad que participaban de la represión y también la colaboración que brindaban empresas, como YPF y el propio Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE), ambos intervenidos por los militares.

Según contó el ex jefe militar, YPF prestaba camionetas al Regimiento de Monte 28. Además, echó a algunos empleados. Santillán, y su hermano Alfredo, fueron despedidos “por razones de seguridad”, en julio de 1976. Al mes siguiente, a eso de las 3 de la mañana del 10 de agosto de 1976 un grupo de 5 o 6 hombres llegó a su casa en Mosconi y se lo llevó para matarlo con un explosivo y abandonar sus restos en el camino a Acambuco.

Irma Prado de Santillán, la esposa de Jorge, contó que con su marido, su hija Rosa, de 7 años, y su madre, lucharon en la vereda de su casa, a unas cinco cuadras de la Comisaría, durante casi dos horas, tratando de evitar que se lo llevaran. A pesar de los gritos, los cuatro agentes comisionados llegaron cuando ya se lo habían llevado y la propia Irma había ido a avisar a su cuñado, Alfredo. Dos de estos policías, Arsenio Segovia y Carlos Terán, declararon ayer.

Quedó claro que, cuando fue comisionado para acompañar a Irma en la búsqueda de su esposo, Segovia los llevó primero hacia Balbuena, en el sentido contrario adonde habían ido los secuestradores. El policía Pablo Rueda, que integró la comisión que fue a levantar el cuerpo de Santillán, recordó que en el lugar del homicidio encontraron “un papelito chiquito que decía FM”, las mismas de Fabricaciones Militares.
Por Elena Corvalan, Directora de Radio Nacional en Salta
Envío:Agndh

martes, 7 de agosto de 2012

Silvio, hijo del desaparecido Jorge René Santillán

“Nadie puede olvidarse de los que nos tocó vivir a nosotros”
 
En 1976 Silvio René Santillán tenía seis años. La madrugada del 10 de agosto de ese año le tocó sufrir la violencia de un grupo de tareas que entró a su casa y secuestró a su padre para matarlo rato después. “Yo pienso que nadie puede olvidarse lo que nos tocó vivir a nosotros. Verlos pelear a mi papá, a mi  mamá, a mi hermana mayor que en ese momento tenía siete años. No queriendo que se lo lleven. Y verlo cómo le pegaban con la Itaka en la cabeza, en la cara, verlo todo ensangrentado”, afirmó ayer el hijo.
El cuerpo de Jorge René Santillán fue encontrado esa misma mañana, alrededor de las 6, en el camino a Acambuco, en el extremo norte de la provincia de Salta. Sus familiares saben que los secuestradores eran miembros del Ejército. Eran seis o cinco hombres encapuchados, que dijeron ser de la policía pero uno de ellos, que en algún momento quedó sin la capucha, fue reconocido por Irma, la esposa de Santillán: era un suboficial del Ejército.
Por este hecho están siendo juzgados el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall, y quien fuera jefe del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, Héctor Ríos Ereñú, que en la democracia llegó a jefe del Estado Mayor del Ejército.

El Tribunal Oral en lo Federal de Salta tenía previsto comenzar ayer a analizar el secuestro y homicidio de Santillán, pero la audiencia debió suspenderse debido a que no había servicio de Internet en Comodoro Py, Buenos Aires, desde donde siguen el debate los dos acusados. Silvio, que junto a su hijo y a su esposa concurrió a la audiencia, lamentó la suspensión. Su tío, Alfredo Santillán, y su madre, Irma, tenían que declarar ayer pero sus testimonios fueron pospuestos para hoy, igual que los de otros testigos.
Los Santillán vivía en General Mosconi. Hasta julio de 1976 Jorge Santillán trabajaba en YPF y era delegado del sector Metalúrgica del Departamento de Electromecánica. Con su hermano Alfredo, que trabajaba en el sector Usina del mismo departamento, eran opositores al oficialismo en el Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE).

También militaba en la JP y, como todos los militantes de la época, realizaba trabajo social con los pueblos originarios de la zona y en los barrios más necesitados. Con Alfredo estaban impulsando la construcción de un centro sanitario, donde iba a atender el médico Pedro Urueña, también secuestrado y asesinado por esa época. Ahora la hija menor de Jorge trabaja con los pueblos originarios en Mosconi.

Los Santillán dieron cuenta ayer, una vez más, de las secuelas del terrorismo de Estado, de las dificultades que la familia enfrenta para cerrar el duelo. “Él (Jorge) tenía un pijama, celeste, un color así, yo todavía tengo el saco de ese pijama que sigue roto donde estaba roto, tiene unas manchas como si fuesen de óxido pero que no es óxido, es la sangre, que yo todavía lo tengo y muchas veces duermo con ese saco”, recordó ayer Silvio, con la emoción dificultándole el habla.

Jorge e Irma tenían cuatro hijos: Silvio y su hermana Rosa, los más grandes, trataron de evitar el secuestro de su padre, que luchó por largo tiempo hasta que “al último lo vencieron y se lo pudieron llevar”. Las más chiquitas dormían. Ayer un familiar recordaba que Rosa pedía a los secuestradores que le dejaran al padre al menos hasta que cumpliera 15 años.
Luego del secuestro los hermanos fueron llevados a Campamento Vespucio, con un tío. “No me voy a olvidar nunca esa tarde, porque llegó el hermano de mi padre. Me acuerdo que estaba sentado en el frente de esa casa y cuando lo ví llegar le pregunté: ‘Tío, ¿lo encontraron a mi papá?’. Y no me contestó nada. Entró, se fue, se bañó y salió vestido de traje, me llevó al living y ahí fue donde él me dijo que sí lo habían encontrado a mi papá y que lo habían encontrado muerto”.
 
Sin embargo, ese final cruento no borró los buenos recuerdos del padre ausente: “Siempre tuve los recuerdos más lindos de mi papá, siempre me sentí orgulloso de mi papá y más aún cuando uno va al norte, siempre dije que yo tengo apellido y ese apellido es mi carta de presentación, que es ser el hijo de Jorge René Santillán”.

Por Elena Corvalan, Directora de Radio nacional en Salta

martes, 24 de julio de 2012

El asesinato de Luis Rizo Patrón, amigo de Santucho

El cuerpo acribillado en la plaza de Metán

 Por Alejandra Dandan

Gabriela empezó describiendo ese estado de clandestinidad “media extraña” en el que estaba su padre, Luis Rizo Patrón, que vivía escondido en el altillo de la casa de la abuela, adonde sus hijos subían cada tanto, pero cuando alguien preguntaba por él debían decir que estaba en otra parte. En julio de 1976, cuando ya lo habían secuestrado, la madre de Gabriela volvió a subir al altillo. “Eso es lo que más triste tengo de mi vida”, dijo ella en la audiencia de ayer. “Verla a mi mamá bajando con los libros de mi papá, teniéndolos que quemar por recomendación de la familia, quemar el libro que él estaba escribiendo y que a mí me hubiese gustado llegar a leer.”

Gabriela declaró ante el Tribunal Oral Federal de Salta donde se lleva adelante la megacausa por las víctimas de la represión. Tenía 12 años cuando secuestraron a su padre, al que pocos días después dejaron tirado y asesinado en la plaza de Metán, abajo del monumento al General San Martín, rodeado de bombas, con seis agujeros de tiros en la cabeza, dos o tres en los brazos y otros en el estómago. Su padre, que era maestro de escuela en Metán, que había nacido en Santiago del Estero, había sido amigo desde el secundario de Roberto Santucho y más tarde parte del PRT; estuvo preso y luego fue candidato a legislador y diputado en el gobierno de Miguel Ragone, después del golpe había comenzado a viajar a Chaco. Cerca de ahí una patota secuestró primero a su hijo más grande, y el 12 de junio de 1976 lo obligaron a entregarse a cambio del joven.

“Realmente las heridas que quedan en una familia son muy importantes”, dijo ella cuando el Tribunal le preguntó por qué no estaban allí declarando sus hermanos. “Acompañé a mi mamá cuando la persona que está a cargo del programa de Protección al testigo fue hablar con ella. Nos explicó el valor que tenía esto para determinar las condiciones de la muerte, que nosotros ya sabemos; para poder determinar quiénes fueron los culpables, que Dios sabrá si se podrá determinar o no, y para poder determinar la magnitud del daño. En función de esa magnitud del daño es que yo estoy sentada hoy acá”, dijo ella. “Me parecía que se debía saber en principio que mi papá era una persona que desde la docencia trató de transmitir mucho de lo que era el respeto al otro y a las ideas; tenía una ideología muy clara de participación en la comunidad, a través del gremio y cooperativas. Desde que eran muy jóvenes los dos, con mi mamá, comenzaron una línea de defensa del indígena, quedó mi papá después militando un tiempo en el PRT. Y todo lo valioso de su vida me parecía que era muy poco que quedara simplemente en el cuerpo, en cómo se había encontrado, qué posición estaba o cuántas balas recibió. Esta magnitud del daño hace referencia a la familia, que estuvimos muy solos, con apremios económicos. Cuando tomé el ómnibus anoche, una de las broncas más grandes que tenía era darme cuenta de que después de 36 años lo que ocurrió está tan presente en la vida de cada uno de nosotros: verla a mi mamá que no puede venir; ver a mi hermano que a los 51 años no puede contar esto. Y pensar que mi hermana está ahí afuera sin poder expresar esto, porque lo que nos metieron es el miedo adentro.”
Luis

A Luis Rizo Patrón le decían “el profesor” en el pueblo de Metán. “Mi mamá era profesora de lengua y mi papá de contabilidad, vivíamos ahí en donde ser docentes era uno de los mayores privilegios, nosotros éramos muy bien considerados” en el pueblo, dijo Gabriela, hasta que en mayo de 1972 detuvieron por primera vez a su padre. “Al episodio lo viví bastante de cerca porque nos detiene la policía. En ese momento se usaban unos portafolios enormes de Primicia. Me acuerdo que el policía me dijo: abrime el portafolio. Yo miré para atrás, mi mamá me dijo que lo abra y mi hermana se resistía. Cuando vieron que llevábamos útiles nos dejaron ir al colegio y cuando volvimos a nuestra casa, a mi papá se lo llevaron detenido.”

Luis estuvo preso en Tucumán, en Buenos Aires, en Resistencia y luego en Salta. Los hijos lograron verlo en la cárcel de Salta en mayo del ’72, donde les mostró las artesanías que armaban con huesos de caracú. “Lo vi mucho más flaco, había hecho huelga de hambre y mi hermana me preguntó si no me había dado cuenta de que estaba golpeado. Pero yo no me daba cuenta todavía.” Cuando salió en el mes de septiembre, al poco tiempo comenzó con la candidatura a legislador. “Para nosotros todo eso era raro”, dijo ella. “De golpe pasamos de ser hija de un preso, a ser hija del candidato, a los pocos meses hija del legislador y vicepresidente de la Cámara de Diputados de Salta en la época del gobierno de Ragone.”

En el ’73 y ’74, como legislador viajaba los fines de semana a Metán. Con los años Gabriela se metió a ver sus proyectos, entre los que más discusiones generó, encontró uno sobre la expropiación de latifundios.

“¿Por qué pasó a la clandestinidad?”, preguntó el fiscal en la sala.

“Ya a mediados del ’74 el ambiente no era tan jolgorioso, de ser la hija del legislador empezamos a recibir amenazas. Digo jolgorioso porque pude venir a la capital de Salta y verlo no en la cárcel sino como diputado, que estuvo lindo. Pero al final del ‘74 toda la familia estaba amenazada y a un vecino a dos casas de la nuestra le pusieron una bomba y nos dijeron que se habían equivocado: que las bombas eran para nosotros. Yo tenía 10 años y entendía perfectamente qué era que a uno le pusieran una bomba: vi la que le pusieron al vecino, vivíamos con muchísimo miedo.”

Con un apagón provocado por algunos amigos, la familia salió en secreto de Metán a Santiago del Estero. Dos o tres semanas después, dos bombas estallaban en la casa de Metán.

Luis pasó un tiempo en el altillo hasta el golpe de 1976. Por la situación económica, empezó a viajar a Roque Saénz Peña en el Chaco y volvía a Santiago del Estero una vez al mes. “Cuando volvía nos contaba mucho del campo, y a mi hermano le gustaba en particular ir a cazar. Una vez, mi hermano se entusiasmó con la idea de ir a un paraje cercano de donde estaba mi papá, en Pampa de los Guanacos (en el norte de Santiago del Estero y límite con el Chaco). Quedaron que se juntaba ahí con mis tíos. En ese momento lo secuestraron unos que dijeron que eran de la policía. Mi papá vivía en una pensión. A cambio de entregar a mi hermano, mi papá tenía que entregarse. Ese fue el trato, mi papá se entregó. Subieron los dos a una camioneta, a mi hermano lo volvieron a llevar a Pampa de los Guanacos. Lo dejaron en medio de un monte cercano y de allí se lo llevaron a mi papá, en definitiva desde Pampa de los Guanacos.”
Lo que vino

Luis era uno de esos maestros que mientras sus alumnos hacían balances, les ponía discos de versos de García Lorca de su mujer que era profesora de lengua. O música clásica. “Sé que militaba en el PRT”, dijo Gabriela. “Sé que tenía reuniones. Era amigo íntimo de Roberto Santucho, fueron al mismo colegio, tuvieron muchas experiencias juntos, no sé cuál de los dos salvó la vida de cuál cuando cayeron al río Dulce. Compartieron mucho también con mi mamá cuando se formó el primer grupo que buscaba reivindicar los derechos, el FRIP y después en el PRT.”

Lo que sucedió con Luis como secuestrado –una palabra que Gabriela subrayó en medio de la sala cuando la fiscalía preguntó por su “detención”– forma parte de esa militancia. De Pampa de los Guanacos lo llevaron a Santiago del Estero, donde lo esperó Musa Azar. Lo vieron en Tucumán y lo dejaron muerto con una crueldad sobre la que todavía existen preguntas, en medio de la plaza de Metán.

“¿Usted sabe por qué secuestraron primero a su hijo si quienes lo seguían pudieron secuestrarlo a él directamente?”, le preguntaron en la sala. Gabriela dijo que no lo sabe, supone que fue porque a su padre lo querían con vida y con su hijo de señuelo se aseguraban que fuera así. En otro momento le preguntaron por qué creía que después de todo lo que hicieron, lo volvieron a llevar hasta Metán.

“Haciendo cálculos fueron muchos días los que lo tuvieron”, dijo ella. “Desde el 25 de junio hasta el 12 de julio, de acuerdo con mi construcción mental y respondiendo a la pregunta, siempre interpreté como que fue una cuestión aleccionadora. Yo nunca había vuelto a Salta, el año pasado fui a un congreso y me fui a Metán y me fui a la plaza para verla. Me pareció gracioso que pongan un cuerpo al pie de la estatua de San Martín –dijo– podía tomarse como un homenaje. Pero por todas las otras condiciones, rodearlo de paquetes de bombas, con el cuerpo torturado, era como algo aleccionador.”

David Leiva es uno de los abogados de las querellas. Está convencido de que el secuestro de Luis pudo estar relacionado con la persecución a Santucho. Cree que el circuito por el que pasó muestra además la coordinación no tanto de la policía sino del Ejército, que tenía la mirada de la zona. Otro de los aportes de sus subrayados es sobre la condición de militante político de Luis: “Nosotros estamos intentando ubicar a las víctimas del terrorismo de Estado en los partidos en los que militaban, y eso se está dando en Salta, sobre todo con los testimonios que se escuchan de los militantes del interior de la provincia, porque con estos juicios no perseguimos solamente la sanción punitiva del Estado, sino la posibilidad de recuperar la historia de los compañeros. No contarla es perpetuar ese proceso de desaparición: no contar dónde militaban y cuáles fueron las ideas es parte de la política de seguir desapareciéndolos. La experiencia es lo más próximo que esta generación tiene que legar a las futuras”

martes, 17 de julio de 2012

Un sobreviviente confirmó el accionar conjunto entre Ejército y Policía

Uno de los sobrevivientes de la última dictadura militar dio ayer en su relato distintos elementos que prueban el accionar conjunto de las fuerzas represivas. Este sostuvo que el ex jefe del Ejército, Carlos Mulhall, fue quien le dijo en la cárcel que lo iban a liberar, al momento que indicó que éste iba hasta la cárcel de Villa Las Rosas en helicóptero por las tardes.

Aldo Bellandi, quien fuera jefe de Movilidad del Gobierno de Miguel Ragone, fue quien avisó a la cúpula policial de aquella época, comandada por Joaquín Guil, que "Ragone no necesitaba más custodia policial, porque a Ragone lo custodiaba el pueblo". "Fue ahí que yo cavé mi propia fosa", evaluó el testigo al hablar de su caso incluido en la mega causa que investiga delitos de lesa humanidad a las que fueron sometidas 34 víctimas. Por el hecho en este juicio se encuentran procesados Carlos Mulhall, Joaquín Guil, y Roberto Puertas. Pero este último fue separado del actual juicio por encontrarse enfermo tras haber sufrido un ACV.

 Nueva audiencia

La madrugada del primero de abril de 1976, Bellandi fue detenido en un mega operativo que se montó en el barrio Santa Lucía. Allí reconoció Puertas quien estaba a cargo del operativo. Tras ser llevado a la Primera, fue detenido por una semana en la Central de Policía en donde inició la tortura.

Pero los tormentos más dolorosos fueron tras ser trasladado en el Ejército, donde empezó a ser un desaparecido. "Me golpeaban los oídos. Me picanearon testículos, tetillas, boca, planta de los pies. Caminaba con las piernas entreabiertas y en punta de pie", sostuvo en su declaración ante el Tribunal Oral Federal. Las torturas recurrentes duraron meses. Al ser trasladado a la cárcel de Villa Las Rosas, los presos eran dirigidos en las madrugadas frías a los baños donde eran manguereados. La tortura a Bellandi fue más dura cuando en una de estas 'manguereadas' vio de frente al director de la Cárcel, Braulio López, a quien conocía porque "yo casi como que lo posicioné" durante el Gobierno de Ragone. "Como él a mí me conocía, se me puso de frente en una de esas ocasiones y me miraba, y fue cuando yo escupí al piso".

Contó también que escuchaban helicópteros en donde supuso que por el movimiento de uniformados del Ejército, viajaba Mulhall hasta la cárcel. Fue allí que éste lo atendió un año después de haber sido detenido y desaparecido. "Con las piernas cruzadas sobre un escritorio y golpeando las botas con una fusta, me dijo que iba a salir en libertad", contó.

Al darle la noticia le dijo "de política y peronismo nunca más (porque) la próxima no sale".

Las persecuciones no cesaron. Contó que en una ocasión le hicieron causa a él y su mujer por un supuesto robo en YPF, razón por la cual estuvieron detenidos unos 15 días.


Un mega operativo

Antes de la 1, del primero de abril del '76, el equipo conformado por uniformados y otros de civil, había ido hasta la España 25, en donde vivía la hermana de Bellandi, con su madre, su esposo y sus cinco hijos. "Entraron de golpe y dieron vuelta todo", contó Ana María Bellandi, al recordar esa noche en la cual su hija de 17 años fue agarrada por el cuello por uno de los civiles que irrumpieron en la vivienda al momento que apuntaba con un arma corta a la cabeza de la adolescente. Ante ese panorama, Ana María contó que su esposo pidió calma a los represores, prometiéndoles que los iba a llevar hasta el domicilio de su cuñado.

Fue entonces que cerca de la 1 llegaron al domicilio de Aldo Bellandi, quien dormía junto a su mujer, Griselda Banegas.

A Bellandi lo pusieron mirando a la pared a punta de pistola. A Griselda la llevaron a otro dormitorio y la desnudaron. "Uno me presionaba contra la pared con una mano, y con la otra me manoseo los pechos y la vagina", contó la mujer, al indicar que los demás se reían y seguían buscando papeles, llevándose al final unos libros. Luego se llevaron a su marido y por detrás una caravana de jeeps y otros vehículos se alejaron del lugar.

Banegas como Ana María Bellandi recordaron que en aquel entonces, sólo supieron de Aldo mientras estaba en la Central de Policía. A la semana desapareció. Su hermana lo buscó por todos lados hasta que "no se cómo, dí con un capo máximo militar, y el hizo dos llamadas y me dijo que mi hermano estaba en la cárcel. Pero que no podía ir a verlo ni hacer nada por él. Y que no le iba a pasar nada". Un año después, Aldo volvió a ver a sus familiares. "Cuando entró a mi casa no era mi hermano, era un pobre tipo, que estaba mal, flaquito, sin pelo…era una piltrafita". La tortura dejó secuelas en Bellandi quien (entre otras cosas), tiene problemas para oír. "Si me preguntan a mí, yo para ellos quiero la cárcel común", dijo el testigo.

jueves, 12 de julio de 2012

Salta: Testigos que prefieren no hablar ilustran cuán profundo caló el terror

La octava jornada del megajuicio oral y público que por crímenes de lesa humanidad se lleva a cabo en Salta mostró, quizás más que ninguna otra, las consecuencias del terrorismo de Estado, que perdura, a pesar de los más de 30 años transcurridos.

Desfilaron testigos para los que parecía representar un motivo de temor el solo hecho de venir a declarar ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta. “Todos nos hemos asustado. No sé. (Teníamos miedo) porque veíamos que llevaban a la gente. No teníamos que meterse en nada porque estaban pasando cosas con los vecinos”, explicó Juana del Valle Zerpa de Ale, la primera testigo del día, convocada para que hablara de su amiga Carmen Berta Torres y de la hermana de ésta, Francisca Delicia Torres, a quien llamaban Elsa.

Las dos fueron secuestradas y desaparecidas en abril de 1976. El ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall, y el policía retirado Julio Oscar Correa están siendo juzgados por estos hechos.

Por las dudas, Juana Zerpa, una mujer ya anciana, se apresuró a aclarar que ella nunca supo que las hermanas Berta anduvieran en política ni en “nada malo”.

Las hermanas eran militantes peronistas, estaban en la Lista Verde, que impulsó a la gobernación a Miguel Ragone. Berta era directora de Bosques en la gestión de Ragone y Elsa trabajaba en la municipalidad de General Güemes. De ahí la sacó, el 9 de abril de 1976, un grupo de hombres armados, con las caras cubiertas. Calzaban borceguíes, según pudo ver Roque Torres, que también trabajaba en la municipalidad y que alcanzó también a identificar (porque se le cayó la tela que le cubría el rostro) al sargento del Ejército Leopoldo Vicente Abán, que fue interventor municipal.

La medianoche del 28 de abril de 1976 Berta fue secuestrada de su casa por un grupo de hombres que andaban en automóviles Ford Falcon. “Eran varios, eran muchos. Estaban encapuchados. (A la madre y al padre de Berta y Elsa) los levantaron, los pusieron contra la pared. Los golpearon. La sacaron de la cama a Berta y se la llevaron”, contó ayer su hija, Ramona del Carmen Torres de Tarifa, que en 1976 tenía unos 26 años.

Berta y Elsa están desaparecidas. Elsa estaba embarazada, tampoco se supo si pudo dar a luz ni qué pasó con ese niño. “Los padres, o sea mis abuelos, se fueron sin saber nada. Por eso estoy aquí, para ver si podemos saber dónde las llevaron”, aseguró Ramona del Carmen.

“Hay vecinos que han visto. Nada más que tienen miedo de hablar. No quieren hablar”, sostuvo sobre la poca información que brindaron los vecinos convocados como testigos. Antes había declarado un vecino de enfrente de la casa de sus padres, Lorenzo Figueroa, que solo se arriesgó a decir que creía que las hermanas habían sido secuestradas. En la instrucción de esta causa otro hermano de las víctimas, Manuel Torres, quien las buscó durante años, señaló a este vecino como alguien muy próximo al comisario Correa, que era jefe de la Policía en Güemes cuando se cometieron los secuestros. Manuel Torres está convocado a declarar el próximo 25 de este mes.

Otra hermana de Berta y Elsa, también llamada Francisca, a quien llamaban Mira, fue secuestrada antes, torturada y liberada en un camino vecinal cerca de Cabeza de Buey.

De las hermanas Torres también habló el testigo Robin Mario Escudero, un compañero de militancia que fue detenido en diciembre de 1974.

Otra testigo habló ayer del temor que generaba el terrorismo de Estado. Pía Asunción Viltes era la pareja del Raúl Benjamín Osores, y fue detenida el 24 de marzo de 1976, en Embarcación. Osores, que ni bien supo del golpe se fue para evitar la represión pero que entre abril y mayo de 1976 se entregó creyendo que así liberarían a su compañera, fue desaparecido desde la Central de Policía de Salta.

Viltes recién pudo volver a Embarcación “después de 30 años”. Se encontró con que los vecinos recordaban poco. “Nadie quería meterse, (la gente) no podía ni siquiera mirar nada”, recordó ante el Tribunal.
 
“Queremos saber de los restos”
 
“Espero que se haga justicia. Y que los restos… Queremos saber de los restos para poder darles cristiana sepultura, que es lo que corresponde como católicos, que es lo que estamos reclamando todos”. Pía Asunción Viltes hizo el reclamo cuando ya el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, la despedía.

Viltes conoció a Raúl Osores en la Acción Católica y en el trabajo rural. A ambos les interesaba mejorar la situación de los trabajadores del campo y fueron juntos a Embarcación, donde Osores fue secretario general del sindicato de trabajadores rurales, que integraba la Federación Única de Sindicato de Trabajadores Rurales y Afines (FUSTCA), cuyo secretario general era Felipe Burgos, secuestrado y desaparecido desde el 6 de abril de 1976.

Cuando sobrevino el golpe. Osores opinaba que debían huir. Ella se negó porque “no habíamos hecho nada malo”. Al final, él se fue y ella salió a hacer compras al mercadito de Embarcación. Ahí la detuvo la Gendarmería. De allí fue trasladada a la sede de Gendarmería en Orán, luego la llevaron a la Central de Policía de Salta, de donde la enviaron a la cárcel de Villa Las Rosas, de donde fue finalmente trasladada a la cárcel de Villa Devoto, donde estuvo unos tres años, a disposición del PEN.

De Osores supo, por una nota de familiares, que en abril o mayo de 1976 se había entregado a Gendarmería, en un intento por lograr su liberación. Había sido enviado a la cárcel de Villa Las Rosas. Luego lo llevaron a la Central de Policía, “donde le hicieron firmar la libertad, y nunca más” se supo de él.
 
La patria, y las joyas
 Una vez más, los testigos confirmaron lo que es sabido: los integrantes de las fuerzas de seguridad que en 1976 usurparon el poder en nombre de la moral y del patriotismo aprovecharon el poder para robar.
Pía Asunción Viltes recordó que cuando fue detenida, la llevaron a su casa y buscaban plata “que era lo que más les interesaba”, y que al final se llevaron “todo del sindicato”, los muebles y hasta su diploma de maestra especial. Luego, en el Escuadrón 20 de Orán de Gendarmería, le sacaron los anillos y cadenas que llevaba y nunca le devolvieron.

También la hija de Berta Torres, Ramona del Carmen Torres de Tarifa, recordó ayer que los secuestrados de su madre se llevaron una máquina de escribir y las joyas de la familia.
 (Por Elena Corvalán)