miércoles, 4 de diciembre de 2013

Salta: Megacausa: Por estrés de la jueza, suspenden el juicio hasta febrero de 2014

Por Elena Corvalan
 
El juicio oral y público por crímenes del terrorismo de Estado que viene desarrollándose en Salta desde mayo de 2012 fue suspendido hasta el 11 de febrero de 2014. La razón: la jueza Marta Liliana Snopek no asistió a la audiencia de ayer; en cambio, se comunicó para informar que estando fuera de la provincia (en un lugar de descanso en Entre Ríos) sufrió un pico de estrés y el médico le recomendó guardar reposo, con la particularidad de que no fijó una fecha para este descanso.
La decisión del Tribunal Oral en lo Federal de Salta, integrado para este caso solo con los jueces Carlos Jiménez Montilla y Marcelo Juárez Almaraz (en presencia del cuarto juez, Gabriel Casas) causó indignación en los familiares de víctimas y abogados querellantes, quienes adelantaron que pedirán un juicio político contra la jueza, por mal desempeño de sus funciones. También quedó frustrado el fiscal federal Ricardo Toranzos, que una vez más no pudo presentar su alegato.
A las 9.40, cuando comenzó la audiencia, la novedad sobre el faltazo de la jueza recorría la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial. Ni bien se notificó que el debate iba a ser suspendido hasta el 11 de febrero del año próximo, el abogado David Leiva planteó la nulidad de esta resolución, porque se tomó con solo dos de los jueces, a la vez que calificó la ausencia de Snopek de una “falta de respeto” hacia los familiares. Enseguida el fiscal pidió el apartamiento de la jueza y que el tribunal se integrara con el juez sustituto, de manera de poder continuar sin más demoras.
En un intento por “clarificar” la situación, Jiménez Montilla hizo leer el artículo 365 del Código Procesal Penal de la Nación, referido a la continuidad y suspensión del debate, que en su última parte prevé que el juicio podrá suspenderse “hasta 30 días hábiles” en casos en que el juez, el fiscal o el defensor “no tengan posibilidad de reemplazo”. El Tribunal entendió que este era el caso, pero para las querellas y el fiscal, se está en la situación de reemplazar a Snopek por Casas.
La muestra de que la suspensión era una buena noticia para los acusados la dieron los abogados defensores Orfeo Maggio, Dardo Verchán y Luis Garzón al defender la decisión del Tribunal.
Leiva pidió también que se revocaran las prisiones domiciliarias de las que gozan algunos de los 17 acusados. El Tribunal pasó a deliberar y regresó para confirmar su decisión: “No ha lugar”, al planteo de nulidad realizado por Leiva y al que adhirió la querellante Tania Kiriaco, y al pedido del fiscal, al que también adhirió la abogada. Y ni siquiera hubo mención a la cuestión de las prisiones domiciliarias.
Leiva pidió una fotocopia del certificado médico sobre el que se basó la decisión de suspender el juicio: “Se tiene presente”, le respondió el presidente del Tribunal. “¿Cuándo podemos tener el certificado médico?”, insistió el abogado. “Se tiene presente”, reiteró el juez. Para los querellantes quedó claro que el certificado no estaba en poder del Tribunal. Mientras el abogado daba batalla, entre el público algunos familiares desfallecían, como le ocurrió a Luisa Madozzo, cuñada de Gemma Fernández Arcieri y Héctor Gamboa, secuestrados y desaparecidos en septiembre de 1976.
A esas alturas el término “vergüenza” iba de boca en boca. La usaban los familiares y militantes de organismos de derechos humanos, pero también varios funcionarios de la Justicia Federal que habían ido a escuchar a Toranzos.
La sorpresa máxima la dio el hecho de que se estaba a solo tres audiencias de que finalizara este extenso proceso.
Al final, en los pasillos que dan a la sala desde donde siguen el debate los imputados, se pudo ver a algunos de ellos palmeándose los hombros, con la certeza de que pasarán otras fiestas en sus casas, como desde hace 37 años.

 
“Han vuelto a matar a
nuestros compañeros”
 
Organismos de derechos humanos emitieron ayer una declaración en la que sostuvieron que con la decisión del Tribunal Oral en lo Federal de Salta de suspender el juicio por delitos de lesa humanidad hasta febrero del año próximo  “han vuelto a matar” a los “compañeros desaparecidos” porque “a pesar de los 37 años de esperar este juicio, con la actitud irresponsable de la jueza Marta Liliana Snopek”, se los dejó “sin posibilidad de obtener la sentencia, tanta veces soñada en este año y 7 meses” que lleva este debate.
La declaración, que suscriben la Asociación Lucrecia Barquet, Encuentro Memoria Verdad y Justicia, HIJOS Salta, la Agrupación Oscar Smith Luz y Fuerza y otras organizaciones que integran la Comisión Megacausa, sostiene que Snopek “no tiene entidad moral para ser jueza federal” y anuncia que recurrirán a “todas las instancias jurídicas para que ninguna víctima dependa  de la irresponsabilidad e inhumanidad de semejante persona”.
La declaración devela que la jueza pidió licencia por teléfono, “sin presentar un certificado médico”, desde la localidad de Villa Alcaraz, en Entre Ríos. Se informa también que el abogado David Leiva y la querellante Cristina Cobos pudieron constatar que la “resolución del Tribunal (de suspensión del juicio hasta el 11 de febrero de 2014) se adoptó sin tener el certificado correspondiente, el que llegó a las 12.56 del día de la fecha (3 de diciembre)”.
“La jueza Snopek se caracterizó por  su total desinterés por los juicios de lesa humanidad. La vimos muchas veces atendiendo su celular sin prestar atención a los testimonios desgarradores que se escucharon en las audiencias. Cuando el doctor Leiva la recusó ante el Tribunal sobre el particular, ella con total soberbia respondió que atendía asuntos atinentes a su función de los presos federales de la cárcel de General Güemes”, se recuerda en la declaración. A lo largo de este debate la jueza ha demostrado una constante atención a su teléfono celular, al principio lo usaba abiertamente, incluso luego del planteo del querellante, pero terminó por usar la cartera para cubrir sus manos de las miradas cuando un realizador audiovisual comenzó a realizar tomas de las audiencias.
Los familiares afirmaron que lo de ayer “supera todos los  límites de lo que podría acontecer en un juicio”, que tuvo reiteradas suspensiones y demoras por todo tipo de razones, desde el mal funcionamiento del sistema de videoconferencia por el que siguen el debate varios imputados hasta la falta de citaciones a testigos.
Sobre el final de la declaración, los familiares dejaron una pregunta inquietante: “Si esto nos ocurre a nosotros que pertenecemos a una organización de DDHH que tenemos  37 años de lucha, ¿qué podría pasarles a las mujeres, niños y niñas víctimas de trata que esperan que el Poder Judicial actúe en defensa de sus derechos?”

martes, 1 de octubre de 2013

Denunciarán a otro militar por la desaparición del soldado Brizzi

Por Elena Corvalan

El abogado David Leiva informó que hoy presentarán una denuncia formal contra el teniente coronel (RE) Héctor Girbone, por su supuesta responsabilidad en la desaparición de Víctor Brizzi, ocurrida el 8 de marzo de 1976, cuando estaba cumpliendo el servicio militar en el Regimiento de Caballería C 5 General Martín Miguel de Güemes de esta ciudad.
La posibilidad de la denuncia surgió ayer en el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad, tras la declaración indagatoria del militar Fernando Chaín, quien está siendo juzgado como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad de Brizzi. A pesar de que la audiencia se extendió hasta las 18, no fue posible empezar con los alegatos, los que quedaron para la próxima jornada, el 15 de octubre, aunque primero tienen que declarar por lo menos tres de los restantes imputados: Diego Gatto, Juan Manuel Ovalle y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, que ya expresaron su intención de hablar antes de que las partes comiencen a alegar.

Ayer Chaín negó participación en el secuestro de Brizzi y aseveró que mientras duraba la instrucción básica, que se daba a todos los conscriptos recién incorporados, a principios de año, “los soldados dependían del jefe del Regimiento”, el teniente coronel Carlos Alberto Mulhall (que está siendo juzgado por este hecho), y del jefe de la Agrupación de Instrucción, que por entonces era el teniente primero Girbone.
Leiva le recordó que cuando declaró en este proceso (a pedido de la defensa del propio Chaín) Girbone negó haber sido el jefe de la Agrupación de Instrucción, pero Chaín ratificó sus dichos: “A lo mejor se olvidó, yo me acuerdo”, aseguró.
Al término de la audiencia, Leiva anunció que hoy  presentarán una denuncia penal contra Girbone, para que se lo investigue en relación a la desaparición de Brizzi. El militar ya está en prisión preventiva en Ezeiza, acusado por la apropiación de Pablo Javier Gaona, hijo de desaparecidos. 
La jornada comenzó con planteos de los defensores Federico Petrina, en representación de Chaín y Diego Gatto, y Orfeo Maggio, por De la Vega. Más tarde se incorporaron los testimonios que estaban por escrito, además de otras pruebas documentales, como publicaciones periodísticas.

La indagatoria a Chaín fue el último acto. El militar brindó una exposición sobre su carrera en el Ejército y las tareas que cumplía en su primer destino: el Regimiento de Caballería Ligero C5 General Güemes, al que llegó con el grado de subteniente.
Negó participación en el secuestro de Brizzi, dijo que no tenía potestad para autorizar la salida de un soldado, que por ser tan joven (20 años) y recién recibido le asignaban las tareas menos importantes y que recién se enteró del hecho en 2008, cuando fue involucrado por el testigo Carlos Villalba Ovejero.

Las preguntas del fiscal Ricardo Toranzos lo sacaron de su relato, primero dijo que nunca supo de la existencia de órdenes secretas para la lucha contra la subversión y luego negó repetidamente: “Nunca vi un lugar de reunión de detenidos” en el Ejército de Salta, sin advertir que usaba la terminología contenida en la directiva secreta 404/75, de la comandancia general del Ejército para la lucha contra la subversión. La frase está también en el libro del general Acdel Vilas, el primer jefe del Operativo Independencia, en Tucumán.
La contradicción fue puesta de resalto por Leiva, quien también lo interrogó por el hecho de que Chaín fue calificado por el capitán Hugo Espeche, condenado por su participación en la Masacre de Palomitas, y no por su jefe directo, el teniente primero Girbone.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Lesa humanidad: denuncian que un testigo fue amenazado de muerte

Todos repudiamos las cobardes amenazas e intimidaciones al compañero VÍCTOR COBOS

Por Elena Corvalan

El ex preso político y testigo Víctor Cobos recibió amenazas de muerte el viernes último, el día siguiente de participar en un programa de televisión en el que se refirió a la responsabilidad que se le atribuye al empresario Marcos Levín, que está procesado como instigador de delitos de lesa humanidad.
Así lo informó ayer, durante una conferencia de prensa convocada por organismos de derechos humanos para denunciar estas amenazas y exigir protección para los testigos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, y en la que hubo críticas al desarrollo del juicio oral y público, conocido como Mega Causa, que está llevándose a cabo en estos momentos en la ciudad de Salta. La conferencia se hizo también para recordar la conocida como Masacre del 24 y 25 de Septiembre, el secuestro de cinco jóvenes y el asesinato de otro, cometidos en esta ciudad entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de septiembre de 1976.
Cobos informó que recibió las amenazas fueron enviadas vía internet y la recibió en su teléfono celular. Fueron cuatro mensajes, entre las 17.03 y las 17.21, enviados por alguien que eligió firmar “Tu conciencia”. “Sos materia pendiente”, le dijeron en el primer mensaje, además de insultarlo. Los otros tres apuntan en el mismo sentido: “Lo que te hice va a ser poco”, “La conciencia te va a matar”, “Vas a tener la muerte del sapo”.

Para Cobos, que presentó la denuncia formal anteayer, ante el fiscal federal Eduardo Villaba, no hay duda sobre el origen de esos mensajes: “Los equiparo con los dichos de gente que me torturó”, sostuvo. Por la detención ilegal y los tormentos que sufrió en 1977 ya están procesados el empresario Levín, en calidad de instigador, y los policáis Víctor Hugo Bocos, Enrique Víctor Cardozo y Víctor Hugo Almirón.
En 1977 Cobos era delegado en la Veloz del Norte, de propiedad de Levín. En enero de ese año, junto a otros 14 empleados de la empresa de transporte, fue secuestrado y torturado por miembros de la Comisaría 4º de esta ciudad, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. Estos hechos comenzaron a ser investigados en 2005, a instancias de Cobos, que venía haciendo denuncias desde 1983.

El jueves último, 19 de septiembre, Cobos participó en el programa “Cara a cara”, que se emite por Cablevisión, donde reiteró que Levín “estuvo presente en las torturas” y ratificó que Levín hacía aportes para la represión y, a la vez, había policías que le respondían.

Cobos informó que el abogado Pedro García Castiella, del Programa Verdad y Justicia, que lleva adelante la Nación para acompañar y proteger a las víctimas y testigos del terrorismo de Estado, lo llamó para acordar los términos de la protección que se le brindará.

De la conferencia de prensa participaron, entre otros, las militantes de derechos humanos Cristina Cobos y Nora Leonard, el delegado local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella, y el concejal y candidato a diputado provincial Martín Ávila (que fuera delegado de la Secretaría de DDHH nacional).

Cristina Cobos, y la abogada querellante Susana Aramayo, pidieron a la prensa y a la sociedad salteña que acompañen a los familiares en los últimos tramos de la Mega Causa, que continuará el próximo 30 de este mes, en la Ciudad Judicial.

martes, 10 de septiembre de 2013

Megajuicio Salta: más testimonios, en la etapa final del proceso

Por Elena Corvalan

El megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta continuará hoy, a partir de las 15, con testimonios y un careo. El Tribunal Oral en lo Federal de Salta convocó a diez personas para hoy. Ocho están convocados a prestar su testimonio sobre distintos hechos que se investigan en este proceso, pero los policías retirados Roberto Inocencio Medina y José Carrasco han sido convocados para un careo que fuera solicitado, y aprobado, en marzo pasado por los abogados Matías Duarte y Tania Kiriaco, de la querella por el periodista Luciano Jaime. En febrero de 1975, como miembros del Departamento de Criminalística de la Policía provincial, Medina y Carrasco intervinieron en el operativo tras el hallazgo de los restos de Jaime, que había sido secuestrado el 12 de febrero de 1975 y cuyos restos fueron encontrados dos días después. 

Medina declaró en este juicio en octubre de 2012 y Carrasco, en marzo pasado. Sus testimonios dejaron en claro que la Policía de Salta montó un simulacro de investigación en torno a la muerte del periodista. Pero además, tuvieron “evidentes contradicciones”, lo que habilitó el pedido de la querella, que el Tribunal aceptó. Por otra parte, entre los testigos citados, se cuenta el médico Alfonso Ragone, hijo del ex gobernador Miguel Ragone. Este debate se inició a fines de mayo del año pasado y desde entonces viene desarrollándose con intermitencias. Todavía no se sabe cuándo se conocerá la sentencia. En este proceso se acumularon distintas causas y se reunieron delitos cometidos en perjuicio de 34 personas, 30 de las cuales están fallecidas o desaparecidas. 

El debate comenzó con 20 acusados pero durante su transcurso fallecieron dos (el militar Ubaldo Vujovich Villa y el comisario Abel Vicente Murúa) y uno (el comisario Roberto Puertas) fue apartado debido a que sufrió un accidente cerebro vascular. Entre los que continúan en juicio se cuentan reconocidos represores como el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de Policía, Miguel Raúl Gentil, y el ex jefe de Inteligencia de la Policía, Joaquín Guil.

miércoles, 28 de agosto de 2013

Una muerte y un exilio

Las últimas palabras de Martín Cobos: “Ayudalo a Enrique que lo van a matar”

Por Elena Corvalan

Una muerte y un exilio. Esas fueron las situaciones que vivieron los miembros de la familia Cobos desde la madrugada del 25 de septiembre de 1976 cuando hombres vestidos de civil, con medias en la cabeza y calzados con borceguís irrumpieron en su domicilio a las 2 de ese día buscando a Enrique Cobos, quien militaba en la Juventud Peronista (JP), y era de las filas montoneras. Terminaron fusilando en la entrada de una casa de vecinos de la zona al más chico de los Cobos, Martín, quien en ese momento tenía 18 años.

“Ayudalo a Enrique que lo van a matar”, fueron las últimas palabras de Martín, tras haber sufrido el acribillamiento que dejó  30 balas en su cuerpo. Falleció ese mismo día tras ser llevado al Instituto Médico, la entidad que más cercana quedaba del lugar donde ocurrió su matanza.

Los recuerdos de aquella madrugada fueron revividos por los testigos en la inspección ocular que se hizo ayer en la calle General Güemes 1979, en el marco del mega juicio que se lleva adelante por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 24 víctimas durante la última época de la represión en Argentina. Donde se hizo la inspección es la vivienda que habitaban en el momento de los hechos los padres de los Cobos, los tres hermanos (Cristina, Amparo y Martín), y la empleada doméstica con su pequeño hijo. Enrique se había casado en abril de ese año, por lo que se había mudado al barrio Santa Lucía. Ya el 24 de marzo de 1976, había sido detenido por el Ejército en la casa paterna, recuperando luego su libertad. Cristina, quien también busca Justicia por su compañero desaparecido, el soldado Víctor Brizzi, recordó que la persecución era sobre ella y Enrique, militantes de la JP. Esta es una de las últimas acciones que se están llevando adelante en el mega juicio. Si bien ayer se preveía contar con la declaración de la jueza Martha Sofía Poma en su domicilio de San Lorenzo, la actividad fue suspendida para hoy a las 15. Mientras, se espera la que sería la última audiencia de testimonios para el próximo 10 de septiembre.

Un fusilamiento

El 25 de septiembre a las 2 tocaron el timbre. Ya afuera, dos personas se encontraban en la esquina de Güemes y Pedernera haciendo de vigías. Los represores ingresaron a la fuerza por los techos de la casa y la puerta. Obligaron al matrimonio Cobos,  y a Amparo, Cristina, a tirarse al piso. Los golpearon. La empleada se encerró en su habitación con su hijo. Martín, quien dormía en la habitación que antes compartía con su hermano Enrique, fue encontrado por los policías y golpeado brutalmente, al grito “hijo de p…vos sos Enrique”. Logró escapar, trepó las escaleras del patio interno, salió a la terraza y saltó. Allí comenzaron las primeras ráfagas de la balacera que sintieron los vecinos. Oscar Camacho, amigo de Martín, quien vivía al frente de los Cobos, vio cómo su amigo se dirigió a su puerta, mientras desde dos autos que estaban estacionados en la casa de los Cobos disparaban. Martín logró llegar hacia la esquina y dirigirse por Pedernera media cuadra a fin de ingresar a una conexión que había entre dos viviendas para escapar. Pero se encontró con la conexión cerrada y fue entonces que uno de los hombres de cara cubierta lo acribilló enfrente de la puerta de entrada de la casa donde vivía María Encarnación Martínez con sus hermanas y sus padres. Escucharon el fusilamiento y el pedido de socorro de Martín.  Luego del hecho, sintieron a Martín siendo arrastrado hasta la vereda por quien fuera su verdugo, para de allí escapar en los autos que se usaron en el operativo. “Llamamos a la Policía y dijeron que no toquemos nada, que ya iban a venir a ver qué había pasado.  Hasta el día de hoy los seguimos esperando”, dijo Martínez.

En medio de todo esta operación, había una persona con la cara descubierta que “digitaba todo”, contó Cobos. Camacho, por su parte, dijo que a esa misma persona la vio tiempo después, durante la democracia, pero no recordaba su nombre. Cobos, por su parte, reconoció que entre los partícipes estaba Víctor Hugo Bocos, quien está siendo investigado por las torturas que sufriera también otro de sus hermanos, Victor Manuel Cobos, en diciembre de 1976. Esto se encuentra siendo investigado en una causa que involucra al empresario Marcos Levín. El mismo día que falleció Martín, Enrique fue buscado por sus amigos y familiares que lo escondieron por una semana hasta salir de Salta y después del paso por otras provincias, del país. Su hija recién nacida quedó en manos de sus padres, quienes se hicieron cargo de su crianza hasta que él y su mujer pudieron finalmente volver.

viernes, 16 de agosto de 2013

Un coronel fue como testigo y salió imputado

Por Elena Corvalan

El coronel retirado Luis Dubois declaró ayer como testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en esta ciudad pero salió con la confirmación de que será convocado a indagatoria como imputado en la causa abierta para investigar la responsabilidad de la plana mayor del Ejército en Salta por las detenciones irregulares realizadas el 24 de marzo de 1976 en perjuicio de un número todavía indeterminado de personas que fueron alojadas en un centro clandestino de detención que funcionaba dentro del predio militar. Esta causa está radicada en el Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad.

Dubois fue convocado a dar su testimonio sobre cuestiones generales del funcionamiento del Regimiento 5º de Caballería en Salta, dado que entre enero de 1975 y noviembre de 1976, estuvo en este Regimiento y en este proceso se investiga, junto a otros 33 crímenes de lesa humanidad, la desaparición del conscripto Víctor Brizzi, el 8 de marzo de 1976, desde las dependencias del Regimiento de Caballería.

A poco de iniciado su testimonio el coronel reconoció que era jefe de Logística y que, como tal, integraba la plana mayor del Ejército en Salta. Esto motivó que el querellante David Leiva desistiera de continuar preguntando, dado que él presentó la denuncia para que se investigue a la plana mayor por las detenciones irregulares. Dubois insistió en que si bien integraba la plana mayor, no participaba en las reuniones, porque sus funciones se limitaban al abastecimiento y mantenimiento: “(El logístico) es el oficial como en los suburbios del cuartel”, minimizó antes de terminar reconociendo que sí había participado de “tres o cuatro reuniones”.
La identificación del coronel como miembro de la plana mayor del Ejército en Salta en los años de mayor actividad represiva en la provincia podría llevar a que resulte imputado también en otros hechos, como la Masacre de Palomitas. Ayer se recordaba en la Fiscalía que Leiva ya pidió la indagatoria del coronel Joaquín Cornejo Alemán (que era subjefe de Caballería) y de su ayudante, el entonces teniente Ricardo de la Vega, y que dejó abierto el pedido de que se amplíe la indagatoria al resto de los miembros de la plana mayor. Solo que no resulta fácil identificarlos porque se suele demorar el envío de legajos. Ayer Dubois falicitó este trámite.
Esta es una de las investigaciones originadas en la megacausa. También se abrirá otra investigación por los detenidos en Tartagal, que fueron alojados en el Regimiento de Monte 28.
Ayer Dubois negó saber de detenidos en el Ejército, y dijo no recordar qué hizo el día del golpe, el 24 de marzo de 1976. Pero, igual que el teniente coronel Marcelo Ricardo Ranfagni (que también declaró ayer), el coronel sostuvo que el Ejército no buscaba a los desertores, con lo que abonó la hipótesis de la querella, de que Brizzi fue desaparecido por su militancia política, dado que en su caso una comisión del Ejército fue a su casa con el argumento de que lo buscaban porque no había regresado tras un permiso.
Otro que no la pasó muy bien fue el teniente coronel retirado Marcelo Ricardo Ranfagni, cuyo primer destino fue Salta, en febrero de 1976, y que participó del Operativo Independencia en Tucumán. Lo pusieron nervioso las preguntas de los querellantes sobre las directivas para la lucha contra la subversión: recordó que en ese año “era subteniente, y tenía 21 años”, y como tal “yo no cuestiono absolutamente nada. (…) Cumplía las órdenes”. Aseguró asimismo que no supo de la existencia de detenidos por motivos políticos en el Ejército.

 Persecución al FRP

El dirigente del Frente Revolucionario Peronista (FRP) Juan Carlos Salomón describió las conexiones entre militantes que luego fueron víctimas de la represión paraestatal y estatal. Entre los militantes del FRP enumeró a las hermanas Torres, los hermanos Estopiñán, Alfredo Mattioli, Ricardo Tapia, Eduardo Fronda y a Luciano Jaime, cuyos crímenes se investigan en este proceso. El FRP mantenía vínculos con Felipe Burgos, y Melitón Bustos, también víctimas.
Para Salomón, la represión de la Triple A estuvo más orientada a perseguir a los militantes del FRP que a la Lista Verde, aunque muchos militantes estaban en ambas expresiones.
Otro militante del FRP, el testigo Luis Iñiguez Vázquez, acusó al civil Juan Manuel Ovalle, que está siendo juzgado en este proceso, como un infiltrado que señaló a blancos para la represión.
 
“Apenas pude cruzar unas  palabras con mi papá”

Luis Eduardo Rizo Patrón declaró ayer por videoconferencia desde Córdoba. Es hijo del ex diputado provincial homónimo asesinado el de 1976, cuyo cuerpo fue dejado en la plaza principal de Metán.
Los represores secuestraron al hijo para asegurarse que Rizo Patrón, que estaba escondido en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco, no iba a ofrecer resistencia. Rizo Patrón hijo fue convocado para contar ese hecho; después de insistir en que no se sentía en condiciones de declarar, ayer finalmente narró los últimos momentos con su padre: “Ellos se fueron con mi padre, nunca más lo volví a ver”, “apenas pude cruzar unas palabras con mi papá”, lamentó. Más tarde reforzó: “La percepción en ese momento es que él sabía y yo sabía que era la última vez que nos veíamos”.
Rizo Patrón era amigo de la infancia y compartía militancia con Roberto Santucho, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), cuyo brazo armado era el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En Salta el PRT tenía vinculaciones con militantes del Frente Revolucionario Peronista (FRP). De hecho, Rizo Patrón fue electo diputado provincial en 1973, en la lista que acompañaba la candidatura de Miguel Ragone.

lunes, 15 de julio de 2013

Ex conscripto reconoció el lugar por donde ingresaban detenidos al Regimiento

Por Elena Corvalan

El ex conscripto Héctor Baffa Trasci reconoció  el portón del Distrito Militar por el que el 24 de marzo de 1976 ingresaron a detenidos que fueron alojados y torturados en dependencias del Ejército. Entre esos prisioneros estaban sus padres, los docentes Vicente Baffa Trasci y Lidia Yolanda Barros.

“Acá estaba el portón de alambre donde yo estuve de guardia esa noche y allá detrás, en diagonal, había otra puerta que comunicaba con Caballería”, señaló Baffa Trasci en la segunda inspección a dependencias del Ejército ordenada por el Tribunal Oral en lo Federal de Salta, en el marco del megajuicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en esta ciudad.
Baffa Trasci ingresó al Ejército en febrero de 1976. Tras un corto período de instrucción fue destinado al Distrito Militar Salta, donde cumplía funciones de oficinista. Pero la noche del golpe le ordenaron montar guardia en el portón de entrada del Distrito, que abrió para el ingreso de camiones con detenidos. “Ahí había un portón de caño con alambre tejido, esa es la puerta que yo estaba custodiando cuando entraron los detenidos”, contó ayer. Eran dos camiones Unimog, “donde los prisioneros venían vendados y atados con las manos en la espalda, y sentados” en las cajas de los camiones, en dos hileras. Los acompañaban vehículos civiles sin identificación.

En uno de los camiones iban los padres de Baffa Trasci, por otros soldados supo que los llevaron a unos galpones en Buena Vista, en los fondos del campo, entonces pidió a su jefe que intercediera por ellos. “Estuvieron un día y medio más o menos aquí y después los llevaron a la cárcel de Villa Las Rosas. (En el Ejército) los tuvieron parados contra la pared con los ojos vendados. Toda la noche los tuvieron parados”, junto a otros detenidos, recordó.

La inspección comenzó  por el Pucará de Buena Vista Pucará de Buena Vista, una vivienda que era usada por el segundo jefe del Regimiento 5º de Caballería, que está en el extremo norte del campo del Ejército, y que tiene entrada por Castellanos, por el camino a Lesser.
La comitiva integrada entre otros por la jueza Marta Snopek, el fiscal Ricardo Toranzos, los querellantes Tania Kiriaco y David Leiva, el defensor oficial Federico Petrina siguió por un camino de tierra, por el centro del campo militar, en el que corren dos arroyos y un río, un dato de interés si se tienen en cuenta los testimonios de los ex detenidos Enrique Cobos y Juan Isabel López, que afirman haber sido torturados en un centro clandestino de detención (CCD) que estaba cercano a un curso de agua, en las afueras de la ciudad de Salta.
Los querellantes sospechan que hubo un CCD cerca de Buena Vista. Otro funcionó en los mismos galpones del Ejército, en el fondo de las edificaciones que están sobre la avenida Arenales.

Baffa Trasci reconoció los galpones: eran los mismos que antes habían ocupado los conscriptos de su clase, durante la instrucción, y que dejaron una vez que fueron designados en sus respectivos destinos.
El juicio seguirá el 29 de julio, con los testimonios que restan para finalizar la larga lista de testigos convocados.

lunes, 8 de julio de 2013

Homenaje a 37 años de la Masacre de Palomitas

por Elena Corvalan
 
Los 11 presos políticos asesinados por el terrorismo de Estado el 6 de julio de 1976 serán recordados hoy con un acto en el paraje Palomitas, sobre la ruta nacional 34, el lugar donde se cometió la masacre.
La concentración para concurrir al acto será en la esquina de las calles Yrigoyen  y San Martin, a las 9,30.
Está previsto que el acto comience a las 11, a 2 kilómetros de la estación de peaje Cabeza de Buey, en la ruta 34. Allí se leerá un documento único y las adhesiones que se acerquen. También se leerán cartas de Roberto Oglieti y Rodolfo Usinger, dos de los detenidos en la cárcel de Villa Las Rosas que fueron asesinados el 6 de julio del 76. Luego se presentará una placa homenaje a las víctimas, se interpretará una canción de Ariel Petrocelli y al final cantará el artista oranense Riqui Zarra. A su regreso a esta ciudad los concurrentes al acto se reunirán en un almuerzo comunitario, en el complejo deportivo de Luz y Fuerza.
El homenaje es organizado por organismos de derechos humanos y cuenta con la adhesión de partidos políticos, agrupaciones políticas y gremios.
La Masacre de Palomitas se cometió en plena dictadura cívico-militar. Las 11 víctimas estaban detenidas en la cárcel de Villa Las Rosas, de donde fueron retiradas por miembros del Ejército con la excusa de que iban a ser trasladadas a Córdoba.
Ni bien se cometió este crimen, el Ejército lanzó la versión de que los presos habían muerto en un enfrentamiento provocado por un grupo de guerrilleros que había intentado liberarlos. La versión oficial es coincidente
La primera denuncia sobre el hecho fue realizada por presos políticos en la cárcel de Rawson, por entonces se hablaba de que los fusilados habían sido 16, 11 sacados de la cárcel salteña y 5 de la cárcel de Jujuy.
La Justicia Federal tiene por probado que en Palomitas fueron asesinados María del Carmen Alonso, Evangelina Botta, Pablo Outes, Georgina Droz, Roberto Oglietti, Alberto Savransky, José Povolo, Amaru Luque y su marido, Rodolfo Usinger y Benjamín Ávila y su esposa, Celia Leonard, cuya hermana, Nora Leonard, ex presa política, es uno de los familiares que impulsa la investigación de este hecho.
Los presos de Jujuy que aquella primera denuncia daba por muertos en Palomitas son Jorge Turk Llapur, Dominga Alvarez, María Alicia Ranzoni, Chamiz y Jaime Lara, que continúan en calidad de detenidos desaparecidos, igual que Droz y Botta, cuyos cuerpos nunca aparecieron.
La Justicia dividió la causa penal en tres partes, conocidas como Palomitas I, II y III. Las dos primeras partes cuentan con sentencias: en diciembre de 2010 fueron condenados a prisión perpetua los ex militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil y Hugo Espeche. En diciembre de 2011 fueron condenados a igual pena el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex jefe de Inteligencia de la Policía, Joaquín Guil, mientras que el ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray recibió una condena de 20 años.
Como  parte de las actividades recordatorias de los sucesos de Palomitas se llevó a cabo también, ayer y el jueves, un Encuentro de Archivos de la Memoria, y se realizó una mesa de derechos humanos en la historia, en la Plaza 9 de Julio de esta ciudad. Estas actividades finalizaron con un homenaje.

jueves, 30 de mayo de 2013

Ex docente de la UNSa habló de las complicidades con la represión

Por Elena Corvalan

Un ex decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) sostuvo ayer que hubo docentes que fueron “cómplices” de la represión que sufrieron otros trabajadores de esa casa de estudios que fueron asesinados o están desaparecidos.
José María Serra fue el primer testigo de los cuatro (del total de ocho citados) que concurrieron a declarar en la segunda y última jornada de esta semana en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en esta ciudad, por hechos cometidos entre enero de 1975 y marzo de 1978. Las audiencias recién se retomarán el 10 de junio.
Desde Santa Fe, vía videoconferencia, Serra recordó que muchos docentes universitarios “que hoy llamaríamos progresistas” fueron cesanteados ya durante la intervención civil a esa casa de estudios, a cargo de Francisco Villada, que asumió el 6 de diciembre de 1974. “A (Holver) Martínez Borelli (el primer rector) lo reemplazan y entra un contador Villada que estaba más en consonancia con las autoridades educativas nacionales, que evidentemente no era democráticas”, memoró.

Entonces sobrevinieron las primeras cesantías, entre ellas la de Serra. “Sé que los profesores que tenían un perfil crítico comenzaron a ser perseguidos y cesanteados. Eso fue después que se fue Martínez Borelli”, contó el testigo, que aseguró que está vivo porque “fue cesanteado en diciembre de 1974” y se fue a Santa Fe, de donde luego salió del país.
Serra recordó que “había tensiones de tipo ideológico” en la UNSa, que “había personas que ofrecían información totalmente distorsionadas” a los responsables de los organismos a cargo de la represión. Dijo que entre los que no estaban de acuerdo con la gestión de Martínez Borelli había dos sectores: uno que no actuaba como informante de los represores y otro sector que sí lo hacía. “Éramos controlados y vigilados”, afirmó.
Serra habló de las cesantías y de los infiltrados de inteligencia casi sin mencionarlas, pero fue concreto a la hora de asegurar que esas cesantías fueron el paso previo a las detenciones de docentes que luego fueron asesinados en la Masacre de Palomitas, la matanza de 11 presos políticos, entre ellos la docente Georgina Droz.

“Algunos (de los que se quedaron con la intervención de Villada) fueron cesanteados cuando llegó el golpe pero mientras tanto fueron cómplices” de la represión, sostuvo Serra. Aunque rechazó dar nombres, excusándose en su avanzada edad (83 años), su falta de memoria y porque “no quisiera imputar a nadie sobre el que no tuviera seguridad”, el ex decano recordó, que el grupo que se quedó “era el que estaba en torno a (Mario) Casalla”, filósofo que en diciembre de 1974 fue nombrado interventor en Humanidades. Casalla era, dijo el testigo, “seguro de los que en la primera etapa de la intervención de la Universidad fueron bien acogidos. (…) Tenía una relación muy especial con ciertos sectores del poder”.

Martínez Borelli fue el primer rector de la UNSa, fundada en 1972. Había llegado al cargo cuando el Ministerio de Educación de la Nación estaba en manos de Jorge Taiana (p). Tras la muerte de Juan Domingo Perón, los cambios en el gobierno nacional permitieron que en agosto asumiera en Educación el cirujano Oscar Ivanissevich, un nacionalista que dispuso la primera intervención de la Universidad salteña. La segunda fue tras el golpe de Estado.
 
“Ragone me advirtió que me cuidara de Ovalle” 
 
El ex intendente de la ciudad de Salta y cofundador del Partido Peronista Auténtico, Gerardo Bavio, aseguró ayer que el ex gobernador Miguel Ragone le advirtió que se cuidara de Juan Manuel Ovalle, el único civil que está siendo juzgado en este proceso por su presunta responsabilidad en el secuestro  y desaparición de la docente Silvia Aramayo.
Bavio fue intendente de Salta entre el 25 de mayo de 1973 y el 9 de febrero de 1974, durante el gobierno provincial de Ragone. Por entonces los intendentes eran nombrados por los gobernadores.

Ovalle fue nombrado en la Dirección de Personal de la municipalidad, cargo que lo obligaba a tener un contacto muy fluido con el sindicato municipal. Pero duró apenas tres meses. El intendente le pidió la renuncia por “omisión” en sus funciones.
Bavio contó que al principio las relaciones con el sindicato iban muy bien, incluso se había acordado trabajar en conjunto, pero surgió un conflicto un tanto grave, que el ex jefe atribuyó a fallas de Ovalle, “daba la idea de que no había habido un buen desempeño del funcionario municipal”.

El conflicto se superó con la intervención del gobernador. Fue al salir de esa reunión, contó Bavio, que recibió la advertencia de Ragone: “Me dijo: ‘mirá, tratá de cuidarte de Ovalle’”.
Bavio precisó que por aquella época en el peronismo salteño había dos expresiones preponderantes: la tendencia, de izquierda, y el grupo Reconquista, a la derecha. Sin embargo, no pudo precisar en qué lugar se ubicaba Ovalle. Dijo que durante la campaña electoral en pro de la fórmula Ragone-Olivio Ríos, y Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima a nivel nacional, parecía que todos tenían ideas más cercanas a la izquierda, pero que tras la Masacre de Ezeiza, en junio de 1973, comenzaron a notarse diferencias y un sector del peronismo empezó a atacar abiertamente a Ragone. “Entiendo que Ovalle fue corriéndose a la oposición a Ragone”, opinó.

viernes, 3 de mayo de 2013

Megajuicio: testigo reconoció la celda donde estuvo, en el Escuadrón 20 de Orán

Por Elena Corvalan
 
Eduardo Fernández Muiños reconoció ayer la celda, en el Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán, donde estuvo alojado tras ser detenido el 24 de marzo de 1976. También reconoció la celda donde vio a empleado municipal y militante comunista René Russo, detenido el mismo 24 de marzo y desaparecido de la cárcel de Villa Las Rosas, a fines de ese año.
Fernández Muiños y Pía Asunción Viltes, que también estuvo detenida en el Escuadrón 20 de Orán, fueron los dos testigos convocados por el Tribunal para la inspección en la sede de Gendarmería en Orán, que empezó mal, porque los gendarmes intentaron impedir el ingreso de los militantes de organismos de derechos humanos, querellantes y periodistas, cuando el entredicho llegaba a incidente, pasadas las 10, llegaron los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, y el fiscal Eduardo Villalba, y a los gendarmes no les quedó más remedio que permitir el acceso de la comitiva.
Los dos testigos ratificaron que estuvieron detenidos en el Escuadrón 20. Fernández Muiños se encaminó las rejas de las celdas, donde no pudo entrar porque estaba ocupado por detenidos a disposición de la Justicia Federal. Pero preguntó a los detenidos si adentro, a la derecha había una celda, le dijeron que sí, afirmó que él estuvo detenido en esa celda y en la de al lado (cuya existencia fue ratificada por los detenidos) estaba René Russo.
El testigo también reconoció un lugar que le recordaba al de la oficina del comandante, Luis Ángel Saboredo, que en 1976 era jefe de inteligencia en el Escuadrón 20 de Orán y ha sido señalado por Fernández Muiños como partícipe del interrogatorio al que fue sometido ni bien fue detenido.
Organismos de derechos humanos expresaron ayer su intención de señalizar el Escuadrón 20 como centro clandestino de detención y torturas.
 
“Soñé con él”
Viltes volvió a reclamar ayer que los responsables de la represión sean condenados en cárcel común “por haber hecho semejante atropello a todo el pueblo”, y pidió “que digan a dónde están, qué hicieron con los cuerpos de los compañeros”.
Viltes era pareja de Raúl Benjamín Osores, quien fue detenido en abril de 1976, en la creencia de que al entregarse aseguraba la libertad de su compañera. Osores pasó luego por el Escuadrón 20 de Orán, luego fue llevado a la cárcel de Villa Las Rosas, en Salta capital, y a fines de diciembre de 1976 fue desaparecido de la Central de Policía, adonde lo habían llevado con la promesa de liberarlo.
Viltes sostuvo los familiares de los desaparecidos siguen pensando en ellos, en los que les pasó. Para ejemplificar, recordó que el ante año pasado soñó con él. “Lo soñé, lo vi nervioso fumando, y lo vi que se iba para la parte de El Préstamo, había dos personas en el sueño y él que se iba encarando para el dique. No sé, capaz que a él también lo llevaron lo tiraron ahí, entonces, cosas así, uno sigue esperando hasta hoy”.
Osores era secretario general del sindicato de obreros rurales que a nivel provincial dirigía Felipe Burgos, también secuestrado y desaparecido. “(Raúl) era una persona muy sensible y muy solidaria, iba a las fincas, él también era obrero rural”, recordó Viltes ayer.

martes, 23 de abril de 2013

Más inspecciones en la megacausa

 “Era todo monte acá”

Por Elena Corvalan

Con referencias a los cambios producidos en los 38 años trascurridos desde que se cometieron estos hechos, los policías retirados convocados a acompañar las inspecciones ordenadas por el Tribunal Oral de Salta reconocieron las escenas de los crímenes, en El Encón Chico y en el pueblo de Rosario de Lerma. En El Encón Chico, en jurisdicción del municipio de Campo Quijano, fue asesinado, mediante una explosión, el periodista Héctor Luciano Jaime. Había estado desaparecido desde la noche del 12 de febrero de 1975, cuando fue secuestrado a la salida de su trabajo en el diario El Intransigente.

 Sus restos fueron encontrados el 14 de febrero, esparcidos por un explosivo, en un camino vecinal entre fincas que por entonces “era todo monte”, como recordó ayer el policía retirado Inocencio Roberto Medina, que en 1975 intervino como técnico dibujante haciendo el croquis ilustrativo de la ubicación de los restos encontrados en el camino vecinal y en la finca de propiedad de Néstor Alderete. Medina fue convocado ayer, junto a los también policías Ramón Luna, Gregorio Galo Rodríguez y José Carrasco, que no fue. También hizo la recorrida la viuda de Jaime, Irma Rosa Chica. El dibujante, que en su momento fue investigado por tortura durante la dictadura de Onganía, fue el más locuaz y contrastó con la parquedad de Rodríguez.A pesar de los matices, los tres policías coincidieron en el lugar de hallazgo de los restos, en que estaban esparcidos y en que en 1975 ese lugar era un monte. “Yo hice la identificación, pero está cambiado todo aquí. Yo lo veo distinto”, dijo Medina ni bien llegó. La finca de Alderete está ahora parquizada, tiene un cerco alambrado y solo hay árboles nuevos en la línea, enfrente, del lado en que fue explosionado el periodista, donde hay un monolito y dos cruces que lo recuerdan, crece un emprendimiento turístico: por ahora la tierra está rasa, sin verde y con un alambrado perimetral que separa del camino. Chica, que fue a ver el lugar una semana después del hallazgo, coincidió en que era un monte. Solo permanecía en su lugar, una vieja casa, a unos 80 metros del lugar de la explosión.

 Los policías dijeron que ya en 1975 estaba desocupada. Durante el recorrido Medina insistió en que fue acompañado por la perita Marta Tabarcachi, algo que ha desmentido Carrasco y por lo cual se ha pedido un careo entre ambos.  “No asustan” Anselmo Salomón Guaymás, nacido y criado en Rosario de Lerma, recibió ayer en su casa del barrio Villa Mercedes, casi al final del pueblo, la visita de los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, el fiscal Ricardo Toranzos, los abogados querellantes Tania Kiriaco y Gastón Casabella, familiares, empleados judiciales y miembros de Gendarmería.Hace 30 años Guaymás compró esta casa a Silverio Posadas, quien se la había comprado a la familia Estopiñán. Ahí, cuando era solo tenía dos piezas y un patio con yuyos, fueron asesinados los jóvenes militantes Alfredo Mattioli, Marcos Estopiñán, Liendro Estopiñán y Ricardo Tapia. Los policías retirados Ramón Luna y Rodríguez, que entonces trabajaban en Bomberos, reconocieron el lugar como la casa de donde fueron a buscar explosivos en abril de 1975. “Yo ni sabía (de la matanza) cuando compré la casa. Los vecinos me preguntaban si no asustaban a la noche”, contó Guaymás.  Por los homicidios de Jaime y Mattioli, los hermanos Estopiñán y Tapia están acusados el ex comisario Joaquín Guil y el ex jefe de Policía, Miguel Gentil. Se sospecha que policías de la provincia y de la Federal integraban el brazo ejecutor de la Triple (Alianza Anticomunista Argentina) en Salta, y que estos crímenes fueron cometidos por ellos.

miércoles, 17 de abril de 2013

Testigos visitaron el lugar donde fue dejado el cuerpo de Risso Patrón

Por Elena Corvalan

El finquero Rodolfo Saravia Toledo y el policía integrante de Bomberos Nicolás Ernesto Vélez señalaron ayer el lugar donde fue dejado el cuerpo del ex diputado provincial Luis Eduardo Risso Patrón, al pie del monumento a San Martín, en la plaza homónima de la ciudad de San José de Metán, donde residía el docente y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) hasta que la represión y persecución a la que fue sometido lo obligaron a permanecer clandestino y buscar trabajo en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el Chaco.

Saravia Toledo y Vélez fueron convocados por el Tribunal Oral en lo Federal de Salta para realizar una inspección ocular en la plaza metanense, que ayer se vio invadida por los visitantes miembros del Poder Judicial Federal y por los periodistas locales, que dieron cobertura al trámite.
Los jueces Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas acompañaron al fiscal Ricardo Toranzos y a los secretarios. También siguieron las alternativas de la diligencia la militante de derechos humanos Nora Leonard y la ex rectora de la Universidad Nacional de Salta, Stella Bianchi.
A pesar de que la plaza fue remodelada en loso 35 años transcurridos desde que se cometiera este crimen, a mediados de 1976, Saravia Toledo y Vélez ubicaron el lugar donde se encontraba el monumento a San Martín en ese año, y que ahora está con baldosas.

Saravia Toledo recordó que vio el cuerpo a eso de las 4,30 del 12 de julio de 1976, cuando iba camino a su finca, en compañía de Ángel Hilario Retuerta. Contó que Risso Patrón estaba tirado al pie del monumento, con un brazo cubriéndole la cara como si hubiera tenido un reflejo defensivo, y que cerca había una caja con una calavera y tenía la leyenda “peligro explosivo”. Testigos que han declarado en este proceso, en relación al asesinato de Risso Patrón, sostienen que al dejar su cuerpo en la plaza principal se intentaba dar un mensaje aleccionador a la población metanense. En igual sentido habría operado la caja con la leyenda “explosivo”, aunque solo tenía material inútil para producir una explosión.

Risso Patrón fue secuestrado en Presidencia Roque Sáenz Peña por un grupo de tareas que antes había secuestrado a su hijo de 15 años para obligarlo a entregarse. Luego el ex diputado fue visto en centros clandestinos de detención de Santiago del Estero y Tucumán.
Hoy el Tribunal tiene previsto inspeccionar el paraje El Gallinato, en la zona de La Caldera, donde fueron asesinados (sometidos a explosión) un número indeterminado de secuestrados por razones políticas, entre ellos, Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y Héctor Domingo Gamboa, cuyas desapariciones se investigan en este proceso.

domingo, 14 de abril de 2013

Comisario dijo que Ríos Ereñú era el responsable de la represión en el norte

Por Elena Corvalan

Un comisario que al principio trató de mostrarse como desorientado, afirmó ayer que el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, fue el máximo responsable de la represión en el norte provincial.
El comisario retirado Humberto Vicente González, que en 1976 era jefe interino de la IV Zona, en Tartagal, sostuvo que la Policía de la provincia estaba bajo el mando del Regimiento de Infantería de Monte 28 y que él debía informar directamente Ríos Ereñú, personalmente o por teléfono, sobre los hechos graves vinculados a la subversión. Para tratar de hacer caer su testimonio el defensor Martín Bomba Royo pidió que el testigo fuera sometido a un peritaje médico, que fuera careado con el general retirado y que se lo investigue por falso testimonio.
El peritaje no fue consentido por el Tribunal Oral en lo Federal Criminal debido a que ya existe un informe médico, del 10 de enero pasado, que sostiene que González está “lúcido y orientado”. En cambio, el careo se realizó ayer mismo, pero el testigo se mantuvo en sus dichos, y Ríos Ereñú (el único de los 17 acusados que viene declarando) en los suyos.
El testimonio de González comenzó mal. De entrada, el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, no se dejó enternecer por el aspecto de desvalido que presentaba el testigo, llevado ante los jueces en silla de ruedas por el equipo de Sanidad de Gendarmería Nacional. “¿Por qué no vino antes a declarar?”, lo recibió refiriéndose a las seis citaciones que el testigo esquivó. Balbuceando, el comisario dijo que se sentía mal, que es diabético. 
Ni bien el fiscal Ricardo Toranzos comenzó el interrogatorio, González mostró su estrategia inicial: casi no había consulta que no recibiera como respuesta el consabido “no recuerdo”. Sólo que el comisario le añadió el toque de exhibirse desorientado: llegó a decir que se retiró en el 63, a los 25 años de edad. Recién comenzó a reaccionar cuando el presidente del Tribunal lo reconvino: “trate de tener un poquito de memoria”, y el fiscal le explicó que estaba ahí como testigo y no como acusado.
“El jefe del Regimiento era el que mandaba en esa zona”, afirmó cuando comenzaron a consultarlo sobre su intervención en el procedimiento para levantar los restos del militante peronista Jorge René Santillán, secuestrado y asesinado el 10 de agosto de 1976. González aseguró que cuando el militar, que entonces era teniente coronel, se hizo cargo del Regimiento (según Ríos Ereñú, el 16 de enero de 1976, aunque asumió el 9 de diciembre de 1975), fue a la Comisaría y le indicó que notificarle sobre cualquier hecho grave que estuviera vinculado a la subversión.
González también recordó al teniente primero Luis Arnaldo Bruno. Contó que el “personal de la Comisaría iba al Regimiento y el teniente primero era el que daba el orden cerrado” y que esta subordinación de la Policía al Ejército “fue dispuesta por Ríos Ereñú”.
En el expediente consta que en el procedimiento por el homicidio de Santillán estuvieron un grupo de policías, y González, que llegó acompañado por Bruno. Ayer el comisario insistió en que fueron por separado, pero reconoció que le avisó al teniente, quien como especialista levantó explosivos del lugar del hecho y, además, hasta tuvo la dirección del operativo.
Al final lo confrontaron, vía videoconferencia, con Ríos Ereñú. Cada uno se mantuvo en sus dichos.

Los blancos de la represión

El dirigente Armando Jaime sostuvo ayer que la represión en Salta “estaba más focalizada” en los militantes del Frente Revolucionario Peronista (FRP, más conocido como la Tendencia Revolucionaria), en los integrantes del sindicalismo combativo y en los que adherían a la lista Verde, del ex gobernador Miguel Ragone.
Jaime hizo esta afirmación luego de hacer un repaso por militantes que fueron secuestrados y desaparecidos o asesinados y cuya suerte es investigada en este proceso.
El testigo, que fue miembro fundador y la máxima autoridad del FRP en Salta, sostuvo que todos los integrantes de este movimiento fueron asesinados o perseguidos. De hecho, afirmó que militaban en el FRP las hermanas Berta y Francisca “Elsa” Torres, Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Alfredo Mattioli, Marcos y Liendro Estopiñán, Ricardo Tapia, todos desaparecidos o asesinados en el marco del plan sistemático de desaparición de personas.
Armando Jaime, que es primo del periodista Luciano Jaime, destacó que todos ellos apoyaban también a la Lista Verde. E incluso, las hermanas Torres ocuparon cargos durante la gestión de Ragone, igual que Luciano Jaime, que fue secretario del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta.
Sobre Mattioli, los hermanos Estopiñán y Tapia, Armando Jaime negó que estuvieran en la lucha armada. Sostuvo que estaban viviendo en una casa en Rosario de Lerma, donde fueron asesinados por miembros de la Policía de Salta el 14 de febrero de 1975, porque estaban realizando un trabajo de reivindicación de los derechos de los trabajadores rurales.

El bueno

El sindicalista Mario Amelunge Vargas trajo ayer el recuerdo de los roles que, se dice, suelen cumplir a veces los miembros de fuerzas de seguridad que pretenden obtener información de detenidos: el del policía bueno y el malo.
El rol de malo, en el relato del ex dirigente de la CGT Salta, lo cumplieron los miembros del Ejército que lo detuvieron, lo esposaron y vendaron y lo arrojaron en un galpón del cuartel donde lo interrogaron y torturaron por 10 días al menos, preguntándole sobre unas armas, y luego lo sometieron a un Tribunal Militar acusándolo de tener armas de guerra. El papel del bueno lo cumplió, contó el testigo, el capellán del Ejército Normando Requena, ya fallecido.
Amelunge Cargas contó que del cuartel fue llevado a la cárcel de Villa Las Rosas, de donde lo traían de vuelta al Ejército para ser sometido al juicio ante el Tribunal Militar, al que calificó como “una parodia”. Una noche lo llevaron antes y “un oficial joven me dice: ‘Usted va a ser fusilado a las 5 de la mañana. Ahí tiene papel y lápiz, escriba a su familia’. Después viene el capellán, el cura Requena y me dice: ‘Hijo, dónde están las armas, te van a fusilar si no decís dónde están las armas’”. Tras varios intentos del sacerdote, cerca del amanecer fue sometido a dos simulacros de fusilamiento.

lunes, 1 de abril de 2013

La Cámara de Salta, libera a un represor

La Cámara de Salta no tuvo en cuenta el rol del Capitán Ripoll en la cadena de mandos de la dictadura
El fallo que liberó a un represor

La misma Cámara que debe resolver sobre el procesamiento de Blaquier le dictó falta de mérito al militar que fue mano derecha del interventor de Jujuy y que se ocupaba de negar los secuestros ante los reclamos de familiares de las víctimas.

 Por Alejandra Dandan

La Cámara Federal de Salta acaba de liberar por “falta de mérito” al capitán retirado Jorge Isaac Ripoll, que fue mano derecha del coronel Carlos Néstor Bulacios, máxima autoridad en la provincia de Jujuy durante la última dictadura. El fallo despertó cierto estado de alarma entre los impulsores de las causas por delitos de lesa humanidad en la provincia. Ripoll había sido procesado por el secuestro y homicidio de Julio Rolando Alvarez García en 1976, sobre la base de pruebas indiciarias recogidas a partir de testimonios y de su legajo, que dan cuenta de su rol en la estructura de la represión clandestina. A contramano de lo que viene sucediendo en buena parte de las causas, los camaristas no leyeron las pruebas en contexto sino que reclamaron “pruebas directas” de su actuación en el terrorismo de Estado, sin tener en cuenta la función que cada represor cumplió en la cadena de mandos para que el engranaje avanzara. La misma Cámara debe resolver la semana que viene la responsabilidad del empresario Marcos Levin, de La Veloz del Norte, y del procesado Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, en el secuestro de trabajadores.

Jorge Isaac Ripoll era un cuadro importante de la estructura represiva en Jujuy, con grado de capitán. Operó como un “secretario” y colaborador cercano del coronel Bulacios, jefe del área 323 e interventor de la provincia. Por el rol que tenía, Ripoll era la persona que se encargaba de comunicar las órdenes, hablar con los familiares de las víctimas de la dictadura y decirles que el coronel no podía atenderlos cuando preguntaban por él. Según su legajo, Ripoll ascendió a capitán a partir del 31 de diciembre de 1974. Durante 1976 cumplió tareas en el Regimiento de Infantería Montaña 20 (RIM 20), mientras iba y volvía de comisión a otros lugares: entre febrero y mayo actuó, por ejemplo, como secretario general de la gobernación de Jujuy, y el 3 de junio estuvo un mes en comisión en el Operativo Independencia. En el legajo, además, aparece mencionado como “S4”, una sigla que lo inscribe dentro del Estado Mayor, en la “Sección Logística” (S4).

Hay varias denuncias en su contra; su caso llegó a la Cámara Federal de Salta por la causa más avanzada: el secuestro y homicidio de Julio Rolando Alvarez García, “Pampero”, secuestrado en agosto de 1976 en su casa, en un operativo del que participaron tres represores de civil, armados, entre ellos el entonces teniente Mariano Braga, en juicio en este momento. Se supone que a Pampero lo llevaron al RIM 20 y luego lo trasladaron a Tucumán. Además del legajo, en la causa hay tres testimonios que revelan cuál fue el rol de Ripoll en la estructura represiva. El más importante es el de Gladys Rufina Nieva de Alvarez García, la madre de Pampero. Ella vio a Ripoll en el RIM 20 cuando fue a averiguar por su hijo. Con ella estaba Inés Peña, la esposa de Pampero. Ripoll las atendió y les dijo que Bulacios no podía recibirlas. Gladys le dijo en ese momento que estaba allí buscando a su hijo. Ripoll le respondió: “¿Usted cómo sabe que su hijo está acá?”. Y Gladys le dijo que acababa de ver al hombre que se lo había llevado de la casa, por Braga. En ese momento, Ripoll señaló: “Disculpe señora, cumplimos órdenes”.

En esa misma línea lo ubica el testimonio de Olga Márquez de Arédez, esposa del ex intendente Luis Arédez, secuestrado desaparecido. Olga también se acercó al RIM 20 averiguando por su marido y encontró a Ripoll. Y por último un tercer testimonio, el de un chofer, lo sitúa como quien estaba con los detenidos y andaba como un “demonio”.

Con estos elementos leídos en el contexto del aparato de represión clandestino, Ripoll fue procesado por el juez Fernando Poviña y hasta hace una semana estaba detenido. La Cámara, integrada por Roberto Gerardo Loutayf Ranea, Jorge Luis Villada y Renato Rabbi Baldi Cabanillas, dictó la falta de mérito que en sí misma agrega un problema: sólo puede ser apelada si se encuentran nuevas pruebas y, en causas como ésta –a más de 36 años de los hechos, con los únicos testimonios que existen ya recabados, parte de los testigos muertos y el legajo ya aportado–, da la sensación de que poco más puede aparecer.

Según la Cámara, Ripoll no puede ser procesado por las siguientes razones: 1) el rol que ocupó en la estructura no basta para hacerlo responsable de los hechos; y 2) los testimonios no dan cuenta directamente del rol que le cupo a Ripoll en la imputación concreta de secuestro y homicidio, y los legajos no agregan nada sobre eso.

“Más allá del cargo de capitán del Ejército –dijeron los camaristas en el fallo–, no se observa que se hubieran establecido las funciones reales que desempeñaba el imputado en agosto de 1976 y su necesaria relación con la privación ilegal de la libertad y el homicidio de Alvarez García.” En el tramo más complicado, sostuvieron: “Tampoco resulta suficiente para responsabilizar a Ripoll lo declarado por Rufina Nievas y Márquez de Arédez, pues ellas en ningún momento describen una conducta que pueda vincularse en grado suficiente a la privación de la libertad u homicidio”. Y “es que aun considerando que a la fecha de los hechos Ripoll revestía el grado de capitán y prestaba funciones en el RIM 20, al no haberse acreditado que integrara una fuerza de tarea y/o que coordinara, facilitara o colaborara con los responsables en dicha función, no es posible confirmar su procesamiento”.

En términos generales, la Cámara vuelve a poner en discusión el debate sobre la construcción de las pruebas en las causas de lesa humanidad.

Horacio Azzolin es fiscal general de la Procuración, llevó adelante el juicio por el crimen de Miguel Ragone en Salta y agrega un dato. A su criterio, la Cámara está diciendo en este caso que: 1) Ripoll no era de la plana mayor del Regimiento; y 2) que si no se sabe bien qué hacía en esa unidad militar al tiempo de los hechos, y nadie lo vio “directamente” vinculado con el secuestro de la víctima, no se lo puede procesar. “El argumento claramente es discutible”, indica. “Lo que me parece que la Cámara no ve es que si Ripoll se encargaba de negar la presencia de determinada persona en una unidad militar es suficiente para considerarlo responsable, porque eso era funcional al plan criminal. Por ejemplo, en Bahía Blanca se condenó a la persona que hacía exactamente lo mismo en el Comando del V Cuerpo del Ejército. Me parece que no están haciendo una lectura de la cuestión acorde con la realidad de los hechos.”

David Leiva es abogado querellante en las causas de Salta y se sorprende con la noticia: la misma Cámara confirmó hace un tiempo un procesamiento por un caso semejante, el de un oficial llamado Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, que era asistente del coronel Joaquín Cornejo Alemán, segundo jefe del Regimiento de Caballería V. El soldado Víctor Brizzi desapareció el 8 de marzo de 1976 mientras hacía el servicio militar en el Regimiento de Caballería de Salta. De la Vega era la persona que recibía a la esposa de Víctor Brizzi cada vez que ella iba a preguntar por el soldado al cuartel. Cristina Cobos declaró varias veces que De la Vega siempre le decía que su marido era un desertor y, cuando volvió a preguntar después del golpe del 24 de marzo, le dijeron que lo habían secuestrado los subversivos.

En el caso de Ripoll hay además otros datos. Por su grado de “capitán” tenía una jerarquía superior a la de Braga, que era teniente y está imputado en esta causa. La Cámara viene confirmando procesamientos de primera instancia en Jujuy, pero en general son cargos superiores y de jefatura o mandos operativos. Este es un caso singular porque se desentiende de los roles intermedios.