miércoles, 8 de agosto de 2012

Ríos Ereñú dice que se adulteró un libro del Ejército.

Megajuicio: Ríos Ereñú dice que se adulteró un libro del Ejército
El ex jefe del Ejército Héctor Ríos Ereñú no supo explicar ayer las constancias del libro histórico del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, del cual fue jefe en los primeros años de la dictadura cívico militar iniciada en marzo de 1976.

Este libro da cuenta de la existencia de la Subárea 322-1, como sostienen la Fiscalía y los querellantes, quienes acusan a Ríos Ereñú de ser su jefe y por lo tanto también responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa etapa.

Ríos Ereñú está siendo juzgado por el Tribunal Oral en lo Federal de Salta por los secuestros y homicidios del médico Pedro Urueña y del dirigente de la JP Jorge René Santillán. El militar retirado volvió a pedir la palabra ayer para hacer su descargo respecto de la acusación por Santillán.

Pero esta vez el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montill, le advirtió que no podía leer. La acusación sostiene que en la división del país que se hizo a los efectos de la represión, en Zonas, Subzonas, Áreas y, en algunas provincias (como Buenos Aires, Córdoba y Salta) Subáreas, el norte provincial quedó comprendido en la Subárea 322-1 (Salta era el Área 322), que estaba bajo la responsabilidad del jefe del Regimiento de Monte 28 y que tenía jurisdicción en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.

Ríos Ereñú basó parte de su defensa en negar la existencia de esta Subárea. Pero como en el libro histórico del Regimiento se consigna una Subárea 322-1, y también aparece como 3221 y 3222, además de resaltar estas diferentes menciones como un síntoma de falta de veracidad, el acusado aseguró que hay diferencias en la forma del registro, por lo que sospecha que el libro histórico ha sido adulterado, y pidió un peritaje.

Reiteró también que la directiva 404/75, dada por la Comandancia del Ejército en octubre de 1975, que establecía la zonificación militar, recién fue aplicada a partir del 24 de marzo de 1976. El fiscal le pidió entonces que explicara cómo es posible que el 2 de febrero de 1976 se difundiera en el diario El Tribuno un comunicado militar que Mulhall firmó como “jefe del Área 322”.

Ríos Ereñú argumentó que él no estaba en Salta entonces: “El coronel Mulhall está acá, puede explicar”, arguyó. Ríos Ereñú no solo debió lidiar con las preguntas del fiscal Ricardo Toranzos y el querellante David Leiva, sino que también tuvo que soportar las chicanas del otro acusado, el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall, que aprovechó el hecho de estar sentado a su lado, en el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires, para hacer comentarios y gestos que exhibían su fastidio por la larga declaración de su compañero de juicio, con el que vienen enfrentados (y se dice que hasta hubo un conato de cachetadas en ocasión de una revisación médica) desde que este último dijera que la responsabilidad de la represión en el norte provincial recae sobre el primero.

Ríos Ereñú aseguró que esta afirmación de Mulhall es contradictoria, que solo pretende descargar responsabilidad en otros. En el mismo sentido, negó haber tenido el control operacional de la represión en el norte, y hasta dijo que la Policía de Tartagal le respondía a Mulhall.

El ex jefe del Regimiento 28 negó que hubiera tenido vinculaciones con Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Salta. Pero esto fue desmentido en el interrogatorio del fiscal y de Leiva, quienes lo confrontaron con los libros del Regimiento y los del Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán, en los que queda probado que había un trato fluido entre ambas fuerzas.

En el libro de Gendarmería de Orán están registradas salidas de un camión del Ejército que fue a colaborar en un operativo, así la llegada de mensajeros del Regimiento 28 trayendo sobres cerrados al Escuadrón 20. También está consignada la presencia de miembros del Ejército en el Escuadrón 20. Ríos Ereñú terminó por argumentar que pudo ocurrir que existieran vinculaciones sin que él las conociera, y afirmó que todo lo asentado en los libros son actos lícitos, que los demás no se registraban.

Además, ayer el médico policial Juan Carlos Ocampo, que intervino en el levantamiento de los restos de Santillán, recordó que la comisión policial fue al Regimiento a informar de este hecho porque “la Policía estaba bajo las órdenes del jefe del Regimiento de Tartagal”.

Los asesinos de Jorge Santillán comieron en el lugar del homicidio
El médico forense Juan Carlos Ocampo recordó ayer con claridad que el cuerpo de Jorge René Santillán había sido sometido a una explosión tan fuerte que apenas quedaron los miembros inferiores y parte de la pelvis y pedacitos esparcidos en 30 metros a la redonda. Pero lo que más le llamó la atención fue que “debajo de un árbol grande, frondoso, había como si hubieran hecho fuego, unas ramas quemadas.

Y como si hubieran comido ahí” desechos de “cervezas y esas cosas. Y ahí se que dinamitaron el cadáver. Pero no existía el cadáver. Había pedacitos, el más grande de dos centímetros, varios metros a la redonda, hasta en las ramas”. Ocampo dijo que le llamó la atención que “cómodamente una persona había tenido ganas de ingerir un alimento habiendo hecho una cosa como ésa”.

El debate sobre el secuestro y homicidio del dirigente de la JP, cometidos la madrugada del 10 de agosto de 1976 en General Mosconi, mostró ayer la concertación de las fuerzas de seguridad. El hecho habría sido cometido por miembros del Ejército con la colaboración de la Policía provincial, que no respondió a los pedidos de auxilio de los familiares, en una resistencia a los secuestradores que se prolongó por casi dos horas, y luego orientó la búsqueda en sentido contrario a donde habían ido los atacantes. Y la propia YPF, intervenida militarmente, había despedido a Santillán.

Doce testigos declararon en la continuidad del juicio que se sigue en Salta por crímenes de lesa humanidad. Siete se refirieron al homicidio de Santillán, los otros cinco hablaron de los secuestros y desapariciones de los jóvenes Oscar Alberto Bianchini y Néstor Miguel Díaz, cometidos también en agosto, en Salta capital. Entre la indagatoria al acusado Héctor Ríos Ereñú y los testimonios quedó clara la estrecha colaboración de las fuerzas de seguridad que participaban de la represión y también la colaboración que brindaban empresas, como YPF y el propio Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE), ambos intervenidos por los militares.

Según contó el ex jefe militar, YPF prestaba camionetas al Regimiento de Monte 28. Además, echó a algunos empleados. Santillán, y su hermano Alfredo, fueron despedidos “por razones de seguridad”, en julio de 1976. Al mes siguiente, a eso de las 3 de la mañana del 10 de agosto de 1976 un grupo de 5 o 6 hombres llegó a su casa en Mosconi y se lo llevó para matarlo con un explosivo y abandonar sus restos en el camino a Acambuco.

Irma Prado de Santillán, la esposa de Jorge, contó que con su marido, su hija Rosa, de 7 años, y su madre, lucharon en la vereda de su casa, a unas cinco cuadras de la Comisaría, durante casi dos horas, tratando de evitar que se lo llevaran. A pesar de los gritos, los cuatro agentes comisionados llegaron cuando ya se lo habían llevado y la propia Irma había ido a avisar a su cuñado, Alfredo. Dos de estos policías, Arsenio Segovia y Carlos Terán, declararon ayer.

Quedó claro que, cuando fue comisionado para acompañar a Irma en la búsqueda de su esposo, Segovia los llevó primero hacia Balbuena, en el sentido contrario adonde habían ido los secuestradores. El policía Pablo Rueda, que integró la comisión que fue a levantar el cuerpo de Santillán, recordó que en el lugar del homicidio encontraron “un papelito chiquito que decía FM”, las mismas de Fabricaciones Militares.
Por Elena Corvalan, Directora de Radio Nacional en Salta
Envío:Agndh

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