domingo, 29 de junio de 2014

La historia del militar que se negó a quemar dos libros con datos de los niños nacidos durante la dictadura

Información salvada, encubrimiento amparado

El capitán Silvio Manino Leal recuperó la documentación destinada a ser incinerada. Dos militares fueron sobreseídos por prescripción porque no se consideró la destrucción de pruebas como parte de un delito de lesa humanidad. Los libros, de todas formas, están siendo analizados.

En mayo de 2008, en el Hospital Militar de Salta, aparecieron dentro de un carro de ropa sucia dos libros de guardia: uno era de la maternidad, el otro era de la sala de varones. Ambos abarcaban el período 1972 - 1997, es decir que incluían toda la última dictadura y su antesala. El director del establecimiento, Carlos Fernando To-zzeto Arias, los entregó a la Compañía de Inteligencia 5. El jefe de esa dependencia, el ex teniente coronel Juan Manuel Gestoso Presas, convocó a su oficina a uno de sus subalternos, el capitán Silvio Manino Leal, y sin rodeos le ordenó que los queme. ¿Qué hace un militar ante una directiva así? Manino Leal decidió desafiar la regla implícita de la obediencia debida. Tras un intento fallido de que el propio Ejército preservara los libros, simuló la incineración, los guardó en su casa y se los entregó a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré. Gestoso Presas y Tozzeto Arias fueron juzgados por el intento de destruir documentación que podía servir como prueba de crímenes del terrorismo de Estado, pero un tribunal oral recientemente los absolvió por considerar que no hubo delitos de lesa humanidad y el delito estaba prescripto.

Manino Leal tiene 40 años, 19 de los cuales pasó en el Ejército. Gestoso Presas le mostró los libros del Hospital Militar, con la indicación de que debía quemarlos “hoja por hoja” y sin decirle nada a nadie. “Me daba cuenta de que estaba ante una orden nefasta e inmoral. Lo primero que se me ocurrió fue que de alguna manera tenía que salvar los libros. Presentarme ante mi jefe y rehusar cumplir esa orden podía generar que fueran quemados por otra persona. Al día siguiente fui al despacho, les dije a mis subalternos que preparen el incinerador, llevé unas guías telefónicas y otra documentación y simulé la quema de los libros hasta pensar cómo iba a entregarlos”, contó en una entrevista en el programa Gente de a pie, en Radio Nacional.

–¿Pero qué hizo entonces con los libros?

–En ese momento yo no conocía muchos canales. No sabía cómo hacer para que aparecieran en la Justicia. Guardé los libros de donde había sacado la rueda de auxilio del auto. Intenté entregárselos al jefe de Estado Mayor, el general Roberto Bendini, y el subjefe, el general (Luis Alberto) Pozzi. Pero no me recibieron, me mandaron a decir que respete la cadena de mando. Opté por comunicarme con la secretaria de Nilda Garré, y ella al final tomó cartas en el asunto. Le ordenó al Ejército que hiciera la denuncia penal en Salta.

–El argumento oficial para destruir ese material era que no tenían nada relevante. ¿Usted dice que tuvieron la clara intención de hacerlos desaparecer?

–Me llamó la atención que estaban en un estado impecable. Cuando el jefe de la compañía me los mostró, tenían adjunto un pedido de informes de un organismo de derechos humanos (era la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad) a través del Ministerio de Defensa frente al cual el Hospital Militar había respondido que no contaba con información de esa época (el período dictatorial) debido a que la documentación ya había sido incinerada. Había incluso un acta de incineración de esos libros que yo, sin embargo, tenía delante de mi propia vista. Era claro que contenían alguna información, no cabía duda de eso.

La causa penal contra los ex militares Gestoso Presas y Tozzeto Arias se prolongó en la etapa de instrucción. Fue encarada, en un inicio, como un delito común, que castiga la destrucción de pruebas con penas de un mes a cuatro años de prisión. Una intervención de la Cámara de Casación Penal determinó que el caso debía ser juzgado como delito de lesa humanidad. Cuando requirió la elevación a juicio oral, el fiscal de primera instancia, Ricardo Toranzos, sostuvo que tanto el jefe de inteligencia como el del Hospital Militar “desde el inicio estuvieron al tanto de que el proceder adoptado respecto de los libros hallados era irregular” y aún así, “motivados con la intención de destruir aquellos instrumentos, no trepidaron en dar órdenes para su incineración, lo que no pudo ser llevado a cabo por circunstancias ajenas a sus voluntades”.

Durante el juicio, que terminó el 9 de junio, el tribunal oral –integrado por los jueces Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Federico Díaz– dispuso algunas medidas para establecer si el contenido de los libros recuperados podía tener conexión con alguna otra causa o delito principal vinculado con crímenes de la última dictadura, pero finalmente lo descartó. En las audiencias, los imputados intentaron poner en cuestión el relato de Manino Leal. Y subestimaron los libros con argumentos como que estaban en mal estado –algo que fue refutado– y que no se les había ocurrido que podían servir para investigar el destino de desaparecidos o la apropiación de niños.

Los fiscales de juicio, Juan Manuel Sivila y Francisco Snopek, plantearon que era evidente que intentaron obstaculizar las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad, más allá de que no se hubiera identificado conexidad con otro expediente sobre crímenes cometidos durante el período dictatorial. Para ellos hay que tener en cuenta una “fase de impunidad del plan sistemático de represión ilegal” que incluye la “omisión de informar, de denunciar o de investigar, el falseamiento de los hechos, la destrucción de elementos probatorios”. “Concretamente –señalaron al alegar– tenemos aquí agentes estatales, integrantes del Ejército Argentino, que habían recibido dos pedidos concretos de informes vinculados con la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad, y sin embargo, conociendo esta circunstancia y teniéndola presente al momento de decidirse la destrucción, omitieron dolosamente ponerla a disposición de las autoridades superiores, y participaron en su destrucción”. Según ellos, además, los libros eran prueba posible en un caso de búsqueda de identidad.

Así, los fiscales pidieron para Gestoso una pena de un año y cuatro meses de prisión y para Tozzeto Arias una multa de 12.500 pesos e inhabilitación para ocupar cargos. El tribunal oral de Salta entendió que lo que estaba en juego era un delito común, ya prescripto por el paso del tiempo, pero no dijo que los militares juzgados no eran culpables. Fueron críticos, a la vez, con la etapa de instrucción. Gestoso y Tozzeto Arias fueron desvinculados de la fuerza tras un sumario interno.

El libro de nacimientos rescatado está siendo analizado actualmente por la unidad especializada en investigaciones sobre apropiación de hijos de desaparecidos de la Procuración General de la Nación (donde siguen la pista de niños que pudieron haber sido apropiados en Salta) y hay una copia en poder de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Manino Leal contó que el día que decidió no acatar la orden de quemar los libros “sabía que asumía una responsabilidad que iba a repercutir en mi carrera”. “Supe que mi presencia en el Ejército y las Fuerzas Armadas no era posible y yo mismo había tomado la determinación de pedir el retiro. Lo que yo pensé que iba a pasar, que me iban a considerar un traidor, pasó. Y pasa. Por sobre todas las cosas yo tenía que contener a mi familia. En la vida militar la familia va muy pegada al trabajo de uno, es un ámbito cerrado, los barrios militares son cerrados y mi familia tenía que vivir en ese ambiente. Por eso pedí el retiro. La ministra me decía que me quedara, pero también entendió la situación de mi familia a futuro”, relató.

–¿Qué impresión le dejó el resultado del juicio?

–No lo esperaba, me pareció un pésimo mensaje. Después de tantos años de democracia no hay militares que aporten datos concretos y pruebas, y tanta falta haría, para encontrar los restos de los desaparecidos o que un nieto se pueda reencontrar con su verdadera abuela o sus padres. Que no se castigue a alguien que sabía que podía haber pruebas para resolver la identidad de alguien o encontrar el destino final de una persona es un pésimo mensaje. Descreo que a partir de eso otras personas puedan tomar la misma actitud que yo. Lo lamento mucho.

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