viernes, 31 de julio de 2015

Piden que se fije fecha para juzgar al empresario Marcos Levin por delitos de lesa humanidad

Para que los civiles tengan prioridad

El dueño de la empresa La Veloz del Norte está procesado en Salta por “instigación de imposición de tormentos”.

 Por Alejandra Dandan

El próximo 5 de octubre va a comenzar en Salta un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad que nuclea a cuatro causas, entre las que están las víctimas del norte de esa provincia. Sin embargo, el dato que preocupa a un grupo de familiares, víctimas y querellas es que el Tribunal Oral Federal no incluyó en el debate el esperado juicio al empresario Marcos Levin, dueño de la Veloz del Norte, procesado por “instigación de imposición de tormentos” sobre Víctor Cobos, entonces trabajador de la empresa. El caso espera el comienzo del debate desde que fue elevado en marzo del año pasado. La familia de Cobos se reunió la semana pasada con integrantes del TOF de Salta para manifestar la preocupación por esta demora: piden a los jueces que impulsen “de modo urgente” el comienzo de este juicio antes del debate de octubre o en forma simultanea. Se estima que puede ser breve por la cantidad de víctimas, represores y testigos.

“Le planteamos a uno de los integrantes del tribunal la urgencia de que se inicie este debate”, dice a Página/12 Cristina Cobos. “Mi hermano Víctor estuvo varias veces amenazado en este tiempo que duró la instrucción. Ha quedado solo en la causa, él y cuatro imputados, porque el resto de las víctimas fueron separadas. Es una necesidad que se termine este juicio por la seguridad de mi hermano.”

Esta misma línea es la que sostienen los fiscales y la querella para insistir sobre la urgencia del debate. Pero además, los querellantes sostienen que es un juicio que técnicamente resulta sencillo. “A fuerza de ser sincero, las causas que van a comenzar a ser juzgadas en octubre se habían elevado antes que el caso Levin –señala el abogado y querellante David Leiva–. Pero el debate por la causa Levin será corto y se podría hacer en paralelo o podría agregarse al mismo debate como se ha hecho en otras provincias: aunque no son los mismos imputados, los expedientes tienen conexión porque los represores pertenecen a la misma área.”

La causa Levin fue el primer expediente que avanzó sobre la responsabilidad empresaria de los crímenes de la dictadura. El expediente original contenía una denuncia más amplia, por el secuestro de 15 trabajadores, entre ellos Víctor Cobos, delegado y representante de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), parte de una familia asediada y devastada por el terrorismo de Estado. Tanto él como los otros trabajadores fueron trasladados a la comisaría cuarta de Salta y sometidos a tormentos en enero de 1977. Desde el primer momento, la Justicia dio por válida la imputación contra Levin, pero no sobre resto de los trabajadores y dividió la causa en dos partes. En aquel tiempo, la empresa había denunciado a los trabajadores por una supuesta estafa que sirvió de gatillo para las acciones ilegales. Hasta ahora, las distintas instancias judiciales aceptaron los tormentos contra todos pero consideraron que la persecución sólo fue sobre Cobos. Por esa razón, situaron al resto de los delitos como “delitos comunes” y por lo tanto, los dieron por prescriptos. Eso fue múltiples veces apelado por la acusación y ahora espera una decisión de la Corte. A Salta volvió sólo el expediente por Cobos, que está concluido y a la espera del juicio oral.

Además del empresario, hay tres policías acusados: Enrique Víctor Cardozo, Víctor Almirón y Víctor Hugo Bocos. Cardozo era el jefe de la comisaría. Almirón y Bocos están acusados como autores materiales. Bocos era el mas conocido entre los trabajadores, subjefe de la Comisaría cuarta, pero a la vez empleado de Levin. Para la familia está claro que no es lo mismo una juicio sólo por un hecho bajo la figura de “instigación”, que por quince que dan cuenta del contexto y de lo sistemático. Sin embargo, eso ahora no es lo importante.

“Levin es dueño de la Veloz del Norte, no sé si ahora todavía, pero por lo menos lo era en ese momento –sigue Cristina–. Tenía como empleado al subcomisario Víctor Hugo Bocos, que era su guardaespaldas directo. Esa persona perseguía y marcaba a los trabajadores que es lo que hizo con mi hermano. Empleados que estorbaban porque él era delegado de la UTA. Bocos era el que tenía contacto directo con ellos. Las personas que como mi hermano les molestaba, los apretaba a tal punto que lo detuvo en diciembre de 1976, lo hizo torturar, lo tuvo en la comisaria y no a él sólo, sino a todos los eran allegados a mi hermano, que pertenecían o eran socios (del sindicato)”. Entre ellos hay algunos empleados de Tucumán que fueron llevados hasta Salta ya secuestrados. “Además hay pruebas y testimonios de que Levin iba a la Comisaría –dice Cristina–. Alguien lo vio. Lo vieron.”

La idea del juicio “corto” es uno de los argumentos acentuados para impulsar el comienzo. Un sólo “hecho”, cuatro imputados y unos 25 testigos. Las partes calculan unas tres semanas de debate. Y trámites para constituir la prueba, de una semana. En ese contexto, proponen los cambios.

Pero los problemas del TOF no terminan ahí. Según las respuestas que les dieron a los familiares, además de los tiempos, tendrían problemas de jueces. El Tribunal quedó integrado para octubre por tres jueces, uno de ellos es Mario Juarez Almaraz, que no podría estar en el juicio a Levin porque se inhibió para actuar en el debate. Sin embargo, la fiscalía recuerda ante una consulta de este diario que Casación nombró hace tiempo a Gabriel Casas, de Jujuy. para reemplazarlo en esta causa.

Un dato importante es el ritmo de juicios del tribunal. El TOF de Salta suele hacer una o dos audiencias por semana. El juicio de octubre tiene previsto la declaración de no menos de 120 testigos. La fiscalía calcula un debate de un año o que se extenderá por lo menos hasta comienzos del año próximo. “Nosotros pedimos una pronta resolución para que fijen fecha por el caso Levin y nos respondieron sacando fecha de las causas del norte”, dice Leiva. “Lo que vemos es que pareciera ser que no quiere avanzar con las responsabilidad a los civiles. Hay dos causas demoradas en Salta: el ex juez Ricardo Lona que está trancada (con procesamientos apelados) y ésta. El Tribunal está siendo remiso para fijar fecha de debate y decretar la prueba ofrecida y ahí vemos que los tribunales, aun cuando no lo quieren, están haciendo el juego a la impunidad.”

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