domingo, 22 de enero de 2012

El lado civil de una historia de represión

El empresario Marcos Levin, fue citado a indagaatoria en Salta por el secuestro de 12 trabajadores.

Varios de los trabajadores eran miembros de la conducción de la UTA en Salta. Fueron llevados a una comisaría, donde por medio de torturas los obligaron a firmar confesiones. Levin asistía al lugar donde fueron torturados.

 Por Alejandra Dandan

Enero 1977, Salta. Empresa de transportes La Veloz del Norte. Víctor Manuel Cobos, chofer de uno de los ómnibus y a la par secretario general de la seccional Salta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), vuelve de un viaje a Tucumán. A la altura de Portezuelo lo demora un Torino blanco desde donde emerge el subcomisario de la comisaría 4ª de la ciudad de Salta –denunciada en la Conadep como centro clandestino de detención– y Marcos Levin, el dueño de la empresa. Un día más tarde, Cobos vuelve a ver al subcomisario Víctor Hugo Bocos, pero esta vez adentro de la compañía. Sin ninguna explicación, el subcomisario lo sube a un Ford celeste, un coche de La Veloz del Norte que funcionaba al servicio de la policía. Lo traslada a la comisaría 4ª. Lo torturan, le preguntan por los afiliados de la UTA, por las reuniones y lo obligan a firmar una declaración en la que admite haber formado parte de una estafa que nunca existió.

Por lo menos doce trabajadores de La Veloz del Norte fueron secuestrados en ese enero en el mismo centro clandestino. La investigación que volvió a activarse en los últimos años acaba de dar el giro que reclamaron desde siempre los trabajadores y los organismos de derechos humanos locales: por primera vez en la historia de la causa y en la sucesión de juicios que se abrieron en todo el país, la Justicia citó a indagatoria a un empresario, en este caso Marcos Levin, todavía dueño de la compañía. También citó al subcomisario Bocos y a los policías de la 4ª. Para el abogado David Leiva –de Encuentro, Verdad y Justicia, querellante de la causa–, la intervención de Levin en el caso es clave: la alianza con las fuerzas de seguridad le permitió al empresario inventar una excusa como la estafa para despedir y sacarse de encima a la dirigencia de la UTA.

“Bocos es la persona que detiene a algunos de los doce trabajadores de la empresa, entre ellos a varios dirigentes de la UTA seccional Salta”, dice Leiva. “Adentro de la comisaría los someten a torturas. Levin es la persona que iba después de los interrogatorios, y se reunía con Bocos y los otros policías. Cobos es uno de los que lo vieron en la 4ª, y con el tiempo se enteraron hasta de algún festejo que se hizo dentro de la empresa por lo que estaba pasando.”

Levin será indagado el próximo 7 de febrero. El juez federal de Salta, Julio Leonardo Bavio, tomó la decisión en un expediente complicado. La causa está radicada en Salta, pero es impulsada por un fiscal federal de Jujuy, Domingo José Batule. Todos los colegas fiscales de Salta se excusaron de intervenir porque otro de los denunciados es un antiguo juez federal llamado Jorge Alberto Trincavelli, una persona a la que las denuncias ubican una y otra vez dentro del centro clandestino y quien en los últimos años fue fiscal general de la provincia.

Fuera de eso, el pedido de indagatoria también tuvo un avance singular y puede ser una clave para leer las dificultades que tienen las causas en el resto del país para probar la responsabilidad civil –especialmente del sector empresario– con la dictadura. El fiscal Batule, en este caso, pidió las indagatorias para Bocos y los policías, pero no para Levin, el principal denunciado. A raíz de eso, David Leiva hizo una nueva presentación en la que se preguntó en voz alta una de las cosas que se pregunta buena parte de los querellantes en causas similares: ¿por qué si las pruebas sirven para imputar a Bocos y los policías, no sirven también para imputar a Levin cuando se trata de los mismos hechos? En el cúmulo de testimonios y relatos, Levin aparece atado a la construcción de la supuesta estafa; adentro del centro clandestino, en la sala de torturas y proveyendo información o autos a los policías. Para Batule, esos datos no alcanzaron para pedir la indagatoria, pero el juez finalmente consideró que sí eran suficientes.

Aunque cada causa es distinta y los poderes dentro de cada provincia se articularon durante la dictadura definiendo sus propias formas, el caso habla de cómo se mira el poder económico y de una lógica de pruebas que aún no está resuelta: en muchas ocasiones, “los jueces reclaman pruebas sobre la vinculación de los empresarios con el terrorismo de Estado con un rigor excesivo que sale de las pautas generales que aplican para los militares o policías”, dijo alguna vez el abogado Pablo Llonto. O como dice Lisandro Pellegrini, de la Unidad de Coordinación y Seguimiento Fiscal de las causas por violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado: “La realidad es que las dificultades del avance de las causas tienen mucho más que ver con que hay personas cubiertas porque siguen detentando poder que por las razones jurídicas que elaboran los operadores judiciales adornadas de argumentos jurídicos sofisticados que tratan de explicar en realidad por qué no llaman a los empresarios”.

La Veloz

Los testimonios sobre lo que sucedió con los trabajadores de La Veloz del Norte se acumulan desde el comienzo de la democracia. Las páginas de las denuncias reúnen personajes que son o fueron poderosos. El subcomisario Víctor Héctor Bocos, por ejemplo, se recicló en democracia como asesor del ex gobernador Juan Carlos Romero, con quien se ganó un pase abierto a la Casa de Gobierno. El juez Trincavelli, a cargo de legalizar los secuestros, ascendió a fiscal general. Y Levin, por su parte, sigue siendo uno de los poderosos de la provincia, dueño de la principal empresa de transportes.

En enero de 1977, Víctor Manuel Cobos era parte de una de las familias más golpeadas por la represión de Salta. Dos de sus hermanos militaban en la JP. A Martín Cobos lo asesinó la lluvia de balas de una ametralladora en medio de un operativo en la casa, mientras buscaban a otro de sus hermanos. Martín tenía 17 años. Enrique Cobos, el otro de los hermanos, terminó exiliándose. Víctor Manuel declaró en esta causa en 1984, 2008 y 2011. Entre otras cosas, explicó que había visto a Bocos “muchas veces en La Veloz del Norte hablando con Marcos Levin”. Que cuando llegó a la comisaría lo encapucharon, lo metieron en un cuarto mirando a la pared y lo esposaron. Más tarde, dos personas lo golpearon, lo desnudaron, lo pusieron en una camilla elástica, lo ataron de pies y de manos, y le aplicaron picana con el ruido del motor de una moto en los fondos. Le preguntaron por la actividad de la empresa y lo obligaron a firmar una confesión.

Hasta el momento de la detención había habido muchas luchas de los trabajadores contra Marcos Levin, dijo Víctor Manuel. El mismo, al ser dirigente, sufría muchas persecuciones de parte de la policía enviada por Marcos Levin. En las denuncias, explicó cómo Levin aparecía en la comisaría para ver si él había firmado la confesión en la que tenía que reconocer la supuesta estafa. Y lo vio hablando adentro de la seccional con el subcomisario Bocos y lo situó en una de las sesiones de picana en la que lo reconoció por el olor del perfume.

Como sucedió con él, la policía usó los autos de la empresa para buena parte de los otros secuestros. Los coches más habituales eran tres: Bocos solía usar el Falcon color celeste que en los testimonios aparece en la mayor parte de los traslados. También usaba un Torino blanco y el Falcon gris en el que se llevaron a Víctor Manuel muy confiado porque, como dijo, “sabía que era uno de los coches de la compañía”.

A otro chofer llamado Rubén Héctor V. R. H. se lo llevaron desde la terminal de la empresa adentro del Torino blanco manejado por Bocos y el propio Levin. A otro llamado Miguel Angel Rodríguez se lo llevaron en el Falcon color celeste desde su casa el 14 de enero a las 22.40, un día y un horario que no se sacó más de la cabeza porque recién había nacido su hijo. A Sonia Rey, una de las azafatas, afiliadas a la UTA, la fueron a buscar a la casa de su madre: se la llevaron en el mismo Falcon celeste.

Las detenciones continuaron con procedimientos similares: la mayoría cayó en la empresa o en sus casas. Una vez en la comisaría, los interrogaron en la mayor parte de los casos bajo alguna forma específica de tortura. Les preguntaron por listas de afiliados de la UTA o por los cómplices de la supuesta estafa, como en el caso de Ciriaco Norberto Justiniani, otro de los choferes, a quien le pidieron que busque a sus cómplices dentro de una lista de trabajadores mientras los policías le iban marcando a quién debía señalar.

Levin

Una vez que atravesaron las torturas y los interrogatorios, la mayoría pasó frente al juez Trincavelli. Trincavelli los obligaba a firmar una indagatoria con la confesión de la estafa, mientras Bocos los persuadía con alguna amenaza: “Si no firmaban –les decía–, los reventarían a todos en el mirador de San Lorenzo”. O “se los llevarían atrás del templete de San Cayetano y los haría desaparecer”.

Levin aparecía de dos maneras distintas: adentro del centro clandestino o en la compañía, junto con los policías.

Aquel chofer al que secuestraron el día del nacimiento de su hijo estuvo 17 días secuestrado. En uno de los amaneceres de esos días vio a Levin avanzar por uno de los pasillos de la seccional. El empresario preguntaba si él había declarado: “Si me había hecho cargo –decía–, y si me hacía cargo, les decía (a los policías) que me manden el telegrama de despido”.

Carlos Lidoro Aponte estuvo secuestrado quince días. Alguna vez le preguntaron por los nombres de los afiliados a la UTA y por los que iban a las reuniones. En el centro clandestino vio dos veces a Levin. Una de las noches, lo vio entrar a la oficina de Bocos. Sonia Rey, la azafata, declaró que lo vio la primera de las tres noches que estuvo secuestrada. Levin hablaba con dos personas vestidas de civil. Cuando ella les preguntó a dos policías si podía decirle algo, los dos se negaron rotundamente. Cuando la liberaron, entonces, decidió ir a verlo. Lo encontró en la compañía. Frente a él le preguntó por qué había inventado toda la historia de la estafa, pero Levin no le respondió: le dijo que ella había traicionado a la empresa y que era una desgraciada.

Por último, otro de los choferes, Jorge Arturo Romero, declaró que “pudo ver a Levin en muchas ocasiones dentro de la comisaría”. Un día vio al empresario entrando a la oficina de Bocos y, momentos después, el subcomisario salía de la pieza donde estaban los detenidos como si entre uno y otro se pasaran información.

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