miércoles, 4 de enero de 2012

Otra causa por crímenes de lesa humanidad

El juez Miguel Medina dispuso la elevación a juicio de una causa por el homicidio del joven Martín Miguel Cobos y las desapariciones de otras cinco personas, hechos cometidos en 1976 en el marco del terrorismo de Estado. Diez represores están procesados: siete militares retirados, dos oficiales de policía retirados y un civil. El juicio tendría que llevarse a cabo en 2012.

Entre los procesados se cuenta Carlos Alberto Mulhall, que fuera jefe del Ejército en Salta y que ya cuenta con dos condenas, por la Masacre de Palomitas (el fusilamiento de once presos políticos) y el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y el homicidio del comerciante Santiago Arredes.
Otro convicto por crímenes de lesa humanidad está procesado en esta causa: el ex comisario general Joaquín Guil, también condenado en las causas Palomitas y Ragone.

Los demás militares procesados son Joaquín Cornejo Alemán, que era segundo jefe del Ejército; y Fernando Antonio Chaín, Marcelo Diego Gatto, Ricardo Benjamín de la Vega , Ubaldo Tomislav Vujovich Villa y Virtom Modesto Mendíaz. El otro comisario procesado es Abel Vicente Murúa, imputado también en otros procesos por crímenes de lesa humanidad. El civil es Juan Manuel Ovalle, que en esta causa está acusado por su supuesta participación en la desaparición de la docente Silvia Benjamina Aramayo.

Las seis víctimas están conectadas por su militancia en la Juventud Peronista . Es el caso de Aramayo, que era maestra y estudiaba historia en la Universidad Nacional Salta; del soldado y estudiante universitario Víctor Brizzi; del matrimonio integrado por la docente universitaria Gemma Fernández de Arcieri y Héctor Gamboa y del trabajador y estudiante Carlos Estanislao Figueroa.

Martín Miguel Cobos, que tenía 18 años, no militaba en la JP pero era cuñado de Brizzi y su hermano, Enrique Cobos, militaba también en la JP. De hecho Martín fue asesinado a tiros por un grupo de policías que en la madrugada del 25 de septiembre de 1976 tomaron por asalto la casa paterna en busca de Enrique y de su esposa, Mabel Franzone, también militante de la JP. 
Para entonces Víctor Brizzi, que en enero de 1976 se había casado con una hermana mayor de Martín, Cristina Cobos, estaba ya desaparecido, condición en la que se encontraba desde el 8 de marzo, cuando hacía el servicio militar en el Regimiento 5° de Caballería General Güemes del Ejército.
El 24 de septiembre de 1976, un día antes del asesinato de Martín Cobos, Silvia Aramayo fue secuestrada de su casa. También en su caso operó un grupo de tareas de la Policía.

Esa misma madrugada, Gemma Fernández y Héctor Gamboa fueron sorprendidos en su casa del barrio Santa Lucía por otro grupo de tareas. La pequeña hija de ambos, Mariana Gamboa, que hoy milita en HIJOS, fue abandonada en la calle, frente a un medidor y fue rescatada por vecinos. Dos policías que montaban guardia en las cercanías fueron testigos involuntarios del secuestro. El 2 de octubre de 1976 hubo una explosión en el paraje El Gallinato, donde luego se encontraron restos humanos. Dos odontólogos verificaron que eran de Gemma, pero no fueron entregados a sus familiares y permanecen desaparecidos.

La misma madrugada del 25 de septiembre de 1976,  hombres que se identificaron como miembros de la Policía secuestraron a Carlos Rojas, quien cursaba cuarto año de la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Salta.
Los querellantes en este proceso esperan que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta lleve a cabo el juicio en la primera parte del año próximo. Y se especula con la posibilidad de que a esta causa se acumulen otros referidos a desapariciones perpetradas en el marco del plan sistemático de eliminación de personas que se llevó a cabo en el país desde 1975.

De acuerdo a lo informado a la agencia por los orgnismos de derechos de Salta, el represor Guil condenado a perpetua  a cumplir en carcel común por el fusilamientos de  once presos politicos por el juez Bavio en la causa Palomitas II, ha requerido al juez federal de turno nuevamente gozar del arresto domiciliario.

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